Guadalupe Felix Cardenas Manriquez

Expediente 655/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
655/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Guadalupe Felix Cardenas Manriquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistps los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por xxxxx, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido

  2. Principal

    Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo formulada por J. Guadalupe Félix Cárdenas Manríquez, en contra de actos del magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por violación a sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente de amparo físico y digital, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 655/2020-I. Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la que se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: Ante el Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, Ma. Josefina Cárdenas Manríquez, promovió procedimiento especial sobre declaración de estado de interdicción de Ma. Maximina Manríquez Cárdenas, mismo que fue radicado con el número C-0319/2019. Durante la secuela procesal, el aquí quejoso fue designado tutor interino de Ma. Maximina Manríquez Cárdenas. Seguidos los trámites del juicio de referencia, en fecha doce de marzo de dos mil veinte se dictó la sentencia correspondiente. Inconformes con dicha resolución, J. Guadalupe Félix, tutor interino -aquí quejoso- y Ma. Josefina, parte actora, ambos de apellidos Cárdenas Manríquez, interpusieron por separado recurso de apelación, del que conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien radicó dicho medio de impugnación con el número de toca de apelación 282/2020. Por auto de fecha seis de agosto de dos mil veinte, el magistrado de la Sexta Sala Civil decretó mal integrado el recurso de apelación y devolvió el expediente al juez de origen para que subsanara las deficiencias señaladas. Remitido de nueva cuenta los mencionados recursos de apelación, se radicaron bajo el número de tocas 375/2020 del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Mediante resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, la responsable resolvió los recursos interpuestos, en la que ordenó la reposición del procedimiento, para los siguientes efectos: "PRIMERO.- Se ordena la reposición del procedimiento a efecto de que la Juez de Origen, previo a nombrar tutor y curador definitivos, deje subsistente el nombramiento del tutor interino que se otorgó en la persona del señor J. Guadalupe Félix Cárdenas Manríquez, quien deberá ejercerlo en forma conjunta con Ma. Teresa Cárdenas Manríquez, subsistiendo también el nombramiento de curador interino en la persona del señor Juan Cárdenas Manríquez, quienes tendrán la obligación de informar al Juez Natural cada dos meses del resultado de su intervención, como salvaguarda revisable a través del juez de la causa. Por otra parte, el Juez de Origen debe citar a una junta a todos y cada uno de los hijos de la señora xxxxxxxxx quienes deberán ser citados en los domicilios que la propia promovente señaló en su escrito inicial, junta en la que, con los que se presenten, deberán informar, en primer lugar, cómo es la vida ordinaria de su madre, quién vive con ella, quién la asiste en sus tareas, qué medicamentos toma; en fin, cuál es el rol familiar de asistencia en torno a su persona; en el caso de que los hermanos lleguen a algunos acuerdos deberá asentarse en el acta respectiva; de lo contrario el juzgador deberá de determinar salvaguardas en relación a la presunta interdicta. También el juez de los autos deberá trasladarse al domicilio de la señora Ma. Maximina Manríquez Cárdenas para explicarle en términos sencillos de qué se trata este procedimiento, y que el mismo es para proteger su persona y sus bienes, para lo cual, se le explicará en términos llanos, que puede designar algunas personas de su confianza para que la ayuden a tomar decisiones. Una vez realizado lo anterior, la Juez Natural deberá emitir una nueva sentencia en la que deberá tomar en cuenta todos y cada uno de los acuerdos celebrados por los descendientes de aquélla y la propia opinión de la señora Ma. Maximina, estableciendo las salvaguardas necesarias, para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica(.)." Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia. En ese sentido, de conformidad con lo reseñado, este juzgador advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En esa tesitura, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De las disposiciones normativas transcritas emerge que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. Por tanto, se reitera que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, dictada por el magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en la que ordenó la reposición del juicio C319/2019 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el efecto de que previo a nombrar tutor y curador definitivo, deje subsistente el nombramiento de tutor y curador interinos designados en autos; así también para que el juez de origen cite a una junta a todos y cada uno de los hijos de la señor Ma. Maximina Manríquez Cárdenas, en la que deberán informar diversas cuestiones relativas a la vida cotidiana en general de su madre, asentando en el acta respectiva los acuerdos a que lleguen los hermanos, o de lo contrario, el juzgador deberá determinar salvaguardas en relación a la presunta interdicta. Asimismo, se ordenó en la resolución reclamada, que una vez que cumplido el objetivo de la reposición (junta de hijos y determinación de salvaguardas), se deberá emitir una nueva sentencia en la que la juez natural tomará en cuenta todos y cada uno de los acuerdos celebrados por los descendientes de aquélla, estableciendo las salvaguardas necesarias, para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica. Ahora, se atiende a la naturaleza de la resolución combatida, y a fin de evidenciar que no causa una afectación de imposible reparación, es necesario analizar y determinar las consecuencias producidas por la reposición ordenada por la Sala responsable, a fin de determinar si estas son o no de imposible reparación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 7/91 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, tomo VII, mayo de 1991, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, resulta la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues en la resolución reclamada de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la que el magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, ordenó la reposición del juicio C319/2019 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el efecto de que cite a una junta a los descendientes de la presunta interdicta Ma. Maximina Manríquez Cárdenas, para que informen cómo es la vida cotidiana de esta; si llegan a acuerdos asentarlos en el acta correspondiente; y, determinar las salvaguardas en relación a la presunta interdicta; una vez cumplido tal objetivo se emita una nueva sentencia en la que se determinen las salvaguardas necesarias para impedir abusos en las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica de la citada Manríquez Cárdenas; lo cual constituye una cuestión meramente procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente, sino que únicamente produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrán extinguirse en la realidad, pues nuevamente puede serle favorable la sentencia que en este se emita. Tampoco tal determinación reclamada impide al quejoso el ejercicio de algún derecho dentro del juicio, sino que se insiste, únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente puede llegar a trascender al nuevo resultado del fallo. Máxime que el nombramiento de tutor interino, que aduce tener el aquí quejoso, se ordenó por la Sala responsable que debe quedar subsistente, de ahí que no genera ninguna afectación a derechos sustantivos del promovente la resolución reclamada. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de un acto de imposible reparación que traiga aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del peticionario del amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así como la tesis jurisprudencial P./J. 1/2016 (10a.), con registro 2011428, en lo conducente, localizable en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 29, abril de 2016, tomo I, materia común, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." De ahí que el acto reclamado solo trastoca derechos del orden procesal, cuya afectación es susceptible de remediarse en caso de obtener una sentencia favorable, supuesto en el que dicha infracción no trascendería al resultado del veredicto. Por otro lado, no se soslaya la dilación en impartición de justicia, esto es, que la reposición del procedimiento pudiera afectar en perjuicio del inconforme, el derecho para la protección de sus derechos humanos, reconocidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar la determinación reclamada, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Luego, se tiene que la resolución reclamada, de modo alguno produce vulneración de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos reconocidos en la Carta Magna o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que como se refirió, no acontece en el caso. En mérito de lo que antecede, es concluyente que en el caso se surte la causal de improcedencia establecida el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, y por ello, se impone desechar de plano la demanda de mérito. Sin que pase inadvertido a la anterior determinación, el criterio sostenido en la jurisprudencia 2ª./J.87/2016 con registro 20012245, localizable en la página 1180, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, tomo II, de rubro: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."; ello en virtud de que el citado criterio sustenta que el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento -como en el caso- implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en este, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa procesal no resulta evidente, clara y fehaciente la causa de improcedencia, pues se requieren de demás constancias para llegar a esa determinación; sin embargo, en el presente asunto, la parte quejosa adjuntó a su demanda copia de la resolución de segunda instancia reclamada, de ahí que existen datos bastantes de los que se advierte claramente que, efectivamente, sí se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dado que la reposición del procedimiento únicamente se ordenó para que el juez deje subsistente los nombramientos de tutor interino y curador, cite a una junta de descendientes, en caso de que se lleguen a algunos acuerdos se asienten en el acta respectiva, se establezcan salvaguardas en relación a la presunta interdicta y una vez solventados tales aspectos se dicte sentencia estableciendo las salvaguardas necesarias que en derecho corresponda. De ahí que las consecuencias de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo reconocido al aquí quejoso ni impide el ejercicio de algún derecho dentro del procedimiento, por lo que acorde al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicita la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Determinación judicial Establecido lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el ordinal 113 de la misma Ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por J. Guadalupe Félix Cárdenas Manríquez. Domicilio Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones, hágansele la presente notificación por lista que se publica en los estrados de este juzgado federal, así como las subsecuentes de carácter personal, lo anterior, de conformidad con el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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