Gregorio Negrete Borja
Expediente 957/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gregorio Negrete Borja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; toda vez que el veinticuatro de mayo del presente año, causo estado el proveído de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el cual sobreseyó el presente asunto.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de cuatro de mayo del año en curso, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que CAUSÓ ESTADO. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que no obra en autos constancia (acuse de recibo) relativa a la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio de la autoridad responsable foránea, con la cual computar el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, resulta innecesario atendiendo a que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que integran el juicio de nulidad 640/11-10-01-6 requeridas al Presidente de la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en virtud que el promovente del amparo omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Delegación Estatal en Guanajuato, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia simple del oficio DPSH/0724/2017 emitido a favor del aquí quejoso, así como la constancia de notificación del mismo. Ahora, de las referidas constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 (de idéntica redacción al numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil doce, así como la resolución de veinticuatro de abril de dos mil catorce en instancia de queja por defecto, emitidas por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con número de expediente 640/12-10-01-6. b. De acuerdo con las constancias que remitió el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Delegación Estatal en Guanajuato, se desprende que: Mediante oficio DPSH/0724/2017 de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la subdelegada de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio cumplimiento a la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil doce, y a la interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil catorce, el que fue notificado el mismo día. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable mediante oficio DPSH/0724/2017 de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, dio cumplimiento a la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil doce y a la interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil catorce, el que fue notificado el mismo día, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencial 2a./J. 205/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. En apoyo a la conclusión anterior, se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDEDECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se desprende que el Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dependiente de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, con residencia en la Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado ni obra en el expediente constancia (acuse de recibo) de que hubiera recibido el oficio mediante el cual se le solicitó; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.
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