Guadalupe Morales Cárdenas
Expediente 326/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Morales Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número X-326/2022, promovido por Guadalupe Morales Cárdenas, por conducto de su apoderada Anamirian Vásquez Ruiz, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós en el portal electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Guadalupe Morales Cárdenas, por conducto de su apoderada Anamirian Vásquez Ruiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad referida, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. En ese escrito, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8°, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previo requerimiento, mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número de expediente X-326/2022; la desechó por lo que veía a los puntos segundo, tercero y sexto del acta de audiencia celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 224/2021 del índice del Magistrado Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado con sede en esta ciudad. En el mismo proveído, se admitió la demanda de amparo por lo que veía a los puntos cuarto y quinto de la referida audiencia; se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable; y, se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En contra del desechamiento parcial de la demanda contenido en tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, por lo que este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintidós ordenó la suspensión del procedimiento. Medio de impugnación del que tocó conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, el que formó el expediente de recurso de queja administrativa 88/2022, y lo admitió a trámite. Posteriormente, el Pleno de dicho Tribunal en sesión de cuatro de agosto de dos mil veintidós dictó sentencia definitiva, en la que determinó desechar el recurso de queja interpuesto. Así, mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional levantó la suspensión del procedimiento, reconoció como terceros interesados a Manuel Chávez García y Udelisa Ponce Rodríguez, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, de los que ordenó su emplazamiento. El veinte de septiembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza agraria con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional a la autoridad responsable consiste en: La audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, celebrada en autos del expediente agrario número 224/2021 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, con sede en esta ciudad, en específico, lo proveído en los numerales cuarto y quinto, en el que se proveyó lo siguiente: 1. La reiteración de la suspensión sin garantía concedida en el diverso proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en respuesta a la solicitud de la parte demandada Guadalupe Morales Cárdenas, por conducto de su apoderada. 2. La suspensión del procedimiento agrario hasta en tanto este Juzgado de Distrito le devolviera el expediente agrario número 849/2017, con motivo del amparo indirecto IX-1012/2021, promovido por la aquí quejosa Guadalupe Montes Cárdenas, en contra del acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación la autoridad responsable aceptó la existencia de los actos que se le atribuyeron. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas que integran el juicio agrario 224/2021 del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, con sede en esta ciudad; documental que se valora en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de constancias expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente, conviene traer a glosa los siguientes antecedentes relevantes. De las constancias que integran el expediente agrario 224/2021, se advierte lo que se enumera: 1. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 en el Estado, con sede en esta ciudad, José Manuel Chávez García, por propio derecho, demandó en la vía de controversia agraria de Guadalupe Morales Cárdenas y Udelisa Ponce Rodríguez, lo siguiente: La nulidad absoluta y de pleno derecho del escrito que suscribieron los Presidentes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia de siete de abril de dos mil diecisiete, así como el que suscribieron las demandadas el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en las oficinas del ejido de "Puruaran", Municipio de Turicato, Michoacán, por violaciones a lo estipulado en la Ley Agraria, y demás documentos que se hubieren originado por la suscripción de dichos documentos. El cual refirió fue motivo de fraude procesal cometido en el juicio agrario número 849/2017, correspondiente al índice del Tribunal Unitario Agrario referido, como consecuencia, el mejor derecho para poseer, gozar y usufructuar el lote o solar urbano ejidal con casa habitación ubicado en la calle Emiliano Zapata número 137, colonia Lázaro Cárdenas, en la población de Puruaran, Municipio de Turicato, Michoacán. 2. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Agrario citado admitió la demanda; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria; concedió la medida precautoria solicitada para que la parte demandada se abstuviera de realizar actos que alteren las circunstancias materiales y jurídicas de la superficie materia del juicio, sin fijar garantía a la parte solicitante; y, ordenó el emplazamiento de los demandados. 3. Es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, que en contra de dicha determinación, la parte demandada Guadalupe Morales Cárdenas promovió demanda de amparo indirecto, de la que tocó conocer a este Juzgado de Distrito, el que formó el expediente IX-1012/2021, proceso que concluyó con la resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ello al no haberse promovido la demanda de derechos humanos dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el numeral 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos. Determinación que causó ejecutoria el veintiocho de junio del mismo año. 4. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable, ante la solicitud de la parte actora, determinó ampliar los efectos de la medida cautelar en el siguiente sentido: ".respecto a la MEDIDA PRECAUTORIA que se concedió en auto de fecha 27 de agosto de 2021, únicamente con la finalidad de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente guardan hasta en tanto se emita la sentencia del lote o solar urbano ejidal ubicado en la calle de Emiliano Zapata número 137, colonia Lázaro Cárdenas, población Puruaran, municipio de Turicato, Estado de Michoacán, y se abstuviera la codemandada GUADALUPE MORALES CÁRDENAS de hacer remodelaciones, construcciones y de realizar operaciones de vender o enajenar, transmitir, ceder, donar o cualquier acto jurídico que signifique la transmisión de la posesión o dominio del solar urbano antes citado, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa e incurrir en desobediencia al presente mandato, se podrá dar vista al Ministerio Público Federal y se procederá en su contra por los DELITOS QUE RESULTEN." (énfasis añadido). De igual manera, proveyó respecto a la medida precautoria que concedió de oficio, precisando que no establecía garantía alguna, ya que dada la naturaleza del procedimiento agrario únicamente se retrasaría al realizar las diligencias relativas a fijar el valor real del bien materia de la controversia, así como el monto real y suficiente de la fianza y la contrafianza respectivas. Además, precisó que la parte actora solicitante de la medida precautoria era un particular y no se contaban con los elementos objetivos que permitieran establecer el monto de los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte demandada por la concesión de dicha medida, ello a efecto de no incurrir en lo previsto por el artículo 262, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el caso de fijar incorrectamente la garantía. También dijo que al decretarse la medida precautoria y ordenarse la suspensión de los actos no era necesario fijar fianza alguna. 5. Ahora, en el juicio agrario de origen, se advierte que mediante audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en específico en el punto cuarto, atendió la solicitud formulada por la parte quejosa en el sentido de que señalara garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiera causarse con la medida precautoria concedida. No obstante, la autoridad responsable precisó que la medida precautoria se concedió en el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, sin establecer garantía alguna para el promovente, exponiendo diversas razones, las que se precisarán más adelante. En el numeral quinto, la autoridad responsable tomó en consideración que mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se remitieron los autos originales del expediente agrario 849/2017 a este Juzgado de Distrito, en virtud del amparo indirecto número IX-1012/2021 de nuestro índice, antes citado, por lo que suspendió el procedimiento agrario hasta en tanto este órgano jurisdiccional devolviera dicho asunto. 6. De igual manera, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que en el juicio de amparo indirecto IX-1012/2021 de nuestro índice, referido en párrafos precedentes, por acuerdo de veintiocho de junio del mismo año causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en tal proceso, también se ordenó la devolución de los tomos de pruebas consistentes en copias certificadas de los juicios agrarios 224/2021 y 849/2017 al Tribunal Unitario Agrario de origen, aquí autoridad responsable. 7. Posteriormente, mediante oficio número 753/2022, se tuvo a la autoridad responsable acusando de recibo, asimismo, se advierte que anexó la transcripción del acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario 224/2021 de su índice, en el que ordenó la prosecución de la secuela procesal, esto es, levantó la suspensión del procedimiento citado. (Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado) QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Actualización de la causal de improcedencia respecto al acto precisado en el numeral 2 del considerando segundo de la presente ejecutoria. En relación con el acto consistente en la suspensión del procedimiento agrario decretada en la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, celebrada en autos del expediente agrario número 849/2017 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, se advierte se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Determinación en la que se precisó se suspendería tal proceso, hasta en tanto este Juzgado de Distrito devolviera al Tribunal responsable el expediente agrario número 849/2017, con motivo del amparo indirecto IX-1012/2021, promovido por la aquí quejosa Guadalupe Montes Cárdenas, en contra del acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, lo que ya aconteció, por lo que ordenó la prosecución del procedimiento. En ese sentido, este operador constitucional se avoca de manera oficiosa a la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, antes referida, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Numeral del que se advierte que la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. Ello porque es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia siguiente: Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, es evidente que con el proveído de siete de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario 224/2021 del índice de la responsable, en el que ordenó la prosecución de la secuela procesal, por ende, el levantamiento de la suspensión del procedimiento citado, cesaron los efectos del acto reclamado precisado en el numeral 2 del segundo considerando, de ese modo, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado la protección constitucional de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo. En mérito a lo anterior, es inconcuso que en el presente caso se surte la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues con el actuar del Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado, con sede en esta ciudad, cesaron los efectos del acto impugnado y, por tanto, se ha restituido al quejoso en el derecho fundamental que estimó vulnerado como si hubiera obtenido un fallo protector. Así, al no existir diversa causa de improcedencia por desestimar, ni de oficio se observa la actualización de alguna otra a la aquí analizada, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente ejecutoria. QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni existir precepto legal que establezca dicha obligación, aunado a que con la citada omisión, no se afecta la exhaustividad y congruencia de la resolución. Sirve de base a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación vertidos para controvertir el acto precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente ejecutoria son ineficaces para el fin que su expresión procura. Lo anterior tomando en consideración que a ningún fin práctico llevaría el análisis de los conceptos de violación que se hicieron valer, debido a que la génesis del acto reclamado adquirió firmeza. Se explica. La parte quejosa señala como acto reclamado la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, celebrada en autos del expediente agrario número 224/2021 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, en la que, entre otras cuestiones, la responsable en respuesta a la solicitud que la demandada le formuló, reiteró la suspensión sin garantía concedida en el diverso proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Lo que justificó al señalar que dada la naturaleza del procedimiento agrario, con su fijación -de la garantía- solo se retrasaría tal proceso para realizar las diligencias relativas a fijar el valor real del bien materia de la controversia, así como el monto suficiente de la fianza y la contrafianza respectivas. Además, porque la parte actora era un particular y no contaba con los elementos objetivos que permitieran establecer el monto de los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar a la demandada por la concesión de la medida, a efecto de no incurrir en lo previsto por el artículo 262, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el caso de fijar incorrectamente la garantía. Aparte de lo mencionado, refirió que dicho órgano jurisdiccional no contaba con elementos socioeconómicos de los interesados, así como el valor del inmueble para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del año e indemnización que pudiere causarse con la suspensión si la sentencia no fuere favorable para la parte demandada, por lo tanto, quedaba firme la medida precautoria decretada. También refirió que no podía revocar sus propias determinaciones. Como se advierte, también reiteró y abundó las razones del diverso proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que una vez que amplió los efectos de la medida precautoria, se proveyó sobre la garantía de ésta. Consideraciones que quedaron firmes por no haberse promovido oportunamente el juicio de amparo en contra de dicho proveído -de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno-. Lo que se afirma porque tal determinación se notificó de manera personal a la aquí quejosa Guadalupe Morales Cárdenas el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para impugnarla transcurrió del tres de diciembre de dos mil veintiuno al diez de enero de dos mil veintidós. De ahí que, se reitera, el derecho a reclamarla en amparo posterior se encuentra precluido, sin posibilidad de una impugnación. En ese sentido, si la parte quejosa fue omisa en combatir oportunamente las consideraciones mencionadas, por las cuales la autoridad responsable desde el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno determinó ampliar la medida cautelar que previamente había otorgado pero sin la garantía respectiva por las razones ahí asentadas, las que coinciden con las establecidas en la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, éstas no pueden ser analizadas en el presente asunto. Ni aún en el supuesto de que la autoridad responsable abunde dichos argumentos, debido a que todas las razones expuestas son parte esencial del porqué concedió la medida cautelar sin fijar garantía alguna, por lo que a nada práctica conduciría proveerse por unas si las que quedaron firmes no alcanzarían a modificar lo ahí expuesto. De no ser así, y en el supuesto de que se analizara un tema que ha quedado firme, se vulneraría el principio de certeza jurídica y la institución denominada "cosa juzgada", que surge de la necesidad lógica jurídica de que las controversias no queden sin determinación firme, inamovible, inmutable e inalterable, al tratarse de una institución fundamental del derecho para dar certeza y seguridad a los litigios, prevista en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Por lo que si tal punto no es combatido a través del juicio de amparo en el momento en que se hace el pronunciamiento respectivo, precluye el derecho para hacerlo con posterioridad, de ahí que no podrán ser materia de concepto de violación ni ser de estudio oficioso, incluso bajo la figura de la suplencia de la queja, en un juicio de amparo posterior. Apoyan lo anterior las tesis siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ CUANDO PRETENDEN COMBATIR UNA RESOLUCIÓN QUE INDEBIDAMENTE REABORDÓ UN PUNTO JURISDICCIONAL QUE HABÍA ADQUIRIDO FIRMEZA Y VUELVE A PRONUNCIARSE EL JUZGADOR EN EL MISMO SENTIDO. Si el juzgador natural, a petición de alguna de las partes, retomó el análisis de una cuestión que procesalmente estaba firme y desestima la pretensión del promovente por razones de fondo, no es viable analizar en amparo directo esas razones porque pudiera darse el caso de que por declararse fundado el concepto de violación tuviera que cambiarse el sentido de lo que ya tenía firmeza. Un error de apreciación del Juez natural en cuanto a la posibilidad de reexaminar una resolución que claramente había adquirido la calidad de cosa juzgada no puede ser convalidado por el tribunal de amparo, permitiendo la reapertura de la controversia; de ahí que deben declararse inoperantes los conceptos de violación esgrimidos en el mencionado sentido." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." En ese contexto, deviene ineficaz lo alegado por la parte quejosa en el sentido de que le causa afectación que no se fijara garantía al conceder la medida cautelar, puesto que se trata de un tema que cobró firmeza al no haber sido combatido. En las anotadas condiciones, dado el calificativo de los conceptos de violación que se hicieron valer por la parte quejosa, sin que se observe que opere alguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, para ser suplidos en su deficiencia, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Respecto a las diversas manifestaciones formuladas por el tercero interesado José Manuel Chávez García, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Así, por lo expuesto y conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Morales Cárdenas, en relación con el acto reclamado precisado en el considerando segundo, numeral 2, y por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Morales Cárdenas, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, numeral 1, y por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy dieciocho de octubre de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA, JOSE MANUEL CHAVEZ GARCIA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número X-326/2022, promovido por Guadalupe Morales Cárdenas, por conducto de su apoderada Anamirian Vásquez Ruiz, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y... Así, por lo expuesto y conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Morales Cárdenas, en relación con el acto reclamado precisado en el considerando segundo, numeral 2, y por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Morales Cárdenas, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, numeral 1, y por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy dieciocho de octubre de dos mil veintidós en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-326/2022 promovido por Guadalupe Morales Cárdenas contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocido el carácter de terceros interesados José Manuel Chávez García y Udelisa Ponce Rodríguez, quienes se encuentran debidamente emplazados en autos. Asimismo, CERTIFICO: Que el término de tres días concedido a la tercera interesada Udelisa Ponce Rodríguez, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, le transcurrió del veinticinco al veintinueve ambos de agosto de dos mil veintidós, sin que lo hubiere hecho. De igual manera, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; de igual manera, vista la certificación, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a dicha tercera interesada las resoluciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó a su escrito diversas documentales; asimismo, la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente 224/2021, mismas que obran en un tomo de pruebas por separado. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente realizó lo conducente el tercero interesado José Manuel Chávez García. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE
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Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. SE APERSONA TERCERO INTERESADO Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por José Manuel Chávez García, por propio derecho; atento a su contenido, téngase al promovente apersonándose al juicio de amparo en que se actúa con el carácter de tercero interesado. SE SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase al ocursante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta; y autorizando para tal efecto a la persona que precisa, en términos del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo. ALEGATOS Se tiene al ocursante formulando alegatos a su favor, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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