Gregorio Lara Maya
Expediente 453/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gregorio Lara Maya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de noviembre pasado, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, este tribunal sobreseyó en el juicio promovido ***********. b) Inconforme con la determinación anterior el quejoso interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil dieciocho ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. c) Mediante resolución veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en el amparo en revisión civil número 214/2018, determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos descritos en la parte final de esta ejecutoria." d) Una vez cumplido lo ordenado por la superioridad, mediante resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, este tribunal concedió el amparo y protección de la Justicia federal a ***********. La protección constitucional se otorgó para que el Director General del Centro SCT Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Le cubriera la indemnización correspondiente respecto de las fracciones de los inmuebles del quejoso que fueron afectados con motivo de la construcción de la carretera Celaya-Morelia, tramo Celaya-Salvatierra, que resultaron de las rectificaciones a las mediciones por él solicitadas, esto es, 455.810 metros cuadrados, por lo que se refiere a la parcela ***********, y de 614.17 metros cuadrados por lo que hace a la parcela ***********, debiendo acreditar el pago efectuado en su oportunidad. e) En providencia de veinte de junio de la anualidad que transcurre, se requirió a la responsable para que cumpliera con dicha ejecutoria. f) Mediante oficio registrado en la oficialía de partes de este juzgado bajo el número 11855, la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Centro SCT Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en Guanajuato, capital, allegó copia de los recibos de catorce de octubre de la presente anualidad, en los que se hizo constar el pago realizado al solicitante del amparo por las cantidades de $351,200.00 (trescientos cincuenta y un mil doscientos 0/100 m.n.) y $269,400.00 (doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos m.n.), por concepto de indemnización por las superficies afectadas, en los que obra la firma de recibido de ***********; documentos con los que adujó cumplir con la sentencia amparadora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la citada autoridad efectuó lo siguiente: Pago al solicitante del amparo las cantidades de $351,200.00 (trescientos cincuenta y un mil doscientos 0/100 m.n.) y $269,400.00 (doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos m.n.), que resultaron de las rectificaciones a las mediciones solicitadas, esto es, 455.810 metros cuadrados, por lo que se refiere a la parcela ***********, y de 614.17 metros cuadrados por lo que hace a la parcela ***********, que fueron afectadas con motivo de la construcción de la carretera Celaya-Morelia, tramo Celaya-Salvatierra. En esas condiciones, el suscrito estima que el Director General del Centro SCT Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Atendiendo al punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de noviembre pasado, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, este tribunal sobreseyó en el juicio promovido ***********. b) Inconforme con la determinación anterior el quejoso interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil dieciocho ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional. c) Mediante resolución veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en el amparo en revisión civil número 214/2018, determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento para los efectos descritos en la parte final de esta ejecutoria." d) Una vez cumplido lo ordenado por la superioridad, mediante resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, este tribunal concedió el amparo y protección de la Justicia federal a ***********. La protección constitucional se otorgó para que el Director General del Centro SCT Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Le cubriera la indemnización correspondiente respecto de las fracciones de los inmuebles del quejoso que fueron afectados con motivo de la construcción de la carretera Celaya-Morelia, tramo Celaya-Salvatierra, que resultaron de las rectificaciones a las mediciones por él solicitadas, esto es, 455.810 metros cuadrados, por lo que se refiere a la parcela ***********, y de 614.17 metros cuadrados por lo que hace a la parcela ***********, debiendo acreditar el pago efectuado en su oportunidad. e) En providencia de veinte de junio de la anualidad que transcurre, se requirió a la responsable para que cumpliera con dicha ejecutoria. f) Mediante oficio registrado en la oficialía de partes de este juzgado bajo el número 11855, la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Centro SCT Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en Guanajuato, capital, allegó copia de los recibos de catorce de octubre de la presente anualidad, en los que se hizo constar el pago realizado al solicitante del amparo por las cantidades de $351,200.00 (trescientos cincuenta y un mil doscientos 0/100 m.n.) y $269,400.00 (doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos m.n.), por concepto de indemnización por las superficies afectadas, en los que obra la firma de recibido de ***********; documentos con los que adujó cumplir con la sentencia amparadora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la citada autoridad efectuó lo siguiente: Pago al solicitante del amparo las cantidades de $351,200.00 (trescientos cincuenta y un mil doscientos 0/100 m.n.) y $269,400.00 (doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos m.n.), que resultaron de las rectificaciones a las mediciones solicitadas, esto es, 455.810 metros cuadrados, por lo que se refiere a la parcela ***********, y de 614.17 metros cuadrados por lo que hace a la parcela ***********, que fueron afectadas con motivo de la construcción de la carretera Celaya-Morelia, tramo Celaya-Salvatierra. En esas condiciones, el suscrito estima que el Director General del Centro SCT Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Atendiendo al punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente agréguese a sus autos el oficio que remite la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Centro SCT Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto; lo anterior, en virtud de que el quince de los actuales se tuvo por recibido un oficio con el mismo contenido y se acordó lo conducente.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Centro SCT Guanajuato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la citada legislación, dése vista a la parte quejosa con las constancias de cuenta, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada. Por otra parte, respecto de la petición que realiza la autoridad oficiante en el sentido de que este órgano jurisdiccional ordene a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional (RAN), desincorporen, la superficie materia del pago, del régimen ejidal así como ordenar al Registro Agrario Nacional y Registro Público de la Propiedad Federal incorporar dicha superficie afectada a los bienes del dominio Público Federal, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Lo anterior, toda vez que ello no fue materia de la sentencia de amparo, aunado a que, atendiendo a la etapa procesal en la que se encuentra el presente asunto, en su momento únicamente se valorara si la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada y restituyo al quejoso en el goce del derecho violado; y siendo así se ordenara el archivo correspondiente de conformidad con el numeral 196, párrafo cuarto de la ley de la materia. No pasa inadvertido que la oficiante sustenta su solicitud en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN MATERIA AGRARIA. EFECTOS DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINA SU PROCEDENCIA, PERO SE ACREDITA QUE ES MATERIAL Y JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE CUMPLIRLA POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA."; sin embargo, de su análisis no se desprende que se imponga al juez de distrito que lleve a cabo las acciones que se piden.
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