Griselda Verónica Castellanos Amador y Otros.

Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
366/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Griselda Verónica Castellanos Amador y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **************, en representación de su hijo de iniciales F.S.C.C., no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de los acuses de notificación a las autoridades responsables, del auto de sobreseimiento decretado en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de dicha determinación. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se tiene a la parte quejosa manifestando su oposición a que se publiquen sus datos personales.

  2. Principal

    Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", toda vez que en el cinco de julio pasado, se determinó sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio recibido vía correo electrónico que remite la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en providencia de veintitrés de junio del año en curso, adjunta copia certificada de la constancia que acredita que a la niña de iniciales F.S.C.C. se le vacunó (primera dosis) el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, de lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A. **************, en representación de la niña de iniciales F.S.C.C., esencialmente reclamó: La omisión de aplicar a la niña de iniciales D.D.A., quien cuenta con la edad de catorce años, la vacuna Pfizer/BioNTech. B. De acuerdo con lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como lo comunicado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; mediante oficio recibido ante este juzgado el cuatro de los actuales, y acordado en esta misma data, se desprende que: Inició la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se aplicó la primera a dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a la niña de iniciales F.S.C.C. En tales condiciones, es incuestionable que la omisión reclamada de aplicar la vacuna Pfizer a los niños de doce a catorce años, en la especie a la niña de iniciales F.S.C.C., cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la quejosa ya fue vacunada, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Sin que obste a lo anterior que aún no se le aplique la segunda dosis del referido biológico, ya que, como se dijo, la omisión que reclamó consistente en no aplicar la vacuna Pfizer a los niños de doce a catorce años, en cuyo rango de edad se encuentra la nombrada quejosa, desapareció al incluirlos en el plan de vacunación e inocularla con la primera dosis. Además, conforme a la GUÍA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA BNT162B2 PFIZER/BIONTECH CONTRA EL VIRUS SARS-COV- 2, de acuerdo con recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID (GTAV-COVID) de México, el intervalo entre la primera dosis y segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech es de 21-42 días (3-6 semanas), las cuales evidentemente no han transcurrido. De ahí que se estime que la omisión que reclamó, de aplicar la vacuna Pfizer, cesó en sus efectos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio recibido vía correo electrónico que remite la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en providencia de veintitrés de junio del año en curso, adjunta copia certificada de la constancia que acredita que a la niña de iniciales F.S.C.C. se le vacunó (primera dosis) el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, de lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A. **************, en representación de la niña de iniciales F.S.C.C., esencialmente reclamó: La omisión de aplicar a la niña de iniciales D.D.A., quien cuenta con la edad de catorce años, la vacuna Pfizer/BioNTech. B. De acuerdo con lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como lo comunicado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; mediante oficio recibido ante este juzgado el cuatro de los actuales, y acordado en esta misma data, se desprende que: Inició la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años. El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se aplicó la primera a dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a la niña de iniciales F.S.C.C. En tales condiciones, es incuestionable que la omisión reclamada de aplicar la vacuna Pfizer a los niños de doce a catorce años, en la especie a la niña de iniciales F.S.C.C., cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la quejosa ya fue vacunada, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Sin que obste a lo anterior que aún no se le aplique la segunda dosis del referido biológico, ya que, como se dijo, la omisión que reclamó consistente en no aplicar la vacuna Pfizer a los niños de doce a catorce años, en cuyo rango de edad se encuentra la nombrada quejosa, desapareció al incluirlos en el plan de vacunación e inocularla con la primera dosis. Además, conforme a la GUÍA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA BNT162B2 PFIZER/BIONTECH CONTRA EL VIRUS SARS-COV- 2, de acuerdo con recomendación de la Organización Mundial de la Salud, el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID (GTAV-COVID) de México, el intervalo entre la primera dosis y segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech es de 21-42 días (3-6 semanas), las cuales evidentemente no han transcurrido. De ahí que se estime que la omisión que reclamó, de aplicar la vacuna Pfizer, cesó en sus efectos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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