GREGORIO JOSE o JOSE GREGORIO LOERA RAMIREZ
Expediente 538/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- GREGORIO JOSE o JOSE GREGORIO LOERA RAMIREZ
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Chignahuapan, Puebla, por medio del cual informa que el seis de noviembre de dos mil dieciocho, recibió el diverso 769/2018-17, por el que se le notificó el acuerdo de treinta de octubre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del citado acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho (fojas 529 a 531), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del nueve de noviembre al tres de diciembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvase el anexo I, consistente en el duplicado de la causa penal 137/2012 de su índice; y, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, es importante señalar que mediante oficio CJ506, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, informó el "Acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla", por el que se decretó el cierre de los Juzgados Sexto, séptimo y Octavo de lo penal de la Ciuad de Puebla; en consecuencia, se ordena suspender toda comunicación oficial con dichas autoridades responsables.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que no obran agregados los acuses de recibo de los oficios 769/2018-12 dirigido al Juez de lo Penal de Zacapoaxtla, Puebla, y 769/2018-17 dirigido al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste, con sede en Chignahuapan, Puebla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a las autoridades responsables Juez de lo Penal de Zacapoaxtla, Puebla y Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Alatriste, con sede en Chignahuapan, Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comuniquen a este órgano jurisdiccional la fecha exacta en que recibieron los oficios 769/2018-12 y 769/2018-17 respectivamente, por los que se les notificó el auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (fojas 529 a 531), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada el dieciséis de agosto de la presente anualidad (fojas 186 a 206), dentro del sumario constitucional en que se actúa. En el entendido de que en el plazo señalado tendrán que remitir copia certificada de las constancias que sustenten su dicho. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá a cada una por separado una multa de cincuenta veces, calculada al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán informar lo anterior a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 30 DE octubre DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 417 y 418), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que el quejoso haya desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 186 a 206), se concedió el amparo y protección a Gregorio José Loera Ramírez, para que la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas condiciones, procede conceder a GREGORIO JOSÉ LOERA RAMÍREZ, el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: - Deje insubsistente la orden de aprehensión únicamente respecto del quejoso Gregorio José Loera Ramírez, de treinta y uno de mayo de dos mil doce, en la causa penal 137/2016, y en su lugar, dicte otra resolución en la que con libertad de jurisdicción, decida acerca de la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Realizará el exacto encuadramiento de la conducta al tipo (tipicidad), esto es, precisará los elementos que integran el cuerpo del delito, sin incluir algún otro que no contemple la descripción típica, en acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal, ya que el artículo 302 TER del Código Penal para el Estado de Puebla, que señaló el juez responsable en la resolución reclamada, se adicionó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, esto es, cuatro meses despúes de ocurridos los hechos que se le imputan al ahora quejoso; además, las expresiones "para sí o para un tercero" "o cualquier otro beneficio", así como "obren en grupo de dos o más personas", no forman parte de la descripción del tipo penal. b) Indicará de manera pormenorizada cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro (en este fallo se estableció como pudiera ser el desglose de elementos), para luego justipreciar el caudal probatorio y precisar qué valor le merecen en lo particular en términos de la legislación procesal penal, y con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos del delito en mención; y, c) En cuanto a la probable responsabilidad del quejoso deberá establecer cuál es su grado de participación en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), es decir, cuál es la conducta en concreto que realizó el aquí quejoso, y de qué manera contribuyó para la actualización del ilícito, ya que fue omiso en explicarlo y qué pruebas fueron las que se tomaron en consideración para tener por acreditada la probable responsabilidad. A lo anteriormente razonado, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 228, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida..." (Fojas 203 y 204). En acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 319 a 322). Por oficio sin número y copia para conocimiento del diverso comunicado MJ/4837/2018, de diez de octubre de la presente anualidad (fojas 341 a 343), suscritos por Lucinadia García González, agente del Ministerio Público en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que dejó sin efecto el cumplimiento de la orden de aprehensión de treinta y uno de mayo de dos mil doce, librada por la Juez Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla contra Gregorio José Loera Ramírez. Así mismo, por similar 2839 de doce de octubre del año que transcurre (foja 375), la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha dentro de la causa penal 137/2012 de su índice (fojas 376 a 416). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de mayo de dos mil doce, respecto del quejoso Gregorio José Loera Ramírez, en la causa penal 137/2012 de su índice (foja 415 vuelta). 2. El doce de octubre de dos mil dieciocho, en atención a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dictó una resolución en sentido diverso que la reclamada, ya que negó la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público consignador contra Gregorio José Loera Ramírez, respecto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, en relación con el ordinal 13 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (vigente en la época de los hechos), cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de Filiberto Flores Ramírez (foja 415 y 415 vuelta). Lo anterior en virtud de que la juez responsable consideró que, aun cuando en los autos de la causa penal de origen se encuentra acreditada la corporeidad del ilícito mencionado, no obran pruebas que demuestren la participación de Gregorio José Loera Ramírez en su comisión; y, señaló que a pesar de que obra en autos la declaración del peticionario de amparo en la que hizo referencia a los hechos delictivos, el indiciado no aceptó haber participado en su planeación, concepción, preparación o ejecución (fojas 409 vuelta, 410 y 415). Es importante mencionar que, como la juez penal responsable emitió una resolución en diverso sentido que la reclamada, esta autoridad no se encuentra en aptitud de analizar los motivos y fundamentos expuestos en la misma, debido a que no fueron objeto de análisis constitucional ni formaron parte de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, toda vez que el quejoso Gregorio José Loera Ramírez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Uno, con residencia en Toluca, Estado de México (El Altiplano), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número Uno, con residencia en Toluca, Estado de México (El Altiplano); b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Gregorio José Loera Ramírez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 538/2018-D-; y, d) Notifique al quejoso el presente auto; e) Corra traslado con copia autorizada del mismo; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 417 y 418), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que el quejoso haya desahogado dicha vista dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 186 a 206), se concedió el amparo y protección a Gregorio José Loera Ramírez, para que la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas condiciones, procede conceder a GREGORIO JOSÉ LOERA RAMÍREZ, el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: - Deje insubsistente la orden de aprehensión únicamente respecto del quejoso Gregorio José Loera Ramírez, de treinta y uno de mayo de dos mil doce, en la causa penal 137/2016, y en su lugar, dicte otra resolución en la que con libertad de jurisdicción, decida acerca de la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Realizará el exacto encuadramiento de la conducta al tipo (tipicidad), esto es, precisará los elementos que integran el cuerpo del delito, sin incluir algún otro que no contemple la descripción típica, en acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal, ya que el artículo 302 TER del Código Penal para el Estado de Puebla, que señaló el juez responsable en la resolución reclamada, se adicionó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, esto es, cuatro meses despúes de ocurridos los hechos que se le imputan al ahora quejoso; además, las expresiones "para sí o para un tercero" "o cualquier otro beneficio", así como "obren en grupo de dos o más personas", no forman parte de la descripción del tipo penal. b) Indicará de manera pormenorizada cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro (en este fallo se estableció como pudiera ser el desglose de elementos), para luego justipreciar el caudal probatorio y precisar qué valor le merecen en lo particular en términos de la legislación procesal penal, y con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos del delito en mención; y, c) En cuanto a la probable responsabilidad del quejoso deberá establecer cuál es su grado de participación en la comisión del delito imputado (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), es decir, cuál es la conducta en concreto que realizó el aquí quejoso, y de qué manera contribuyó para la actualización del ilícito, ya que fue omiso en explicarlo y qué pruebas fueron las que se tomaron en consideración para tener por acreditada la probable responsabilidad. A lo anteriormente razonado, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 228, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: (.) Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida..." (Fojas 203 y 204). En acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento (fojas 319 a 322). Por oficio sin número y copia para conocimiento del diverso comunicado MJ/4837/2018, de diez de octubre de la presente anualidad (fojas 341 a 343), suscritos por Lucinadia García González, agente del Ministerio Público en representación del Fiscal de Investigación Metropolitana, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que dejó sin efecto el cumplimiento de la orden de aprehensión de treinta y uno de mayo de dos mil doce, librada por la Juez Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla contra Gregorio José Loera Ramírez. Así mismo, por similar 2839 de doce de octubre del año que transcurre (foja 375), la Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada en la misma fecha dentro de la causa penal 137/2012 de su índice (fojas 376 a 416). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la orden de aprehensión de treinta y uno de mayo de dos mil doce, respecto del quejoso Gregorio José Loera Ramírez, en la causa penal 137/2012 de su índice (foja 415 vuelta). 2. El doce de octubre de dos mil dieciocho, en atención a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dictó una resolución en sentido diverso que la reclamada, ya que negó la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público consignador contra Gregorio José Loera Ramírez, respecto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 302, fracciones I, II, III y IV, en relación con el ordinal 13 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (vigente en la época de los hechos), cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de Filiberto Flores Ramírez (foja 415 y 415 vuelta). Lo anterior en virtud de que la juez responsable consideró que, aun cuando en los autos de la causa penal de origen se encuentra acreditada la corporeidad del ilícito mencionado, no obran pruebas que demuestren la participación de Gregorio José Loera Ramírez en su comisión; y, señaló que a pesar de que obra en autos la declaración del peticionario de amparo en la que hizo referencia a los hechos delictivos, el indiciado no aceptó haber participado en su planeación, concepción, preparación o ejecución (fojas 409 vuelta, 410 y 415). Es importante mencionar que, como la juez penal responsable emitió una resolución en diverso sentido que la reclamada, esta autoridad no se encuentra en aptitud de analizar los motivos y fundamentos expuestos en la misma, debido a que no fueron objeto de análisis constitucional ni formaron parte de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, toda vez que el quejoso Gregorio José Loera Ramírez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Uno, con residencia en Toluca, Estado de México (El Altiplano), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número Uno, con residencia en Toluca, Estado de México (El Altiplano); b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Gregorio José Loera Ramírez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 538/2018-D-; y, d) Notifique al quejoso el presente auto; e) Corra traslado con copia autorizada del mismo; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
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