Grupo Tallgrass S.A.P.I. de C.V.

Expediente 1147/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1147/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Grupo Tallgrass S.A.P.I. de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    Firmeza del auto de desechamiento Vista la certificación que antecede y en razón de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo intentada; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha resolución causó estado. Orden de archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos Acorde a lo previsto en el párrafo tercero del punto undécimo del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original; apercíbasele que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Anotaciones Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, cuya síntesis es: "Firmeza del auto de desechamiento Vista la certificación que antecede y en razón de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo intentada; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicha resolución causó estado. Orden de archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos Acorde a lo previsto en el párrafo tercero del punto undécimo del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original; apercíbasele que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Anotaciones Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).". Se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original; apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del proveído que se le notifica.

  3. Principal

    Celaya, Guanajuato, quince de diciembre de dos mil veintidós. Recepción y registro de la demanda. Se tiene por recibida la demanda presentada por **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Grupo Tallgrass, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, personalidad que se tiene por acreditada de conformidad con la reproducción certificada del instrumento notarial cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pasada ante la fe del Notario Público número 21 de Querétaro, Querétaro, contra actos del Director de Procedimientos Legales de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato y otra autoridad; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese el expediente con el número 1147/2022-6. Integración de expediente. En términos del artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación. Análisis de la demanda De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa pretende reclamar lo siguiente: Autoridades responsables: Actos reclamados: 1. Director de Procedimientos Legales de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG); y, 2. Actuario Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG). El requerimiento de seis de diciembre de dos mil veintidós, así como su notificación practicada el ocho de diciembre posterior; en consecuencia, la posible clausura del inmueble relacionado con el requerimiento aludido. Desechamiento Precisado lo anterior, conviene destacar que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y, en su caso, el ocurso aclaratorio. En el supuesto de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal norma, impone la obligación al juzgador de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Lo anterior, dado que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes que crean falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso numeral 5º, fracción I y 6°, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario; los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico ". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". En concordancia con lo anterior, es oportuno mencionar, que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de agravio personal y directo, según se desprende del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ". En relación con el principio anotado, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material y apreciable objetivamente. En ese tenor, cabe destacar que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, con registro digital: 232192, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. En la ejecutoria que originó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2003, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 73, Tomo XVII, Junio de 2003, con registro digital: 184156; de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician, pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal o sujeto al actuar de la parte quejosa o alguna circunstancia que lo actualice, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se insta en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el numeral 5º, fracción I y 6°, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades y posibles circunstancias o acontecimientos que podrían generarlos; por tanto, al revestirles la naturaleza de inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio. En la especie, del análisis de la demanda de amparo se advierte, como se anunció, que la parte quejosa señala como actos reclamados el requerimiento de seis de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Director de Procedimientos Legales de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG), así como su notificación practicada el ocho de diciembre posterior por el Actuario Fiscal de dicho Servicio; en consecuencia, la posible clausura del inmueble relacionado con el requerimiento aludido. A mayor detalle, la parte actora constitucional manifestó que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, se presentó en las instalaciones de la casa de empeño que representa el actuario fiscal del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, quien le informó que tiene un requerimiento contenido en el oficio ******************** de fecha seis de diciembre del año en curso. De dicho documento se obtiene que la autoridad responsable lo requirió en los siguientes términos: "Por lo que, de conformidad con el artículo 128, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se requiere a la contribuyente, para que dentro del término de tres días, presente en la Subdirección General de Auditoria Fiscal y Comercio Exterior, con domicilio ubicado en Calle Plaza de la Paz, número 100 (cien), primer piso, Colonia Puerto Interior, en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, C.P. 36275, el Permiso de Funcionamiento para Casa de Empeño que le fue expedido para su instalación y funcionamiento y en su caso, la correspondiente Constancia de Refrendo, respecto del establecimiento ubicado en Calle ******************** No. ********************, Colonia ********************, en el municipio de ********************, Guanajuato, documental que deberá presentar en original y copia, para su debido cotejo. De lo anterior se colige que el requerimiento de la parte quejosa fue emitido de conformidad con el artículo 128 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, el cual dispone que debe requerir al contribuyente para que, dentro del término de tres días, cumpla las obligaciones fiscales que se le imputan o bien, presente prueba suficiente con la que acredite su satisfacción, previo a ordenar la clausura señalada en el diverso 127, fracciones I y II de la citada codificación. Tales consideraciones permiten estimar que la materia de reclamo hasta este momento es futuro e incierto pues si bien la autoridad responsable requirió a la parte quejosa para que exhibiera cierta documentación, también lo es que le concedió un plazo para que lo hiciera o bien, conforme al precepto citado, exhiba pruebas para acreditarlo, lo que implica que aun cuando le otorgó el plazo de tres días, la consecuencia está sujeta a la acción que la parte quejosa decida desplegar, esto es, que cumpla el requerimiento, exhiba pruebas o alguna otra gestión al respecto, que tenga como efecto incidir en el ánimo de la autoridad responsable para que decida hacer o no efectivo el contenido del precepto 128 del referido Código. Como corolario se tiene que su reclamo versa en torno al eventual acto de molestia en caso de que incumpla con lo requerido por la autoridad responsable; empero esa circunstancia, tal como lo hizo valer en su narración, permite inferir que la ejecución que reclama es futura e incierta, lo que es contrario al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo que exige como condición que la afectación sea actual y real. Máxime que cualquier requerimiento, previo a hacerlo efectivo, debe seguir un orden de prelación, en la eventualidad que la parte quejosa sea omisa en atenderlo; de ahí que finalidad de la demanda de amparo y su fallo es obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado y no instar para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. En ese orden de ideas, el acto reclamado no contiene una afectación actual y real de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se trata una ejecución de naturaleza futura e incierta que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que su actualización, como se dijo, dependerá del actuar del gobernado. De manera que sólo ante las acciones que despliegue la parte quejosa respecto el acto impugnado de la autoridad responsable, y dependiendo de en qué consista, en ese momento se producirá eventualmente una afectación la que también podrá o no actualizar violación a sus derechos fundamentales; sin embargo, se encontrara en posibilidades de instar lo que considere conveniente. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas o condicionada al actuar del quejoso u otras circunstancias que variarían la consecuencia de la materia de reclamo y no en contra de actos concretos o de realización inminente. Sirve de apoyo por analogía, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 66, Tercera Parte, página 55, con registro digital: 238544, que dispone: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." Así como el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Sin que pase inadvertido que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que estima conculcados sus derechos constitucionales en virtud que la autoridad responsable ordenadora omitió precisar cuál es el fundamento y apercibimiento aplicable en caso de que incumpla el requerimiento impugnado, pues contrario a lo que indica, como se expuso con antelación, el Director responsable señaló en la parte final del acto reclamado el artículo 128 de Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, dato que claramente se obtiene de la lectura integral de requerimiento combatido, el cual tiene a su disposición el quejoso; de modo que tiene al alcance dicha información para actuar en consecuencia. En ese sentido, se estima que el acto que combate es futuro de realización incierta, respecto del cual no se tiene certeza, pues hasta el momento de la presentación de demanda, no puede ocasionarle el agravio personal y directo exigido por la Ley de Amparo, ya que se evidencia que su realización dependerá del proceder que, en su caso, tomare la propia parte quejosa o las autoridades responsables. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5° y 6°, ambos de la Ley de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ******************** número ********************, ******************** de esta ciudad. No ha lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico que refiere el promovente y número telefónico móvil, ya que tales medios no están contemplados en la Ley de Amparo como forma de notificación; no obstante, se le tiene proporcionando los mismos a efecto de establecer comunicación, en caso de ser necesario. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las restantes autorizaciones, en términos restringidos de dicho numeral, por no encontrase en dicho supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

  4. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, cuya síntesis dice lo siguiente: Celaya, Guanajuato, quince de diciembre de dos mil veintidós. Recepción y registro de la demanda. Se tiene por recibida la demanda presentada por **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Grupo Tallgrass, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, personalidad que se tiene por acreditada de conformidad con la reproducción certificada del instrumento notarial cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pasada ante la fe del Notario Público número 21 de Querétaro, Querétaro, contra actos del Director de Procedimientos Legales de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato y otra autoridad; por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese el expediente con el número 1147/2022-6. Integración de expediente. En términos del artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se instruye a todo el personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de esos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que sean debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación. Análisis de la demanda De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa pretende reclamar lo siguiente: Autoridades responsables: Actos reclamados: 1. Director de Procedimientos Legales de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG); y, 2. Actuario Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG). El requerimiento de seis de diciembre de dos mil veintidós, así como su notificación practicada el ocho de diciembre posterior; en consecuencia, la posible clausura del inmueble relacionado con el requerimiento aludido. Desechamiento Precisado lo anterior, conviene destacar que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y, en su caso, el ocurso aclaratorio. En el supuesto de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal norma, impone la obligación al juzgador de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Lo anterior, dado que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes que crean falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, la suscrita advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso numeral 5º, fracción I y 6°, del propio ordenamiento, aplicado en sentido contrario; los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico ". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". En concordancia con lo anterior, es oportuno mencionar, que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de agravio personal y directo, según se desprende del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ". En relación con el principio anotado, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material y apreciable objetivamente. En ese tenor, cabe destacar que el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, con registro digital: 232192, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. En la ejecutoria que originó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2003, publicada en la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 73, Tomo XVII, Junio de 2003, con registro digital: 184156; de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician, pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal o sujeto al actuar de la parte quejosa o alguna circunstancia que lo actualice, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se insta en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el numeral 5º, fracción I y 6°, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades y posibles circunstancias o acontecimientos que podrían generarlos; por tanto, al revestirles la naturaleza de inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio. En la especie, del análisis de la demanda de amparo se advierte, como se anunció, que la parte quejosa señala como actos reclamados el requerimiento de seis de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Director de Procedimientos Legales de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato (SATEG), así como su notificación practicada el ocho de diciembre posterior por el Actuario Fiscal de dicho Servicio; en consecuencia, la posible clausura del inmueble relacionado con el requerimiento aludido. A mayor detalle, la parte actora constitucional manifestó que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, se presentó en las instalaciones de la casa de empeño que representa el actuario fiscal del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, quien le informó que tiene un requerimiento contenido en el oficio ******************** de fecha seis de diciembre del año en curso. De dicho documento se obtiene que la autoridad responsable lo requirió en los siguientes términos: "Por lo que, de conformidad con el artículo 128, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se requiere a la contribuyente, para que dentro del término de tres días, presente en la Subdirección General de Auditoria Fiscal y Comercio Exterior, con domicilio ubicado en Calle Plaza de la Paz, número 100 (cien), primer piso, Colonia Puerto Interior, en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, C.P. 36275, el Permiso de Funcionamiento para Casa de Empeño que le fue expedido para su instalación y funcionamiento y en su caso, la correspondiente Constancia de Refrendo, respecto del establecimiento ubicado en Calle ******************** No. ********************, Colonia ********************, en el municipio de ********************, Guanajuato, documental que deberá presentar en original y copia, para su debido cotejo. De lo anterior se colige que el requerimiento de la parte quejosa fue emitido de conformidad con el artículo 128 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, el cual dispone que debe requerir al contribuyente para que, dentro del término de tres días, cumpla las obligaciones fiscales que se le imputan o bien, presente prueba suficiente con la que acredite su satisfacción, previo a ordenar la clausura señalada en el diverso 127, fracciones I y II de la citada codificación. Tales consideraciones permiten estimar que la materia de reclamo hasta este momento es futuro e incierto pues si bien la autoridad responsable requirió a la parte quejosa para que exhibiera cierta documentación, también lo es que le concedió un plazo para que lo hiciera o bien, conforme al precepto citado, exhiba pruebas para acreditarlo, lo que implica que aun cuando le otorgó el plazo de tres días, la consecuencia está sujeta a la acción que la parte quejosa decida desplegar, esto es, que cumpla el requerimiento, exhiba pruebas o alguna otra gestión al respecto, que tenga como efecto incidir en el ánimo de la autoridad responsable para que decida hacer o no efectivo el contenido del precepto 128 del referido Código. Como corolario se tiene que su reclamo versa en torno al eventual acto de molestia en caso de que incumpla con lo requerido por la autoridad responsable; empero esa circunstancia, tal como lo hizo valer en su narración, permite inferir que la ejecución que reclama es futura e incierta, lo que es contrario al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo que exige como condición que la afectación sea actual y real. Máxime que cualquier requerimiento, previo a hacerlo efectivo, debe seguir un orden de prelación, en la eventualidad que la parte quejosa sea omisa en atenderlo; de ahí que finalidad de la demanda de amparo y su fallo es obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado y no instar para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. En ese orden de ideas, el acto reclamado no contiene una afectación actual y real de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se trata una ejecución de naturaleza futura e incierta que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que su actualización, como se dijo, dependerá del actuar del gobernado. De manera que sólo ante las acciones que despliegue la parte quejosa respecto el acto impugnado de la autoridad responsable, y dependiendo de en qué consista, en ese momento se producirá eventualmente una afectación la que también podrá o no actualizar violación a sus derechos fundamentales; sin embargo, se encontrara en posibilidades de instar lo que considere conveniente. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas o condicionada al actuar del quejoso u otras circunstancias que variarían la consecuencia de la materia de reclamo y no en contra de actos concretos o de realización inminente. Sirve de apoyo por analogía, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 66, Tercera Parte, página 55, con registro digital: 238544, que dispone: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." Así como el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Sin que pase inadvertido que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que estima conculcados sus derechos constitucionales en virtud que la autoridad responsable ordenadora omitió precisar cuál es el fundamento y apercibimiento aplicable en caso de que incumpla el requerimiento impugnado, pues contrario a lo que indica, como se expuso con antelación, el Director responsable señaló en la parte final del acto reclamado el artículo 128 de Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, dato que claramente se obtiene de la lectura integral de requerimiento combatido, el cual tiene a su disposición el quejoso; de modo que tiene al alcance dicha información para actuar en consecuencia. En ese sentido, se estima que el acto que combate es futuro de realización incierta, respecto del cual no se tiene certeza, pues hasta el momento de la presentación de demanda, no puede ocasionarle el agravio personal y directo exigido por la Ley de Amparo, ya que se evidencia que su realización dependerá del proceder que, en su caso, tomare la propia parte quejosa o las autoridades responsables. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5° y 6°, ambos de la Ley de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ******************** número ********************, ******************** de esta ciudad. No ha lugar a tener como domicilio para recibir notificaciones el correo electrónico que refiere el promovente y número telefónico móvil, ya que tales medios no están contemplados en la Ley de Amparo como forma de notificación; no obstante, se le tiene proporcionando los mismos a efecto de establecer comunicación, en caso de ser necesario. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las restantes autorizaciones, en términos restringidos de dicho numeral, por no encontrase en dicho supuesto. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Asimismo, se deja a su disposición en la secretaría de este juzgado, copia del proveído que se le notifica.

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