Gregoria Romero González
Expediente 747/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gregoria Romero González
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "causa estado determinación que desecho demanda de amparo. Se deja a disposición de la parte quejosa documento."
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito signado por quejoso, mediante el cual expresa su deseo de desistir del juicio constitucional en que se actúa, solicitando la devolución del contrato de compraventa que acompañó a su escrito de demanda. Respecto a la manifestación relativa al deseo de desistir del presente juicio que expresa la parte quejosa, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que mediante acuerdo de dieciocho de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia, por lo que a nada práctico llevaría ordenar su ratificación y posteriormente dictar el acuerdo en consecuencia, dado que con el auto desechamiento se concluyó el asunto que nos ocupa. Tocante a la solicitud de devolución del contrato de compraventa que anexó a su líbelo constitucional, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, no ha adquirido firmeza procesal, por lo que deberá esperar a que ocurra para estar en aptitud de solicitar la devolución del mismo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato; dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. I. Formación del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 747/2019-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Quejosa. Gregoria Romero González. III. Autoridad responsable. Juzgado Único de Partido en San Felipe, Guanajuato y otra autoridad. IV. Actos reclamados. Vista la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden y/o pretensión de cumplimentar el remate y/o adjudicación y/o entrega del bien inmueble de su propiedad ubicado en el predio rústico denominado lote diez de la Cruz, Municipio de Ocampo, Guanajuato. V. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, en virtud a que la acción constitucional resulta extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las porciones legales antes transcritas, se evidencia que la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora bien, la promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, afirmó que conoció el acto reclamado el trece de julio de dos mil diecinueve. Para justificar lo anterior, véase el escrito de demanda en la parte que dice: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS HECHOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN SON CIERTOS. El día 13 de julio del presente año, me presenté en el inmueble de mi propiedad. .y unas personas vecinas sin recordar su nombre me dijeron que el inmueble anteriormente mencionado ya no era de mi propiedad, que ya era de otras personas sin saber quiénes eran, que estaba siendo ADJUDICADO, pero dicho inmueble yo lo adquirí el día 14 de FEBRERO del 2008." Manifestaciones, que constituyen el reconocimiento o confesión de la accionante de haber tenido conocimiento del acto reclamado, desde la data que refirió, a las cuales se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)"; y de las cuales se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que, como ya se dijo, la impetrante del amparo, bajo protesta de decir verdad, afirmó que el trece de julio de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento de los actos que ahora impugna y, por tanto, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, para haber promovido la demanda de amparo en contra del referido acto reclamado, feneció el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, tal y como se advierte a continuación: Fecha en la que tuvo conocimiento la quejosa. Cómputo del plazo de quince días: Fecha de la presentación de la demanda de amparo: Días inhábiles: 13 de julio de 2018. 15 de julio al 19 de agosto de 2018. 17 de septiembre de 2019. 16 al 30 de julio del año en curso (periodo vacacional de la autoridad responsable), y 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de agosto de dos mil diecinueve, por ser sábados y domingos. Lo anterior se estima de esa manera, porque en la especie basta el solo reconocimiento de la promovente de que tuvo conocimiento del acto en cuestión en esa fecha, independientemente del medio, para considerarla como punto de partida para el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, hasta el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, entonces es innegable que en el caso particular, su presentación se verificó en forma extemporánea, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes transcrito, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo debido a que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la quejosa, al no haber promovido el amparo dentro del término a que alude el citado numeral 17 de la legislación en cita. Se invoca sobre el tema, el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, Materia Común, página 105, volumen 217-228, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de consulta rápida en el ius o registro electrónico número 239,520 que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Gregoria Romero González. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." VI. No se resguarda documental en la caja de seguridad. Tocante a la petición de la quejosa en el sentido de que el contrato de compraventa que exhibe en la demanda de amparo sea guardado en el secreto de este Juzgado, no ha lugar a ordenar dicho resguardo, toda vez que el mismo no constituye un documento que contenga valor económico o pecuniario que amerite su guarda en ese lugar. VII. Domicilio. La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito; sin embargo, ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la que es supletoria contemplan como domicilio los mismos; en consecuencia, se tiene que incumplió con lo ordenado por el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la legislación en cita, esta y las subsecuentes notificaciones hágansele por medio de lista hasta en tanto subsane dicha omisión. VIII. Autorizados. Con base en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a Juan José Sánchez Jiménez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, como autorizados en términos restringidos del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Óscar Ismael Muñoz de la Tejera y a Reina Marcela Torres Sánchez por no contar con dicho registro. IX. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe."
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