Graciela Silva Villalobos
Expediente 544/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Graciela Silva Villalobos
- Graciela Silva Villalobos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Llegada Colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la queja civil 130/2021, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Resultó infundado el recurso de queja interpuesto por Graciela Silva Villalobos, en representación de su menor hijo de iniciales A.E.S., en contra del auto de once de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Primero de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 544/2021." Acúsese recibo. Sin que haya lugar a glosar al presente expediente las copias certificadas del juicio de amparo 544/2021, que devolvió el Tribunal Colegiado, en razón de que son una reproducción de las constancias que obran en autos. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se confirmó el auto que desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Colegiado admite queja. Recíbase el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja promovido contra el auto dictado el once de junio de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo; dando origen al expediente 130/2021 de su índice; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. BOLETA DE TURNO. Visto el correo procedente de la Oficina de Correspondencia Común en Morelia, Michoacán, mediante el cual hace del conocimiento que se realizó el turno de la queja interpuesta por Graciela Silva Villalobos, en contra del proveído de once de junio de dos mil veintiuno, pronunciado dentro del juicio de amparo 544/2021, la cual fue turnada el treinta de junio pasado, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; para justificar lo anterior, remite la papeleta correspondiente. PARTE QUEJOSA SOLICITA ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita Delia López Colín, en cuanto autorizada de la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza consultar vía internet el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario "DeliaLC". Consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva. Hágase saber a la parte quejosa que para que pueda visualizar el expediente electrónico es necesario que ingrese con el perfil con el que lo dio de alta, ya que existen tres tipos de perfil: físico, representante jurídico público y representante jurídico privado; por lo que, si al ingresar a la consulta no señala el usuario o el perfil en forma correcta, no lo podrá visualizar. En caso de requerir asesoría para su ingreso, la página del Portal de Servicios en Línea, tiene a su disposición habilitado el ícono de soporte técnico para que pueda verificar si existe algún problema con su captura o se trata de una falla técnica no atribuible al órgano jurisdiccional. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase al quejoso proporcionando la dirección de correo electrónico lcasesorialitigio@gmail.com, y el número telefónico 4433070693, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.KOA/jpg/gchh
- Principal
Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 544/2021. De conformidad con el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de marzo de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda promovida por Graciela Silva Villalobos, en representación de su menor hijo de iniciales A.E.S., se provee respecto al acto reclamado a la autoridad responsable Notario Público Número 81 en el Estado, por lo que, como cuestión inicial, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en: Del Notario Público Número 81 en el Estado: Haber realizado el trámite de la sucesión intestamentaria a bienes de Ignacio Estrada Colín, sin haber incluido a todos los hijos del autor de la herencia, entre ello, el menor de iniciales A.E.C., y así, haber elaborado y autorizado las escrituras públicas 6,229 que contiene la tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus, y 6,245 que contiene la protocolización de inventario, avalúo y adjudicación en la sucesión intestamentaria a bienes de la sucesión, únicamente a Gabriela Vallejo Estada y la menor de iniciales M.F.E.V. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal . Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares. Ahora bien, toda vez que en el caso concreto se reclama del Notario Público Número 81 en el Estado la tramitación extrajudicial de la sucesión intestamentaria a bienes de Ignacio Estrada Colín, sin haber incluido a todos los hijos del autor de la herencia, entre ello, el menor de iniciales A.E.C., el acto se relaciona con la labor de los notarios en el desarrollo de los procedimientos sucesorios extrajudiciales, por lo que debemos establecer cómo se ha entendido la figura del notario público. El notario público es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. La institución del notariado es totalmente sui géneris en el sistema jurídico mexicano, ya que la función notarial se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, pero se trata de una función de orden público, puesto que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos; por tanto, es un servicio público regulado por el Estado. El notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, con efectos generales. Además, debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. La fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Para otros autores, la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ahí que la fe pública notarial debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto, se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza. Por consiguiente, es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley. La función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Sin embargo, los asuntos que se tramiten ante ellos deben revestir determinadas características. En ese sentido, el artículo 155 de la Ley del Notariado para el Estado de Michoacán establece los siguientes requisitos: I. Su conformidad, de llevar la tramitación ante el citado Notario; II. Que reconocen la validez del testamento; III. Que aceptan la herencia; IV. Que reconocen por sí y entre sí sus derechos hereditarios que les sean atribuidos por el testamento; y, V. Su intención de proceder por común acuerdo. Además, dicha legislación dispone que en caso de surgir conflicto entre los herederos o por terceras personas, el notario debe abstenerse de tramitar el asunto y deberá remitirlo al Juez familiar competente. Bajo ese contexto, debe decirse que, en general, las actuaciones dentro de los procedimientos sucesorios no son constitutivos de derechos y obligaciones, sino que son meramente declarativos: se limitan a esclarecer una situación preexistente, particularmente los derechos y obligaciones adquiridos por la muerte de cuius y desde el momento de la misma. En efecto, el modus operandi del derecho sucesorio en México nos permite llegar a esa conclusión. El hecho que transmite los derechos es precisamente la muerte del de cuius, no así las determinaciones que en su caso tome el Juez o el notario. Éstos solamente declaran una situación jurídica previa a la tramitación de la sucesión. En realidad no constituyen derechos ni obligaciones, ni modifican la esfera jurídica de los intervinientes. También es importante resaltar que en la eventualidad de que se deba resolver un conflicto, sea entre herederos o con un tercero, el notario debe abstenerse de conocer el asunto porque no tiene facultades para dirimir controversias. La función del notario consiste únicamente en dar fe pública de actos jurídicos o hechos, no así para modificar situaciones jurídicas. Es posible afirmar que en los procedimientos sucesorios en general pueden existir resoluciones constitutivas de derechos y obligaciones. No obstante, éstas son exclusivas de la autoridad judicial. Los notarios auxilian al poder judicial en los procedimientos de esta naturaleza, siempre y cuando se mantengan en el plano declarativo. De lo contrario deberán remitir el asunto al Juez de lo familiar competente, como se señaló en párrafos precedentes. Por tanto, a pesar de que su actuación está regulada en una ley y que auxilian al poder judicial en la tramitación de procedimientos sucesorios, lo cierto es que no puede decirse que se afecte la esfera jurídica de los particulares, pues su función dentro de estos procedimientos es dar fe pública de: a) la situación jurídica generada a partir de la muerte del causante de la sucesión; y, b) los actos jurídicos que celebren los herederos, legatarios y el albacea, respecto de los bienes materia de la sucesión, sin que sea el notario quien unilateralmente determine dichas situaciones. Si bien los notarios llevan a cabo funciones originalmente encomendadas a los Jueces en la tramitación de sucesiones, lo cierto es que dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, en el entendido de que las resoluciones judiciales pueden ser tanto constitutivas como declarativas. Entonces, si las actuaciones delegadas a los notarios son únicamente de carácter declarativo, es claro que no constituyen derechos y obligaciones a cargo de los particulares. Como se mencionó en párrafos precedentes, se reserva a la autoridad judicial la facultad de emitir resoluciones que resuelvan controversias y constituyan derechos. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Entonces, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley, además, la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, por lo que no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; en esa tesitura, sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. En este sentido, debe destacarse que la función del notario público cuando se separa del procedimiento sucesorio porque no existe controversia entre los interesados, no es similar a la que desarrolla el Juez, pues en caso de oposición, esto es, cuando alguno de los interesados no esté conforme, los notarios carecen de la facultad de solucionar dicho conflicto y hacer cumplir sus determinaciones, a diferencia de los Jueces. Como se ha establecido, la relación entre el notario y el particular no cumple con la característica de supra a subordinación que distingue a las relaciones de las autoridades con los gobernados, ya que el trámite cuando se separa del procedimiento jurisdiccional iniciado es optativo para las partes, y en todo caso requiere de su consentimiento para acatar las determinaciones de dicho fedatario público. De acuerdo con lo anterior, al analizar las funciones que desempeñan los notarios públicos al tramitar una sucesión cuando no existe controversia, es posible concluir que cuando en un juicio de amparo se reclama la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante dichos fedatarios, éstos no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, pues la falta de llamamiento no constituye un acto definitivo, toda vez que en caso de suscitarse una controversia, el notario dejará de conocer y se continuará el trámite ante un órgano jurisdiccional. Esto es, en el caso, la falta de llamamiento de un tercero a la sucesión constituye una controversia que debe ser resuelta por el Juez competente, quien en su caso tendrá el carácter de autoridad responsable, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 5. . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas e forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Luego entonces, tomando en consideración las notas distintivas de los actos de autoridad establecidas y siendo que en el caso concreto, de ocurrir la controversia consistente en la falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante notario público, es necesario acudir ante el Juez competente, a fin de que dicte la determinación respectiva, por ello, el notario público no puede ser considerado autoridad responsable. De ahí que la referida falta de llamamiento al procedimiento de sucesión tramitado ante notario público, al no constituir un acto definitivo, pues dicha controversia deberá ser resuelta primero ante un Juez, no puede reputarse como un acto reclamado en juicio de amparo y menos aún decirse que la autoridad responsable es el notario público, de acuerdo con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio." Así, se concluye que en el caso particular, no se establece una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente da fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cuius y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, ya sea entre ellos o con terceras personas. Por otro lado, se advierte que la parte quejosa además reclama: Del Director de Catastro en el Estado de Michoacán: El traslado de dominio de los bienes que conforman el haber hereditario a favor de Gabriela Vallejo Estrada y la menor de iniciales M.F.E.V.; y, Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán: La inscripción a favor de Gabriela Vallejo Estrada y la menor de iniciales M.F.E.V., de las escrituras públicas número 6,245 en las que se adjudica a éstas la totalidad de la masa hereditaria. Respecto a dichos autos, debe decirse que corren la misma suerte que el reclamado al Notario Público Número 81 en el Estado, toda vez que los mismos constituyen la ejecución de lo ordenado por éste. Por tanto, debe considerarse a los mismos como una consecuencia directa de lo ordenado por el Notario señalado como responsable. Sin que dicha determinación pueda considerarse que lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 de la Constitución Federal, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que la causa de improcedencia tiene una existencia justificada, la cual debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualiza de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Igual circunstancia ocurre con la ponderación del interés superior del menor, en este caso el menor hijo de la peticionaria de amparo, quien dice fue afectado al no ser considerada como heredero. Ello es así porque aun cuando los derechos del menor deben ser tutelados por todas las autoridades dicha tutela no implica que dejen de analizarse los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de amparo, de modo que la protección del interés superior, no hace procedente un juicio de amparo respecto del cual se actualiza una causa de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Delia López Colín y Leticia Cruz González, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a José Arfaxad Delgado Aguilar, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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