Gregorio Antonio Alcázar González
Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gregorio Antonio Alcázar González
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Depuración, destrucción y archivo. Devolución de documentos. Archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 03 DE FEBRERO DE 2022, QUE REZA: I. Parte quejosa desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito presentado por ------------------------------, a través del cual desahoga los requerimientos realizados en autos; por tanto se provee: II. Precisión de los actos reclamados. Del escrito inicial de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa reclama: -----------------------------------------La suspensión total temporal del establecimiento de trabajos y servicios dictada dentro del acta de verificación sanitaria del laboratorio clínico ubicado en ----------------------, así como las demás consecuencias derivadas de la misma. Esta ponderación se hace en forma integral con el escrito petitorio de amparo, en atención a las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro la identifica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." III. Se desecha demanda de amparo. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, pues debe estarse a las resultas del juicio administrativo. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, respecto de los actos reclamados en los incisos a) y b) se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;". Del citado precepto legal se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que una vez emitidos o ejecutados, sea materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, aun concediéndose la protección constitucional, por ser materialmente imposible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En otras palabras, los actos consumados son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Cabe precisar que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados se clasifican en actos consumados de modo reparable -los que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio de garantías- y actos consumados de modo irreparable -aquellos cuyas consecuencias físicas y materiales ya no pueden ser restituidas al estado en el que se encontraban antes de las violaciones reclamadas-. En ese orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto, por el sólo hecho de haberse realizado éste, es un acto consumado de modo irreparable, de ahí que lo que debe ponderarse es si es factible su restitución en otro tiempo y momento. De esta manera, es dable concluir que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a su reparabilidad física y material, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, pues el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Por su aplicación al caso, se cita la tesis que dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". Así como la diversa de tenor: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. El amparo contra ellos es improcedente y debe ser sobreseído". Bajo esa premisa, es conveniente precisar que del análisis a las constancias allegadas por el quejoso en copia certificada, así como de las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en los escritos de demanda y aclaratorios se advierte que la orden de visita de verificación sanitaria de tipo ordinaria número 21-AL-1107-08026-LN, ya fue cumplida mediante diligencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, por parte de los verificadores sanitarios adscritos a la Jurisdicción Sanitaria VII de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. En ese contexto, al haberse cumplimentado el objetivo de la orden de visita reclamada [acto precisado inciso a)] a través de la respectiva diligencia de inspección de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, la cual consta en el acta de verificación reclamada [acto precisado inciso b)], es claro que en la especie se está ante la presencia de actos consumados de manera irreparable; así, en el supuesto de que se concediera el amparo no habría posibilidad material de que se repararan los efectos de dichos actos, en lo referente a la molestia que en su caso, pudiesen haber generado a la parte impetrante, pues la emisión de la orden de visita de verificación sanitaria 21-AL-1107-08026-LN, y el acta de verificación sanitaria de tipo ordinaria número 21-AL-1107-08026-LN, ya tuvieron verificativo, e inclusive el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que la instalación de sellos y la suspensión temporal de actividades o servicios del establecimiento que defiende esta vía constitucional ya fueron retirados, y éste se encuentra laborando a la normalidad. Se afirma lo anterior, porque es jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho individual que aduce fue violado, como lo ordena el artículo 77 de la Ley de Amparo, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la realización de los actos de molestia. En consecuencia, en modo alguno podría retrotraerse las cosas y el tiempo antes de la posible violación de derechos fundamentales, para resarcir a la parte solicitante del amparo en el goce de los mismos; por tanto, respecto de los actos reclamados señalados en los inciso a) y b), queda plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo narrado, la tesis que a la letra reza: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación". Tocante, al último acto reclamado precisado en el inciso c), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". De tal precepto, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; al respecto, existen dos hipótesis para su configuración: por revocación y por sustitución procesal. En lo que interesa, ésta última hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo la clausura con motivo de las disposiciones de verificación sanitaria. En el caso concreto, se advierte de la propia manifestación de la parte quejosa que el diverso acto reclamado en el inciso c) consistente en la suspensión total temporal del establecimiento de trabajos y servicios dictada dentro del acta de verificación sanitaria de laboratorios clínicos derivada de la ilegal la orden de verificación sanitaria de tipo ordinaria número 21-AL-1107-08026-LN, fue sustituida procesalmente por la respuesta dada el siete de enero de dos mil veintidós, mediante oficio de dictamen 21-AL-1107-08026-In (sic) oficio número 5005-05 y retiro de sellos 21-AL-1107-08026-In (sic) oficio número 5005-04, informados a la parte quejosa mediante acta de verificación sanitaria número 22-AL-1100-00002-LR de la misma data, al escrito presentado por la parte impetrante el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria número VII. De ahí que, al haberse levantado la suspensión temporal de los trabajos y servicios del establecimiento que el quejoso defiende en esta vía, se infiere que éste se encuentra laborando a la normalidad, como así lo manifestó el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, en el escrito aclaratorio con número de control interno 1310. Circunstancia que, además, se corrobora con la documental exhibida por la parte quejosa, a través del diverso escrito aclaratorio con número de control interno 864. Sin que obste el hecho de que el quejoso haya solicitado la suspensión para el efecto de que no se dicte resolución en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, el cual tuvo como origen los actos que aquí se combaten; sin embargo, aun y cuando el impetrante lo hubiere señalado como acto reclamado destacado, verídico es que la prosecución del procedimiento respectivo no es suspendible por ser de orden público; amén de que, se reitera, ello no constituye un acto reclamado en el presente sumario constitucional. Sin que ello haga nugatorio el acceso a la justicia de la parte quejosa, pues en todo caso, una vez que se dicte la resolución correspondiente en aquél procedimiento podrá combatirlo a través de los medios de impugnación o vías que estime conveniente. Por lo que, debe estimarse que el acto reclamado precisado en el inciso c), relativo a la suspensión total temporal de trabajos y servicios del establecimiento que se defiende en esta vía, dictada dentro del acta de verificación sanitaria 21-AL-1107-08026-LN, cesó en sus efectos, toda vez que el propio quejoso manifestó que dicha suspensión fue levantada el siete de enero de dos mil veintidós y que, inclusive, ya se encuentra laborando a la normalidad. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese sentido, respecto del acto reclamado señalado en el inciso c), se considera que se actualizan la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Lo reseñado a lo largo del presente proveído hace advertir la notoria, manifiesta e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo. IV. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que debido a la contingencia por el virus COVID-19 y al incremento de contagios que se han presentado con el personal adscrito a este órgano jurisdiccional, el presente proveído se encuentra visible únicamente en versión electrónica, por lo que éste y la promoción de la que deriva, serán glosados al expediente físico una vez que así lo permitan las condiciones de este órgano.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 25 DE ENERO DE 2022, QUE REZA: I. Parte quejosa cumple parcialmente requerimiento. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, mediante el cual, cumple parcialmente con el requerimiento formulado en proveído de once de enero del año en curso; en tal virtud, se provee: II. Se requiere nuevamente a la parte quejosa. No obstante lo anterior, del escrito de cuenta se advierte que la quejosa no cumple cabalmente con los requerimientos formulados en el citado proveído, toda vez que si bien anexó las seis copias requeridas y pretende narrar los antecedentes del acto reclamado, lo anterior resultan incompletos; en consecuencia, requiérase nuevamente a la quejosa para que por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda, cumpla con lo siguiente: Precise bajo protesta de decir verdad si a la fecha continua la suspensión de actividades y/o ya se realizó el levantamiento de sellos de suspensión de trabajos, esto es si a la fecha se encuentra laborando con normalidad y/o continúa la suspensión; asimismo, en caso de que ya se hubieran levantado los sellos materia de la suspensión, especifique los efectos para los cuales solicita la concesión de la medida suspensional. Lo anterior, ante lo manifestado en su escrito aclaratorio en el sentido de que el siete de enero de dos mil veintidós en respuesta a su escrito de treinta de diciembre de dos mil veintiuno se le hizo de su conocimiento el levantamiento de la suspensión de actividades y/o servicios total temporal del establecimiento. Luego, en virtud de que la parte quejosa fue notificada del auto de requerimiento el diecisiete de enero pasado, surtiéndole efectos dicha notificación al día siguiente hábil (dieciocho de enero), de tal suerte que el término concedido empezó a computarse el diecinueve de enero actual, en virtud de que el veintiuno de enero del año en curso, presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el escrito de cuenta, con el que cumple parcialmente con los citados requerimientos; por tanto, indíquesele que cuenta con dos días para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará el día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Como se señaló, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUÉL TÉRMINO." Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Hágasele saber a la parte peticionaria del amparo que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de once de enero del año en curso, en caso de incumplimiento.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 11 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: León, Guanajuato, a once de enero de dos mil veintidós. I. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 15/2022-V. II. Parte quejosa. Gregorio Antonio Alcázar González. III. Autoridad responsable. Coordinación de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 7, de La Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato y otra autoridad. IV. Prevención a parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracción I, así como 108, fracción V y 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: Relate bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, esto es, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto impugnado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente. Debiendo incluir aquellos relativos a la presentación del aviso de funcionamiento, de responsables sanitarios y de modificación o baja, esto es, si la orden de visita de verificación sanitaria de que se duele, es consecuencia de la solicitud que presentó el diez de diciembre de dos mil veintiuno; así como, si a la fecha ya le fue contestado el escrito que presentó el treinta de diciembre pasado en respuesta al acta de verificación efectuada el veintiocho de diciembre del mismo año; así como, si se inició un procedimiento administrativo con motivo de la inspección realizada, en su caso el estado procesal en que se encuentra, y si ha interpuesto algún recurso en contra de los actos reclamados. En el entendido de que dicha protesta deberá realizarla únicamente el directo quejoso, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquella, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Para lo anterior, es aplicable la tesis I.7o.A.100 K visible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS.- Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Proporcione seis tantos de los documentos anexos a la demanda de amparo, a fin de estar en aptitud de correr traslado a las partes, esto en razón de que los proporcionados en las copias de traslado, se encuentran incompletos, ya que no contienen las certificaciones notariales ni la constancia de situación fiscal. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace saber al promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en la demanda de amparo; así como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, en virtud de que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a la parte quejosa. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos Generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el siete de enero de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 20/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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