Gregorio Mota Silva
Expediente 1763/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1763/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gregorio Mota Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele las copias certificadas del proceso ********************de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cinco minutos del dos de febrero de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1763/2016-III-C (foja 72), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Rafael Torres Campos, secretario con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Gregorio Mota Silva (fojas 1 a 3), auto de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis (suspensión provisional [fojas 4 a 21]), constancias de notificación a las autoridades responsables, informes previos rendidos por ellas, y acuerdos que los tuvieron por recibidos; así como la resolución interlocutoria de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 35 a 39). En ese orden, da cuenta con el estado procesal que guardan los autos. A lo anterior, la jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Así mismo, visto el estado procesal que guardan los autos, deriva que los delitos que se reprochan al quejoso Gregorio Mota Silva se cometieron en agravio de dos menores de edad. Por lo que, atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de los menores, al hacer públicas las resoluciones que se emitan en el presente expediente, suprímanse los datos que permitan la identificación de los menores de edad victimas de los delitos cometidos dentro de la causa penal 130/2016 (materia del acto reclamado), a quienes en lo sucesivo se les identificará como recién nacida del sexo femenino de apellidos C.F. y recién nacido S.C.F. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la jueza acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza de Distrito acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1763/2016-III-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gregorio Mota Silva, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Gregorio Mota Silva, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. SEGUNDO. La presente interlocutoria se resuelve únicamente respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables 2. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla y 5. Titular de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, pues mediante diversa interlocutoria de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió lo relativo a las diversas autoridades responsables, determinando negar la medida cautelar solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo vigente, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto consisten en: I. la integración de la averiguación previa; II. la orden de presentación, cita o comparecencia emitida por un Agente del Ministerio Público o Fiscal; III. la orden de detención (ejecutada o pendiente de ejecutar); IV. la orden de presentación, comparecencia o cita para la formulación de la imputación emitida por un Juez; y, V. la orden de aprehensión o reaprehensión. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridades responsables Sentido del informe previo Foja 1 2. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla Cierto 77 2 5. Titular de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla Niega 44 La autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, al rendir su informe previo, convino en la existencia de los actos reclamados, únicamente respecto de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Gregorio Mota Silva. Por otra parte, la autoridad señalada como responsable 5. Titular de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en razón de haber sido señalada como autoridad ejecutora de un acto que se tiene como cierto por parte de la autoridad responsable ordenadora 1. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto se reproducen a continuación: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Aplicabilidad de la Ley de Amparo abrogada. Previo a la determinación sobre la medida cautelar solicitada, resulta necesario precisar que si bien en el Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla ya se encuentra en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio, lo cierto es que el 2. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, continúa conociendo del sistema penal tradicional, por lo que la suspensión definitiva de los actos que se le atribuyen, se proveerá de conformidad con la Ley de Amparo abrogada. QUINTO. Análisis sobre el informe previo del 1. Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla. Establecido lo anterior, conviene precisar que del informe previo rendido por el juez penal responsable, se obtiene que dentro de la causa penal 130/2016 de su índice, que se sigue en contra del quejoso Gregorio Mota Silva, se dictó una orden de aprehensión por los siguientes delitos: a) Responsabilidad médica, previsto y sancionado por los artículos 239, fracción III, y 243, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Sandra Flores Vaquero, así como de la recién nacida C.F. y recién nacido S.C.F. b) Lesiones, previsto y sancionado por los artículos 305, 307, 308, fracción III, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio del recién nacido S.C.F.. c) Homicidio a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 312, en relación con los diversos 11, 12, 14 y 21, fracción I, y 83 del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la recién nacida C.F. d) Usurpación de profesión previsto y sancionado por los artículos 258, fracción II, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de la administración pública. SEXTO. Tratamiento de la medida cautelar solicitada. Ahora bien, respecto al acto destacado, consistente en la orden de aprehensión de los delitos antes mencionados, y atento que los mismos no se encuentran considerados como graves por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en dos mil once); la suspensión definitiva se provee en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 136, párrafo primero de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 130/2016, del índice del juez penal responsable, en contra del aquí quejoso, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento, esto hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia en que se resuelva el juicio principal. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos en el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, si el quejoso no exhibe un garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos, cero centavos, moneda nacional); misma que deberá presentar por cualquier medio establecido por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta. Cantidad que la suscrita fija discrecionalmente, en términos del artículo 125, párrafo segundo de la Ley de Amparo abrogada, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 1. Que la naturaleza de los ilícitos que se atribuyen al quejoso (1. responsabilidad médica, 2. lesiones, 3. homicidio a título de culpa, y 4. usurpación de profesión) son culposos; 2. Que de la resolución que contiene la orden de aprehensión que obra a fojas 797 a 864 del anexo I que se formó con motivo de las documentales acompañadas al informe justificado (el cual se trae a la vista como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), se advierte que los hechos ocurrieron a partir del tres de octubre de dos mil once, aproximadamente a las doce y media de ese día, al atender durante el parto a Sandra Flores Vaquero, fecha en la que Gregorio Mota Silva (especialista en natología) al fungir como pediatra, días después del alumbramiento dio de alta a dos recién nacidos (de la recién nacida C.F y recién nacido S.C.F), sin tener los cuidados necesarios; pues según el dicho de los padres, no tenía que haber entregado a los bebes en esas condiciones, ya que estaban muy chiquitos y de bajo peso, lo que generó que falleciera la niña y que el niño tuviera una infección en el estómago, ocasionando que éste fuera internado posteriormente en un hospital diverso; por lo que, hubo negligencia por parte de los médicos que atendieron el parto -entre ellos, el aquí quejoso-. 3. Que el quejoso no demostró a este órgano de control constitucional no contar con recursos o estar en una situación económica precaria para no estar en aptitud de exhibir el monto de las garantías señaladas, máxime que éstas son asequibles. 4. Que no se tiene el monto de la reparación del daño y que la autoridad responsable encuadró las conductas en los artículos 239, fracción III (respecto al delito de responsabilidad medica), 308, fracción III (por el delito de lesiones), 83 (homicidio culposo), y 258, fracción II (usurpación de profesión), todos del Código Penal del Estado de Puebla; y, 5. Que la garantía fijada se considera suficiente para que el aquí quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia. Norma el criterio de la suscrita Juez Federal la jurisprudencia 1a./J. 68/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III). Lo anterior, en virtud de que debe tomarse en cuenta el tipo de los delitos de que se trata, su naturaleza es culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este momento no se cuenta con el monto de la reparación del daño, eso no significa que las garantías fijadas por la suscrita Juzgadora tengan que coincidir con dicho monto, pues aquéllas no pueden equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal; de ahí que dicha cantidad se estima suficiente para garantizar que el quejoso no evada la acción de la justicia. En otro aspecto, como se indicó, hágase saber a la parte quejosa que podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirlas en billete de depósito o póliza de fianza, deberá contener los siguientes requisitos: En caso de exhibir billete de depósito: - En el apartado autoridad asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, - Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida al quejoso Gregorio Mota Silva en el incidente de suspensión 1763/2016-III-C. En caso de exhibir póliza de fianza: - Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; - Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a Gregorio Mota Silva en el incidente de suspensión 1763/2016-III-C; y, - Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada. Del mismo modo, se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el juez de la causa cuantas veces sea citado, tomando en consideración que del estado procesal que guardan los autos, concretamente del acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, dictado dentro de la presente incidencia, se tuvo al juez responsable informando que el impetrante de garantías compareció a declarar en preparatoria, bajo los efectos de la suspensión provisional que le fue concedida por auto de veintitrés de diciembre del año próximo pasado. Por otra parte, el quejoso de mérito deberá comparecerá firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de libertad provisional bajo caución del juzgado responsable los días viernes de cada semana, debiendo acreditar haber dado cumplimiento a la medida cautelar señalada en este párrafo, a más tardar a los dos días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. La medida cautelar no surtirá efecto alguna si la orden de que se duele la parte quejosa es dictada por autoridad judicial distinta a aquí señalada o si se les sorprende la comisión de flagrante delito. Por otra parte, en el caso de sobreseerse en el juicio o negarse el amparo, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, se establece como medida de aseguramiento la obligación del quejoso de someterse a la jurisdicción del Juez responsable mediante la obtención de su libertad provisional bajo caución o su internamiento en el reclusorio correspondiente para la continuación del proceso penal del que deriva el acto reclamado; lo que deberá acreditar con las documentales públicas correspondientes dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de la resolución en que cause estado la sentencia o resolución del amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo se harán efectivas las garantías que, en su caso, se exhiban, en favor del Erario Federal. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Gregorio Mota Silva, en términos de los considerandos tercero, cuarto, quinto y sexto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos la copia certificada del escrito signado por el quejoso ********************, el cual obra en el incidente de suspensión derivado del presente asunto, del que se advierte que señala los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones de carácter personal. En tales condiciones, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que al rubro y texto dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Gregorio Mota Silva, mediante el cual, manifiesta que acudió ante el Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla a rendir su declaración preparatoria, asumiendo la obligación de presentarse las veces que sea necesaria ante dicho juez; de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, toda vez que los estrados de este Juzgado, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Así mismo, con el escrito de cuenta dese vista en el cuaderno principal del juicio de amparo al rubro indicado, para los efectos legales conducentes. Finalmente, por cuanto hace a la solicitud del quejoso de que se le instruya para que exhiba garantía en la presente incidencia; dígasele que dicha solicitud será acordada el día que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente expediente, esto es a las nueve horas con cinco minutos del dos de febrero de dos mil diecisiete.
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