Guillermo Humberto Pérez Torres
Expediente 1032/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Guillermo Humberto Pérez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que señala el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado HUGO RICARDO DURÁN QUINTAL, se interponga del contenido de los informes justificados rendidos en autos por las autoridades responsables. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.A
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se observa que la parte tercero interesada HUGO RICARDO DURÁN QUINTAL, fue recientemente emplazado al presente juicio el nueve de octubre de dos mil veintitrés, por lo que no ha mediado el plazo de ocho días a que señala el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En adición a lo anterior, se ordena darle vista al citado tercero interesado con el contenido de los informes justificados rendidos en autos por las autoridades responsables. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso GUILLERMO HUMBERTO PÉREZ TORRES, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento que se le hizo en el mismo. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el arábigo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a HUGO RICARDO DURÁN QUINTAL; se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, a efecto de que lo emplace al presente juicio, con entrega de copia autorizada del presente proveído y del auto de tres de julio de dos mil veintitrés, así como copia simple de la demanda; dándole vista con el contenido de los informes justificados que obran en autos; debiendo hacerle de su conocimiento que puede apersonarse a este asunto si así conviniere a sus intereses legales. Notifíquese, y personalmente a la parte tercero interesada y cúmplase
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán; dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso GUILLERMO HUMBERTO PÉREZ TORRES, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento que se le hizo en el mismo. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el arábigo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a HUGO RICARDO DURÁN QUINTAL; se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción, para que se constituya en el domicilio proporcionado por la parte quejosa, a efecto de que lo emplace al presente juicio, con entrega de copia autorizada del presente proveído y del auto de tres de julio de dos mil veintitrés, así como copia simple de la demanda; dándole vista con el contenido de los informes justificados que obran en autos; debiendo hacerle de su conocimiento que puede apersonarse a este asunto si así conviniere a sus intereses legales. Notifíquese, y personalmente a la parte tercero interesada y cúmplase Mérida, Yucatán; tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ++++, en contra de los actos que reclama del Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; consistentes en lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS La admisión del expediente 889/2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil. El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 889/2019 del índice del Juez responsable; Sus consecuencias, como lo es el embargo recaído en el bien inmueble de la parte quejosa. RADICACIÓN DE DEMANDA Fórmese expediente, regístrese con el número 1032/2023-IV-B, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 8141, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Por tanto, por actos de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen derechos sustantivos públicos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales. En otras palabras, para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender que son aquellos que afectan derechos personales, reales o del estado civil, o que afectan de modo directo o inmediato derechos sustantivos. Como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, por sólo tener un efecto de carácter formal e inciden solamente en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, en la especie se advierte que la parte quejosa acude a la presente vía constitucional reclamando que el Juez responsable admitió el juicio ejecutivo mercantil 889/2019, de su índice, promovido por los endosatarios en procuración de Hugo Ricardo Durán Quintal en cobro de la cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos, 00/100, moneda nacional, lo que derivó en el auto de exequendo. Acto el cual no tiene la característica de imposible reparación a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo del promovente, sino que trasciende a un mero evento de carácter procedimental. Lo anterior, ya que la admisión de la demanda del juicio ejecutivo mercantil de mérito, sólo produce efectos intraprocesales, ya que al ser la parte demandada no afecta algún derecho sustantivo de la parte amparista; pues dependerá de las resultas del juicio, pudiendo incluso, obtener sentencia favorable a sus intereses. Atento a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado constituye un acto de carácter procesal, el cual, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la impetrante de amparo una ejecución que sea de imposible reparación. De ese modo, se insiste, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues al tratarse de una actuación meramente procesal dictada en un procedimiento que no ha concluido, es claro que no le causa perjuicio en sus derechos fundamentales. Apoya lo anterior, por similitud jurídica sustancial, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que a continuación se trascribe: "Registro digital: 214286 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XII, Noviembre de 1993, página 286 Tipo: Aislada ADMISION DE DEMANDA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE. Conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto es improcedente contra la resolución que desecha el recurso de apelación interpuesto contra el auto inicial de admisión de demanda, porque ésta no constituye un acto en el juicio que tenga ejecución irreparable, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales entre las partes, toda vez que de obtener el quejoso, una sentencia favorable a sus intereses, el desechamiento del recurso de apelación aludido no dejaría huella en su esfera jurídica; de ahí que tal resolución, por constituir una violación procesal que no afecta derechos fundamentales, debe reclamarse hasta que se dicte el fallo definitivo mediante el juicio de amparo directo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 158, 159, fracción IX, y 165 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta útil al tema, la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por tanto, de lo aquí expuesto, resulta claro que el acto aquí reclamado se trata de uno dictado dentro de juicio, el cual no causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa, por ser un acto intraprocesal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha parcialmente la demanda de mérito. ADMISIÓN DE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS RESTANTES ACTOS RECLAMADOS Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda amparo de referencia en relación con los actos reclamados al Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 889/2019 del índice del Juez responsable; y, Las consecuencias, como es el embargo recaído en el bien inmueble de la parte quejosa. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Fórmese el incidente de suspensión que se solicita, el cual se deberá integrar sin el duplicado, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. SOLICITUD DE INFORME(S) JUSTIFICADO(S) Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, o en su caso, la improcedencia del juicio; al que acompañará copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, moneda nacional). Mandamiento que deberá cumplir la autoridad responsable: a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) ÚNICAMENTE de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob-mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. EMPLAZAMIENTO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda y del presente acuerdo. SE RESERVA EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala que existe tercero interesado en este asunto; sin embargo, este Juzgado Federal se reserva el emplazamiento correspondiente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que habrán de rendir las autoridades responsables. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda y por autorizados a las personas que designa para tal efecto, en los términos que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." PRUEBAS Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones, así como las documentales que menciona en su escrito de demanda documentales adjuntadas a su escrito de demanda, las cuales serán relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional del juicio. COTEJO DE COPIAS OFRECIDAS PARA QUE OBREN EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, en relación con la documental, consistente en la copia certificada del testimonio de la escritura pública número Doscientos cuarenta y seis de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil siete, otorgada ante el escribano público Veintiséis de esta ciudad, Marcel Cárdenas Alzina, de la cual se advierte que William Alfonso Pérez y Pérez le donó al aquí amparista, el predio número Cuarenta de la calle Veintitrés de Caucel, Municipio de esta ciudad; así como la diversa documental, consistente en el escrito original, con el que solicitó a la autoridad responsable copia certificada del expediente 889/2019, del índice de la responsable, que adjuntó la parte quejosa a la demanda. COTEJO Y COMPULSA DE DOCUMENTALES Se ordena cotejar dichos documentos con las copias ofrecidas para que obren como pruebas en el incidente de suspensión relativo. Lo anterior en aplicación extensiva del artículo 78 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 163758 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Septiembre de 2010 Materia(s): Común Tesis: P./J. 71/2010 Página: 7 PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver". Mientras en lo referente a diversa documental, consistente en la copia de la credencial para votar con fotografía del quejoso, así como las copias no oficiales obtenidas de la página electrónica del Registro Público de la Propiedad del Estado las cuales traen descrito los datos del embargo del predio mencionado en párrafos anteriores, al haber sido exhibidas en copias simples, resulta innecesario su cotejo, por lo que sólo se ordena agregar las copias relativas al incidente de suspensión, a efecto de que obren en sus términos en dicho cuaderno. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el valor de treinta unidades de Medida y Actualización, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, 20/100, M.N.), conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA En atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a las demás partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PERMISIBILIDAD DE USO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. OBTENCIÓN DE CONSTANCIAS CON EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA Respecto de la solicitud de copias certificadas, hágase saber a la parte quejosa y las demás partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, así como a la agente del Ministerio Público de la adscripción; y cúmplase.
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