Gilberto Rubio Olivares

Expediente 715/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
715/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Gilberto Rubio Olivares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 16 de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 16 de octubre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 715/2023 promovido por ********************; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés (fojas 2-7), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ******************** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 715/2023; en proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda (foja 82); se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************y se ordenó su emplazamiento; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con sede en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con el contenido de los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, los actos reclamados por el quejoso consisten en: A la Jueza del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: El proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente 369/2020, relativo al juicio ordinario oral familiar que sobre divorcio sin expresión de causa promovió ******************** frente a ********************, en el que decretó una pensión alimenticia provisional a favor de esta última y a cargo del primero de los nombrados, por la cantidad que resultara de multiplicar sesenta veces el salario mínimo, cuyo valor actual lo es por la cantidad de $207.44 (doscientos siete pesos con cuarenta y cuatro centavos), lo que arrojó la cantidad de $12,446.40 (doce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 40/100 m.n.). A la Actuaria del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La diligencia de veintidós de mayo del año en curso, a través de la cual se notificó el acto reclamado. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Juez y Actuaria adscritas al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 94 y 96, respectivamente). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe el mencionado juez, consistente en tres discos ópticos (un tomo). Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, entre las que se encuentra, el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés y su notificación; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012 [Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito], registro digital 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia ni este juzgador advierte, de manera oficiosa, la actualización de alguna de ellas, por lo que lo conducente es analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de iniciar el estudio de los conceptos de violación es necesario hacer mención de algunas de las actuaciones del juicio de origen (expediente 369/2020 y su acumulado 1144/2020), entre otras, las siguientes: Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, ********************, demandó en la vía ordinaria oral familiar a ********************, de quien reclamó el divorcio sin expresión de causa, desocupación de inmueble, pago de alimentos definitivos y pago de gastos y costas. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar Oral, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; órgano jurisdiccional que la admitió en proveído de trece de noviembre de dos mil veinte. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veinte, ********************, dio contestación a la demanda; lo que se acordó de conformidad el diez siguiente. Seguido el juicio por sus demás trámites, la juez de origen dictó sentencia definitiva el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, de conformidad con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver en definitiva el presente negocio. SEGUNDO. Se declara improcedente la prestación accesoria al divorcio intentada por el actor frente a la demandada relativa a la desocupación de inmueble, por no haber justificado la legitimación en la causa; queda absuelta la parte demandada de dicha pretensión. TERCERO. La ex cónyuge logra acreditar los extremos de la pensión alimenticia compensatoria solicitada a su ex consorte por el tiempo que duró vigente la relación matrimonial, veinticuatro años con once meses y por la cantidad referida en el considerando relativo; se aprueba también su propuesta de garantía alimentaria; ambas, pagaderas en la forma y términos establecidos en el considerando quinto. Son improcedentes las excepciones y/o defensas hechas valer por el obligado alimentario. Quedan sin efectos las medidas restrictivas dictadas por esta autoridad para ambos litigantes en la reanudación de audiencia preliminar. CUARTO. La ex consorte logra acreditar los requisitos de la acción indemnizatoria patrimonial exigida a su ex cónyuge, aprobándose el inventario propuesto por ella y quedando para etapa de ejecución de sentencia el avalúo del menaje que servirá de base para indemnizar y la cuantificación correspondiente; son improcedentes las excepciones y/o defensas opuestas por el cónyuge varón en la fase postulatoria. Y quedan subsistentes las medidas cautelares decretadas en audiencia preliminar y de juicio de fecha tres de agosto de este año, en relación con los bienes muebles e inmuebles. QUINTO. No se hace condena especial en costas de esta primera instancia. SEXTO. Conforme a lo establecido en el numeral 938 del Código Familiar del Estado, téngase a las partes por notificadas en este momento". Inconforme con dicha determinación, ********************, por conducto de su mandataria jurídica interpuso recurso de apelación, el cual se tuvo por interpuesto en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho medio de impugnación a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que lo registró como toca número I-281/2022 y lo resolvió el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, de conformidad con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Esta Sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Se consideró innecesario estudiar los motivos de inconformidad planteados por la abogada ********************, en cuanto apoderada jurídica de ********************, dado que se actualizó la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los contendientes, ordenándose reponer el procedimiento, para los efectos precisados en el considerando TERCERO de esta ejecutoria; en consecuencia. TERCERO. Se deja sin efectos la sentencia impugnada para los fines y efectos precisados en esta ejecutoria. CUARTO. No se impone especial condena en costas de esta instancia. QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes". La responsable ordenó reponer el procedimiento en los términos siguientes: "[.] Consecuentemente, este tribunal ad quem, supliendo la deficiencia de la queja a favor de quienes contienden en las controversias origen de este recurso, declara insubsistente la sentencia apelada de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, ordenando la reposición del procedimiento, a fin de que la juez de origen, con apoyo en los artículos 2°, 932, fracción II, y 1006, fracción IV, del Código Familiar para el Estado utilizando sus facultades de dirección del proceso: 1. Requiera a ambas partes para que bajo protesta de decir verdad informen por escrito, de manera clara y pormenorizada lo que sigue: 1.1. El oficio, actividad o profesiones que desempeñan; 1.2. Los bienes muebles e inmuebles con los que cuentan; 1.3. Los ingresos que perciben, precisando monto y periodo; y, 1.4. Las sumas que individualmente erogan para cubrir todos los rubros que comprende el vocablo alimentos (comida, vestido, habitación y atención médica), particularizando, monto y periodo en que se eroga, así como si reciben atención médica en institución privada o si cuentan con seguridad social, exhibiendo los comprobantes de sus afirmaciones. 2. Elabore y remita los oficios que se indican: 2.1. Al sistema de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del Sistema de requerimientos y Atención a Autoridad (SIARA), por conducto del enlace del Poder Judicial del Estado, respecto a si quienes contienden cuentan con alguna cuenta de crédito o bancaria, en su caso, el saldo actual lo mismo que los saldos promedios mensuales de la última anualidad. 2.2. Al Departamento de Licencias o área que legalmente competa del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, solicitándole que informe si existen licencias o permisos para ejercer el comercio a nombre de ********************; así como a quién se inscribe el giro comercial de venta de comida ubicado en Avenida ********************, número ********************, de la colonia ********************, de Morelia, Michoacán. 2.3. A la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1" con sede en Morelia, del Servicio de Administración, con domicilio en la calle ********************, número ******************** doscientos ******************** y dos, Centro de esta ciudad, o a la autoridad competente, para que informe si las partes se encuentran dados de alta o registrados como contribuyentes, como trabajadores o patrones: 2.4. Al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en Morelia, del Servicio de Administración, con domicilio en la calle ********************, número ******************** doscientos ******************** y dos, Centro de esta ciudad, o a la autoridad competente, para que remita las declaraciones anuales de ingresos que hubieren presentado en los 2 dos últimos años las partes. 2.5. A la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Michoacán "1", con sede en Morelia, del Servicio de Administración, con domicilio en la calle ********************, número ******************** doscientos ******************** y dos, Centro de esta ciudad, o a la autoridad competente, para que informe sobre el monto de las declaraciones que hubiere presentado en los 2 dos últimos años las partes. 2.6. Al representante legal de la agencia automotriz identificada al público o comercialmente como Audi, de esta ciudad, solicitándole que informe si ******************** adquirió un automotor en la misma, precisando fecha de la compra, precio cubierto y forma de pago. 2.7. A la jefatura del departamento contencioso de la jefatura de servicios jurídicos (oficina de asuntos civiles y penales) de la Delegación regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio bien conocido en esta Ciudad, a efecto de que se instruya al área o áreas que legalmente corresponda que informen a este juzgado si alguna de las partes se encuentran dados de alta como derechohabientes, jubilados, pensionados o como patrones ante dicha institución, en caso de ser afirmativo, el salario que tienen registrado a la fecha y, en su caso, el nombre y domicilio del patrón, lo mismo que la clave patronal. Adicionalmente deberá reportar si los citados han estado inscritos en los 2 dos últimos años, precisando la fuente de trabajo para han prestado sus servicios, los periodos durante los que ha ocurrido y el salario que han reportado en ese periodo, desglosándolo por anualidades. 2.8. Al jefe del departamento de ingresos y/o dirección de control vehicular de la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado, con domicilio conocido en esta Capital, a efecto de que se informe si en su base de datos o en los registros que tiene a su disposición, se encuentra registrada alguna placa vehicular a nombre de las partes. 2.9. Al jefe del departamento de anotaciones y trámites procesales del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con domicilio bien conocido en esta Ciudad, solicitándole que ordene a quien corresponda que informe a este juzgado si en su dependencia se encuentran inscritas propiedades a nombre de las partes. En el supuesto de que localice antecedente de propiedad a nombre de alguno de los citados, deberá especificar la ubicación del bien y proporcionar las generales del adquirente que aparezcan en la escritura o título correspondiente. (sic) Ordene la práctica de un estudio socio económico a las partes, que, en conjunto con los comprobantes que al respecto aporten éstas, permita conocer tanto su capacidad económica, como las cantidades que cada uno eroga para la subvención de sus necesidades básicas. Ordene, en general, el desahogo de las pruebas que estime pertinentes, que permitan conocer tanto las necesidades reales como la capacidad de quienes contienden en los procedimientos acumulados de origen, así como las que pudieran derivarse o requerirse de lo antes indicado". En cumplimiento a la referida sentencia, la juez de origen emitió el auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el que ordenó dejar insubsistente la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós y decretó el desahogo de diversos medios de prueba, como lo determinó la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Una vez que se desahogaron dichos medios de pruebas, la juez emitió el proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, el cual es del tenor siguiente: "Morelia, Michoacán a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Dada cuenta con el escrito que presenta el licenciado Santiago Fraga Ramos, en cuanto mandatario jurídico de la parte demandada dentro de este juicio, se le tiene haciendo las manifestaciones que refiere, por lo que como lo solicita se da cuenta con la medida de alimentos provisionales a su favor y a cargo del señor ********************. Por principio debe señalarse que, de conformidad con el artículo 452 del Código Familiar del Estado, los alimentos son el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor, lo señalado en el numeral 453 de ese mismo ordenamiento legal, es decir, la comida, el vestido, la habitación, atención médica, la hospitalaria, en su caso y los gastos de embarazo y parto; para el caso de los menores, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales, y; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y desarrollo; por su parte, el artículo 456 del Código en comento menciona que los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos. Por su parte el artículo 955 de dicha codificación señala que para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos: Que acredite cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que debe darlos; y, Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales, aplicando ésta última fracción únicamente cuando se trate de personas mayores de edad. Ahora bien, tomando en consideración que se dio cabal cumplimiento con los requisitos que se refiere el artículo 955 del Código Familiar, al acreditarse el título a cuya virtud se solicitan los alimentos provisionales, ello por medio de la copia certificada del de matrimonio celebrado entre las partes del presente juicio; a la que se le concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los numerales 870 fracción II, 884, 885, del Código Familiar, así como en los numerales 450, 452 y 556 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria a la Codificación Familiar. En relación al caudal económico del que debe dar los alimentos señor ********************, ha de indicarse que se encuentra debidamente probado con las copias certificadas de los títulos de propiedad correspondiente a los inmuebles señalados por la citada gestionante, que pertenecen al deudor alimentista, consistentes en: Certificado de propiedad a nombre de ********************, emitido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad, por medio del cual se informa que a su nombre está registrada la casa habitación número 80 ********************, ubicada en la calle Prol. ********************, del fraccionamiento ********************, de esta ciudad, el cual presenta un gravamen como consta en el documento (visible a fojas 27 y 139). Certificado de copropiedad a nombre de ******************** y Jorge Rubio Olivares, emitido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad, por medio del cual se informa que a nombre de dichas personas esta la casa habitación número ********************, de la calle ********************, del fraccionamiento ********************, segunda sección, de esta ciudad (visibles a fojas 26 y 140). Copias certificadas del contrato de compraventa de inmueble que celebraron el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el ciudadano ********************, como vendedor y de la otra parte el señor ********************como comprador de la casa habitación número ciento ******************** y siete, ubicada en ********************, de la unidad habitacional ********************, de esta ciudad (visibles a fojas 42-48 bis). Copias certificadas del contrato de compraventa de inmueble que celebraron el catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el ciudadano ********************, con el consentimiento de su esposa la señora ********************, y de la otra parte el señor ******************** como comprador de la casa habitación número ******************** de la calle ********************, en el fraccionamiento ********************, de esta ciudad (visibles a fojas 49-56). 5. Copias certificadas del contrato de compraventa de inmueble y el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, que celebraron el veintitrés de mayo de dos mil catorce, el ciudadano ********************, como vendedora y de la otra parte los señores ******************** y Jorge Rubio Olivares, como compradores; asimismo estos como acreditados en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria con Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero BANORTE, respecto de la casa habitación número ******************** de la calle ********************, del fraccionamiento ********************, segunda sección, con las medidas y linderos ahí descritos (visibles fojas 58-84). 6. Constancia de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del señor ********************, de las que además se desprende como fecha de baja el treinta y uno de agosto de dos mil uno (visibles a fojas 88-89 y 209-210). Medios de prueba a los que se les concede valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los numerales 870 fracción II, 884, 885, del Código Familiar, así como en los numerales 450, 452 y 556 del Supletorio Código de Procedimientos Civiles del Estado. En otro orden de ideas, y por lo que ve al tercer elemento que estipula el numeral 955 de la codificación familiar, a decir, que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales, cabe señalar que sólo aplicará cuando se trate de personas mayores de edad, la cual quedó acreditada con el desahogo de la prueba testimonial de fecha once de mayo del año en curso, en la que los atestes manifestaron lo siguiente: Conocer a ********************y a ********************. Que les consta que ********************tiene la necesidad imperiosa de recibir alimentos por parte de ********************. Que los ingresos aproximados semanales son por la cantidad de cuarenta mil pesos. Que por su edad y falta de escolaridad, no ha encontrado trabajo. Que su hermano y su mamá la apoyan para subsistir. Se concluye entonces que la aquí solicitante de los alimentos, durante la vigencia de su matrimonio, no solo se dedicó a desempeñarse en el ámbito de lo privado, que es su hogar, llevando a cabo labores que no le fueron remuneradas, sino también quedó acreditado que con sus actividades en el hogar permitió que su ex cónyuge estuviera en posibilidades de pasar mayor parte del tiempo en la taquería familiar; sin soslayar que incluso, en algunos momentos ella estuvo aportando su tiempo y esfuerzo también al buen manejo de su negocio; todo lo cual le impidió a la señora ********************, como individuo, acceder a un empleo fijo en lo público, fuera del hogar, que le permitiera obtener un ingreso propio y así estar en condiciones de sufragar sus necesidades, colocándola en un desequilibrio económico. Y es que, el hecho de que ella se haya desenvuelto principalmente en el ámbito de lo privado, le impidió poder visualizar su vida en el ámbito de lo público, quizás estudiando, quizás preparándose en la adquisición de alguna profesión, arte u oficio, que le permitiera ser independiente económicamente de su ex marido, mientras estuvo casada con él y que ahora, al momento de disolverse el matrimonio, le diera el impulso que requiere para salir adelante por su propia cuenta. De lo anteriormente razonado es que la titular de este órgano jurisdiccional encuentra, justo, equitativo y apegado al derecho humano a la igualdad y no discriminación por cuestiones de género, que el señor ******************** le proporcione una pensión alimenticia provisional a favor de la señora ********************, por la cantidad que resulte de multiplicar 60 sesenta veces el salario mínimo en esta zona económica del país, siendo el valor de un salario, este 2023, dos mil veintitrés de $207.44 doscientos siete pesos 44/100 moneda nacional, y que da como resultado $12.446.40 doce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 40/100 m.n., al mes. Fijándose tal cantidad y no la solicitada por la citada ********************, (cuarenta mil pesos mensuales), toda vez que de constancias no se comprueba con documentación idónea los gastos que erogue mensualmente por su persona. Aunado a que la cantidad fijada con antelación lo es en razón a la remuneración que percibe el obligado alimentista en cuanto propietario del negocio de venta de tacos. Por lo que se ordena NOTIFICAR PERSONALMENTE a ********************para su conocimiento, y a ******************** en cuanto obligado alimentista para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente hábil en que la reciba, exhiba comprobante de depósito por la cantidad anteriormente citada, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo, éste tribunal procederá a su ejecución forzosa. Así, con sustento además en los artículos 443, 444, 457, 748 y 769 del Código Familiar de la Entidad, lo proveyó y firma la licenciada Cinthia Elodia Mercado García, Juez Tercero Oral Familiar de este Distrito Judicial, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada Esperanza Sosa Pérez. Doy fe". Proveído que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Inconforme con dicho auto, ******************** promovió el presente juicio de amparo. Ahora bien, frente al citado acto reclamado el quejoso adujo en esencia: En su primer concepto de violación, manifiesta que dicho proveído viola en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1° y 14 constitucionales, ya que no funda en precepto legal alguno el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que en los que supuestamente funda su actuar [452, 453 y 955 del Código Familiar para el Estado de Michoacán], nada tienen que ver con los requisitos para la fijación de alimentos, por lo tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la Ley de la Materia, como lo es que debe de fundar en la ley, en los tratados internacionales y en la jurisprudencia, esto de conformidad a lo previsto en el artículo 1045 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. En su segundo concepto de violación señala el quejoso que le causa agravio el hecho de que la juzgadora admitió el desahogo de la prueba testimonial, supuestamente para acreditar el estado de necesidad y urgencia para decretar alimentos, cuando de conformidad con la sentencia emitida por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dejó insubsistente la sentencia de primera instancia, en razón de que no se acreditó la capacidad económica del obligado alimentario, al no obrar información al entorno de vida de ambos, por lo que se violenta el principio de proporcionalidad. También señala que con el acto reclamado se viola en su juicio el principio de proporcionalidad y el debido proceso, al admitir el desahogo dela prueba testimonial a cargo ********************, porque no fue ofertada según los lineamientos contemplados en el artículo 971 del Código Familiar del Estado de Michoacán, por o que el permitir tal hecho es dar la razón a la deudora alimentaria para que las veces que ella quiera, ofrezca pruebas para demostrar sus pretensiones, violentando el derecho del debido proceso. Conceptos de violación que son fundados pero inoperantes en una parte e infundados en otra. Es fundado pero inoperante el primer concepto de violación. Ello es así, porque efectivamente, los artículos 452, 453 y 955 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, no tienen nada que ver con los requisitos para la fijación de alimentos, ya que los mismos hacen referencia a que los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, los adultos mayores y las mujeres embarazadas, gozan de la presunción de necesitar alimentos; que cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica actual y la aptitud para desempeñar algún trabajo, conforme a su edad, estado de salud y profesión tanto del deudor como de sus acreedores; y, cuando dentro o fuera de la audiencia se solicite copia simple o certificada de los videos, audiograbación o cualquier otro medio electrónico de almacenamiento utilizado, deberá allegarse el medio apropiado para que sea proporcionada. Sin embargo; la jueza fue indicando lo que se advertía de cada uno de ellos, al precisar: "[.] Por principio debe señalarse que, de conformidad con el artículo 452 del Código Familiar del Estado, los alimentos son el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor, lo señalado en el numeral 453 de ese mismo ordenamiento legal, es decir, la comida, el vestido, la habitación, atención médica, la hospitalaria, en su caso y los gastos de embarazo y parto; para el caso de los menores, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales, y; con relación a las personas con algún tipo de discapacidad, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y desarrollo; por su parte, el artículo 456 del Código en comento menciona que los progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos. Por su parte el artículo 955 de dicha codificación señala que para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos: Que acredite cumplidamente el título en cuya virtud se pidan Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que debe darlos; y, Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales, aplicando ésta última fracción únicamente cuando se trate de personas mayores de edad" [.]". Lo que permitió percatarse a quien resuelve que la juez citó artículos del Código Familiar del Estado de Michoacán abrogado, pues al buscarlos en el mismo se advierte que dichos numerales son del tenor siguiente: Artículo 452. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, denominada deudor alimentista, lo señalado en el artículo 453. Artículo 453. Los alimentos comprenden: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia" . Artículo 955. Para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que acredite cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, sólo aplicará cuando se trate de personas mayores de edad; presumiéndose la urgencia y necesidad cuando se trate de hijos menores, incapaces y adultos mayores". Esto es, coincide con lo plasmado en el auto reclamado; sin embargo, ningún fin práctico tendría conceder el amparo para que la responsable cite los artículos correctos, cuando los transcritos en el párrafo anterior corresponden, en esencia, al contenido de los diversos 443 y 462 del Código Familiar para el Estado de Michoacán vigente, como se advierte de su contenido: "Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia". "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento". Además, porque como se puede constatar con el contenido de los numerales recién transcritos, contrario a lo señalado por el quejoso, en el segundo de ellos se establecen los requisitos para decretar alimentos. Máxime, la juez precisó las razones por las cuales estimó que se daba cumplimiento a cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 462 del Código Familiar para el Estado de Michoacán para decretar alimentos; asimismo, indicó los medios de pruebas con los cuales se acreditaba tal circunstancia, como se puede advertir de la transcripción del acto reclamado. Por otra parte, es infundado el segundo concepto de violación, ya que el quejoso parte de una premisa falsa, pues si bien la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán en la sentencia de diecisiete de junio de dos mil veintidós, determinó, entre otras cosas: "[.] La primigenia señaló que tenía por justificada la capacidad económica del obligado alimentario; sin embargo, ninguna consideración se expone respecto de cuáles son ni a cuánto ascienden las necesidades de ******************** y de Leticia ********************, puesto que en autos no obra información en torno al estilo de vida de ambos. Aspectos que dan fundamento al principio de proporcionalidad; a juicio de esta resolutora era necesario recabar oficiosamente pruebas que constituyan elementos eficaces para establecer la capacidad económica del obligado, ya que la existencia de un negocio familiar -taquería- y la existencia de propiedades solo son susceptibles de informar sobre una parte de la capacidad económica, pero jamás desvelan cuales son los ingresos del obligado alimentario ni cuáles o a cuánto ascienden sus necesidades. Menos informan sobre las necesidades actuales v el estilo de vida de la acreedora alimentaria. En ese tenor, al juzgar sin la información necesaria se estaría vulnerando el derecho al mínimo vital de los contendientes, puesto que con la información existente en autos la a quo no está en disposición de juzgar si el deudor alimentario alimentario está en aptitud o no de otorgar los alimentos, ni de considerar sus circunstancias actuales y personales ni las de su acreedora" [.]". También es verdad que uno de los efectos de la reposición del procedimiento fue para: "[.]" (sic) Ordene la práctica de un estudio socio económico a las partes, que, en conjunto con los comprobantes que al respecto aporten éstas, permita conocer tanto su capacidad económica, como las cantidades que cada uno eroga para la subvención de sus necesidades básicas. Ordene, en general, el desahogo de las pruebas que estime pertinentes, que permitan conocer tanto las necesidades reales como la capacidad de quienes contienden en los procedimientos acumulados de origen, así como las que pudieran derivarse o requerirse de lo antes indicado". [.]". Por lo que, contrario a lo señalado por el quejoso, el hecho de que la juez responsable haya admitido la testimonial a cargo de ********************, no violenta el principio de proporcionalidad, pues así fue ordenado por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Máxime, porque dicho medio de convicción no fue admitido en el auto de dieciocho de mayo del dos mil veintitrés [acto reclamado] como lo refiere el quejoso, sino en el diverso de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por lo que si de lo que se duele es de que dicha prueba fue admitida a pesar de que no fue ofertada según los lineamientos contemplados en el artículo 971 del Código Familiar para el Estado de Michoacán; en todo caso, debió impugnar dicho proveído. En las condiciones relatadas, se concluye que el acto reclamado no infringe en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución reclamado a la Actuaria responsable al no haberse reclamado por vicios propios. Apoya lo expuesto la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 207616, de rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas para los efectos señalados en el quinto considerando. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 715/2023.

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