Gilberto Gomez Jimenez
Expediente 1046/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gilberto Gomez Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, pues transcurrió del diecinueve de febrero al cuatro de marzo del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que no obran documentos originales dentro del presente sumario. Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1046/2018, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, once de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra del auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por último, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto seis de febrero de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se aprecia del informe justificado rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social, Número 17, con residencia en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, adjuntó el oficio 26158 signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por el cual le solicitó al Tribunal de Juicio Oral de la Región de Uruapan, Michoacán, para que dentro del término de veinticuatro horas informara si calificó el traslado efectuado al aquí quejoso Gilberto Gómez Jiménez, dentro de la causa penal 2/2016, sin que obre en autos dicha determinación. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Juicio Oral de la Región de Uruapan, Michoacán para que dentro del término de tres días, computado legalmente, informe si calificación la orden de traslado de aquí quejoso Gilberto Gómez Jiménez efectuada dentro de la causa penal 2/2016 y al efecto remita copia certificada de la misma y de no haberlo hecho dentro del término de cuarenta y ocho horas realice el pronunciamiento respectivo y remita copias certificadas legibles de dicha calificación. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Tienen aplicación a lo anterior la tesis I.5º.P.63 P (10a) emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 2261, libro 53, abril de 2018, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE SU LEGALIDAD EN EL IMPRORROGABLE TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS. El artículo citado establece que en los supuestos de excepción, la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificarle al Juez dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; luego, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En ese sentido, si se toma en cuenta que la institución penitenciaria se encuentra constreñida a exponer las circunstancias especiales y causas inmediatas por las cuales consideró acreditado el supuesto de excepción, es inconcuso que el Juez competente se encuentra legalmente obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la orden de traslado en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, con base en las consideraciones expuestas por la autoridad penitenciaria y, en su caso, con las constancias que para tal efecto acompañe a la solicitud respectiva". Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con veinte minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual remite el informe justificado del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos que expone. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogada la documental que remite la autoridad responsable en cita, por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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