Guadalupe Alejandro Sandoval Martínez

Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
736/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2018

Partes del expediente

  • Guadalupe Alejandro Sandoval Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso **********, no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de septiembre del año en curso, por el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido Finalmente, toda vez que el quejoso ********** omitió manifestar si estaba o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de once de septiembre del año en curso, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de once de septiembre del año en curso, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********** por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Mujer con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 736/2018-VII. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I, II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones III y IV, de la ley de la materia, como a continuación se expondrá: A) La fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo señaló entre otras como autoridades responsables a la siguientes: "A).- LOS CC. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO DEL FUERO COMUN CON DOMICILIO EN EL INTERIOR DEL PALACIO DE JUSTICIA PENAL, SITO CALLE HELIOTROPO SIN NÚMERO DE LA COL. LAS FLORES DE CELAYA, GTO." De lo anterior se advierte que el solicitante del amparo al hacer el señalamiento del Agente del Ministerio Público del Fuero común responsable señala que lo es el de "turno", sin precisar a cuál se refiera, esto es, si a las de tramitación común o especializadas, y en su caso a cual de ellas, lo cual se torna obscuro el libelo constitucional, al no existir certeza de qué autoridad es la que emitió el acto reclamado y por ende, a la que desea llamar como responsable. Ante actos concretos y específicos como el mandato de captura que reclama, es imprescindible que el quejoso determine con claridad a las autoridades que estima los emitieron y las que pretendan ejecutarlos, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga y, si tienen facultades para ejecutar el mandato que se le reclama, lo podrían llevar adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables. B) En relación con la fracción IV, del artículo 108, de la ley de la materia, que dispone: "(.) "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En tal virtud, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado señaló como tal: "DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES RECLAMO EL ACTO CONSISTENTE EN QUE HAN GIRADO LAS ORDENADORAS Y LA EJECUTORA, HAN PRETENDIDO EJECUTAR EN MI CONTRA UNA IMPROCEDENTE ORDEN DE APREHENSIÓN, MISMA QUE ES ILEGAL Y VIOLATORIA DE MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y VIOLENTA GRAVEMENTE LO CITADO POR LOS ART. 14 Y 16 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DICHO MANDAMIENTO ES IRREGULAR Y CONTRARIO A DERECHO, CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." Sin embargo, en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado indicó: "ÚNICO.- EL DÍA DE HOY 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 2018, SE APERSONARON A MI DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE PLAN DE TEXCA NÚMERO 3121, DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE ESTA CIUDAD DE CELAYA, GTO., A LAS ONCE DE LA MAÑANA, 2 DOS SUJETOS DEL SEXO MASCULINO, DIJERON SER: ELEMENTOS DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DEL ESTADO, PARA EJECUTAR EN MI CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CATEO, DICIENDO QUE LA AUTORIDAD ORDENADORA LE (SIC), QUE HABÍAN OBSEQUIADO, UNA ORDEN DE APREHENSIÓN." De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención del promovente del amparo, dado que aparentemente reclaman la orden de aprehensión girada en su contra; sin embargo, en el capítulo de antecedentes también hace referencia a una orden de cateo. Lo que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto o actos que en esta instancia constitucional reclama; lo cual resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo los actos que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. Por ello, ante la vaguedad en la precisión del acto que reclaman, es necesario que señalen si efectivamente lo que impugna es únicamente la orden de aprehensión, o tanto ésta como una orden de cateo: Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con cinco copias para correr traslado a cada una de las partes: Precise a qué Agente del Ministerio Público del fuero común con sede en esta ciudad, le atribuye el o los actos reclamados y por tanto desea llamar como responsable; y Aclare, cuál es el acto o actos que reclama en esta instancia constitucional. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, de siguiente rubro y texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****************, por no contar con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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