Grupo Tallgrass, S. A. P. I. de C. V.

Expediente 1142/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1142/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Grupo Tallgrass, S. A. P. I. de C. V.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de quince de diciembre del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, apoderado legal de la persona moral ********************, calidad que acredita, en términos del artículo 6 de Ley de Amparo, con copia certificada de la escritura pública número cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público Número trece de Santiago de Querétaro, estado de Querétaro, contra actos del Director de Procedimientos Legales de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, Guanajuato y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1142/2022-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar tales medios ordinarios de impugnación. Ello, porque el referido principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la constitución federal. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la constitución federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior, no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos previstos en la constitución, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto, a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a elección de dicho gobernado determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la carta magna. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la constitución federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la constitución, como sucede cuando se atribuye infracción al derecho de audiencia. Tampoco está obligada la parte quejosa a observar el mencionado principio cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Fuera de las hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, en primer lugar, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación o derecho de audiencia, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad haciendo valer la vulneración a su derecho de legalidad pues la enmienda a dicha prerrogativa puede ser subsanada, en primera fase, ante la autoridad ordinaria, en donde el interesado debe expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: El oficio ******************** de seis de diciembre de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente ********************, por el Director de Procedimientos Legales de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria del estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, Guanajuato, por medio del cual se requirió a la moral quejosa presentara el permiso de funcionamiento para casa de empeño, que le fue expedida para la instalación y funcionamiento y en su caso, la correspondiente constancia de refrendo, respecto del establecimiento ubicado en ********************. Resulta importante destacar que los artículos 1, fracciones I y II, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como los numerales 2, 4, 7 fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, establecen: Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato "Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados Administrativos Municipales. "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida. "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo. "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias. "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero. "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano. "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible. "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano. "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es un órgano jurisdiccional con autonomía, de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. . Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; II. Conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos; III. Conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los Órganos Internos de control de los entes públicos estatales y municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de responsabilidades administrativas aplicable; IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales; y V. Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal, y de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. . Artículo 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: En primera instancia: Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; . e) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; ." Al tenor de las consideraciones expuestas, el suscrito estima que por lo que se refiere al acto reclamado se actualiza la indicada causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa debió combatir dicho acto a través del medio de defensa previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, aplicable al caso concreto, puesto que el acto que en esta vía reclama lo llevó a cabo autoridades de la administración pública estatal, y en contra de sus determinaciones procede el juicio contencioso administrativo, el cual es regulado por la primera parte de la fracción II del numeral 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Máxime que el referido Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sus artículos 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, prevén la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo antes considerado, que el referido código no disponga expresamente un plazo para proveer sobre la admisión de la demanda en el proceso administrativo, pues de los preceptos 268 y 275 del citado ordenamiento local, se advierte la obligación del Juez de comunicar a la autoridad demandada sobre la suspensión del acto, exigencia de la que se entiende la obligación del juzgador de acordar lo antes posible respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo en vigor, que prevé que el Juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio constitucional deberá resolver si admite o desecha la demanda dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que la demanda fue presentada, o en su caso turnada al órgano jurisdiccional del conocimiento. Cabe mencionar que los criterios trascritos fueron emitidos con base en el análisis de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, en vigor a partir del tres del citado mes y año, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará vigente en lo que no se oponga a la actual, por lo que al no contraponerse lo establecido en la jurisprudencia y en la tesis citadas a lo estatuido en la nueva Ley de Amparo, tienen aplicación en el presente asunto. Luego, si la quejosa pretende impugnar en la vía de amparo actos de las autoridades que señala como responsables, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se pueden revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que, el amparo que se insta resulta improcedente. Máxime que en el caso no se actualiza la excepción al aludido principio de definitividad contenida en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, ya que la fundamentación a que se hace referencia se encuentra contenida en el propio documento en el que se contiene el acto reclamado, en la parte que establece: De lo anteriormente expuesto, se desprende que la contribuyente ********************fue omisa en dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 en relación con el 17, de la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios, puesto que para el establecimiento dentro del territorio del estado de los establecimientos dedicados a la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria (conocidos como casa de empeño), se requiere del permiso vigente y en caso de establecer sucursales y otros establecimientos se requiere permiso adicional al otorgar para cada uno de ellos. Por lo que, de conformidad con el artículo 128, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se requiere a la contribuyente, para que dentro del término de tres días hábiles, presente en la Subdirección General de Auditoría Fiscal y Comercio Exterior, con domicilio ubicado en Calle Plaza de la Paz, número 100 (cien), primer piso, Colonia Puerto Interior, en el municipio de Silao de la Victoria, Guadalupe, C.P. 36275, el Permiso de Funcionamiento para Casa de Empeño que le fue expedido para su instalación y funcionamiento y en su caso, la correspondiente Constancia de Refrendo, respecto del establecimiento ubicado en Boulevard Posadas Ocampo, No. 121, Colonia Centro, en el municipio de ********************, documental que deberá presenta en original y copia, para su debido cotejo. ." En ese sentido, será a través del juicio administrativo citado en el cuerpo de esta resolución, en que podrán atacarse los fundamentos invocados, así como los razonamientos lógico jurídicos esgrimidos. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el numeral 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dispone: "ARTÍCULO 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. ." El citado texto legal prevé, a elección, la interposición del recurso de inconformidad en contra de resoluciones de las autoridades administrativas o impugnar ante la autoridad jurisdiccional (juicio contencioso administrativo), como se explicó en líneas precedentes. Esto es, los interesados afectados por los actos y resolución de las autoridades administrativas podrán interponer a su elección el recurso de inconformidad o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Por las razones apuntadas, la quejosa se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, toda vez que obran sus cédula profesional **************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en el Registro Nacional de Profesiones; y a las diversas personas que menciona en términos limitados del numeral en cita por no encontrarse en el supuesto del citado profesionista y por así solicitarlo. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a la contingencia sanitaria que actualmente impera en el país, se le tiene otorgando como medio especial y expedito de contacto el correo electrónico *************, y el teléfono celular ***************. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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