Gregoria Romero González

Expediente 620/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
620/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Gregoria Romero González

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 620/2021-V, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de once de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 620/2021-V, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, once de agosto de dos mil veintiuno. I. Quejosa. Gregoria Romero González. II. Autoridad responsable. Juzgado Único de Partido, en San Felipe, Guanajuato y otras autoridades. III. Registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 620/2021-V. IV. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en el caso se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, en virtud a que la acción constitucional resulta extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto de los citados artículos de la Ley de Amparo; mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de amparo dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así es, el último de los preceptos legales invocados evidencia que la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Con las anteriores premisas, es conveniente destacar que en el juicio que nos ocupa la promovente señaló como acto reclamado el siguiente: "El ordenar y/o en su caso el pretender cumplimentar la ilegal REMATE y/o adjudicación, y/o entrega sobre los bienes inmuebles de mi propiedad, los cuales están ubicados en un predio rústico denominado lote 10 diez de la Cruz, Municipio de Ocampo, Gto." Posteriormente, en el capítulo número cinco denominado "HECHOS O ABSTENCIONES QUE ME CONSTAN Y QUE CONSTITUYEN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTOS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.", manifestó bajo protesta de decir verdad que: "(.)El día 28 de julio del presente año, me presenté en los inmuebles de mi propiedad, los cuales están ubicados en un predio rústico denominado lote 10 diez de la Cruz, Municipio de Ocampo, Gto.,, y unas personas vecinas sin recordar su nombre me dijeron que el inmueble anteriormente mencionado ya no era de mi propiedad, que ya era de. otras personas sin saber quiénes eran, que estaba siendo rematado, pero dicho inmueble yo lo adquirí el día 14 DE FEBRERO DEL 2008, como lo demuestro con copias de la sentencia en la cual se me otorga la escrituración del mencionado inmueble la cual hago acompañar al presente escrito, y que desde este momento solicito sea guardado en secreto de este H. Juzgado, y es por lo que acudo ante la protección de la Justicia Federal, por medio del presente escrito por el temor de perder la propiedad del bien inmueble, es por lo que acudo ante este H. Tribunal, para afrontar la situación jurídica por la cual ha estado siendo requerido el bien inmueble de mi propiedad, ya que hasta este momento no he cometido ningún ilícito. (.)" (sic) Lo resaltado es propio. Asimismo, señaló como autoridades responsables: Sin embargo, de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) revela como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código federal de Procedimientos Civiles, la existencia de los juicios de amparo 747/2019 y 755/2019 ambos del índice de este Juzgado, los cuales también fueron promovidos por Gregoria Romero González, reclamando los mismos actos, esencialmente a las mismas autoridades responsables, pero con diversas fechas de conocimiento de estos, los cuales se transcriben para una mayor ilustración: Juicio de amparo 747/2019 Juicio de amparo 755/2019 Obténgase copia certificada de las demandas de amparo 747/2019 y 755/2019, y glósense al presente expediente para que obren como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." De lo anterior, se advierte que la quejosa en las demandas de amparo señaló los mismos actos reclamados, esencialmente de las mismas autoridades responsables Juzgado Único de Partido en San Felipe, Guanajuato y/o Juez Único Menor Mixto de Ocampo, Guanajuato; añadiendo en la demanda que nos ocupa al Juzgado de Oralidad en Materia Penal de San Felipe; Agencia del Ministerio Publico de Ocampo y Agencia del Ministerio Publico de San Felipe, todas del estado de Guanajuato, relatando los mismos antecedentes, variando la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, por lo que es evidente que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que ahora pretende reclamar desde el trece de julio de dos mil diecinueve, (fecha que bajo protesta de decir verdad, señaló en la demanda de amparo 747/2021 del índice de este juzgado) y no el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, como manifiesta en la demanda que ahora nos ocupa; y por lo tanto, se pone de manifestó que la parte quejosa se condujo con falsedad en la demanda de amparo que se analiza. No se desatiende que en la demanda que nos ocupa, no precisó las medidas y colindancias del bien inmueble que acude a defender; sin embargo, del anexo que presentó se advierte su identidad. En tales condiciones, queda de manifiesto que la quejosa, tuvo conocimiento del acto reclamado desde el trece de julio de dos mil diecinueve; por tanto, se concluye que presentó su demanda de amparo fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo; tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el seis de agosto de dos mil veintiuno, lo que se aprecia del sello que obra en la parte superior de la primera foja de la misma; por tanto, debe decirse que por una simple operación aritmética, a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron en exceso los quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia; de ahí que sea incuestionable que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de la Materia. Ello es así, porque del artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el cómputo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo, empezará a contar desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a los quejosos de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, porque de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la promoción del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Igualmente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". Es aplicable la Jurisprudencia XXI.2o.P.A.J/32, de Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 165582, de título: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)"; asimismo, la jurisprudencia VI.2o J/21, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 204707 de rótulo: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE". En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113 de la Ley propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." V. No se resguarda documental en la caja de seguridad. Tocante a la petición de la quejosa en el sentido de que la documental que exhibe sea guardada en el secreto de este Juzgado, no ha lugar a ordenar dicho resguardo, toda vez que el mismo no constituye un documento que contenga valor económico o pecuniario que amerite su guarda en ese lugar. VI. Domicilio y autorizados. En virtud de que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, sin embargo, ningún precepto de la Ley de Amparo ni de la que es supletoria contemplan como domicilio esa hipótesis, se deduce que el peticionario no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado en forma supletoria; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia, ésta y las subsecuentes notificaciones háganse por lista de acuerdos en tanto subsane dicha omisión. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan José Sánchez Jiménez, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos, de dicho numeral a Reina Marcela Torres Sánchez, por así haberlo solicitado. VII. Exhortación. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el nueve de agosto de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada Martha Paola Castro López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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