Gersai Iran Rodríguez Arzate
Expediente 1030/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gersai Iran Rodríguez Arzate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, como lo solicita los autorizados de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídanse a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de trece de noviembre del año en curso, pues transcurrió del diecinueve de noviembre al tres de diciembre del presente año; tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que obra un documento original exhibido por la parte quejosa dentro del presente sumario, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1030/2019, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de trece de noviembre del año en curso, por el que se sobreseyó en el sumario en que se actúa fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente asunto. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, como de autos se advierte que obra un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero del Acuerdo General en cita requiérasele para que dentro del plazo de noventa días acuda ante este juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, el documento correrá la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio y anexo que remite el Director de Informática Administrativa de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto ocho de noviembre del presente año y al efecto remite copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, documental que de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, adquiere valor probatorio pleno. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. En consecuencia, en el presente juicio se reclamó la omisión de dar contestación al escrito presentado el cuatro de septiembre del presente año ante las autoridades responsables, y de las constancias que remite la Directora de Administración de Personal y Jefe de Departamento de Normatividad ambas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se advierte que el nueve de octubre del año en curso, las autoridades responsables referidas dieron contestación a dicho escrito, lo cual fue notificado en el domicilio señalado para tal efecto el catorce del mismo mes y año. Por tanto, dicha determinación trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de su derecho violado, toda vez que la omisión que le causaba agravio a la parte quejosa era precisamente la omisión de dar contestación a su escrito presentado el cuatro de septiembre del presente año ante las autoridades responsables. De ahí, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de su derecho violado, obligando a las autoridades responsables a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo derecho exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Asimismo, sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, Materia común, pagina 386, tomo XVII, marzo 2003 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo con el artículo 217 del mismo ordenamiento, el Juez de Distrito no se encuentra obligado a dar vista a la parte quejosa con las causas de improcedencia advertidas de oficio. Sustenta lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia VI. 1. T.J/I, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007628, Materia común, pagina 2421, octubre 2014 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO." En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, sin que se pase por desapercibido por este juzgado la jurisprudencia siguiente: Jurisprudencia 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 168189, Materia común, pagina 605, tomo XXIX, enero 2009 de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Dado que la respuesta realizada por Directora de Administración de Personal y notificada por el Jefe de Departamento de Normatividad, ambas de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al escrito presentado ante éstas el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, no corresponde a un acto de autoridad sino a una relación laboral. En tales condiciones, por leyes o actos de autoridad deben entenderse aquellas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emitidas por un órgano del Estado, que pueden consistir en una decisión o ejecución, o bien, en ambas a la vez; que normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Destacado lo anterior, es pertinente traer a colación que conforme a lo dispuesto por el numeral 5, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo cabe decir que en torno al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; por lo que, se considera no procedería el juicio de amparo respecto de la contestación realizada por las autoridades responsables y por tanto resultaría ocioso dar vista a la parte quejosa para ampliar su demanda. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que concluyó el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el Departamento de Computo de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, rindiera su informe justificado y remitiera copia certificada legible de las constancias relacionadas con los actos reclamados, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo solicitado. Por tanto, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada autoridad para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de su notificación, remita las constancias relacionadas con los actos reclamados, apercibida que de no cumplir con ello se hará efectivo los apercibimientos formulados en el auto admisorio de demanda de conformidad con el artículo 260, fracción II, del ordenamiento legal invocado. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante el cual ofrece pruebas documentales y formula alegatos. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas por su propia y especial naturaleza las pruebas que ofrece la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos vertidos por el promovente, los que se ordena relacionar en el momento procesal oportuno. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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