Guadalupe Magaña Ruiz
Expediente 329/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Guadalupe Magaña Ruiz
- Carlos Alberto Castellano Ramos (Mandatario Judicial)
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio mediante el cual la magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, acusa recibo del diverso local 6085/2021, al que se adjuntaron cuatro tomos de pruebas que esa autoridad remitió con su informe justificado.
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de cuatro de junio del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ********************, sin que haya hecho uso de tal derecho. ****************************************En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. ****************************************Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. ****************************************En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. ****************************************Devolución de tomos. Se ordena la devolución (vía mensajería rápida) de los tomos de pruebas que allegaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. ****************************************Documentos originales. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días naturales ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, lo anterior de conformidad con el artículo 18 antepenúltimo párrafo del citado acuerdo.********************
- Principal
Recepción de escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por *****, mandatario judicial de *******, personalidad acreditada y reconocida ante la autoridad responsable, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, pues al efecto proporciona, bajo protesta de decir verdad, la información solicitada. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Es así, pues de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y del aclaratorio de cuenta (manifestación que adquiere eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º), se desprenden los siguientes antecedentes: ******, por conducto de su apoderado legal **** demandó a ******, en la acción reivindicatoria, la desocupación y entrega real y material del inmueble rustico ubicado en calle Mina, S/N, de la Comunidad del Derramadero de Uriangato, Guanajuato; la nulidad absoluta de las diligencias de información testimonial ad-perpetuam con número de expediente **** del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato; y el pago de gatos y costas judiciales. Dicho asunto fue radicado con el número ****, del índice de la mencionada autoridad. Radicado el asunto y contestada la demanda la ahora parte quejosa interpuso un incidente de falta de personalidad del abogado ******, para actuar dentro de juicio debido a que argumentó, el apoderado legal de la parte actora no tenía facultades para otorgar mandato judicial a un tercero. Dicho incidente fue resuelto el dieciséis de enero de dos mil veinte, dándole un plazo de 10 días a la parte actora para subsanar cualquier defecto de la personalidad. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de apelación, el que fue radicado por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado bajo el número de toca *****. Dicho medio de impugnación fue resuelto el veinticinco de junio de dos mil veinte, en el sentido de revocar la sentencia materia de éste. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia dentro del juicio civil de origen, en la que se determinó la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, ordenando reponer el procedimiento para llamar como demandado a juicio a diversa persona *****. Inconforme con el fallo, la parte quejosa interpuso en su contra recurso de apelación que fue radicado por la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el toca ***; el que fue resuelto el diez de noviembre de dos mil veinte, en el sentido de confirmar la sentencia combatida. Este es el acto reclamado. Respecto del acto controvertido, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu relacionados con lo que los actos que no se consideran de imposible reparación. Preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De esas disposiciones emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Estos son, acorde al precepto, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en sentido contrario, de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales es improcedente. Esa premisa normativa fue desarrollada por el Pleno de la Suprema Corte determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados- necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Luego, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Ahora bien, tratándose de reposiciones del procedimiento, existe diversidad de criterios en el sentido de que debe analizarse si las consecuencias que conlleva la reposición son o no de imposible reparación; lo anterior para estar en posibilidad de estudiar la procedencia del juicio de amparo, pues en caso de no afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, acorde con lo que dispone el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, se está ante una violación procedimental, reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse en contra de la sentencia definitiva. Así se desprende de la jurisprudencia 576, visible en el Apéndice de 2011, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte-SCJN, quinta sección-procedencia del amparo indirecto, página 640, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Ahora bien, una vez analizados los actos contra los que procede excepcionalmente el juicio de amparo indirecto, es factible concluir que el magistrado responsable al confirmar la resolución que ordenó la reposición del procedimiento para que se llamara a juicio a un tercero interesado, se traduce en una dilación procesal -que dicho sea de paso, no tiene más objetivo que respetar los derechos de otra de las partes y darle oportunidad de ser oída en el juicio- lo que únicamente vulnera derechos adjetivos, en oposición a sustantivos, en la medida en que se trata de una actuación de carácter procedimental con consecuencias de esa naturaleza. En efecto, se advierte que no existe de manera irremediable alguna violación a un derecho sustantivo, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo, ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, una vez agotado el medio de defensa ordinario. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Ahora bien, no pasa inadvertida la jurisprudencia 1ª./J. 106/2004, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro y texto: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. El criterio antes transcrito hace procedente el juicio de amparo, acorde con la definición de "imposible reparación" que había sustentado el Alto Tribunal en distintas ejecutorias, en el sentido de que no solo eran aquellos que afectaran derechos sustantivos, sino también los que atentaran contra derechos meramente adjetivos, pero en grado predominante o superior. Así se corrobora con la parte conducente de la ejecutoria que dio lugar al criterio transcrito: ".hoy por hoy, la evolución jurisprudencial del concepto de "acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación" ha llevado a esta Suprema Corte a considerar por tales a los que: 1) afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales (verbigracia: vida, libertad, integridad personal, propiedad), ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, y 2) a los actos procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior, de manera exorbitante ¿por equiparación a aquéllos?, lo que acaece cuando por su naturaleza procesal depende la suerte de todo el juicio común, bien porque se asegure la continuación de su trámite, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o inútil de un procedimiento (estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia al fallar el diez de agosto del año en curso, por mayoría de ocho votos, contra los de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cossío Díaz, la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003). En la especie, se actualiza la última hipótesis descrita, la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente la litisconsorcio pasiva necesaria, es un acto en juicio de ejecución de imposible reparación porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues en virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, eventualmente, ser inútil." No obstante, se estima que la configuración de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, hace que tal criterio pierda aplicabilidad, pues como se vio, describe a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan derechos sustantivos, excluyendo tácitamente el criterio del Alto Tribunal que hasta antes de esa definición, también consideraba como tales, aquellos de índole procesal que afectaran en grado predominante o superior. En esa medida, la tesis transcrita fue superada por la literalidad del artículo 107, fracción V de la vigente Ley de Amparo, el cual además ha sido ya interpretado por el Pleno del Alto Tribunal, en el diverso criterio aquí transcrito (sobre el tópico de "personalidad") que robustece la pérdida de aplicación de la jurisprudencia de la Primera Sala. Tampoco pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro y texto: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Tal criterio, en principio, impide el desechamiento de la demanda al tratarse de reposición del procedimiento; sin embargo, no se erige como una prescripción lisa y llana, sino que la condiciona a la imposibilidad para analizar las consecuencias de la reposición, en la medida en que el asunto fue remitido por incompetencia por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, junto con todas las constancias relativas al juicio de origen al haberse promovido inicialmente en la vía directa. Esto, en el caso no acontece, pues el presente asunto fue remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, junto con las constancias del juicio de origen, al estimarse incompetente para conocer del juicio de amparo directo promovido por la parte quejosa en contra de la resolución reclamada y determinar que procedía en la vía indirecta, y por turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional. Por otro lado, no se soslaya la dilación en impartición de justicia, esto es, que la reposición del procedimiento pudiera afectar en perjuicio de la inconforme, el derecho para la protección de sus derechos humanos, reconocidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que toda reposición del procedimiento implica necesariamente una dilación del juicio civil en mayor o menor medida; sin embargo, el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." De ahí que, el acto reclamado solo trastoca derechos del orden procesal, cuya afectación es susceptible de remediarse en caso de obtener una sentencia favorable, supuesto en el que dicha infracción no trascendería al resultado del veredicto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, visible a página 2488, registro 2015272, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, que señala: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo". Por tanto, en el particular al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, con las constancias obrantes, se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda.
- Principal
Recepción de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que se adjuntaron los documentos reseñados en la razón correspondiente, entre los que destacan: ? La demanda de amparo formulada por *****, mandatario judicial de *****, personalidad acreditada y reconocida ante la autoridad responsable; y, ? Testimonio de la resolución emitida en sesión de veintiuno de abril del año en curso, dentro del juicio de amparo directo civil *****. Acúsese recibo vía electrónica a la superioridad. Formación de tomos. Para un mejor manejo del expediente en que se actúa se ordena formar tres tomos de pruebas con las constancias allegadas. Competencia de este juzgado. Ahora bien, de lo resuelto por la superioridad y de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que *****-por conducto de su mandatario judicial-, reclama la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, dentro del toca número *****, mediante la cual se confirmó la diversa de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitida dentro juicio ordinario civil número ***** del índice del Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, en la que se declaró la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario y se ordenó la reposición del procedimiento respectivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; en el entendido que dicha demanda se encuentra registrada en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el consecutivo 329/2021-7. Prevención de la demanda. A efecto de realizar el pronunciamiento relativo a la admisión de la demanda constitucional, debe precisarse que esta se presentó en la vía directa. Atento a ello, el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Tales requisitos -la protesta de decir verdad y la expresión de los antecedentes del acto reclamado-, tienen como propósito que el juzgador pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. La protesta de decir verdad, crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Expuesto esto, se estima que en el caso la parte quejosa fue omisa en consagrar los antecedentes del acto reclamado, incumpliendo así el requisito contemplado en la fracción V, del referido numeral 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, previamente a proveer respecto de su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110 y 114, fracciones, I, II y V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días: Manifieste bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica y detallada la totalidad de los antecedentes que tengan relación con el acto reclamado; ello, en virtud de que, como se dijo, no realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. Sin que obste que se allegaron por conducto de la superioridad los cuadernos de donde deriva el acto reclamado, dado que la manifestación de los antecedentes, es un requisito de procedibilidad que debe contener toda demanda, en términos del citado artículo 108 de Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª/J.64/2015, visible en la página 713, del tomo I, de noviembre de dos mil quince, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE." Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley en cita. Cabe mencionar que del escrito aclaratorio deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes en la proporción indicada por el artículo 110 de la ley de la materia. Además, se le informa que esta prevención, deberá ser desahogada por la directa quejosa -o por su apoderado-, no así por su autorizado, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Notificación personal a la parte quejosa y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación con el usuario "*****, por lo que se insta a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, para que dé de alta en el expediente electrónico en línea al citado usuario para tales efectos. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo, y las notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista. Se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones a las personas que cita en su demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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