Gregorio Romero Vega

Expediente 1127/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1127/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Gregorio Romero Vega
  • Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa, no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, en el incidente de suspensión se concedió la provisional y la definitiva, en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de depuración, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Iván Barajas Cárdenas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1127/2017. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado al Juzgado Séptimo de Distrito, con residencia en esta ciudad, Gregorio Romero Vega promovió juicio de amparo, registrado con el 1144/2017 contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME FOJAS. 1 JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA. NEGÓ 30 Y 32 2 COMANDANTE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL ADSCRITO A LA SUBSEDE EN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 41 Y 43 ACTOS RECLAMADOS El acto reclamado lo hace consistir en la orden de aprehensión y su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Avocamiento del asunto en este juzgado. En auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional se avocó al asunto con motivo del conocimiento previo, con el expediente 1127/2017, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Presupuestos procesales. Se encuentran satisfechos, sin ser objeto de controversia, los presupuestos procesales relativos a la competencia para resolver el asunto. SEGUNDO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos inexistentes. Las autoridades responsables al rendir los informes justificados los negaron expresamente. Por su parte, el quejoso fue omiso en ofrecer prueba que desvirtúe la aseveración de las autoridades, por lo que no queda sino acoger esta última. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Ubaldo García Armas, ante el secretario Carlos Iván Barajas Cárdenas, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: No ha lugar a tramitar la ampliación. Agréguese a los autos el escrito que suscribe Francisco Anaya Olvera, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido dígasele que no ha lugar a tenerla cumpliendo con la prevención formulada al peticionario de amparo el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en razón de que la ampliación de demanda de amparo es un acto personalísimo que corresponde en forma directa al quejoso o en toda caso a su representante legal. Ello es así, si se toma en cuenta que el artículo 12 de la Ley de Amparo, determina que la parte quejosa o el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de garantías, pues efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa de la quejosa o del tercero interesado, pero una vez que la demanda de garantías se haya promovido. Esto es, el autorizado no puede realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación debe ser congruente con las reglas que rigen el juicio de garantías, en especial, con el principio de instancia de parte agraviada. Esto es, previamente a la realización de actos por parte del autorizado, debe concurrir la exigencia que establecen los artículos 107 de la Constitución General de la República y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que haya habido instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, en tanto que constituye el ejercicio de una nueva acción que por cuestiones relativas al principio de economía procesal, se incorpora a la litis constitucional, afectando desde ese modo su configuración a través del señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados novedosos, así como la formulación de conceptos de violación diferentes a aquellos expresados cuando fue ejercida por primera vez la acción de amparo; lo cual a su vez origina la obligación de rendir informes justificados o previos. En consecuencia, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consiguientemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda de garantías. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda de garantías o en su caso, de su ampliación, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Lo anterior conduce a concluir que tratándose del juicio de garantías, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta de la quejosa o de su representante legal, pues lo contrario equivaldría a que el autorizado en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, promoviera nuevos juicios adoptando el papel de agraviado. Además, la figura jurídica de la ampliación de demanda tiene su origen en el principio de economía procesal, cuyo propósito es evitar la promoción indiscriminada de juicios de amparo que a pesar de su conexidad se tramiten por cuerda separada, con el riesgo de que los distintos órganos jurisdiccionales que conozcan de ellos dicten sentencias contradictorias. Por tanto, si la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una nueva acción, la misma debe respetar los principios y formalidades que rigen la promoción de la demanda principal, por su integración e influencia en la litis constitucional. Tiene sustento la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, del Tomo XXXIII, Junio de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161909, del rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Iván Barajas Cárdenas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Imposibilidad de notificar a quejosa. Visto el estado que guardan los autos dentro del presente incidente de suspensión, específicamente la razón efectuada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, por la actuaria judicial adscrita, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Gregorio Romero Vega, los proveídos de diez y quince de enero del año en curso, por las razones ahí expuestas. Se ordena notificación. Se ordena turnar nuevamente los autos a la actuaria adscrita a este Juzgado Federal, para que de inmediato, realice la notificación de que se trata, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Iván Barajas Cárdenas, secretario que autoriza y da fe.

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