Gilberto Cano Borja
Expediente 211/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gilberto Cano Borja
- No existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
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Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio de la Consultora Jurídica General de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que la representación presidencial dentro del juicio de amparo en que se actúa, le corresponde a la Secretaría de Salud con residencia en la Ciudad de México, y solicita que el oficio respectivo sea notificado directamente a dicha secretaría. Atento lo anterior, se ordena remitir a la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, el oficio 13022 del índice de este juzgado por el que se le hace del conocimiento a la citada autoridad el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por el que el presente juicio causó ejecutoria y se ordenó su archivo por estar totalmente concluido. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, el incidente único de suspensión es susceptible de ser destruible, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por la Consultora Jurídica General de la Consejería adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso en representación del Ejecutivo Federal, residente en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio11477, ya que informa que la autoridad que representa al Presidente de la República dentro del juicio en que se actúa será la Secretaría de Salud. Atento lo anterior, se ordena remitir nuevamente el citado oficio derivado del juicio en al que se actúa, a la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, por ser la autoridad que representa al Presidente de la República en el juicio de amparo en el que se actúa. Notifíquese por lista y cúmplase Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes.****************************************Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el quejoso.****************************************Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas.****************************************Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio.****************************************Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente formuló alegatos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.****************************************El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por formulado el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos.****************************************Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.****************************************RESULTANDOS:****************************************Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (fojas 2-29), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Salud y del Director del Diario Oficial de la Federación.****************************************La parte quejosa invocó como derecho fundamental violado en su perjuicio, el contenido en los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 14, 16, 17, 28, 72, 73, fracción XVI y XXIX apartado 5, inciso b, 89 fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número de expediente 211/2023; en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, la desechó respecto del acto reclamado al Director del Diario Oficial de la Federación, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III y VIII, de la Ley de Amparo; y, la admitió, respecto de los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Salud (foja 32).****************************************En el mismo auto, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y****************************************CONSIDERANDOS:****************************************Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclaman una norma de carácter general cuya observancia tiene lugar dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.****************************************Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia.****************************************La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: ****************************************a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y,****************************************b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda.****************************************Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097, de rubro y texto siguiente: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, de rubro y texto siguientes: ****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por la quejosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Secretario de Salud son:****************************************La emisión y refrendo del "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, específicamente los artículos 1°, 2°, fracción VI bis, fracción VI ter, 40 fracciones IX y XII y 50 bis [en su carácter de autoaplicativa].****************************************La emisión del "Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta" publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, que se reclama en su totalidad.****************************************Tercero. Certeza de los actos. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Secretario de Salud, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 54 y 92), aceptaron la existencia de los actos reclamados en sus respectivos ámbitos de competencia****************************************Certeza que se corrobora con la publicación del "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco", que contiene los preceptos tildados de inconstitucionales en el Periódico Oficial del Estado, del que se advierte la participación de las autoridades responsables en la emisión de los actos reclamados, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; máxime que la ley no es objeto de prueba.****************************************Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 191452, la cual es del tenor siguiente:****************************************"PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo."****************************************Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 233090:****************************************"LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba."****************************************Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************En ese sentido, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Secretario de Salud y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, manifestaron que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. ****************************************Es fundada dicha causal en virtud de que la parte quejosa no acreditó ubicarse en los supuestos que regulan las normas reclamadas y, por ende, la afectación a su esfera jurídica.****************************************En efecto, en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé la procedencia del juicio de amparo contra leyes, al disponer:****************************************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.********************Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:********************a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;********************b) Las leyes federales;********************c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;********************d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;********************e) Los reglamentos federales;********************f) Los reglamentos locales; y********************g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; [.]".****************************************Por su parte, en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se dispone textualmente lo siguiente:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;"****************************************Del último precepto legal transcrito, se advierte que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional, por lo que el peticionario del juicio constitucional debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulneran en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 177, del Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece:****************************************"LEYES, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley, alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que las disposiciones que contiene afectan su interés jurídico; pues no basta, para tener por demostrado este hecho, el que en la demanda de amparo se declare, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los presupuestos de la norma."****************************************Asimismo, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 224803, que a la letra establece:****************************************"INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona."****************************************De igual forma, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro digital 217651, la cual es del tenor siguiente:****************************************"INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia."****************************************En efecto, del precepto jurídico citado y las tesis transcritas en los párrafos precedentes se advierte que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio, por lo que el perjuicio de que se habla, debe entenderse como la afectación por la ley o por la actuación de una autoridad de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, lo que precisamente, constituye el interés jurídico necesario para acudir en amparo.****************************************Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular que cuenta con un derecho jurídicamente tutelado que le da la potestad de exigencia oponible a la autoridad.****************************************Además, cabe precisar que el interés jurídico, tratándose del juicio de amparo, debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 206338, del siguiente tenor:****************************************"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."****************************************Por su parte, del primero de los preceptos legales transcritos en líneas precedentes, se advierte que procede el juicio amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación o de su sola entrada en vigor.****************************************Consecuentemente, de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XII en relación con lo dispuesto en el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, resulta indispensable que se acredite el interés jurídico que asiste al gobernado para impugnarlas, de lo contrario, el juicio de amparo que en contra de tales normas se promueva, resultará improcedente, puesto que únicamente procede a instancia de parte agraviada.****************************************Ilustra lo considerado, la jurisprudencia 3a./J. 45/90 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 207126, que establece:****************************************"INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados."******************** Ahora bien, como se precisó anteriormente, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no acreditó en manera alguna que esté sujeta a las normas que tilda de inconstitucionales desde su entrada en vigor, y que resienta un perjuicio desde ese momento, en atención a lo siguiente:****************************************El Poder Judicial de la Federación ha sostenido que las normas generales que conforman el sistema jurídico mexicano, y que desde luego se dirigen a los gobernados, pueden impugnarse en dos momentos:****************************************a) Desde que entran en vigor, si surten sus efectos y los vinculan con su obligatoriedad desde ese momento (normas autoaplicativas).****************************************b) O bien, hasta que, a través de un acto en el que sea aplicada esa norma al particular, se actualiza dicho perjuicio (normas heteroaplicativas).****************************************Dicho de otro modo, una norma puede agraviar al gobernado desde el momento en que entra en vigor, sin necesidad de un acto posterior de aplicación, hipótesis en la que la ley o norma general recibe el nombre de autoaplicativa; y por el contrario, cuando una ley o norma general no tiene efectos vinculatorios desde que entra en vigor, sino que requiere de un acto concreto de aplicación y el amparo contra ella sólo procede a través de éste, se trata de una norma general heteroaplicativa.****************************************Al respecto es aplicable, la jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 198200, que establece:****************************************"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."****************************************En el caso concreto, la parte quejosa reclama:****************************************La emisión y refrendo del "Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, específicamente los artículos 1°, 2°, fracción VI bis, fracción VI ter, 40 fracciones IX y XII y 50 bis [en su carácter de autoaplicativa].****************************************La emisión del "Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta" publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, que se reclama en su totalidad.****************************************Lo anterior, con motivo de su entrada en vigor, ya que primer acto de aplicación, consistente en la declaración complementaria del ejercicio fiscal dos mil veinte, presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós.****************************************Ahora, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, se estima necesario traer a glosa la porción normativa reclamada, la cual es del tenor siguiente:****************************************Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.****************************************"Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social".****************************************"Artículo 2°. Además de las definiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: ********************[...]********************VI Bis. EXHIBICIÓN DIRECTA, es la colocación de los productos de tabaco a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley;********************VI Ter. EXHIBICIÓN INDIRECTA, es la colocación o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley;".****************************************"Artículo 40. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la Ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, las siguientes:********************[.]********************IX. La exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento;********************[.] ********************XII. La exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas públicas y privadas, así como la mera colocación de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro;".****************************************"Artículo 50 Bis. En los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este Reglamento, lo cual es conforme al artículo 23 de la Ley. }********************Para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Dicha lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría mediante disposiciones generales que al efecto emita, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.". ****************************************Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta.****************************************"ARTÍCULO PRIMERO. Se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. ********************ARTÍCULO SEGUNDO. Esta lista textual y escrita deberá ser impresa en una o varias hojas de papel bond con fondo blanco tamaño carta, en orientación horizontal, contar con una dimensión total de veintisiete punto nueve (27.9) centímetros de largo por veintiuno punto cincuenta y nueve (21.59) centímetros de ancho, deberá ser estampada en formato de altas y bajas, tipografía Arial tamaño 12, en color negro sin interlineado, alineación a la izquierda, sobre fondo blanco, sin logotipos, sellos, colores, imágenes o cualquier elemento o contenido visual que emule a alguna identidad comercial o los elementos de las marcas de los productos del tabaco.****************************************ARTÍCULO TERCERO. La distribución de los elementos característicos que contenga esta lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco, deberá presentarse en dos columnas en una extensión máxima de 60 líneas por hoja, tal y como se muestra en el Anexo del presente Acuerdo.".****************************************Los preceptos citados señalan que el Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones, cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social.****************************************Además, precisa diversas definiciones adicionales a las establecidas en el artículo 6° de la Ley que reglamenta y señala que se entenderá por:****************************************- EXHIBICIÓN DIRECTA, la colocación de los productos de tabaco a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6°, fracción XXII, de la Ley.****************************************- EXHIBICIÓN INDIRECTA, es la colocación o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6°, fracción XXII, de la Ley.****************************************Prohíbe realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la Ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, la exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco, así como la exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas públicas y privadas, así como la mera colocación de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro.****************************************De igual forma, disponen que en los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2°, fracciones VI Bis y VI Ter, de propio Reglamento.****************************************Señalan que para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas, cuya lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría mediante disposiciones generales que al efecto emita, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.****************************************Al efecto, en cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede se emitió el Acuerdo reclamado, a través del cual se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, la cual deberá ser impresa con las especificaciones ahí establecidas.****************************************De igual forma, prevé que la distribución de los elementos característicos que contenga esta lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco, deberá presentarse en dos columnas en una extensión máxima de 60 líneas por hoja, conforme al anexo de dicho Acuerdo.****************************************Porción normativa que a criterio de este Juzgador, es de naturaleza autoaplicativa, ya que en esencia, la normatividad controvertida prohíbe que en los puntos de venta donde se puedan y se comercialicen productos de tabaco se lleve a cabo cualquier tipo de publicidad con el fin de promover y fomentar el consumo de los mismos, ya que el Reglamento estima que tanto la exhibición directa como la indirecta de éstos -exhibición material- se erige como una acción comercial de publicidad y promoción, cuestión que está vedada a partir del inicio de vigencia de dicha normatividad, lo cual ya aconteció.****************************************Por lo que para que acredite estar en el supuesto de las normas reclamadas y por ende que las normas tildadas de inconstitucionales irrogan una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa con su sola entrada en vigor, era necesario que demostrara lo afirmado en su demanda, es decir, que desde el inicio de la vigencia de la norma se dedicaba a comercializar productos de tabaco, de modo que la prohibición de exhibirlos de forma directa o indirecta produzcan un perjuicio por no poder emplear ese método para incentivar la venta de los productos para lograr la actividad comercial a la que aduce se dedica. ****************************************Lo anterior, pues no basta con que afirme que dicho Decreto le causa afectación a sus derechos al prohibirle exhibir los productos de tabaco para su comercialización y venta, pues para estimar que la norma le causa afectación por su sola entrada en vigor, resultaba necesario que demostrara en forma fehaciente, que cuenta con algún punto de venta y comercialización de productos de tabaco, cuya exhibición se prohibió a través del Decreto que se reclama, lo que en la especie no aconteció.****************************************En efecto, para demostrar la afectación en su esfera jurídica la parte exhibió las pruebas siguientes:****************************************Copia simple del aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre del quejoso ********************, con el número de servicio 200140200777.****************************************Copia simple de dos notas de venta de veinte de febrero de dos mil veintitrés, expedidas por British American Tobacco México Comercial S.A. de C.V. a nombre del cliente Gilberto Cano. ****************************************La primera por un objeto descrito como shots ultra low, por la cantidad de $326.91 (trescientos veintiséis pesos con noventa y un centavos); y, la segunda, sin descripción de artículo, solo indica abono por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), resta $2,064.00 (dos mil sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional).****************************************Sin embargo, dichas documentales son insuficientes para acreditar su interés jurídico, toda vez que en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de los documentos cuando carecen de certificación, es la de meros indicios, de ahí que no sean susceptibles de producir convicción sobre la veracidad de su contenido por la facilidad con que pueden confeccionarse.****************************************Al respecto, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 232210, que a continuación se transcribe:****************************************"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer."****************************************También es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.21/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 196457, de rubro y texto:****************************************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conform e a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso."****************************************Máxime, no se encuentran adminiculadas con ningún otro medio de convicción distinto para justificar los hechos que pretende demostrar, esto es, que cuenta con un punto de venta en el que comercializa productos de tabaco. ****************************************Por lo que, al no haber acreditado la parte quejosa que comercialice, venda, distribuya, suministre o expenda productos de tabaco, ni cuente con la titularidad de algún punto de venta en el que comercialice dichos productos, es claro que no le genera ningún perjuicio la normativa reclamada y, por ende, que carece de interés jurídico para reclamarla pues, como ya se expuso, debió demostrar y no lo hizo, que se encuentra bajo los supuestos de la norma que tilda de inconstitucional, a fin de estar en aptitud de reclamarla en el juicio de amparo.****************************************En las relatadas condiciones, al no haberse demostrado de manera fehaciente el interés jurídico del promovente del amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. ****************************************Por otra parte, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por las responsables, ya que al quedar demostrada la analizada en párrafos anteriores, sería ocioso hacerlo, pues no cambiaría en sentido del presente fallo.****************************************Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 195744, de rubro y texto: ****************************************"SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución".****************************************Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.****************************************Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve:****************************************Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el cuarto de este fallo.****************************************Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.****************************************Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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