Gregorio Delgado Cortés
Expediente 1388/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1388/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gregorio Delgado Cortés
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Domicilio. Por otra parte, ténganse a la autoridad responsable señalando domicilio para recibir notificaciones. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carlos Fernando Cabrera López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4849/2019, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1388/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR ACTOS FUTUROS. De la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, reclama a las autoridades responsables posibles actos de tortura; sin embargo, hágase de su conocimiento que en relación a este acto se desecha su demanda, en razón de que es un acto futuro e incierto. Tiene aplicación a lo anterior la tesis visible en la página 839, Tomo XX, Instancia: Pleno, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal." PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; en atención al análisis integral de la demanda se tiene como tal el acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle el tratamiento médico para sus padecimientos con motivo de la medida disciplinaria que se le impuso por haber participado en un riña, así como la incomunicación a la que es objeto. SUSPENSIÓN DE PLANO. En virtud de que el acto reclamado pone en peligro la vida y la integridad física del quejoso, con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para que las autoridades responsables, sin demora proporcionen la atención médica, le brinden los medicamentos necesarios que requiera conforme a su padecimiento y cese cualquier acto tendiente a la incomunicación, para lo cual deberán realizar las gestiones pertinentes y necesarias para ese efecto. Es decir, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que las autoridades DE INMEDIATO CESEN LA INCOMUNICACIÓN A LA QUE ES OBJETO EL QUEJOSO Y A SU VEZ OTORGUEN LA ATENCIÓN MÉDICA al quejoso, lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias deberán realizar todas aquéllas gestiones y acciones encaminadas a que Gregorio Delgado Cortes, cuente con la atención médica y le sean suministrados todos los medicamentos que pudiera necesitar para su padecimiento. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1270, Tomo II, Libro 69, Agosto de 2019, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." En suma, es dable afirmar que la plena realización del derecho humano a la salud, es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y de la oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables, y sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura De lo anterior, se concluye que el derecho a la protección de la salud de una persona implica que cuando éste padezca de alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, deberá vigilarse que se le proporcione y atienda oportunamente. Sin que lo anterior implique que deba cesar o suspenderse la medida disciplinaria de su reubicación temporal, ya que en apariencia no se advierte de suyo una notoria inconstitucionalidad en dicha sanción, por lo que no es viable otorgar la presente medida cautelar para los efectos en las que se solicita. Atento a ello, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, informen las medidas adoptadas a fin de proporcionar el tratamiento médico que corresponda. Asimismo, las autoridades responsables deberán acreditar las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de plano, agregando al informe solicitado copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a las autoridades que ante la falta del informe requerido dentro del improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS señalado, o de la remisión de dicho informe sin las constancias mencionadas, habrá la necesidad de imponerle una corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir. Ahora bien, a fin de vigilar el puntual cumplimiento que deben dar las autoridades responsables a la suspensión de plano otorgada, para este único fin, los oficios y anexos correspondientes se recibirán vía correo electrónico en este órgano jurisdiccional, dentro del plazo señalado -veinticuatro horas siguientes al en que sea recibido el oficio correspondiente, sin demérito de la recepción del oficio que contenga firma autógrafa de la autoridad responsable en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, o bien, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional. Para ello se informa que el correo institucional que es 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. SE ADMITE PARCIALMENTE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite parcialmente la demanda promovida por Gregorio Delgado Cortes, por propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para delitos de Alto Impacto en Charo, Michoacán y otras autoridades responsables. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión, toda vez que el acto reclamado por su naturaleza es susceptible de suspenderse de plano y dicha medida ya se decretó en el presente proveído. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) Dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) Es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de CIEN Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisa en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. RESERVA EMPLAZAMIENTO TERCEROS INTERESADOS -VÍCTIMAS Y MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO-. En términos de los normativos 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de las víctimas en su carácter de terceros interesados y al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal; por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que, de ser el caso, informen a este órgano jurisdiccional el nombre completo de las personas que les envista el carácter de víctimas, el domicilio donde pueden ser encontradas para efectos de llevar acabo el emplazamiento respectivo, así como el nombre y domicilio del asesor jurídico que los asiste y el nombre del Ministerio Público. Apercibidos que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de CIEN unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, autorizando para tal efectos a la persona que menciona en su escrito de demanda, previa identificación y razón que de su entrega se asiente en autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfredo Granados García, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En esa línea, se torna innecesario requerir personalmente al quejoso para que designe a un abogado que lo asista, pues se desprende que sus autorizados están facultados para ejercer dicha profesión, en consecuencia, se encuentra resguardado su derecho de una tutela jurisdiccional efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 43/2019 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, cuyo rubro dice lo siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.". DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda, el cual está ubicado en esta ciudad capital. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Fernando Cabrera López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4849/2019, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Por este medio se notifica a parte quejosa el siguiente auto. Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1388/2019. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR ACTOS FUTUROS. De la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, reclama a las autoridades responsables posibles actos de tortura; sin embargo, hágase de su conocimiento que en relación a este acto se desecha su demanda, en razón de que es un acto futuro e incierto. Tiene aplicación a lo anterior la tesis visible en la página 839, Tomo XX, Instancia: Pleno, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal." PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; en atención al análisis integral de la demanda se tiene como tal el acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle el tratamiento médico para sus padecimientos con motivo de la medida disciplinaria que se le impuso por haber participado en un riña, así como la incomunicación a la que es objeto. SUSPENSIÓN DE PLANO. En virtud de que el acto reclamado pone en peligro la vida y la integridad física del quejoso, con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para que las autoridades responsables, sin demora proporcionen la atención médica, le brinden los medicamentos necesarios que requiera conforme a su padecimiento y cese cualquier acto tendiente a la incomunicación, para lo cual deberán realizar las gestiones pertinentes y necesarias para ese efecto. Es decir, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que las autoridades DE INMEDIATO CESEN LA INCOMUNICACIÓN A LA QUE ES OBJETO EL QUEJOSO Y A SU VEZ OTORGUEN LA ATENCIÓN MÉDICA al quejoso, lo anterior, en el entendido de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias deberán realizar todas aquéllas gestiones y acciones encaminadas a que Gregorio Delgado Cortes, cuente con la atención médica y le sean suministrados todos los medicamentos que pudiera necesitar para su padecimiento. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1270, Tomo II, Libro 69, Agosto de 2019, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." En suma, es dable afirmar que la plena realización del derecho humano a la salud, es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y de la oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables, y sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura De lo anterior, se concluye que el derecho a la protección de la salud de una persona implica que cuando éste padezca de alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, deberá vigilarse que se le proporcione y atienda oportunamente. Sin que lo anterior implique que deba cesar o suspenderse la medida disciplinaria de su reubicación temporal, ya que en apariencia no se advierte de suyo una notoria inconstitucionalidad en dicha sanción, por lo que no es viable otorgar la presente medida cautelar para los efectos en las que se solicita. Atento a ello, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, informen las medidas adoptadas a fin de proporcionar el tratamiento médico que corresponda. Asimismo, las autoridades responsables deberán acreditar las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión de plano, agregando al informe solicitado copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a las autoridades que ante la falta del informe requerido dentro del improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS señalado, o de la remisión de dicho informe sin las constancias mencionadas, habrá la necesidad de imponerle una corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda incurrir. Ahora bien, a fin de vigilar el puntual cumplimiento que deben dar las autoridades responsables a la suspensión de plano otorgada, para este único fin, los oficios y anexos correspondientes se recibirán vía correo electrónico en este órgano jurisdiccional, dentro del plazo señalado -veinticuatro horas siguientes al en que sea recibido el oficio correspondiente, sin demérito de la recepción del oficio que contenga firma autógrafa de la autoridad responsable en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, o bien, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional. Para ello se informa que el correo institucional que es 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. SE ADMITE PARCIALMENTE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite parcialmente la demanda promovida por Gregorio Delgado Cortes, por propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para delitos de Alto Impacto en Charo, Michoacán y otras autoridades responsables. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión, toda vez que el acto reclamado por su naturaleza es susceptible de suspenderse de plano y dicha medida ya se decretó en el presente proveído. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) Dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) Es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de CIEN Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisa en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. RESERVA EMPLAZAMIENTO TERCEROS INTERESADOS -VÍCTIMAS Y MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO-. En términos de los normativos 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de las víctimas en su carácter de terceros interesados y al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal; por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que, de ser el caso, informen a este órgano jurisdiccional el nombre completo de las personas que les envista el carácter de víctimas, el domicilio donde pueden ser encontradas para efectos de llevar acabo el emplazamiento respectivo, así como el nombre y domicilio del asesor jurídico que los asiste y el nombre del Ministerio Público. Apercibidos que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de CIEN unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación, autorizando para tal efectos a la persona que menciona en su escrito de demanda, previa identificación y razón que de su entrega se asiente en autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfredo Granados García, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En esa línea, se torna innecesario requerir personalmente al quejoso para que designe a un abogado que lo asista, pues se desprende que sus autorizados están facultados para ejercer dicha profesión, en consecuencia, se encuentra resguardado su derecho de una tutela jurisdiccional efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 43/2019 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, cuyo rubro dice lo siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.". DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda, el cual está ubicado en esta ciudad capital. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Fernando Cabrera López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4849/2019, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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