Gregorio Alvarado Gutiérrez

Expediente 527/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
527/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • Gregorio Alvarado Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 06/08/2021 , EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; veinte de julio de dos mil veintiuno. I. Quejoso ratifica firma de escrito aclaratorio. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la diligencia que antecede de la que se advierte que el quejoso Gregorio Alvarado Gutiérrez, reconoció como suyas las firmas asentadas en la demanda de amparo con la que se formó el juicio de amparo en que se actúa, así como la asentada en la diligencia de cuatro de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo en el expediente 361/2020-U, en tal virtud, se provee: II. Desahogo de prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por Gregorio Alvarado Gutiérrez, mediante el cual cumple los requerimientos que se le formularon en acuerdo de uno de julio del año en curso, en atención a ello, se acuerda: III. Quejoso. Gregorio Alvarado Gutiérrez. IV. Autoridades responsables. Dirección General de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato y otras autoridades. V. Fijación de la litis. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, ocurso aclaratorio, y anexos que se acompañaron a los mismos, se advierte que el quejoso reclama medularmente lo siguiente: a. La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento administrativo de inspección 361/2020-U, en la que se le impuso una sanción pecuniaria, la recolocación de sellos al inmueble ubicado en calle Fray Daniel Mireles, número 2225, colonia Jardines de Oriente, de esta ciudad, la clausura total temporal del inmueble al que se le da uso de taller de mecánica en general (taller de mantenimiento preventivo), ubicado en calle Fray Daniel Mireles, números 2225, 2227, 2229 y 2231, colonia Jardines de Oriente, de esta ciudad, la clausura total temporal del inmueble al que se le da uso de taller de mecánica en general (taller de mantenimiento preventivo), ubicado en calle Fray Daniel Mireles, números 2223, 2221, 2219 y 2217, colonia Jardines de Oriente, de esta ciudad. b. La ejecución del acuerdo y clausura que se realizó en los inmuebles ubicados en calle Fray Daniel Mireles, números 2223, 2221, 2219 y 2217, colonia Jardines de Oriente de esta ciudad, de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, derivado de la ejecución de la resolución dictada en el procedimiento administrativo de inspección 361/2020-U. c. La inminente orden de privación definitiva de sus derechos de propiedad y posesión sobre los bienes inmuebles ubicados en calle Fray Daniel Mireles, números 2223, 22221, 2219 y 2217, colonia Jardines de Oriente, de esta ciudad. d. Las consecuencias que origine la ejecución sobre los bienes inmuebles de referencia dentro el procedimiento administrativo de inspección 361/2020-U. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." VI. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. Este juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no agotó el recurso ordinario de defensa en sede administrativa para combatir los actos impugnados. Para demostrar tal aserto, es pertinente destacar que el precepto normativo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". El artículo preinserto prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Por tanto, conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, es necesario que: a) el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) que éste deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; d) que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; y que d) para conceder la suspensión definitiva no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, registro 193142, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En la especie, los actos reclamados en la presente instancia constitucional son susceptibles de ser impugnados a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el proceso administrativo, tal y como lo aseveró la propia autoridad responsable en el resolutivo sexto de la resolución que constituye el acto reclamado, dictada el treinta y uno de mayo del año en curso. Se afirma lo anterior, porque en el caso, los actos reclamados son susceptibles de impugnarse en la vía ordinaria (proceso administrativo), pues los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén la posibilidad de que se suspendan los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos de los que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen: "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo." "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida." "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo." "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias." "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero." "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano." "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible." "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano." "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla lo siguiente: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes. Por su parte, los artículos 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos reclamados, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. [.] Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. [.] Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De ahí que sean menores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Tomo II, Abril de 2015, registro 2008891, Décima Época, de rubro: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió impugnar los actos reclamados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Al respecto, se invoca el criterio establecido en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.". Entonces, al ser manifiesto que contra los actos que reclamó el promovente del amparo procede el proceso administrativo, dado que el artículo 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece la procedencia de dicho medio ordinario de defensa contra los actos aquí reclamados, el quejoso debió agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige a este último; por tanto, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones, no se puede hacer interpretación alguna que vaya en contra de lo establecido al respecto por ella. Por tanto, se afirma que el impetrante, previo a promover el juicio de amparo, debió hacer valer el proceso administrativo en los términos indicados, así como agotar el mismo, pues a través de dicho medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados. Por otra parte, se estima que en el presente asunto también se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XIII, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)." De la disposición transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el gobernado, en ejercicio de su libre sentido volitivo, manifiesta su conformidad con el acto reclamado, ya sea de manera expresa, literal o directa, o bien, por manifestaciones que no dejen lugar a duda respecto a dicho consentimiento. Sobre tal tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia firme de observancia obligatoria, que quien puede promover el juicio de amparo se encuentra también en condiciones de desistir de él y, en ese sentido, el desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, es el sobreseimiento en el juicio, lo que deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. A su vez, se han erigido criterios relativos a que dicho consentimiento se puede discernir de las propias manifestaciones que realiza el gobernado que hagan evidente su conformidad con el acto que impugna. Así, en atención a lo anterior, se estima que el quejoso consintió los actos reclamados, pues en contra de la determinación impugnada ante esta instancia constitucional interpuso recurso de inconformidad, como lo asevera el propio impetrante en su ocurso aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, el cual es el segundo de los medios de defensa idóneos para dejar sin efectos la misma, tal como lo indicó la propia autoridad responsable en el resolutivo sexto de la resolución que constituye el acto reclamado, dictada el treinta y uno de mayo del año en curso, y de conformidad además con lo establecido en los artículos 226 y 227 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; empero, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se desistió de dicho medio ordinario de defensa. Por tanto, dicho actuar por si solo evidencia la voluntad del quejoso de conformarse con el acto reclamado, pues el desistimiento de la acción intentada contra un acto de autoridad, deja a ésta en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido establecido en dicho acto y, por ende, supone el consentimiento expreso del gobernado con dicho actuar. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 3/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, visible en la página 22, Novena Época, de rubro y texto: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados". Así como también la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 4 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, visible en la página 1282, Novena Época, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO RELATIVO CONLLEVA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, QUE HACE IMPROCEDENTE UNO POSTERIOR EN SU CONTRA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Así, al aludir dicho precepto textualmente a actos, pudiera dar lugar a entender que no es aplicable respecto de leyes; no obstante lo anterior, un acto, definido como toda acción humana que influye de algún modo en una relación jurídica, emitido o dictado por alguno de los órganos del gobierno del Estado, se identifica como formal o materialmente legislativo, ejecutivo o judicial, tomando como base sus características o cualidades o el órgano del cual proviene. De esta forma, una ley, como acción concreta del legislador que de manera general, abstracta y obligatoria influye en las relaciones jurídicas Estado-gobernados, es un acto tanto formal como materialmente legislativo, por lo que la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento expreso contenida en el citado artículo, también opera respecto de aquélla. Esto último se sostiene, además, en el hecho de que la voluntad del legislador federal plasmada en la disposición legal, no fue en realidad limitar la procedencia del juicio de garantías en lo concerniente a actos consentidos expresamente, en oposición a leyes consentidas expresamente, sino que su finalidad fue crear un supuesto de improcedencia del juicio, derivado de la conducta expresa del quejoso y no del acto concreto de autoridad, fuera ley o acto de aplicación, stricto sensu, pues ningún caso tendría sustanciar o continuar con esa tramitación cuando el quejoso se sometió libremente a él y a todos sus efectos. Por ende, el desistimiento de la demanda en el juicio de amparo contra leyes conlleva el consentimiento expreso de la norma general impugnada, que hace improcedente uno posterior en su contra, acorde con el invocado artículo 73, fracción XI, en la medida en que como cualquier otro acto, como por ejemplo una sentencia judicial impugnable en amparo directo, muestra que en el quejoso ya no existe una voluntad contraria a ella, de suerte que permite que lo siga afectando o que lo afecte con todas sus consecuencias, al retirar expresamente su acción de amparo". Y por igualdad jurídica, se cita la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCV, visible en la página 977, Quinta Época, que establece. "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN ANTE LAS JUNTAS, CONSENTIMIENTO TÁCITO DE LA DECLARACIÓN DEL. El artículo 479 de la Ley Federal del Trabajo, concede facultades a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que, de oficio, una vez transcurrido el término de tres meses, tengan por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en ese plazo, siempre que sea necesaria para la continuación del procedimiento, y si en la especie, la responsable no hizo uso de esa facultad y la quejosa tampoco procuró que se dictara la resolución correspondiente, dando así lugar para que la actora en el conflicto promoviera la continuación de la secuela del mismo, y que la Junta de que se trata, decreta esa continuación, sin aplicar la sanción que contiene el invocado artículo 479, es ostensible que, al no haber recurrido la demandada en el conflicto, quejosa en el juicio de garantías, el acuerdo que concedió a las partes en el conflicto, un término para alegar, se conformó tácitamente con el mismo resultado, por tanto, que ese acuerdo legal o ilegal, reanudó la secuela procesal, y como la resolución que se reclama tiene origen en aquel acuerdo consentido tácitamente por el quejoso, tal resolución es un acto derivado de otro que debe reputarse como consentido, y, por lo mismo, debió decretarse el sobreseimiento, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73, fracción VIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia establecida por esta Suprema Corte, en el sentido de que el amparo es improcedente, cuando se endereza contra actos que son una consecuencia de otros que la propia Ley de Amparo reputa como consentidos. No obsta a lo anterior, las alegaciones que hacen por el recurrente, relativas a que era improcedente decretar el sobreseimiento, porque la resolución reclamada, para desechar la promoción del quejoso, no se basó en que se tratara de un acto consentido, sino en una causa distinta, pues de todas maneras, apareciendo de las constancias procesales remitidas que, efectivamente, se reclama un acto que debe reputarse como consentido, según antes se vio, en cumplimiento de los textos legales citado, se imponía, como se hizo, decretar el sobreseimiento". Por tanto, el desistimiento del quejoso del medio ordinario de defensa intentado, es suficiente para estimar que consintió el acto de autoridad reclamado, de lo que se colige que tenía conocimiento de que dicho desistimiento le podía llegar a ocasionar perjuicio, evidentemente, por quedar firme la resolución impugnada y, aun así, aceptó y asumió las consecuencias, desistiéndose del medio ordinario de defensa intentado. Lo anterior, pone en evidencia que el impetrante consintió el acto reclamado, pues al desistirse de la impugnación que de forma primigenia había efectuado, tenía conocimiento que ello le ocasionaba perjuicio, lo que equivale a una manifestación de voluntad que entraña ese consentimiento. Al caso se cita, por identidad de razón, la tesis XIX.2o.6 K, del Segundo Tribunal Colegiado Del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, visible en la página 625, Novena Época, que dice. "SOBRESEIMIENTO POR MANIFESTACIONES DE LA VOLUNTAD QUE ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; así pues, si de las constancias de autos se advierte que el tercero perjudicado manifestó ante la responsable que le fueron cubiertas por el patrón las prestaciones reclamadas, y con tal circunstancia se le corrió traslado al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera y una vez pasado el término de la vista, expresó que no tenía interés en continuar con la tramitación del juicio de garantías, tal expresión es una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, en los términos previstos en el dispositivo legal invocado, lo que motiva el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 74, de la ley de la materia". En razón de lo antes expuesto deviene innegable que en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XIII, de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada legislación, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/23, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, intitulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por este juzgado Federal y, en el caso, las examinadas son procedentes de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.10/2014(10a.), consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14K (10a.), consultable en la página 1641, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, de título: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. " Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/921/2021, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa ante la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; uno de julio de dos mil veintiuno. I. Quejoso. Gregorio Alvarado Gutiérrez. II. Autoridad responsable. Dirección General de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato y otras. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 527/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención a quejoso. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I y II, así como 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin formular ni presentar una nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: a. Relate bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, esto es, realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos impugnados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, para lo cual deberá limitarse a enunciar únicamente la totalidad de actuaciones de las que deriva el acto reclamado (procedimiento administrativo de inspección 0361/2020-U), omitiendo realizar transcripciones innecesarias a fin de que sea factible dilucidar sólo las actuaciones que se han verificado en el juicio de origen. Lo anterior, en virtud que de las manifestaciones que vierte en su libelo constitucional resultan insuficientes para tal efecto, pues no es posible dilucidar la totalidad de actuaciones verificadas en el mismo, así como en la etapa de ejecución de sentencia. b. Precise, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que le fue notificada la resolución de treinta y uno de mayo de la presente anualidad que combate; y, exhiba copia simple de la notificación de mérito. Lo requerido, toda vez que en la demanda señala que fue notificado de dicha determinación el cuatro de junio del año en curso, empero en el acta de ejecución que acompaña al ocurso que se provee se inadvierte dicha circunstancia; a lo que se suma que a la postre, en específico en el apartado tercero del capítulo de antecedentes, indica que dicha resolución le fue notificada el cuatro de enero de la anualidad que transcurre, lo cual resulta jurídicamente imposible y contradictorio. c. Señale, bajo protesta de decir verdad, si contra la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno que tilda de inconstitucional, interpuso el recurso de inconformidad o promovió el proceso contencioso administrativo, tal y como se le indicó en el resolutivo sexto de dicha determinación. d. Aclare por qué solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se realicen diligencias en el bien inmueble ubicado en calle Reina de los Patriarcas, número ciento veintiuno (121), del Fraccionamiento Arboledas de la Luz, en esta ciudad. Lo anterior, porque del contexto de la demanda y de los anexos que se acompañaron a la misma, se inadvierte que dicho bien raíz guarde relación con los inmuebles que por esta vía defiende. e. Comparezca, ante la presencia judicial debidamente identificado para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si el ocurso con el que se da cuenta fue suscrito de su puño y letra, y de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de la firma calzada en la demanda y la diligencia de ejecución de cuatro de junio de dos mil veintiuno que acompaña a la misma son distintos entre sí. En el entendido que de reconocer como suyos los grafismos que obran en el escrito de demanda y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se podrá ordenar de oficio la prueba pericial respectiva para verificar su autenticidad, con las consecuencias que ello acarreé. Apercíbase a la parte quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir al promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el quejoso, pues, como se precisó, diverge notoriamente con los rasgos plasmados en la diligencia de ejecución. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que el quejoso llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquel podría hacerse acreedor a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que se si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por el directo quejoso, se dará vista al Agente Ministerio Público de la adscripción para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o delitos que resulten. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, publicada el viernes nueve de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES.". Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que para la referida ratificación, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y atendiendo a los días que tiene para desahogar el requerimiento. En el entendido que la narración de antecedentes y la protesta peticionada la realizará el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Novena sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV; julio de 2006; página: 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página 32, de epígrafe: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el domicilio físico que indica en su demanda de amparo, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 y el correlativo numeral 24, ambos de la Ley de Amparo, a Diego Armando Hernández Rocha y Carlos Yamil Maldonado Figueroa, las personas que menciona, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de la parte final del citado numeral a Denisse Liszuli González Valencia, por así haberlo precisado. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintinueve de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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