Gregorio Gaytán Estrada
Expediente 759/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gregorio Gaytán Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de siete de septiembre del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que esté transcurriendo el término de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo para la autoridad Director de Seguridad Pública de Uriangato, Guanajuato, toda vez que de conformidad con artículo 87 de la legislación en consulta, resulta innecesario atendiendo a que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obre el tomo de prueba que anexó la Juez Penal de Partido, con residencia en Yuriria, Guanajuato, a su informe justificado, devuélvasele, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que por un lado se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente, agréguese en autos el oficio que remite el Juez Segundo Penal, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, toda vez que el siete de los actuales, se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio y anexo que remite el Juez Primero Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento de lo solicitado el veinticuatro de agosto pasado, remite copia certificada del auto de plazo constitucional dictado el veintitrés de ese mes, a favor del quejoso **********, dentro del exhorto 442/2017, derivado del oficio 1489/2017, emitido por la Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, dentro de la causa penal 79/2015 del índice de ese órgano jurisdiccional. Ahora, de las referidas constancias que remite el a quo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. La orden de aprehensión reclamada emana de la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil cinco, dictada por el extinto Juzgado Penal de Uriangato, Guanajuato, dentro del proceso penal 59/2005; radicado posteriormente en el Juzgado Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, bajo el número 79/2016. II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Primero Penal de Partido de Valle de Santiago, en auxilio de su homólogo Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, dictó la resolución de término constitucional en el exhorto 442/2017, derivado del oficio 1489/2017, emitido por la Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, dentro de la causa penal 79/2015 del índice de ese órgano jurisdiccional, en la que determinó decretar auto de libertad con las reservas de ley a favor de **********, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio simple, previsto por el artículo 138, en relación con el 13 del Código Penal del Estado de Guanajuato, vigente al momento de los hechos, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de **********, sin perjuicio de que, si procediere, el Ministerio Público perfeccione el ejercicio de la acción penal. III. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de plazo constitucional puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada para la celebración de la citada audiencia.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio y anexo que remite el Juez Primero Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento de lo solicitado el veinticuatro de agosto pasado, remite copia certificada del auto de plazo constitucional dictado el veintitrés de ese mes, a favor del quejoso **********, dentro del exhorto 442/2017, derivado del oficio 1489/2017, emitido por la Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, dentro de la causa penal 79/2015 del índice de ese órgano jurisdiccional. Ahora, de las referidas constancias que remite el a quo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. La orden de aprehensión reclamada emana de la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil cinco, dictada por el extinto Juzgado Penal de Uriangato, Guanajuato, dentro del proceso penal 59/2005; radicado posteriormente en el Juzgado Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, bajo el número 79/2016. II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Primero Penal de Partido de Valle de Santiago, en auxilio de su homólogo Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, dictó la resolución de término constitucional en el exhorto 442/2017, derivado del oficio 1489/2017, emitido por la Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, dentro de la causa penal 79/2015 del índice de ese órgano jurisdiccional, en la que determinó decretar auto de libertad con las reservas de ley a favor de **********, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio simple, previsto por el artículo 138, en relación con el 13 del Código Penal del Estado de Guanajuato, vigente al momento de los hechos, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de **********, sin perjuicio de que, si procediere, el Ministerio Público perfeccione el ejercicio de la acción penal. III. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de plazo constitucional puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada para la celebración de la citada audiencia.
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