Grupo Tallgrass, S.A.P.I. de C.V.

Expediente 177/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
177/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Grupo Tallgrass, S.A.P.I. de C.V.
  • Yamit Antonio Cortes Cornejo (Apoderado Legal)

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de testimonio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, al que anexa testimonio de la resolución pronunciada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve en el recurso de queja laboral número 27/2019, cuyo punto resolutivo establece: «ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.» Acúsese recibo a la superioridad por vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno relativo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental; dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales por no haber sido ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con el que acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas para la sustanciación del recurso de queja interpuesto en contra del auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, que desechó la demanda en el presente asunto; así mismo, informa que se admitió el mencionado medio de impugnación y fue registrado con el número de queja 27/2019.

  3. Principal

    Visto el ocurso presentado por ************, mediante el que promueve recurso de queja en contra del auto que desechó su demanda de amparo (dictado el seis de marzo actual); de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, agréguese una copia al sumario para que obre como legalmente corresponde. En razón de lo anterior, con fundamento en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado, y remítase el escrito de cuenta al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, anexándose copia certificada íntegra del expediente relativo al juicio de amparo 177/2019.

  4. Principal

    Recepción del escrito. Vista la demanda de amparo presentada por **********, por conducto de su apoderado **********, calidad que acredita en términos de la escritura pública número treinta y un mil trescientos cincuenta y siete, del registro de la notaría pública número veinticinco de la ciudad de Querétaro, que exhibe en copia certificada; en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 177/2019. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: En la especie se reclama el acuerdo de doce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 3218/2018/L1/CE/IND, donde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato, desechó de plano el incidente de falsedad de firma planteado por la parte demandada, aquí quejosa. Es así como, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora, de los elementos objetivos que derivan del libelo de demanda, vertidos por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: a) El diez de octubre de dos mil dieciocho, **********, por conducto de su representante, demandó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, a la persona moral aquí quejosa, por el pago de diversas prestaciones, registrándose con el número de expediente 3218/2018/L1/CE/IND. b) Previa suspensión y diferimientos, el doce de febrero de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral de origen. En dicha diligencia la parte demandada planteó incidente de falsedad de firma [respecto de la firma que aparece al calce de la carta poder anexa a la demanda que dio origen al controvertido laboral]. La autoridad responsable desechó el incidente planteado. Este es el acto reclamado de manera destacada. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, puesto que el desechamiento del incidente en comento no implica afectación a derechos sustantivos en la medida en que la legislación prevé mecanismos y momentos procesales para reclamar dicha determinación, y esto se traduce únicamente en cuestiones procedimentales. Se considera que tal acto procesal no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que su consecuencia es que se continúe con el procedimiento laboral, y que se continúe con el procedimiento natural, sin que se vean afectados los derechos sustantivos de la amparista, pues en su momento tendrá la oportunidad de probar sus excepciones y defensas; y hasta la conclusión del juicio, con el dictado del laudo correspondiente, el peticionario de amparo podrá reclamar las violaciones procesales que pudieran haber ocurrido durante la sustanciación del controvertido de origen, resolución que de serle favorable, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa invocó diversos criterios de tesis aisladas, con números de registro 2011061, 228737 y 2017090; sin embargo, de conformidad con las reglas marcadas por el artículo 217 de la Ley de Amparo, dichos criterios carecen de fuerza vinculante al no ser jurisprudencias sostenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno o cualquiera de sus Salas; además de pertenecer a Circuitos distintos al en que se ubica este juzgado; por lo que hace a las jurisprudencias que el accionante cita, con números de registro 162336, 173239 y 192294, no es dable tomarlos en consideración, atento a que se refieren a un supuesto jurídico distinto, ya que tratan el tema de la objeción de falsedad de documentos en el juicio de amparo y la consecuente suspensión de la audiencia constitucional; esto es, son criterios atingentes al estudio del fondo del asunto. Domicilio y autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que tiene registrada su cédula profesional que inscrita en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se autoriza a la parte quejosa para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, habida cuenta que proporciona datos de la FIREL con usuario ***; en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales el usuario en cita, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. Por tanto, con objeto de generar seguridad jurídica a las partes y no duplicar notificaciones, no ha lugar a tener como domicilio físico para tal fin el señalado por el ocursante. Sin perjuicio de que en caso de que el accionante insista en designar domicilio físico para oír y recibir notificaciones personales, podrá gestionar lo conducente, en el entendido que se revocará el electrónico. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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