Gregorio Marroquin Luna
Expediente 591/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gregorio Marroquin Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar el disco compacto que remitió el 1. Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado; devuélvasele el mismo, debiéndose dejar hoja de sustitución en la foja 34; y, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Asimismo, devuélvase a la citada autoridad, las copias certificadas del toca 1/2016 de su índice, que remitió en justificación a su informe (anexo I) y, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo de las mismas. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el 2. Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla y, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad, acusando recibo del diverso oficio II-0613-G-2, mediante el cual se le devolvieron las copias certificadas de la causa penal 145/2015/HUAUCHINANGO, de su índice, misma que remitió en apoyo a su informe justificado.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del catorce de junio de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental prevista por el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 591/2017-B (foja 184), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de Rafael Torres Campos, Secretario con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por GREGORIO MARROQUÍN LUNA (fojas 1 a 20), auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (suspensión provisional, con fojas 21 a 24) y proveído de treinta de mayo del actual (fojas 184 y 185). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable 1. Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mismas que anexó a su informe previo, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones que obran en el toca 1/2016, de su estadística. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas con base en su naturaleza, las pruebas documentales relatadas por el Secretario. Cerrado el Periodo probatorio y abierto el de alegatos: el Secretario hace referencia al pedimento 216/2017 de la Agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Penal adscrita a este órgano jurisdiccional. Enseguida, la Jueza acuerda: Ténganse por efectuadas las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Penal adscrita a este órgano jurisdiccional en vía de alegatos de conformidad con el artículo 144 de la Ley de amparo. Por lo que, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 591/2017-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por GREGORIO MARROQUÍN LUNA, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por GREGORIO MARROQUÍN LUNA, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos del toca 1/2016, del índice de la Sala responsable, en la cual dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo de vehículo agravado, así como el cumplimiento material del mismo. Y, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se efectúen actos jurisdiccionales respecto de los actos reclamados, se mantengan las cosas en el estado que guardan y se le fijen las medidas cautelares a fin de que siga gozando de su libertad. Ahora bien, se procede a proveer sobre la medida cautelar en los términos solicitados, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Cierto 31 2 Juez de Control de la Región Judicial Norte de Huauchinango, Puebla Cierto 187 a 189 Las referidas autoridades responsables, al rendir su informe previo, aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por lo que el mismo debe tenerse por cierto. En ese tenor, se niega la suspensión definitiva solicitada, pues el acto reclamado es meramente declarativo, en virtud de que en el mismo la autoridad responsable se limitó a evidenciar una situación determinada, pero sin modificar una existente, por lo que resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Apoya a lo anterior la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, la cual aparece publicada en la página 15, tomo 163-168, sexta parte, materia común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos texto y rubro dicen: ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella. Además, la medida cautelar solicitada no podría tener como efecto dejar insubsistente el acto reclamado, ya que es un efecto restitutorio que sólo la sentencia amparadora que, en su caso se emita dentro del juicio de derechos fundamentales del que deriva este incidente, podría tener. Por otra parte, no ha lugar a conceder la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, pues no se satisface el requisito previsto en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, en razón de que ningún procedimiento judicial puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues la sociedad y el Estado están interesados en la averiguación de los delitos y en el castigo de los que resulten responsables; aunado a que se administre justicia de manera pronta y expedita; habida cuenta que la parte quejosa solicita que se suspenda el procedimiento en el juicio de primera instancia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1439 sustentada por el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce: PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo. Ahora bien, respecto a que se le fijen las medidas cautelares, a fin de que siga gozando de su libertad; dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición atento que las mismas las impone el juez de control a fin de asegurar el cumplimiento de las determinaciones que se emiten en el proceso y garantizar la presencia del acusado, para que sean efectivos, por una parte, la investigación y el juzgamiento y, por otra, los derechos de las víctimas; por lo que la misma deberá ser solicitada ante el Juez de la causa. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por GREGORIO MARROQUÍN LUNA, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil diecisiete. Visto con conocimiento de las partes, intégrese a los presentes autos el informe previo de la autoridad responsable 2. Juez de Control de la Región Judicial Norte, con residencia en Huauchinango, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, con los que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado y el disco compacto que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción del disco compacto, dada su naturaleza jurídica de éste. Guárdese en sobre cerrado el disco óptico que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Así mismo, en razón al cuantioso número de fojas que remitió la autoridad responsable y que se dificulta su manejo y consulta al integrarlo al expediente en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese el ANEXO I respetando el folio original, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. Ahora bien, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que el quejoso Gregorio Marroquín Luna acude a esta instancia constitucional a reclamar la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 1/2016 del índice de la sala responsable. Así mismo, es necesario mencionar que del informe de cuenta se advierte que la resolución reclamada fue emitida en cumplimiento a la sentencia de diecisiete de abril del año que transcurre, dictada en el diverso juicio de amparo 155/2017 del índice de este órgano jurisdiccional; en la que, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso Gregorio Marroquín Luna, en contra de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciada en el toca de apelación 1/2016, que revocó el auto de no vinculación a proceso, dictado en su favor, el cinco de abril de dos mil dieciséis, en la causa penal 145/2015/HUAUCHINANGO del Juzgado de Control de la Región Judicial Norte. Sin embargo, por acuerdo dictado el diecinueve de mayo del actual en el aludido juicio de garantías, la suscrita Jueza de Distrito, se pronunció respecto al cumplimiento emitido por la Sala Penal responsable, teniendo por no cumplida la ejecutoria de amparo, y requirió nuevamente a la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de dicho auto, diera cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia amparadora. Luego, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, emitió una nueva resolución en la que dejó insubsistente la diversa de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 1/2017 de su índice) y, en su lugar, decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Gregorio Marroquín Luna, por su probable intervención en la comisión del delito de Robo Calificado, cometido en agravio de Pablo Gómez Salas o Pablo Eugenio Gómez Salas. En ese orden de ideas, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable (anexo I), derivadas del toca de apelación 1/2017 de su índice, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, dictó una resolución en el que dejó sin efectos la diversa de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete emitida en el propio expediente, que constituye el acto que por esta vía se combate. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, es evidente que, al haber dejado insubsistente la determinación que en esta instancia se reclama, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con lo expuesto, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No pasa inadvertido para la suscrita Jueza Federal que a la fecha no se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no resulta necesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).
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