Gregorio Castillo Maldonado
Expediente 854/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gregorio Castillo Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 460 signado por la 1. Jueza de lo Penal y Civil del Distrito, Judicial de Tecamachalco, Puebla -remitido vía correo electrónico y ordinario-, a través del cual, acusa recibo de la misiva 528/2021 por medio del cual -este órgano jurisdiccional- le remitió el duplicado de la causa penal 7/2015 de su índice, con la que se formaron los anexos I y II del presente juicio de amparo; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la cual, surtió efectos el veintitrés siguiente (por haberse efectuado al quejoso) y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veinticuatro de marzo al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) veintisiete -sábado-, veintiocho -domingo-, tres -sábado-, cuatro -domingo-, diez -sábado- y once -domingo- de abril del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) treinta y uno de marzo, uno y dos de abril, por haber sido declarados días no laborables con motivo de la Semana Santa, como se comunicó mediante circular 3/2021 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; asimismo, insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la 1. Jueza de lo Penal y Civil del Distrito, Judicial de Tecamachalco, Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe, se ordena devolverle: ( El duplicado de la causa penal 7/2015, con la que se formaron los anexos I y II del presente juicio. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad responsable se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con las constancias que se anexan. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al quejoso Gregorio Castillo Maldonado y a la tercera interesada Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal -parte ofendida de origen-; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (al comandante responsable y al fiscal tercero interesado, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dos de marzo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la jueza responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Gregorio Castillo Maldonado, respecto de la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 7/2015, en la que la jueza de origen: i) declaró improcedente la solicitud de prescripción de la acción penal contada a partir de la emisión de la orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, formulada mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte; ii) modificó dicha orden de captura para reclasificar la conducta típica por la que se consignó la averiguación previa; y, iii) emitió una nueva orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, en agravio de la persona moral Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, así como de su ejecución; por las razones expuestas y para los efectos precisados en sus considerandos octavo y noveno. Haciendo hincapié que se requirió su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable 1. Jueza de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. En ese tenor, por auto emitido el dos de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo; y con el contenido del oficio con registro 884 -de 2021- y sus anexos, remitidos por la referida jueza de origen, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 7/2015, en la que la jueza de origen: i) declaró improcedente la solicitud de prescripción de la acción penal contada a partir de la emisión de la orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, formulada por el quejoso Gregorio Castillo Maldonado mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte; ii) modificó dicha orden de captura para reclasificar la conducta típica por la que se consignó la averiguación previa; y, iii) emitió una nueva orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado; por violar los principios de seguridad jurídica, igualdad e imparcialidad, consagrados en los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró que no fue correcto que la jueza responsable modificara de motu proprio la orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, dictada en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, para emitir una diversa orden de captura con distinta reclasificación, es decir, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado. Esto, pues se explicó que la autoridad jurisdiccional se encuentra facultada para reclasificar el delito cuando recibe la consignación efectuada por el ministerio público y se pronuncia sobre la solicitud de la orden de aprehensión, cuando resuelve su situación jurídica del imputado dentro del término establecido en el artículo 19 Constitucional y cuando resuelve el controvertido penal en determinados supuestos: siempre que se haya dado oportunidad de audiencia al imputado con la nueva clasificación jurídica señalada por el ministerio público en su acusación o cuando esta clasificación sea en beneficio del imputado. Lo anterior, con la condición de no variar los hechos planteados por el Ministerio Público y con la finalidad de que no se siga un proceso únicamente por la clasificación jurídica designada por el representante social, lo cual iría en detrimento del sistema, de los derechos de la víctima y de la sociedad en general, pues de resultar incongruente, generaría situaciones de impunidad al no poder encuadrar plenamente las circunstancias fácticas en la descripción típica correcta. Sin embargo, se consideró que esa facultad encuentra un límite en la institución de la cosa juzgada y en el principio de imparcialidad y de igualdad procesal, de modo que la autoridad jurisdiccional no puede revocar sus propias determinaciones en una específica fase del procedimiento penal, ya que un principio de justicia y de orden social, exige que tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un juicio y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a las partes. En efecto, el actuar de la jueza responsable de modificar de motu proprio la orden de aprehensión que emitió en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza para reclasificar dicha conducta y establecer la actualización del delito de robo agravado, vulneró el derecho de seguridad jurídica del quejoso, ya que un principio establecido por la ciencia jurídica, para dar solidez a los procedimientos judiciales, consiste en que los tribunales no pueden revocar sus propias determinaciones, sino cuando la ley positiva lo establece de una manera clara y concreta. En consecuencia, la facultad de reclasificar no implica que el juez se encuentre autorizado para efectuarla de forma arbitraria; es decir, una vez determinada la situación jurídica del imputado y fijada la clasificación jurídica delictiva, no puede variarse dicha resolución, a menos que se supere la etapa procesal por un cambio en la situación jurídica del imputado o sea modificada o revocada por el Tribunal de Alzada que conozca del medio de impugnación interpuesto. Lo anterior, incluso si en el proceso de origen, un Tribunal Federal ha determinado, mediante sentencia de amparo ejecutoriada, que el delito de abuso de confianza por el que se consignó la averiguación previa no se configura en el caso en concreto sino el de robo agravado; habida cuenta que, al margen de que el juicio de amparo se promovió por una diversa imputada, lo cierto es que la única posibilidad de que pudiera modificarse o revocarse tal mandamiento antes del dictado del auto de término constitucional, era a través del recurso de apelación. De modo que, si ello no sucedió dentro del plazo que la ley establece, la orden de aprehensión adquirió firmeza y, por ende, constituye cosa juzgada para la etapa procesal en que se encuentra le controvertido penal. Aunado a lo anterior, se recordó que a la representación social le corresponde el ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 21 de la Constitución General. Por tanto, la autoridad ministerial puede llevar a cabo una nueva clasificación del delito, siempre y cuando se trate de los mismos hechos y se respete el derecho a la defensa del inculpado. En cambio, la autoridad judicial, de motu proprio, no puede revocar sus propias determinaciones para reclasificar el delito, pues también reuniría el carácter de órgano acusador. Además, se fusionarían las funciones administrativas de persecución de los delitos y ejercicio de la acción penal con las judiciales, concernientes a la administración de justicia, en clara transgresión al principio de división de poderes y a los postulados del debido proceso penal mixto, previsto en el artículo 20 constitucional, al asumir el juzgador el papel de órgano acusador. Adicionalmente, se dijo que la función del juez es la de vigilar que el proceso penal se siga en una contienda entre iguales; en el cual, el órgano acusador tiene la carga argumentativa dirigida a probar que la presunción de inocencia ha de desvirtuarse. Por ese motivo, si el ministerio público no logra tal cometido, el juez no puede acudir a su auxilio, ya que toda decisión jurisdiccional tiene como base los principios de equidad procesal e imparcialidad, los que le exigen ser ajeno a cualquiera de los intereses de las partes. Lo último, porque es una exigencia constitucional que el juzgador mantenga una posición imparcial frente a las partes del proceso penal, lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Así, una posición que incidiera en la actividad que es propia de una de las partes, como por ejemplo, respaldar o reforzar la posición acusatoria del ministerio público, con base en hechos y pruebas que no fueron materia de la consignación, sería abiertamente contraria a los principios constitucionales que rigen al proceso penal y convertiría al sistema procesal penal en un proceso inquisitivo, porque permitiría la concentración defunciones en el juzgador, facultándolo para investigar, obtener pruebas y juzgar. Por tanto, el juez no debe asumir el carácter de órgano acusador, tener un interés coadyuvante en la persecución del delito, ni debe convertirse en asesor del ministerio público, pues su función es la de aplicar la ley penal en un marco de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas. Luego, se determinó que la jueza de origen, al margen de que no debió revocar su orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, tenía que haber declarado fundada la solicitud formulada por el ahora quejoso, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte; esto es, decretar la prescripción de la acción penal al haber transcurrido los cinco años que se requerían para ello, contados a partir del libramiento de la citada orden de captura. Esto, pues después de analizar detalladamente las reglas para el cómputo de la prescripción contenidas en los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla y los antecedentes que arrojó la causa penal de origen, se obtuvo que habían transcurrido cinco años, cinco meses y dieciséis días desde la emisión de la orden de aprehensión a la fecha en que se presentó el escrito solicitando la prescripción de la acción penal. Luego, atendiendo a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 476/2012, se restó el periodo de dos meses y dos días, en que estuvo vigente la medida cautelar concedida al quejoso en el juicio de amparo 891/2020, de la estadística de este órgano jurisdiccional y en el que las autoridades no pudieron ejecutar el mandato de captura, quedando cinco años, tres meses y catorce días, los cuales, sobrepasaron a los cinco años que se requieren en el asunto de origen para la prescripción de la acción penal; por lo que se llegó a la conclusión de que -tal como lo sostuvo el quejoso en su demanda- había operado dicha figura de extinción de la acción persecutoria. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que la 1. Jueza de lo Penal y Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla: 1. Dejara insubsistente la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 7/2015 -acto reclamado-. 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, emitiera una resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, decretara la prescripción de la acción penal y, por ende, dejara sin efectos la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiséis de febrero de dos mil quince, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza. 3. Ordenara al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo Tecamachalco -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas el nueve de octubre de dos mil veinte y el veintiséis de febrero de dos mil quince. En el entendido de que los efectos antes apuntados sólo circunscribían respecto a la persona del quejoso Gregorio Castillo Maldonado y no sobre a la persona de su coimputado Conrado García Fernández, por lo que las resoluciones antes aludidas debían quedar intactas por cuanto al citado coimputado; lo anterior, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de derechos fundamentales. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Jueza de lo Penal y Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que mediante determinación emitida el dieciocho de enero del año actual, dentro de la causa penal 7/2015 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte -acto reclamado-, única y exclusivamente en contra del aquí quejoso Gregorio Castillo Maldonado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracción XVI, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Luis Raúl Chávez Martínez. 2. Con base en los razonamientos indicados en la sentencia de amparo, emitió una nueva resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, decretó la prescripción de la acción penal y, por ende, dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiséis de febrero de dos mil quince, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracción III, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Luis Raúl Chávez Martínez y; 3. Giró y notificó los oficios correspondientes al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo Tecamachalco -autoridad responsable- para que de manera inmediata cancelaran las órdenes de aprehensión dictadas el nueve de octubre de dos mil veinte y el veintiséis de febrero de dos mil quince. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el acto reclamado por cuanto hace al aquí quejoso Gregorio Castillo Maldonado; ii) con base en los razonamientos indicados en el fallo protector emitió una nueva resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, decretó la prescripción de la acción penal y, por ende, dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiséis de febrero de dos mil quince; y iii) giró y notificó los oficios correspondientes al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo Tecamachalco -autoridad responsable- para que de manera inmediata cancelaran las órdenes de aprehensión dictadas el nueve de octubre de dos mil veinte y el veintiséis de febrero de dos mil quince. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Gregorio Castillo Maldonado; por lista a la tercera interesada Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal -parte ofendida de origen-, en cumplimiento al proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a las autoridades responsables y al fiscal tercero interesado, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dos de marzo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la jueza responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El dieciocho de enero de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Gregorio Castillo Maldonado, respecto de la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 7/2015, en la que la jueza de origen: i) declaró improcedente la solicitud de prescripción de la acción penal contada a partir de la emisión de la orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, formulada mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte; ii) modificó dicha orden de captura para reclasificar la conducta típica por la que se consignó la averiguación previa; y, iii) emitió una nueva orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, en agravio de la persona moral Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, así como de su ejecución; por las razones expuestas y para los efectos precisados en sus considerandos octavo y noveno. Haciendo hincapié que se requirió su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable 1. Jueza de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. En ese tenor, por auto emitido el dos de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo; y con el contenido del oficio con registro 884 -de 2021- y sus anexos, remitidos por la referida jueza de origen, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 7/2015, en la que la jueza de origen: i) declaró improcedente la solicitud de prescripción de la acción penal contada a partir de la emisión de la orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, formulada por el quejoso Gregorio Castillo Maldonado mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte; ii) modificó dicha orden de captura para reclasificar la conducta típica por la que se consignó la averiguación previa; y, iii) emitió una nueva orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado; por violar los principios de seguridad jurídica, igualdad e imparcialidad, consagrados en los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró que no fue correcto que la jueza responsable modificara de motu proprio la orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, dictada en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, para emitir una diversa orden de captura con distinta reclasificación, es decir, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado. Esto, pues se explicó que la autoridad jurisdiccional se encuentra facultada para reclasificar el delito cuando recibe la consignación efectuada por el ministerio público y se pronuncia sobre la solicitud de la orden de aprehensión, cuando resuelve su situación jurídica del imputado dentro del término establecido en el artículo 19 Constitucional y cuando resuelve el controvertido penal en determinados supuestos: siempre que se haya dado oportunidad de audiencia al imputado con la nueva clasificación jurídica señalada por el ministerio público en su acusación o cuando esta clasificación sea en beneficio del imputado. Lo anterior, con la condición de no variar los hechos planteados por el Ministerio Público y con la finalidad de que no se siga un proceso únicamente por la clasificación jurídica designada por el representante social, lo cual iría en detrimento del sistema, de los derechos de la víctima y de la sociedad en general, pues de resultar incongruente, generaría situaciones de impunidad al no poder encuadrar plenamente las circunstancias fácticas en la descripción típica correcta. Sin embargo, se consideró que esa facultad encuentra un límite en la institución de la cosa juzgada y en el principio de imparcialidad y de igualdad procesal, de modo que la autoridad jurisdiccional no puede revocar sus propias determinaciones en una específica fase del procedimiento penal, ya que un principio de justicia y de orden social, exige que tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un juicio y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a las partes. En efecto, el actuar de la jueza responsable de modificar de motu proprio la orden de aprehensión que emitió en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza para reclasificar dicha conducta y establecer la actualización del delito de robo agravado, vulneró el derecho de seguridad jurídica del quejoso, ya que un principio establecido por la ciencia jurídica, para dar solidez a los procedimientos judiciales, consiste en que los tribunales no pueden revocar sus propias determinaciones, sino cuando la ley positiva lo establece de una manera clara y concreta. En consecuencia, la facultad de reclasificar no implica que el juez se encuentre autorizado para efectuarla de forma arbitraria; es decir, una vez determinada la situación jurídica del imputado y fijada la clasificación jurídica delictiva, no puede variarse dicha resolución, a menos que se supere la etapa procesal por un cambio en la situación jurídica del imputado o sea modificada o revocada por el Tribunal de Alzada que conozca del medio de impugnación interpuesto. Lo anterior, incluso si en el proceso de origen, un Tribunal Federal ha determinado, mediante sentencia de amparo ejecutoriada, que el delito de abuso de confianza por el que se consignó la averiguación previa no se configura en el caso en concreto sino el de robo agravado; habida cuenta que, al margen de que el juicio de amparo se promovió por una diversa imputada, lo cierto es que la única posibilidad de que pudiera modificarse o revocarse tal mandamiento antes del dictado del auto de término constitucional, era a través del recurso de apelación. De modo que, si ello no sucedió dentro del plazo que la ley establece, la orden de aprehensión adquirió firmeza y, por ende, constituye cosa juzgada para la etapa procesal en que se encuentra le controvertido penal. Aunado a lo anterior, se recordó que a la representación social le corresponde el ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 21 de la Constitución General. Por tanto, la autoridad ministerial puede llevar a cabo una nueva clasificación del delito, siempre y cuando se trate de los mismos hechos y se respete el derecho a la defensa del inculpado. En cambio, la autoridad judicial, de motu proprio, no puede revocar sus propias determinaciones para reclasificar el delito, pues también reuniría el carácter de órgano acusador. Además, se fusionarían las funciones administrativas de persecución de los delitos y ejercicio de la acción penal con las judiciales, concernientes a la administración de justicia, en clara transgresión al principio de división de poderes y a los postulados del debido proceso penal mixto, previsto en el artículo 20 constitucional, al asumir el juzgador el papel de órgano acusador. Adicionalmente, se dijo que la función del juez es la de vigilar que el proceso penal se siga en una contienda entre iguales; en el cual, el órgano acusador tiene la carga argumentativa dirigida a probar que la presunción de inocencia ha de desvirtuarse. Por ese motivo, si el ministerio público no logra tal cometido, el juez no puede acudir a su auxilio, ya que toda decisión jurisdiccional tiene como base los principios de equidad procesal e imparcialidad, los que le exigen ser ajeno a cualquiera de los intereses de las partes. Lo último, porque es una exigencia constitucional que el juzgador mantenga una posición imparcial frente a las partes del proceso penal, lo que implica la prohibición de interferir de tal manera que asuma la representación o defensa de alguna de ellas. Así, una posición que incidiera en la actividad que es propia de una de las partes, como por ejemplo, respaldar o reforzar la posición acusatoria del ministerio público, con base en hechos y pruebas que no fueron materia de la consignación, sería abiertamente contraria a los principios constitucionales que rigen al proceso penal y convertiría al sistema procesal penal en un proceso inquisitivo, porque permitiría la concentración defunciones en el juzgador, facultándolo para investigar, obtener pruebas y juzgar. Por tanto, el juez no debe asumir el carácter de órgano acusador, tener un interés coadyuvante en la persecución del delito, ni debe convertirse en asesor del ministerio público, pues su función es la de aplicar la ley penal en un marco de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas. Luego, se determinó que la jueza de origen, al margen de que no debió revocar su orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, tenía que haber declarado fundada la solicitud formulada por el ahora quejoso, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte; esto es, decretar la prescripción de la acción penal al haber transcurrido los cinco años que se requerían para ello, contados a partir del libramiento de la citada orden de captura. Esto, pues después de analizar detalladamente las reglas para el cómputo de la prescripción contenidas en los artículos 125, 126, 129, 130, 131, 133, 137 y 138 del Código Penal del Estado de Puebla y los antecedentes que arrojó la causa penal de origen, se obtuvo que habían transcurrido cinco años, cinco meses y dieciséis días desde la emisión de la orden de aprehensión a la fecha en que se presentó el escrito solicitando la prescripción de la acción penal. Luego, atendiendo a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 476/2012, se restó el periodo de dos meses y dos días, en que estuvo vigente la medida cautelar concedida al quejoso en el juicio de amparo 891/2020, de la estadística de este órgano jurisdiccional y en el que las autoridades no pudieron ejecutar el mandato de captura, quedando cinco años, tres meses y catorce días, los cuales, sobrepasaron a los cinco años que se requieren en el asunto de origen para la prescripción de la acción penal; por lo que se llegó a la conclusión de que -tal como lo sostuvo el quejoso en su demanda- había operado dicha figura de extinción de la acción persecutoria. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que la 1. Jueza de lo Penal y Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla: 1. Dejara insubsistente la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 7/2015 -acto reclamado-. 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector, emitiera una resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, decretara la prescripción de la acción penal y, por ende, dejara sin efectos la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiséis de febrero de dos mil quince, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza. 3. Ordenara al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo Tecamachalco -autoridad responsable- la cancelación del cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas el nueve de octubre de dos mil veinte y el veintiséis de febrero de dos mil quince. En el entendido de que los efectos antes apuntados sólo circunscribían respecto a la persona del quejoso Gregorio Castillo Maldonado y no sobre a la persona de su coimputado Conrado García Fernández, por lo que las resoluciones antes aludidas debían quedar intactas por cuanto al citado coimputado; lo anterior, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de derechos fundamentales. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Jueza de lo Penal y Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que mediante determinación emitida el dieciocho de enero del año actual, dentro de la causa penal 7/2015 de su índice, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada el nueve de octubre de dos mil veinte -acto reclamado-, única y exclusivamente en contra del aquí quejoso Gregorio Castillo Maldonado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción IV, 380, fracción XVI, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Luis Raúl Chávez Martínez. 2. Con base en los razonamientos indicados en la sentencia de amparo, emitió una nueva resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, decretó la prescripción de la acción penal y, por ende, dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiséis de febrero de dos mil quince, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396 y 399, fracción III, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Luis Raúl Chávez Martínez y; 3. Giró y notificó los oficios correspondientes al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo Tecamachalco -autoridad responsable- para que de manera inmediata cancelaran las órdenes de aprehensión dictadas el nueve de octubre de dos mil veinte y el veintiséis de febrero de dos mil quince. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el acto reclamado por cuanto hace al aquí quejoso Gregorio Castillo Maldonado; ii) con base en los razonamientos indicados en el fallo protector emitió una nueva resolución, en la que al pronunciarse sobre la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, decretó la prescripción de la acción penal y, por ende, dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada en su contra el veintiséis de febrero de dos mil quince; y iii) giró y notificó los oficios correspondientes al Agente del Ministerio Público de su adscripción -autoridad tercera interesada-, al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -autoridad no responsable- y al Comandante Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, Grupo Tecamachalco -autoridad responsable- para que de manera inmediata cancelaran las órdenes de aprehensión dictadas el nueve de octubre de dos mil veinte y el veintiséis de febrero de dos mil quince. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso Gregorio Castillo Maldonado; por lista a la tercera interesada Servicios y Asesoría Agrícola de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal -parte ofendida de origen-, en cumplimiento al proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (a las autoridades responsables y al fiscal tercero interesado, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
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