Gregorio Aguila Cortes

Expediente 704/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
704/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Gregorio Aguila Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta signado por el quejoso Gregorio Águila Cortés; y, en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, autorizando para recibirlas, a las personas que refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Finalmente, hágase saber al ocursante, que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de junio de dos mil dieciséis (fojas 80 a 92), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Gregorio Águila Cortés, para el efecto de que el fiscal responsable realizara lo siguiente: "i) Deje insubsistente el oficio I-588 de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, dirigido al representante del corralón Servicios de Grúas Juanito "Depósito San Mateo Cuanalá". ii) Con plenitud de decisión emita uno nuevo, en el que subsane la irregularidad cometida por cuanto hace a la indebida fundamentación y motivación, debiendo notificar ese nuevo oficio de manera persona al quejoso." (foja 91). Sentencia de amparo que, el seis de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 110 a 112). Ahora bien, mediante oficio MPF/132/2016 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 197 a 203), la autoridad responsable, remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0000684/2016, en las cuales siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el oficio reclamado I-588 de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, dirigido al representante del corralón Servicio de Grúas Juanito "Depósito San Mateo Cuanalá"; así como el diverso I-1309/2016 de veintitrés de agosto del mismo año, con el cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 198). - Asimismo, mediante diverso oficio AMPF/133/2016 de seis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 216 a 219), dejó sin efectos el diverso oficio I-199/2016 de cuatro de julio del año en curso, con el cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y, reiteró el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, mediante oficio I-1337/2016 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, ordenó de manera fundada y motivada al representante del corralón Servicio de Grúas Juanito "Depósito San Mateo Cuanalá" la devolución del vehículo afecto al aquí quejoso (fojas 201 a 203). Resolución en la cual especificó los ordenamientos conforme a los cuales el aquí quejoso debe de pagar los derechos producidos por el resguardo del vehículo afecto, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales procede dicho pago y cómo ha de calcular. - Oficio I-1337/2016 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, que le fue notificado de manera personal al aquí quejoso (foja 201). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a sus autos el escrito de cuenta de Mauricio Pérez Hernández, autorizado en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Gregorio Águila Cortés, mediante el cual desahoga la vista del proveído de siete de septiembre de dos mil dieciséis, al referir que la autoridad responsable incurrió en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues si bien, estableció el fundamento que a su consideración resulta aplicable para la imposición de la carga económica para la liberación del vehículo afecto, el haber determinado la cantidad total de veinticuatro mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de depósito y arrastre del referido automotor, esto no fue determinado en la sentencia concesoria de amparo. Dichas manifestaciones son infundadas, pues primeramente ha de indicarse que el amparo concedido en el presente sumario constitucional fue concedido por violaciones de forma del acto reclamado (falta de fundamentación y motivación), más no por violaciones de fondo, por lo que al fiscal responsable se le otorgó plenitud de jurisdicción para emitir una nueva resolución en la que subsanara dicha irregularidad, la cual podría ser en el mismo sentido de la resolución combatida o en uno diverso; y, según se advierte de dicha determinación de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el fiscal responsable da cabal cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues se insiste que en la misma especifica los ordenamientos confirme a los cuales el aquí quejoso debe de pagar los derechos producidos por el resguardo del vehículo afecto, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales procede dicho pago y cómo ha de calcular. Y, en segundo lugar, ha de establecerse que en la sentencia de amparo también se le indicó al fiscal responsable que indicara cómo ha de calcularse el monto del pago que deberá efectuar el aquí quejoso por el resguardo del vehículo afecto, por lo que el representante social procedió a establecer los razonamientos lógico-jurídicos que consideró aplicables y estableció la cantidad total de veinticuatro mil pesos cero centavos moneda nacional, lo cual se ajusta a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; de ahí lo infundado de las alegaciones de la parte quejosa. Atento lo anterior, las manifestaciones que hace el ocursante no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 07 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio (con anexo) signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad Federal de Investigación y Litigación y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento al auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis, y con éste, a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta (y anexo), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio (con anexo) signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad Federal de Investigación y Litigación y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento al auto de dos de septiembre de dos mil dieciséis, y con éste, a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta (y anexo), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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