Guadalupe Nieto Gómez
Expediente 149/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Nieto Gómez
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
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Morelia, Michoacán, a uno de junio de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través del cual acusa recibo de uno diverso con el que se devolvió un tomo de prueba, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil 304/2021 de su control, que en su momento acompañó al informe justificado que le fue solicitado; asimismo, informa que tomó conocimiento que la sentencia en la que se sobreseyó en el presente asunto, causó ejecutoria. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (que es la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, de la copia certificada del juicio ordinario civil 304/2021, la cual en su momento adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se estima que el cuaderno incidental es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Por ende, una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes DESTRÚYASE EL JUICIO, ASÍ COMO EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto VI-149/2023, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El nueve de febrero del dos mil veintitrés, ********************, por su propio derecho, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, recibida el diez de ese mismo mes y año, por el Oficial de Partes de este juzgado de Distrito, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: (.) TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. El JUEZ TERCERO CIVIL de primera instancia con sede en Morelia, Michoacán el Licenciado Alejandro Moreno Villanueva y la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Civil con sede en Morelia, Michoacán la Licenciada Fabiola Jiménez Balleno." LA NORMA GENERA, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA; Se le reclama la ilegalidad en el desalojo llevado a cabo el día 8 ocho de febrero del año 2023 dos mil veintitrés en punto de las 11:00 once horas cometido en contra de mi persona sin ser oída ni vencida en juicio. A Juez Tercero de lo Civil con sede en Morelia Michoacán se le reclama la orden de desalojo dictada dentro del expediente número 304/2021 llevada en contra de Elvia Gómez Jacobo, expediente al que no tengo acceso por no tener carácter dentro del juicio (.) así como también le reclamo la ejecución del desalojo a mi persona de la propiedad ubicada en calle 20 veinte de noviembre de 1936 mil novecientos treinta y seis, número 340 trescientos cuarenta de la colonia San Juanito Itzicuaro, de esta ciudad de Morelia, Michoacán (.) A la Secretaria de acuerdo del Juzgado Tercero de lo Civil Con sede en Morelia Michoacán se le reclama el desalojo a mi persona de la propiedad (.)" La parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. En auto de trece de febrero del dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número VI-149/2023, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; en diverso proveído de nueve de marzo del presente año, se ordenó emplazar al tercero interesado Fernando Torres Nieto, lo cual aconteció conforme al acta que obra en el presente expediente. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que en el caso se reclaman actos de una autoridad de naturaleza civil, cuya ejecución se materializó en la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la quejosa reclama los actos siguientes: Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán: La orden de desalojo de inmueble, dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil de reivindicación número 304/2021; promovido por Fernando Torres Nieto en contra de Elvia Gómez Jacobo. Del Juez y Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil de Morelia, Michoacán: La ejecución de la orden de desalojo del inmueble, realizada el ocho de febrero de dos mil veintitrés. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo referido por el Ministerio Público adscrito en su pedimento, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Al efecto, la negativa de tales actos que realiza el Secretario de Acuerdos, se encuentra desvirtuada. Ello porque la existencia queda acreditada con las constancias remitidas por el Juzgado responsable consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil 304/2021, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promueve Fernando Torres Nieto, en contra de Elvia Gómez Jacobo, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numera 2°. De ella se aprecia que ambos responsables participaron en la diligencia de desalojo desahogada el ocho de febrero del presente año. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. En relación con los actos de ejecución que se reclama al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado responsable, se actualiza una causa de improcedencia. En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, el artículo 62, de ese ordenamiento, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del escrito de demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el haber ejecutado la orden de desalojo de inmueble, decretada en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 304/2021. Así se tiene, que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5°, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que respecta a los actos atribuidos a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial precisada con antelación, lo que da lugar a sobreseer el presente juicio de garantías por lo que a dicha autoridad se refiere. En efecto, la demanda de amparo planteada por lo que ve al acto que se reclama al Secretario de Acuerdos del Juzgado antes citado, deviene improcedente, conforme a las normas legales antes precisadas, si se tiene en cuenta que la parte quejosa en su demanda, manifestó que el acto atribuido a dicha funcionaria, lo realizó en uso de las facultades que la ley les confiere. Empero, las funciones de ésta son las de autorizar y dar fe de los actos emitidos por el titular del Juzgado responsable; ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, únicamente puede ser autoridad para los efectos del amparo, quien dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En tanto que el Secretario solamente autoriza y dar fe de las actuaciones emitidas por su titular; de ahí que sus actos carecen de imperio, pues su intervención es de un simple fedatario y, por consecuencia, no actúan en forma conjunta con el titular del Juzgado responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, consultable en la página 693, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que a la letra dice: Época: Octava Época Registro: 394964 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 1008 Página: 693 SECRETARIO. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD CUANDO SE LE SEÑALA UNICAMENTE COMO FEDATARIO. Cuando el secretario únicamente interviene como fedatario de las actuaciones del titular del órgano respectivo, su conducta no afecta en manera alguna la esfera privada de las partes puesto que su función carece de los requisitos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo y en consecuencia al no ser autoridad para los efectos del amparo, el juicio que se entable contra sus actos es improcedente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Por otro lado, este Juzgado de Distrito estima que en la especie, en relación con los actos atribuidos al juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil número 304/2021, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió Fernando Torres Nieto frente a Elvia Gómez Jacobo. Al efecto, la quejosa ********************, por su propio derecho, como tercero extraña, en estricto sentido a dicho procedimiento, se ostenta posesionaria del inmueble cuya entrega se ordenó y ejecutó en el juicio de donde deriva el acto reclamado. En principio, se considera que la orden de entrega desalojo y entrega del multicitado inmueble, incluso apoyada de fuerza pública, dictada por el juez responsable en el auto del diez de octubre de dos mil veintidós, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues tal requerimiento se efectuó respecto de Elvia Gómez Jacobo y no de ********************. En consecuencia, si la ahora quejosa se duele que con motivo de dicha orden y su ejecución se le ha causado molestia en su posesión, tiene la carga de acreditar fehacientemente el interés jurídico que ostenta sobre el multicitado inmueble, o dicho en otras palabras, la afectación al derecho sustantivo especifico de la posesión que aquí defiende. Corrobora lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Pues bien, para pedir amparo, la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Conforme al anterior criterio, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como condicionantes para demostrar el interés jurídico lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto emanado de una controversia jurisdiccional, relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser poseedora ubicado en el lote número 08, de la manzana 12, zona 01, ubicado en el terreno perteneciente al Núcleo de San Juan Itzicuaro, municipio de esta ciudad. Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Así, conviene recordar que la quejosa accionó la vía constitucional doliéndose de la orden de desalojo del inmueble cuya ubicación ya fue descrita decretada por el juez natural dentro del juicio ordinario civil sobre reivindicación número 304/2021, que promovió Fernando Torres Nieto en contra de Elvia Gómez Jacobo, así como todas sus consecuencias legales, como lo es que sea privada de la posesión que afirma ostenta del inmueble materia del contradictorio natural, del cual es tercero extraña; ello, planteado desde la perspectiva de que la responsable transgredió en su contra los derechos de audiencia y defensa que todo gobernado goza de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de posesión del bien raíz que se viene a defender, es necesario que para la justificación del interés jurídico se demuestre en la especie la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la siguiente tesis: "Época: Octava Época Registro: 209307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Febrero de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXI.2o.48 C Página: 176 INTERÉS JURÍDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDÓNEA, EN TÉRMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." Lo anterior aunado a que tratándose de la posesión se puede advertir que existen dos tipos: la originaria y la derivada. La posesión originaria se obtiene a través de una transmisión de derechos que realiza el propietario en favor del poseedor, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, etcétera. La posesión derivada es aquella que se trasmite por arrendamiento, usufructo, depósito u otro título análogo. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título de fecha cierta que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Con la finalidad de acreditar el interés jurídico que le asiste en esta instancia constitucional, en lo que interesa, la parte quejosa exhibió las documentales siguientes: Copia simple de acta de nacimiento 593 del libro Uno, del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, relativa a ******************** (quejosa en el presente juicio), y donde aparecen como sus progenitores Manuel Nieto Cadenas y Elvia Gómez Jacobo (demandada en el juicio de origen); y, Copia simple de acta de nacimiento 851, del libro Uno, fecha de registro del tres de abril de mil novecientos cuarenta y tres, relativa a Manuel Nieto Cadenas. Copia simple de acta de nacimiento 99, del libro Uno, fecha de registro doce de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, relativa a María Raquel Nieto Cadenas. Medios de convicción que si bien tienen valor probatorio acorde a los artículos 128, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°; pero, únicamente son útiles para acreditar el nacimiento de la aquí quejosa, que Manuel Nieto Cadenas es su progenitor y el nacimiento de María Raquel Nieto Cadenas, tía de la promovente del presente juicio de garantías. Siendo estos los únicos documentos que exhibió la quejosa, para demostrar su interés jurídico. En consecuencia, si la quejosa dice haber habitado en el domicilio materia del acto reclamado, junto con su tía María Raquel Nieto Cadenas y su padre Manuel Nieto Cadenas, es decir, en todo caso, tales documentales no acreditan, al margen de que solo ostentaría la posesión simple o precaria del referido inmueble, la que no es susceptible de protección a través del juicio de amparo, ya que no se sustenta en algún título de fecha cierta y previsto o sustentado en la ley. Tiene aplicación en lo que interesa la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página: 5, Novena Época, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así como la diversa jurisprudencia I.3º.C.J/20, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo 2001, Página: 1650, Novena Época, que establece: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." De lo anteriormente expuesto se puede llegar a la conclusión de que la aquí quejosa no acreditó contar con la calidad de poseedora originaria que aduce tener del inmueble multicitado, pues como ella misma lo refiere en su demanda de amparo, supuestamente ocupó dicho domicilio virtud a que cuidaba de su extinta tía de nombre María Raquel Nieto Cadenas, después del fallecimiento de su padre el señor Manuel Nieto Cadenas. Y aun cuando refiere que María Raquel Nieto Cadenas no dejó algún heredero en línea directa ascendente, ni descendente, y que la mencionada Nieto Cadenas y la quejosa, eran poseedoras legítimas de la propiedad en mención, lo cierto es que no existe acto jurídico alguno con el cual compruebe que dicho inmueble es de su propiedad o tenga sobre él algún tipo de derecho real; tampoco se aportó prueba alguna para evidenciarlo. Por el contrario con las constancias del juicio de origen, lo que se demuestra es que mediante juicio ordinario civil 304/2021, sobre reivindicación de inmueble promovido por Fernando Torres Nieto, en contra de Elvia Gómez Jacobo: Se demandó la entrega real y material del inmueble descrito en dicho sumario, el cual se encontraba en posesión de la demandada. Después del procedimiento legal correspondiente, en sentencia definitiva de quince de agosto de dos mil veintidós, se resolvió que la parte actora Sucesión Intestamentaria a bienes de María Raquel Nieto Cadenas, representada por su albacea provisional Fernando Torres Nieto, acreditó los elementos constitutivos de la acción reivindicatoria de inmueble que, en la vía ordinaria civil promovió, en contra de Elvia Gómez Jacobo, a quien no le prosperaron alguna de las defensas y excepciones que opuso. Por lo que al resultar procedente la referida acción, se condenó a la demandada a la desocupación y entrega real del inmueble materia de la Litis, el cual se materializó mediante diligencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en cumplimiento del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, entregándose real y materialmente el inmueble al actor en el juicio de origen. Por lo que a la aquí quejosa, no le resulta el interés jurídico necesario para promover en esta instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio promovido por ********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad y Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho órgano jurisdiccional, por los motivos señalados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe licenciada Mirna Rodríguez Calderón, hasta el día de hoy veinticuatro de abril del dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto VI-149/2023, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El nueve de febrero del dos mil veintitrés, ********************, por su propio derecho, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, recibida el diez de ese mismo mes y año, por el Oficial de Partes de este juzgado de Distrito, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: (.) TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA. El JUEZ TERCERO CIVIL de primera instancia con sede en Morelia, Michoacán el Licenciado Alejandro Moreno Villanueva y la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Civil con sede en Morelia, Michoacán la Licenciada Fabiola Jiménez Balleno." LA NORMA GENERA, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA; Se le reclama la ilegalidad en el desalojo llevado a cabo el día 8 ocho de febrero del año 2023 dos mil veintitrés en punto de las 11:00 once horas cometido en contra de mi persona sin ser oída ni vencida en juicio. A Juez Tercero de lo Civil con sede en Morelia Michoacán se le reclama la orden de desalojo dictada dentro del expediente número 304/2021 llevada en contra de Elvia Gómez Jacobo, expediente al que no tengo acceso por no tener carácter dentro del juicio (.) así como también le reclamo la ejecución del desalojo a mi persona de la propiedad ubicada en calle 20 veinte de noviembre de 1936 mil novecientos treinta y seis, número 340 trescientos cuarenta de la colonia San Juanito Itzicuaro, de esta ciudad de Morelia, Michoacán (.) A la Secretaria de acuerdo del Juzgado Tercero de lo Civil Con sede en Morelia Michoacán se le reclama el desalojo a mi persona de la propiedad (.)" La parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio el artículo 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. En auto de trece de febrero del dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándola con el número VI-149/2023, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; en diverso proveído de nueve de marzo del presente año, se ordenó emplazar al tercero interesado Fernando Torres Nieto, lo cual aconteció conforme al acta que obra en el presente expediente. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que en el caso se reclaman actos de una autoridad de naturaleza civil, cuya ejecución se materializó en la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la quejosa reclama los actos siguientes: Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán: La orden de desalojo de inmueble, dictada el diez de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil de reivindicación número 304/2021; promovido por Fernando Torres Nieto en contra de Elvia Gómez Jacobo. Del Juez y Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de lo Civil de Morelia, Michoacán: La ejecución de la orden de desalojo del inmueble, realizada el ocho de febrero de dos mil veintitrés. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos datos de localización rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo referido por el Ministerio Público adscrito en su pedimento, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Al efecto, la negativa de tales actos que realiza el Secretario de Acuerdos, se encuentra desvirtuada. Ello porque la existencia queda acreditada con las constancias remitidas por el Juzgado responsable consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil 304/2021, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promueve Fernando Torres Nieto, en contra de Elvia Gómez Jacobo, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numera 2°. De ella se aprecia que ambos responsables participaron en la diligencia de desalojo desahogada el ocho de febrero del presente año. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. En relación con los actos de ejecución que se reclama al Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado responsable, se actualiza una causa de improcedencia. En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, el artículo 62, de ese ordenamiento, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del escrito de demanda, se advierte que la parte promovente del amparo reclama de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el haber ejecutado la orden de desalojo de inmueble, decretada en auto de diez de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 304/2021. Así se tiene, que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5°, de la Ley de Amparo, únicamente por lo que respecta a los actos atribuidos a la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial precisada con antelación, lo que da lugar a sobreseer el presente juicio de garantías por lo que a dicha autoridad se refiere. En efecto, la demanda de amparo planteada por lo que ve al acto que se reclama al Secretario de Acuerdos del Juzgado antes citado, deviene improcedente, conforme a las normas legales antes precisadas, si se tiene en cuenta que la parte quejosa en su demanda, manifestó que el acto atribuido a dicha funcionaria, lo realizó en uso de las facultades que la ley les confiere. Empero, las funciones de ésta son las de autorizar y dar fe de los actos emitidos por el titular del Juzgado responsable; ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, únicamente puede ser autoridad para los efectos del amparo, quien dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En tanto que el Secretario solamente autoriza y dar fe de las actuaciones emitidas por su titular; de ahí que sus actos carecen de imperio, pues su intervención es de un simple fedatario y, por consecuencia, no actúan en forma conjunta con el titular del Juzgado responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, consultable en la página 693, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1995, que a la letra dice: Época: Octava Época Registro: 394964 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 1008 Página: 693 SECRETARIO. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD CUANDO SE LE SEÑALA UNICAMENTE COMO FEDATARIO. Cuando el secretario únicamente interviene como fedatario de las actuaciones del titular del órgano respectivo, su conducta no afecta en manera alguna la esfera privada de las partes puesto que su función carece de los requisitos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo y en consecuencia al no ser autoridad para los efectos del amparo, el juicio que se entable contra sus actos es improcedente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Por otro lado, este Juzgado de Distrito estima que en la especie, en relación con los actos atribuidos al juez responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil número 304/2021, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió Fernando Torres Nieto frente a Elvia Gómez Jacobo. Al efecto, la quejosa ********************, por su propio derecho, como tercero extraña, en estricto sentido a dicho procedimiento, se ostenta posesionaria del inmueble cuya entrega se ordenó y ejecutó en el juicio de donde deriva el acto reclamado. En principio, se considera que la orden de entrega desalojo y entrega del multicitado inmueble, incluso apoyada de fuerza pública, dictada por el juez responsable en el auto del diez de octubre de dos mil veintidós, no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues tal requerimiento se efectuó respecto de Elvia Gómez Jacobo y no de ********************. En consecuencia, si la ahora quejosa se duele que con motivo de dicha orden y su ejecución se le ha causado molestia en su posesión, tiene la carga de acreditar fehacientemente el interés jurídico que ostenta sobre el multicitado inmueble, o dicho en otras palabras, la afectación al derecho sustantivo especifico de la posesión que aquí defiende. Corrobora lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Pues bien, para pedir amparo, la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Conforme al anterior criterio, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como condicionantes para demostrar el interés jurídico lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto emanado de una controversia jurisdiccional, relacionado con el inmueble del cual manifiesta ser poseedora ubicado en el lote número 08, de la manzana 12, zona 01, ubicado en el terreno perteneciente al Núcleo de San Juan Itzicuaro, municipio de esta ciudad. Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Así, conviene recordar que la quejosa accionó la vía constitucional doliéndose de la orden de desalojo del inmueble cuya ubicación ya fue descrita decretada por el juez natural dentro del juicio ordinario civil sobre reivindicación número 304/2021, que promovió Fernando Torres Nieto en contra de Elvia Gómez Jacobo, así como todas sus consecuencias legales, como lo es que sea privada de la posesión que afirma ostenta del inmueble materia del contradictorio natural, del cual es tercero extraña; ello, planteado desde la perspectiva de que la responsable transgredió en su contra los derechos de audiencia y defensa que todo gobernado goza de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de posesión del bien raíz que se viene a defender, es necesario que para la justificación del interés jurídico se demuestre en la especie la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la siguiente tesis: "Época: Octava Época Registro: 209307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Febrero de 1995 Materia(s): Civil Tesis: XXI.2o.48 C Página: 176 INTERÉS JURÍDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDÓNEA, EN TÉRMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." Lo anterior aunado a que tratándose de la posesión se puede advertir que existen dos tipos: la originaria y la derivada. La posesión originaria se obtiene a través de una transmisión de derechos que realiza el propietario en favor del poseedor, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, etcétera. La posesión derivada es aquella que se trasmite por arrendamiento, usufructo, depósito u otro título análogo. Por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título de fecha cierta que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Con la finalidad de acreditar el interés jurídico que le asiste en esta instancia constitucional, en lo que interesa, la parte quejosa exhibió las documentales siguientes: Copia simple de acta de nacimiento 593 del libro Uno, del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, relativa a ******************** (quejosa en el presente juicio), y donde aparecen como sus progenitores Manuel Nieto Cadenas y Elvia Gómez Jacobo (demandada en el juicio de origen); y, Copia simple de acta de nacimiento 851, del libro Uno, fecha de registro del tres de abril de mil novecientos cuarenta y tres, relativa a Manuel Nieto Cadenas. Copia simple de acta de nacimiento 99, del libro Uno, fecha de registro doce de enero de mil novecientos cuarenta y cinco, relativa a María Raquel Nieto Cadenas. Medios de convicción que si bien tienen valor probatorio acorde a los artículos 128, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°; pero, únicamente son útiles para acreditar el nacimiento de la aquí quejosa, que Manuel Nieto Cadenas es su progenitor y el nacimiento de María Raquel Nieto Cadenas, tía de la promovente del presente juicio de garantías. Siendo estos los únicos documentos que exhibió la quejosa, para demostrar su interés jurídico. En consecuencia, si la quejosa dice haber habitado en el domicilio materia del acto reclamado, junto con su tía María Raquel Nieto Cadenas y su padre Manuel Nieto Cadenas, es decir, en todo caso, tales documentales no acreditan, al margen de que solo ostentaría la posesión simple o precaria del referido inmueble, la que no es susceptible de protección a través del juicio de amparo, ya que no se sustenta en algún título de fecha cierta y previsto o sustentado en la ley. Tiene aplicación en lo que interesa la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página: 5, Novena Época, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así como la diversa jurisprudencia I.3º.C.J/20, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo 2001, Página: 1650, Novena Época, que establece: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." De lo anteriormente expuesto se puede llegar a la conclusión de que la aquí quejosa no acreditó contar con la calidad de poseedora originaria que aduce tener del inmueble multicitado, pues como ella misma lo refiere en su demanda de amparo, supuestamente ocupó dicho domicilio virtud a que cuidaba de su extinta tía de nombre María Raquel Nieto Cadenas, después del fallecimiento de su padre el señor Manuel Nieto Cadenas. Y aun cuando refiere que María Raquel Nieto Cadenas no dejó algún heredero en línea directa ascendente, ni descendente, y que la mencionada Nieto Cadenas y la quejosa, eran poseedoras legítimas de la propiedad en mención, lo cierto es que no existe acto jurídico alguno con el cual compruebe que dicho inmueble es de su propiedad o tenga sobre él algún tipo de derecho real; tampoco se aportó prueba alguna para evidenciarlo. Por el contrario con las constancias del juicio de origen, lo que se demuestra es que mediante juicio ordinario civil 304/2021, sobre reivindicación de inmueble promovido por Fernando Torres Nieto, en contra de Elvia Gómez Jacobo: Se demandó la entrega real y material del inmueble descrito en dicho sumario, el cual se encontraba en posesión de la demandada. Después del procedimiento legal correspondiente, en sentencia definitiva de quince de agosto de dos mil veintidós, se resolvió que la parte actora Sucesión Intestamentaria a bienes de María Raquel Nieto Cadenas, representada por su albacea provisional Fernando Torres Nieto, acreditó los elementos constitutivos de la acción reivindicatoria de inmueble que, en la vía ordinaria civil promovió, en contra de Elvia Gómez Jacobo, a quien no le prosperaron alguna de las defensas y excepciones que opuso. Por lo que al resultar procedente la referida acción, se condenó a la demandada a la desocupación y entrega real del inmueble materia de la Litis, el cual se materializó mediante diligencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en cumplimiento del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, entregándose real y materialmente el inmueble al actor en el juicio de origen. Por lo que a la aquí quejosa, no le resulta el interés jurídico necesario para promover en esta instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio promovido por ********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad y Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho órgano jurisdiccional, por los motivos señalados en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe licenciada Mirna Rodríguez Calderón, hasta el día de hoy veinticuatro de abril del dos mil veintitrés, que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste
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