Guadalupe Morales Cárdenas
Expediente 1012/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guadalupe Morales Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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Morelia, Michoacán, a trece de julio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de los diversos 13850 y 13581 de veintiocho de junio del año en curso, con el que se devolvieron dos tomos de prueba, consistentes en copia certificada del juicio agrario 224/2021 y el expediente agrario número 849/2017 de su control, que en su momento acompañó al informe justificado que le fue solicitado. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.-
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Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DEVUELVEN TOMOS DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, en Morelia, Michoacán, dos tomos de pruebas consistentes en copias certificadas de los juicios agrarios 224/2021 y 849/2017, mismos que se exhibieron en el presente asunto; solicitándole se sirva acusar de recibo al estilo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. Razón actuarial; notificaciones por lista. Vista la razón levantada por la Actuaria de la adscripción, se obtiene que no le fue posible notificar personalmente la resolución emitida en el presente asunto al tercero interesado ********************, por los motivos expuestos; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la referida actuación, así como las subsecuentes notificaciones que deban hacerse a dicha parte, aún las de carácter personal, hasta en tanto comparezca a señalar domicilio para tal fin. Cúmplase y notifíquese por lista la resolución emitida en autos a la referida tercera interesada. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva
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EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2022, MEDIANTE LISTA NOTIFICO AL TERCERO INTERESADO MANUEL CHÁVEZ GARCÍA, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE 29 DE ABRIL DEL 2022, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1012/2021-IX, promovido por Guadalupe Morales Cárdenas, a través de su apoderada, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, y Actuario de su adscripción; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito ingresado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, registrado al día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado en esa data a este Juzgado Tercero de Distrito, Anamirian Vázquez Ruíz en cuanto apoderada de Guadalupe Morales Cárdenas, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, y Actuario de su adscripción, en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1. De la autoridades ordenadoras, reclamo el AUTO de fecha veintisiete del mes de agosto del año dos mil veintiuno, sobre el cual recayó el auto de admisión del juicio natural, específicamente en su parte relativa a LA MEDIDA PRECAUTORIA y el APERCIBIMIENTO LEGAL ordenados por la autoridad responsable y que se encuentran debidamente puntualizados en foja 95 en el numeral descrito como 'OCTAVO' dentro del citado auto admisorio [.] dentro del expediente relativo al Juicio Agrario promovido por el C. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ GARCÍA en cuanto parte actora dentro del juicio natural tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVII en el Estado de Michoacán con el número de expediente 224/2021 del índice de dicho juzgado, cuyo tenor dice: [lo transcribe] Al respecto me permito adjuntar la respectiva copia de traslado del auto del cual emana el acto reclamado y que fue entregado por el ministro notificador y/o actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario XVII, al momento del emplazamiento al juicio natural. 2. De la autoridad ejecutora, reclamo la ejecución de la citada medida precautoria ordenada por la autoridad ordenadora, llevada a cabo mediante la notificación personal realizada a la quejosa de fecha veinticuatro del mes de septiembre del año que transcurre; diligencia en la cual se tuvo a dicha autoridad responsable por notificando de la citada medida precautoria ordenada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario XVII y además por realizando el apercibimiento legal en caso de incumplimiento a la misma.". En ese ocurso, la promovente formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en perjuicio de su representada, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En auto de veintidós del mes y año anotados, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda bajo el expediente 1012/2021-IX, requirió a las autoridades responsables sobre su informe con justificación y dio intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Asimismo, reconoció el carácter de terceros interesados a José Manuel Chávez García y Udelisa Ponce Rodríguez, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el quince de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que este órgano federal tiene competencia mixta y se impugna un acto con efectos declarativos emitido por una autoridad agraria que reside dentro del ámbito territorial en el que se tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000, del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El auto admisorio de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 224/2021, del índice del tribunal responsable, promovido por José Manuel Chávez García, en contra de Guadalupe Morales Cárdenas y Udelisa Ponce Rodríguez; y, su ejecución. En su parte relativa a la medida precautoria solicitada y concedida al actor en el mencionado juicio, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se la emita resolución que en derecho corresponda. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, dado que el Magistrado y el Actuario responsables así lo manifestaron en sus informes justificados que rindieron en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las diversas constancias del juicio 224/2021, del índice del tribunal responsable, en donde obra el auto admisorio de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido compulsadas por un fedatario judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto, se destacan los siguientes que se desprenden del informe rendido por las autoridades responsables y las constancias que adjuntaron como sustento: 1. El quince de julio de dos mil veintiuno, José Manuel Chávez García promovió demanda en la vía de controversia agraria en contra de Guadalupe Morales Cárdenas y Udelisa Ponce Rodríguez, de quienes medularmente la nulidad de actos y documentos y, derivado de ello, del diverso juicio agrario 849/2017, la declaratoria de mejor derecho para poseer el lote o solar urbano ejidal con casa habitación, ubicado en calle Emiliano Zapata, número 137, colonia Lázaro Cárdenas del Poblado de Puruapán, Municipio de Turicato, Michoacán. En ese ocurso el actor solicitó se decretarán las medidas precautorias pertinentes a la materia del juicio, para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, toda vez que, dijo, la demandada Guadalupe Morales Cárdenas había estado realizando una serie de modificaciones a la casa habitación antes señalada, además de que, en su consideración, existe temor fundado de que se ponga en venta. 2. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 radicó y admitió el asunto bajo el expediente 224/2021, por lo que señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación correspondiente y ordenó emplazar a los demandados. Asimismo, el magistrado instructor concedió la medida precautoria solicitada, únicamente con la finalidad de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente guardan, por lo que ordenó requerir a la demandada para que se abstuviera de realizar actos que alteren las circunstancias materiales y jurídicas de la superficie materia del juicio, ello hasta en tanto se emita la resolución definitiva en el juicio. El proveído mencionado fue notificado de manera personal a la aquí quejosa Guadalupe Morales Cárdenas, el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Dicha resolución es la reclamada en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda fuera del término legal concedido para accionar. Los preceptos en mención establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos trascritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del penúltimo de los numerales reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. De la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto no se declare su nulidad en la vía correspondiente. Al respecto ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado.". La segunda forma para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones.". Por último, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo. De tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Ello tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. TÉMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VIA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo..." a quienes "...en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado." La expresión "en cualquiera forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo.". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzara a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora bien, se recuerda que la quejosa Guadalupe Morales Cárdenas reclama de las autoridades responsables el auto admisorio de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 224/2021, del índice del tribunal responsable, promovido por José Manuel Chávez García, en contra su contra; y su ejecución. Ello, en su parte relativa a la medida precautoria solicitada y concedida al actor en ese juicio, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se la emita resolución que en derecho corresponda. En ese sentido, debe destacarse que de acuerdo a la relatoría de antecedentes previamente expuesta, se tiene presente que dicha determinación se notificó personalmente a la quejosa el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En efecto, mediante esa actuación efectuada por el ministro notificador adscrito al tribunal responsable, se emplazó a la aquí quejosa como demandada en el controvertido de origen, requiriéndola para que produjera su contestación de demanda y, además, dándole a conocer también la medida cautelar decretada en el auto admisorio, pues para su acatamiento también se ordenó requerirla para que se abstuviera de realizar actos que alteraran las circunstancias materiales y jurídicas de la superficie en litigio, ello hasta en tanto se emitiera la resolución definitiva en el juicio. De esta manera, al tomar en cuenta que dicha notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en términos de lo que dispone el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, por disposición expresa de su numeral 167. Entonces, el término de quince días para accionar corrió del veintiocho de septiembre al diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, excluyendo sábados y domingos, así como el doce de octubre de ese año, por ser inhábiles. Así, toda vez que la demanda se ingresó el veinte de octubre de dos mil veintiuno, al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, es de concluirse que ésta se presentó de manera extemporánea. De ahí que, como ya se anotó, en la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos. Lo anterior aunado a que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Además, no pasa inadvertido que en su demanda de amparo la quejosa señala que los días treinta de septiembre y diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, fueron inhábiles en lo local; no obstante, ni este Juzgado de Distrito, ni el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, suspendieron sus labores ordinarias, de manera que no existe algún motivo para considerar como inhábiles los días señalados. Máxime que en términos del Acuerdo General 03/2021, del Pleno del Tribunal Superior Agrario por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores para el año dos mil veintiuno, no se observa que los días mencionados fueran declarados inhábiles. Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado.". Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Guadalupe Morales Cárdenas, contra el acto y autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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