Gregorio Ramírez Valdovinos

Expediente 536/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
536/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Gregorio Ramírez Valdovinos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de dos de junio pasado, en el que este tribunal sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSÓ EJECUTORIA. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Incidental

    ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR LA PARTE QUEJOSA...

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, específicamente el disco compacto que contiene documentos en formado PDF que remitió el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, sede Salvatierra, Base Cortazar, relativos a la causa penal 1P1016-50 de su estadística, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante proveído de veintidós de mayo del presente año, el juez aludido ordenó la cancelación de la audiencia de formulación de imputación a la cual había citado al ahora quejoso mediante auto de quince del mismo mes y año. En relación con lo expuesto en el párrafo precedente el suscrito estima que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, lo que conducirá a decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. A efecto de proveer lo conducente es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del numeral 62 de la ley de la materia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional federal se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos, de conformidad con el mencionado dispositivo 62 de la ley en cita, y en la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo esa tesitura, y como se dijo en la especie se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el cardinal 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado se hace consistir en el auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, por medio del cual el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, sede Salvatierra, Base Cortazar, citó al ahora quejoso a la audiencia de vinculación a proceso a llevar a cabo el veintitrés del citado mes y año, ello dentro de la causa penal 1P1016-50 seguida en su contra. A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste el procedimiento seguido en contra del ahora quejoso, en el cual en fecha quince mayo pasado, se le citó a la audiencia de formulación de imputación, dicha providencia -que constituye el acto reclamado- no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, habida cuenta que mediante proveído de veintidós de mayo de la presente anualidad, el juez responsable ordenó la cancelación de la audiencia de formulación de imputación a celebrarse el veintitrés del citado mes y año, a la cual había citado al ahora quejoso, ello dentro de la supra citada causa penal, lo anterior debido a la falta de disponibilidad de jueces para llevarla a cabo. Entonces, si en el auto de quince de mayo pasado, el juez responsable citó a ********** a la audiencia de formulación de imputación, en su calidad de imputado dentro de la causa penal 1P1016-50 y si como se vio, el veintidós del mismo mes y año, dicho juez ordenó la cancelación de la citada audiencia debido a la falta de disponibilidad de jueces para atenderla; es inconcuso, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra de la agraviada efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia, pues como quedó visto, la citación que se hizo en el auto de quince de mayo de la presente anualidad, reclamado por la parte quejosa, ya no puede tener efecto legal alguno en virtud de que se canceló la fecha ahí señalado para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, sede Salvatierra, Base Cortazar, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Se tiene a la citada responsable ofreciendo como prueba el disco compacto que contiene documentos en formato PDF de diversos autos emitidos dentro de la causa penal 1P1016-50 de su estadística; mismo que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial 1ª.7J.43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", se le reconoce valor probatorio pleno, al ser considerada como prueba documental pública.

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