GSA Leasing, S. A. P. I. de C. V.
Expediente 194/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- GSA Leasing, S. A. P. I. de C. V.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio remitido vía electrónica por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo 194/2023-VI, de la estadística este órgano jurisdiccional. El suscrito queda enterado de lo anterior y se ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderada legal de la sociedad denominada ********************, contra actos del Juez Segundo de Partido Civil en Salamanca, Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 194/2023-VI. Ahora, toda vez que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente, debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La imposición de la multa por la cantidad de 30 Unidades de Medida y Actualización, mediante proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario civil *************** del índice del Juzgado Segundo de Partido Civil con residencia en Salamanca, Guanajuato, promovido por ************** en contra de su representada. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad, así como del ocurso de cuenta, se desprende que la quejosa señaló: Que el trece de febrero de dos mil veintitrés, la responsable Juzgado Segundo de Partido Civil de Salamanca, Guanajuato, emitió un acuerdo dentro del juicio ordinario civil promovido por ****************, en contra de su representada; auto que transcribió y se lee: "Toda vez que la empresa moral denominada *************** perteneciente al municipio de León, Guanajuato con domicilio en ****************, no dio cumplimiento al requerimiento, en razón de lo anterior, se ordena girar atento exhorto, a efecto de que la Oficina de Servicios al Contribuyente León 1, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, haga efectivo el apercibimiento ordenado en el auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento formulado al mismo, aplicándosele una multa de 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización); se deja a disposición del promovente el exhorto En ese contexto, se advierte que el acto reclamado es de carácter positivo, puesto que trae aparejado un acto de ejecución, por lo que este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que el acto reclamado tendría ejecución material en la ciudad de León, Guanajuato, urbe que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este tribunal. Por tanto, toda vez que la ejecución del acto reclamado se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, opera la hipótesis contenida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, lo cual hace patente la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto. En razón de lo anterior, de conformidad al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial en el que tendría ejecución el acto reclamado. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, se ordena: a. Remitir el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en León. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda así como el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico y se ordena se practiquen las notificaciones que a su parte corresponde vía electrónica; para tal efecto se tiene el usuario ************** dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, no se le tiene señalado el domicilio físico que precisa, ya que al habérsele tenido el electrónico, se la notificarán por esa vía las siguientes determinaciones que lo ameriten, en tanto no revoque la referida solicitud. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, al contar respectivamente con cédulas profesionales ************ registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos del último párrafo del citado precepto legal a las demás personas que indica. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de los medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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