Guadalupe Sánchez Manjarrez
Expediente 222/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 222/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Sánchez Manjarrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
por medio de lista notifico a la parte quejosa lo siguiente: Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional federal, concedió la protección constitucional a GUADALUPE SÁNCHEZ MANJARREZ, para el efecto de que el Presidente de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a). Deje insubsistente la resolución emitida el veintidós de enero de dos mil diecinueve; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera fundada y motivada el contenido de la prueba que la ahora quejosa ofreció en escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en comprobante electrónico de pago de pensión, el cual refirió obtuvo de la página de internet que cita en dicho ocurso, esto es, que valore dicha prueba y señale si es apta o no para acreditar que la allá demandada le reconoció un incremento de pensión en el año 2014, y que por tal motivo debió ser tomado en consideración en el oficio número 2.11.15.5/2482/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho.". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Mediante oficio presentado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, la Presidenta de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada de la resolución de dos de ese mismo mes y año, dictada en la queja de cumplimiento de sentencia definitiva de veinte de octubre de dos mil diecisiete, derivada del juicio 1565/17-21-01-8-OT, en la cual, para cumplir con el fallo protector constitucional, se realizó lo siguiente: 1. Se dejó sin efectos la sentencia interlocutoria de veintidós de enero de dos mil diecinueve. 2. Procedió a emitir la nueva resolución, en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, 3. Con relación a la prueba que exhibió la enjuiciante anexa a su escrito de queja, consistente en el comprobante electrónico de pago de pensión correspondiente al año dos mil catorce, con la finalidad de demostrar que la autoridad demandada incrementó la cuota diaria de pensión en el año dos mil catorce, aplicando el porcentaje de 3.97%; la sala responsable, señaló que la autoridad demandada exhibió el mismo comprobante de pago electrónico que la actora, correspondiente al año dos mil catorce, pero que a pesar de ello, en la sentencia definitiva que resolvió ese juicio, se indicó claramente que el incremento que debía aplicarse dicha cuota es a partir del uno de enero de dos mil quince, por lo que si la demandante no estaba de acuerdo con lo resuelto al respecto en el fallo definitivo, porque en su opinión se debía reconocer el aumento otorgado en el dos mil catorce, podía haber presentado el medio de defensa correspondiente, para que se modificara la sentencia en mención, cuestión que no aconteció, por lo que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, adquirió firmeza dicha resolución. En virtud a lo anterior, la sala responsable, estableció que el incremento señalado en el comprobante electrónico de pago de pensión correspondiente al año dos mil catorce, no se podía tomar en cuenta como derecho adquirido de su parte, en virtud de que tal pretensión implicaría otorgar mayores alcances que los determinados en la sentencia definitiva, por lo que, lo intentado por la actora con la exhibición del comprobante en cita, lo desestimó por inoperante, al pretender exigir el cumplimiento de aspectos que no son materia de la quejosa, ya que en la sentencia de dicho asunto no ordenó a la autoridad demandada que efectuara el incremento desde el dos mil catorce. 4. No obstante lo anterior, en otro planteamiento formulado por la quejosa, lo declaró fundado y por ello, resolvió declarar la nulidad del oficio número 2.11.15.5/2482/2018 de diez de octubre de dos mil dieciocho, emitido en pretendido cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio administrativo de origen. Con lo cual, en auto de nueve de agosto de la presente anualidad, se ordenó reservar de proveer, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Así, en proveído de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución emitida el veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictada en la queja de cumplimiento de sentencia definitiva de veinte de octubre de dos mil diecisiete, derivada del juicio administrativo número 1565/17-21-01-8-OT; y en su lugar, con fecha dos de agosto del año en curso, emitir una nueva, en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y analizó el contenido de la prueba que la ahora quejosa ofreció en escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en comprobante electrónico de pago de pensión de dos mil catorce, y señaló que no se podía tomar en cuenta dicha documental como derecho adquirido de su parte, en virtud de que tal pretensión implicaría otorgarle mayores alcances que los determinados en la sentencia definitiva y desestimó dicha prueba y argumento como inoperante, al pretender exigir el cumplimiento de aspectos que no son materia de queja, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta y con el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Guadalupe Sánchez Martínez, sin que se hubiera recurrido. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA En consecuencia, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE LA EJECUTORIA. En la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, se determinó otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto siguiente: "a). Deje insubsistente la resolución emitida el veintidós de enero de dos mil diecinueve; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera fundada y motivada el contenido de la prueba que la ahora quejosa ofreció en escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en comprobante electrónico de pago de pensión, el cual refirió obtuvo de la página de internet que cita en dicho ocurso, esto es, que valore dicha prueba y señale si es apta o no para acreditar que la allá demandada le reconoció un incremento de pensión en el año 2014, y que por tal motivo debió ser tomado en consideración en el oficio número 2.11.15.5/2482/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho.". No obstante, en el presente caso no procede requerir al tribunal responsable para el cumplimiento del fallo protector, en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que, mediante oficio 21-1-2-28460/19 presentado el ocho de agosto del año en curso, la Presidenta de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, manifestó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remitió al efecto, copia certificada de las constancias con las que acreditó su dicho. VISTA A LAS PARTES CON CUMPLIMIENTO En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, del cual se hace innecesaria su retención en este juzgado.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta y con el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Guadalupe Sánchez Martínez, sin que se hubiera recurrido. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA En consecuencia, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE LA EJECUTORIA. En la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, se determinó otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto siguiente: "a). Deje insubsistente la resolución emitida el veintidós de enero de dos mil diecinueve; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera fundada y motivada el contenido de la prueba que la ahora quejosa ofreció en escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en comprobante electrónico de pago de pensión, el cual refirió obtuvo de la página de internet que cita en dicho ocurso, esto es, que valore dicha prueba y señale si es apta o no para acreditar que la allá demandada le reconoció un incremento de pensión en el año 2014, y que por tal motivo debió ser tomado en consideración en el oficio número 2.11.15.5/2482/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho.". No obstante, en el presente caso no procede requerir al tribunal responsable para el cumplimiento del fallo protector, en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que, mediante oficio 21-1-2-28460/19 presentado el ocho de agosto del año en curso, la Presidenta de la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, manifestó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remitió al efecto, copia certificada de las constancias con las que acreditó su dicho. VISTA A LAS PARTES CON CUMPLIMIENTO En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, del cual se hace innecesaria su retención en este juzgado.
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V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 222/2019-IV, promovido por Guadalupe Sánchez Manjarrez, contra actos que reclama de la Sala Regional Pacífico- Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, Guadalupe Sánchez Manjarrez, acudió a presentar demanda de amparo contra el siguiente acto: "IV. ACTO RECLAMADO. La resolución de queja de fecha 22 de enero de 2019, dictada por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el número de expediente 1565/17-21-01-8". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 222/2019; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución emitida el veintidós de enero de dos mil diecinueve, por los Magistrados que integran la Sala Regional del Pacífico -Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resolvió la queja interpuesta por la parte actora, en la que declaró la nulidad del oficio número 2.11.15.5/2482/2018 de 10 de octubre de 2018, emitido en pretendido cumplimiento a la sentencia de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dentro del juicio 1565/17-21-01-8-OT. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, consistentes en original del juicio 1565/2017-21-01-8-OT. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el doce de febrero de dos mil diecinueve, lo que se corrobora con la constancia que obra a foja 84 del cuaderno de pruebas remitido; por tanto,si quedó notificada por medio del boletín jurisdiccional el doce de febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 65 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el término de quince días para acudir a la presente instancia constitucional, empezó a correr a partir del tercer día hábil siguiente a aquél en que se realizó la publicación en el Boletín Jurisdiccional (doce de febrero del año en cita), es decir, el quince de febrero de dos mil diecinueve y feneció el siete de marzo de ese año, descontándose los días correspondientes a sábados y domingos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, pues tal presentación aconteció dentro del término con que contaba para la interposición de la demanda. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto las partes no invocaron causales de improcedencia, sin que este órgano de control constitucional advierta la existencia de alguna de ellas que amerite su estudio oficioso. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Antecedentes. Previo a realizar el estudio de fondo, se estima necesario realizar una breve síntesis de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. 1. En el juicio contencioso administrativo de origen, la ahora quejosa Guadalupe Sánchez Manjarrez, demandó de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, las siguientes prestaciones: a). El incremento de la pensión, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, otorgada a partir del uno de marzo de dos mil catorce. b). El pago de las diferencias que se generan a su favor a partir de la fecha en que se otorgó la pensión, incluyendo lo correspondiente al aguinaldo. 2. El trece de julio de dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda, y la autoridad demandada dio contestación, se otorgó término a las partes para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción; y, 3. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada y condenó a la autoridad enjuiciada para efecto de que emitiera una resolución, en la que debería de realizar lo siguiente: 1). La autoridad deberá realizar los incrementos de la cuota diaria de pensión conforme a lo previsto en el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en vigor), así como al artículo 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, debe indicar cuáles fueron los incrementos porcentuales anuales que ha tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor también deberá indicar cuáles fueron los porcentajes de incremento efectuados al puesto y que le fueron reportados por la dependencia en la que laboró el pensionado para lo cual deberá recabar esa información; por último, debe indicar cuál fue el porcentaje que por ser mayor, fue el que aplicó a la pensión, o en su defecto, el que debe aplicarse a la pensión por causarle mayor beneficio al pensionado. 2). Hecho lo anterior, deberá indicar cuáles fueron los incrementos que aplicó a la cuota diaria de pensión a fin de compararlos con los incrementos que por ley debió aplicar, respetando en su caso, el porcentaje de incremento que sea mayor entre estos y si a raíz de los cálculos efectuados, resultaren diferencias pendientes por pagar a las que ha venido haciendo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá cuantificarlas en beneficio del pensionado, incluyendo la gratificación anual, y pagarlas por los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud presentada, conforme al artículo 186, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en observancia a lo dispuesto en la jurisprudencia 2a. /J.8/2007[.]. 3). Si el incremento de la pensión llegara a sobrepasar el monto máximo establecido en los artículos 15 y 57 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá estarse a lo dispuesto por esos numerales. [.]" 4. Inconforme con esa determinación, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, el cual en resolución emitida en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, determinó desechar el recurso por falta de legitimación. 5. En auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada instructora determinó que la sentencia adquirió firmeza desde el dieciocho de abril de dos mil dieciocho. 6. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, la autorizada de la parte quejosa promovió queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia, la cual fue admitida a trámite. 7. En resolución emitida el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada instructora declaró procedente y fundada la citada queja, requiriendo a la autoridad para que diera cumplimiento con la sentencia . 8. Por oficio número 2.11.15.5/2482/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho, el subdelegado de prestaciones del Instituto demandado, en cumplimiento a la sentencia, determinó que corresponde a la allá accionante un incremento de $554.53 pesos diarios, el cual al ser aplicado de forma retroactiva arrojó la cantidad de $7,189.44 (siete mil ciento ochenta y nueve pesos 44/100 moneda nacional). 9. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la allá accionante interpuso una diversa queja por defecto en el cumplimiento; la cual se admitió el catorce de ese mes y año, y el veintidós de enero de dos mil diecinueve, la responsable emitió resolución, en la que declaró fundado el recurso aludido y por tanto la nulidad del mencionado oficio 2.11.15.5/2482/2018, al estimar que existe cumplimiento defectuoso a la sentencia, condenando a la autoridad en los términos siguientes: "[.] En consecuencia, se ordena a la enjuiciada a que emita un nuevo oficio en el (sic) aplique el incremento de la cuota diaria para el año 2018, con base en la información que al respecto le proporcione la autoridad para la cual laboró el pensionado, debiendo cumplir con el requisito de motivación del acto, a fin de dar certeza a la actora de tal situación. [.]" Esa resolución es la que constituye el acto reclamado. OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación que plantea la quejosa. Del apartado correspondiente a los conceptos de violación se advierte que en la primera porción de su único concepto de violación la quejosa refiere que la responsable violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica; así como el principio de exhaustividad, porque omitió pronunciarse respecto de las manifestaciones vertidas en el escrito de queja por defecto, específicamente por cuanto hace al capítulo de agravios, inciso a), porque se pronuncia de forma diversa a la alegada por la quejosa. Afirma que ello es así, porque la responsable realizó una interpretación incorrecta de lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor, así como del artículo 8 del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley en cita; que asimismo de forma incorrecta sostiene que la sentencia definitiva dictada en el juicio administrativo determinó tales alcances. La anterior porción del único concepto de violación resulta infundado, puesto que contrario a lo que sostiene la quejosa, de la resolución recurrida se advierte que la responsable sí tomó en consideración su agravio al resolver la queja planteada, tan es así, que incluso la responsable precisó que resultaba infundado su agravio precisado en el inciso a), de su escrito, puesto que consideró que en la sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, específicamente a fojas 8 y 9 se explicó que en virtud de que la pensión fue otorgada a partir del uno de marzo de dos mil catorce, quedaría sujeta a lo dispuesto en los artículos décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 8° del reglamento en cita. Abundó que por lo tanto, la cuantía de las pensiones se aumentaría anualmente de acuerdo al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir del uno de enero de cada año, y en caso de que el incremento conforme a ese índice resultare menor a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarían en la misma proporción que éstos últimos. En esos términos, expuso que si la pensión se otorgó a partir del uno de marzo de dos mil catorce, entonces el incremento que debe aplicarse es el correspondiente al del año siguiente, esto es, a partir del uno de enero de dos mil quince. Lo anterior evidencia que contrario a lo sostenido por la quejosa, la responsable sí atendió sus agravios, puesto que como se advierte, expuso las razones por las que no resultaba procedente reconocer a la quejosa el incremento del porcentaje del 3.97%, referente al año dos mil catorce, y que ello obedecía a que en la sentencia se había precisado el momento a partir del cual se debía incrementar la cuota diaria de pensión, a saber, a partir del uno de enero de dos mil quince. En cambio, resulta fundada la porción del concepto de violación en el que precisa que la autoridad responsable fue omisa en realizar pronunciamiento respecto a la prueba que la allá actora solicitó se valorara y tomara en consideración para acreditar el incremento, consistente en comprobante electrónico de pago de pensión, el cual refiere obtuvo de la página electrónica de internet http://issstenet.issste.gob.mx/cgigen222/fglccgi/wa/r/sp_aumentos_pension. Anterior probanza que la quejosa refirió acompañó en impresión, en la que dice se indicó en el espacio correspondiente al incremento, el otorgado en un 3.97%, en el año 2014. Sin embargo, del contenido de la resolución combatida, no se desprende dato alguno que permita apreciar el valor que otorgó la responsable al referido comprobante electrónico, de la que se dice se acompañó impresión. Tampoco esgrimió razonamiento de que dicha documental resultara apta o no para demostrar que la demandada hubiere reconocido un aumento a la ahora quejosa, y que por tal motivo debió de tomarse en consideración en el oficio número 2.11.15.5/2482/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento al que se encontraba obligada la responsable, puesto que si tal prueba se ofreció para acreditar dicha circunstancia, debió de analizarse su contenido. En esos términos, el actuar de la Sala responsable no cumple con la exhaustividad suficiente que debe contener toda resolución, al no analizar y valorar pormenorizadamente la totalidad de las pruebas ofrecidas, y determinar si a su juicio son suficientes o no para acreditar que la allá demandada reconoció o no un incremento a la pensión en el año dos mil catorce a la ahora quejosa, y que por tal motivo debió ser tomado en consideración en el oficio número 2.11.15.5/2482/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento que le compete a la responsable, puesto que este órgano de control constitucional no cuenta con facultades para subsanar las deficiencias apuntadas, por ser una cuestión que atañe en exclusiva a la autoridad responsable. Así, a fin de reparar las violaciones cometidas se impone conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal; cabe asentar que esta sentencia no implica decisión alguna sobre la determinación de la valoración que debe asignar al comprobante electrónico de pago de pensión, del que la ahora quejosa dijo acompañó impresión a su escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, ya que esos extremos deberán ser examinados por la autoridad responsable, en uso de sus atribuciones con plenitud de jurisdicción. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En tales condiciones, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la responsable, realice lo siguiente: a). Deje insubsistente la resolución emitida el veintidós de enero de dos mil diecinueve; b). Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, c). Analice de manera fundada y motivada el contenido de la prueba que la ahora quejosa ofreció en escrito de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en comprobante electrónico de pago de pensión, el cual refirió obtuvo de la página de internet que cita en dicho ocurso, esto es, que valore dicha prueba y señale si es apta o no para acreditar que la allá demandada le reconoció un incremento de pensión en el año 2014, y que por tal motivo debió ser tomado en consideración en el oficio número 2.11.15.5/2482/2018, de diez de octubre de dos mil dieciocho. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Guadalupe Sánchez Manjarrez, en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el penúltimo considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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