Gricelda Vargas Pérez
Expediente 1166/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gricelda Vargas Pérez
- Presidente Municipal de Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que, por una parte sobreseyó y, por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 4.1 Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 5. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1166/2022, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1o, 4o, 8o y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas al Presidente Municipal de Morelia, Michoacán y otra autoridad; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO POR UN LADO, Y POR OTRO, NEGAR LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de proporcionar de manera permanente por la red general el servicio de suministro de agua potable. La omisión de proporcionar el servicio de drenaje y/o alcantarillado. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman omisiones atribuidas a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Inexistencia de omisiones reclamadas. La autoridad responsable Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado negó las omisiones que se le atribuyen. En tanto, la parte quejosa no aportó prueba para desvirtuar la negativa de las omisiones reclamadas, siendo que a ésta es a quien corresponde probar lo contrario, sin que ello aconteciera. Aunado a lo anterior, cabe señalar que dado que el acto que se le atribuye a la citada autoridad es de naturaleza omisiva, se debe comprobar si existe o no obligación jurídica de la autoridad de actuar en la manera que indica la solicitante, pues de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión fuera cierta. En el caso, dicha autoridad no se encuentra obligada a actuar en los términos que indica la parte quejosa, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, del que se desprende que no corresponde al Presidente Municipal, la obligación de atender las peticiones de suministro de agua potable y alcantarillado, de ahí que el acto que le reclama debe tenerse por inexistente. No se soslaya que con el escrito de demanda la quejosa exhibió un escrito de petición dirigido al Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, con sello de recepción de siete de septiembre de la presente anualidad; y que de los autos o del informe justificado no se desprende que se haya dado una respuesta al mismo; sin embargo, cabe indicar que la quejosa no señaló como acto reclamado el de derecho de petición, pues ante la prevención que este Juzgado Federal le formuló en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, expresamente aclaró que no era su intención reclamar dicho acto; de ahí que no resulte procedente precisar la existencia o no de la aludida omisión. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL JUICIO por cuanto a la autoridad responsable referida en el presente considerando. CUARTO. Existencia de las omisiones reclamadas. Son ciertas las omisiones atribuidas a la diversa autoridad municipal Director General y/o Titular del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. Determinada la certeza de las omisiones reclamadas, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.1o. J/5, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto la autoridad responsable Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, refirió que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que a su decir el acto reclamado no es violatorio de los derechos humanos de la quejosa. La anterior causal de improcedencia se desestima, toda vez que la citada autoridad no expuso las razones de las que se pueda constatar que el juicio de amparo es improcedente. Conforme a las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de esta hipótesis, se estableció que no se trata de una causal de improcedencia en sí misma considerada; sino que, a través de ella, se posibilita que además de las hipótesis específicas previstas en el resto de las fracciones, se puedan invocar otras que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley de Amparo. Empero, para ello es necesario que el operador jurídico realice una interpretación sistemática de las normas que darán sustento a la improcedencia; esto es, como la fracción XXIII no es un fin en sí mismo, sino un medio, es necesario que además de invocarla expresamente, se señale con cuál artículo se relaciona. Sin embargo, del estudio del informe de ley se puede constatar que la responsable en cita, no relacionó la causal de improcedencia de la fracción XXIII del artículo 61, con alguna otra porción normativa de la Ley de Amparo de la que derive una hipótesis de improcedencia, de ahí que en este apartado deba desestimarse lo alegado. En ese sentido y al no advertirse diversas causas de improcedencia, se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. No es necesario ni obligatorio transcribir los motivos de disenso para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia, por lo que su análisis se realiza en el presente considerando de conformidad con lo siguiente: La quejosa, sustancialmente refiere que la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio los artículos 1o, 4o, 8o y 17 Constitucionales, ya que desde hace cuatro años que adquirió un bien inmueble en la colonia La Calera, del municipio de Morelia, Michoacán, donde actualmente habita con sus menores hijos y su progenitora, ha solicitado al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, la prestación de los servicios públicos municipales que tiene a su cargo, sin que la autoridad responsable haya dado cumplimiento con su obligación, pues incluso señala que han acudido varios vecinos a realizar la petición por escrito y de manera pacífica sin tener respuesta alguna. Expone que la colonia La Calera es una zona totalmente urbanizada, pues incluso se han edificado varios fraccionamientos privados en los cuales el Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador del Agua Potable, sí ha proporcionado los servicios públicos municipales de agua potable, por ello solicita la conexión inmediata a dicha red de agua potable a fin de que tenga acceso al servicio de ese líquido vital sin discriminación alguna. Los conceptos de violación propuestos por las quejosas son infundados, por las razones que enseguida se exponen. Ciertamente en términos del artículo 4o, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al acceso al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y el Estado es el responsable de garantizar este derecho. De igual forma, es verdad que de conformidad con el artículo 1o de la ciada Ley Suprema, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, emitió la Observación General número 15, titulada "El Derecho al Agua", en la que definió ese derecho de la siguiente manera: "El derecho humano al agua, es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico." Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales establece, en el artículo 14 bis 5, fracciones I y XXII, lo siguiente: "ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son: I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional; (.) XXII. El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso. (.)." De lo antes transcrito, se desprende que los principios que sustentan la política hídrica nacional son, entre otros: I) el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional y, II) el uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en relación con cualesquier otro uso. En ese sentido, se concluye que tal y como lo señala la quejosa, el agua es un líquido vital necesario para los seres humanos, su subsistencia y su pleno desarrollo, por lo que las autoridades están obligadas a proporcionar de manera inmediata el acceso, para consumo personal y doméstico en forma suficiente y asequible. No obstante ese derecho se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos previos para su plena satisfacción; así lo disponen los artículos 4o, 22, fracciones II y V, y 64 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán, que textualmente señalan: "Artículo 4º.- Para el concurso del Estado, en la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo de los ayuntamientos municipales, existirá un Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán, que en lo sucesivo se le denominará "El Comité". "Artículo 22.- El Organismo operador municipal tendrá a su cargo: (.) II. Proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado, incluyendo saneamiento, a los centros de población, urbanos, rurales e industriales en el Municipio que le corresponda, en los términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren; (.)" V. Recaudar los derechos por el servicio, con base en las cuotas y tarifas aprobadas en los términos de ley; Contratación del Servicio y Conexión al Sistema. "Artículo 64.- Están obligados a contratar el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los lugares en que existan dichos servicios: I. Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios edificados; II. Los propietarios o poseedores a cualquier título, de predios no edificados cuando frente a los mismos existan instalaciones adecuadas, para los servicios que sean utilizados; y III. Los propietarios o poseedores de establecimientos mercantiles o industriales o de cualquier otra actividad que por su naturaleza están obligados al uso de agua potable, alcantarillado y saneamiento. También están obligados a contratar el servicio, los gobiernos Federal, Estatal y municipales, en relación con predios propiedad de los mismos. La contratación del servicio de agua potable y la conexión de los mismos se realizará de conformidad a lo estipulado en los reglamentos correspondientes". De lo anterior transcrito, se advierte que la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, estará a cargo de los ayuntamientos municipales, en los cuales existirá un Comité para tales efectos, quien tiene la obligación de proporcionar dicho servicio vital a los centros de población, urbanos, rurales e industriales en el Municipio que le corresponda, en los términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren. Asimismo, que las personas obligadas a contratar el servicio de agua potable en los lugares en los que exista el mismo, son las personas propietarios o poseedores a cualquier título de predios edificados; los propietarios o poseedores a cualquier título, de predios no edificados cuando frente a los mismos existan instalaciones adecuadas, para los servicios que sean utilizados; y los propietarios o poseedores de establecimientos mercantiles o industriales o de cualquier otra actividad que por su naturaleza están obligados al uso de agua potable, alcantarillado y saneamiento. De igual forma, que la contratación del servicio de agua potable y la conexión de los mismos se realizará de conformidad a lo estipulado en los reglamentos correspondientes. Es decir, para que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado proporcione el servicio de agua potable en el predio para el que se solicita, se requiere en primer lugar, que en dicha localidad exista dicho servicio y en segundo término, que la persona propietaria o poseedora contrate el servicio referido. En el particular, la quejosa ********************, señaló que en su calidad de propietaria del predio marcado con el número treinta y seis de la calle Mármol de la colonia La Calera del municipio de Morelia, Michoacán, ha solicitado en diversas ocasiones al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillando y Saneamiento de Morelia, Michoacán, la prestación de los servicios a que se encuentra obligado dicho organismo sin que a la fecha le hubieran dado una respuesta favorable, no obstante que es una colonia totalmente urbanizada, pues incluso se han edificado varios fraccionamientos privados en los cuales el Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador del Agua Potable, sí ha proporcionado los servicios públicos municipales de agua potable; es por ello que, solicita la conexión inmediata a dicha red a fin de que tenga acceso al servicio de ese líquido vital sin discriminación alguna. Sin embargo, la citada impetrante de amparo con su demanda de amparo únicamente exhibió un recibo de predial a su nombre respecto del bien inmueble de su propiedad, una constancia de número oficial respecto del inmueble marcado con el número treinta y seis de la calle Mármol -antes privada de Mármol-, de Granjas de la Calera, inscrita a nombre de la quejosa ********************; un recibo de energía eléctrica a nombre de la quejosa respecto del citado inmueble; y dos escritos de petición dirigidos al Presidente Municipal y Director del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ambos del municipio de Morelia, Michoacán, a través de los cuales solicitó la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Documentales que si bien cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º; lo cierto es que resultan insuficientes para acreditar que previo a solicitar el suministro de agua potable y alcantarillado en su domicilio cumplió con los requisitos que prevén los artículos 22, fracciones II y V, y 64 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán, así como su Reglamento. Esto es, la quejosa incumplió con la carga de probar que no obstante que satisfizo los requisitos que la legislación local prevé para la contratación del servicio del agua potable y alcantarillado, la autoridad responsable se ha negado a proporcionarle dicho líquido vital. Por el contrario, únicamente se limitó a señalar que tiene derecho a gozar del servicio de agua potable porque es una garantía constitucional y que la responsable se encuentra obligada a prestar tales servicios; empero, inobservó que previo a alcanzar ese derecho constitucional debía acreditar la factibilidad del servicio de agua potable, drenaje sanitario -entre otros servicios-, conforme lo dispone la fracción IV, del artículo 118 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, independientemente del régimen de propiedad, la regularización de los asentamientos humanos, para su incorporación al desarrollo urbano; ello, aunado a los requisitos de incorporación de su predio conforme al artículo 60, fracción I, inciso A) numeral 23, incisos P) y Q) de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia. Por lo que, en términos de lo expuesto anteriormente, para que se actualice la obligación del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de suministrar el servicio de agua potable a la quejosa en los términos que ésta refiere en su demanda, es indispensable que la citada impetrante realice los trámites correspondientes ante el Departamento de Urbanismo Municipal, para el cambio de uso de suelo del predio de su propiedad, así como tramitar las licencias de construcción correspondientes, a fin de obtener la incorporación de las redes de agua potable y alcantarillado hecho lo cual deberá acudir ante el Comité a realizar la contratación de los servicios de agua potable y alcantarillado, el cual les será otorgado previo pago de los derechos de incorporación establecidos en el Decreto Tarifario contenido en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán. Luego, ante la omisión de la quejosa de acreditar que cumplió con los lineamientos señalados por la autoridad responsable previstos en la normativa municipal respecto de la contratación de la incorporación del predio a las redes del servicio de agua potable y alcantarillado, es que la omisión atribuida a aquélla no resulta atribuible la obligación de proporcionar el servicio solicitado. En consecuencia, al resultan infundados los conceptos de violación expuestos, lo que procede es negar a la quejosa la protección de la justicia federal solicitada. Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa respecto del acto que quedó precisado en el considerando primero y por las razones señaladas en el diverso tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados al Director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia Michoacán, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintidós. 1. Informes con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe justificado que remite el Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. 1.1. Domicilio y delegados. Téngaseles señalando domicilio para recibir notificaciones, así como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas designada. 2. Diferimiento anticipado. Para dar margen a que transcurra el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, y las partes se impongan del informe justificado acordado en esta fecha, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de la presente anualidad, se difiere anticipadamente y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.CLFS/AEAA/vmv
- Incidental
Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintidós. Manifestaciones. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, Michoacán, a través del cual informa el cumplimiento dado a la suspensión provisional emitida el diecisiete de noviembre de la presente anualidad, y al efecto manifiesta que giró memorándum al Subdirector de Distribución del Agua Potable, a fin de que instruya al personal a su cargo para que suministre el servicio de agua potable en el domicilio de la parte quejosa, satisfaciendo el mínimo vital mediante el empleo de los mecanismos efectivos que estime necesarios, como puede ser distribución hidráulica por tubería, conexión o reconexión provisional del servicio en caso de ser procedente o a través del servicio de pipas con vehículo automotor-siendo el mínimo vital 1500 litros al mes, considerando 50 litros diarios-, lo que acredita con las constancias que anexa a su libelo de cuenta. De lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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