Geudi Natividad Rivas Carrión
Expediente 1486/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1486/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Geudi Natividad Rivas Carrión
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Visto los autos para resolver el juicio de amparo 1486/2018-II-B, promovido por ********, en contra del acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció GEUDI ***********, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director de Transporte del Estado, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Desechamiento parcial de demanda. Previo cumplimiento dado a los requerimientos de dieciocho y treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda respecto al acto reclamado al Director de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad. Asimismo, en dicho proveído se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que se refiere al acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, también con residencia en esta ciudad. Por tal motivo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio. TERCERO. Recurso de queja. Por auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de cuatro de enero del mismo año, motivo por el cual se suspendió el procedimiento; asimismo se ordenó la remisión del recurso al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, para su resolución. CUARTO. Se recibe ejecutoria. Mediante proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, se tuvo por recibida la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en la que declaró fundado el recurso de queja. Por tal motivo, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se levantó la suspensión del procedimiento, y se admitió a trámite la demanda respecto del acto atribuido Director de Transporte del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambas con sede en esta ciudad, relativo a la indebida retención de un vehículo propiedad de la quejosa. Asimismo, se les requirió sus informes justificados a las responsables, se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. QUINTO. Vista a la quejosa con motivo de un nuevo acto. Por proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se dio vista a la quejosa, para que manifestara si era su deseo señalar como nuevo acto reclamado, la boleta de infracción 23553, expedida por la Directora de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo y Desarrollo Urbano Territorial del Gobierno del Estado. SEXTO. Ampliación de demanda. En auto de catorce de noviembre de la presente anualidad, se tuvo a la quejosa señalando como nuevo acto reclamado a la Directora de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo y Desarrollo Urbano Territorial del Gobierno del Estado, la boleta de infracción 23553. En esas condiciones, al estimarse que los actos reclamados por la quejosa estaban desvinculados entre sí, con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó la separación de juicios, por lo que el presente asuntó se ordenó continuar por lo que se refiere al acto atribuido al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, relativo a la omisión de dar contestación al escrito de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar del Secretario de Seguridad Pública: La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública con sede en esta ciudad, pues así se advierte del informe justificado rendido en su representación por el Director Jurídico. CUARTO. Causales de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello y no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resulta fundado y suficiente el concepto de violación expresado por la quejosa para concederle el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Como ya se dijo, en el presente asunto la quejosa reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, la omisión de dar contestación a su memorial de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, presentando el siete de diciembre siguiente ante la responsable, por medio del cual le solicitó copia certificada del informe policial homologado relacionado con la detención de su vehículo, lo que considera transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 8º Constitucional. Lo anterior es fundado por las siguientes consideraciones. Para evidenciarlo se estima pertinente transcribir el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del análisis del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los requisitos que el gobernado debe observar para que se le respete ese derecho, son los siguientes: a) Deberá formularlo por escrito. b) De manera pacífica y respetuosa. Mientras que a la autoridad a quien se le haya dirigido, se le imponen las siguientes obligaciones: 1. Le deberá recaer un acuerdo escrito. 2. Deberá hacerlo conocer en breve término al peticionario. Ahora bien, del análisis del sumario, en especial de la documental ofrecida por la quejosa, se advierte que ésta realizó una petición a la autoridad responsable desde el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, según se desprende del sello y firma de recibido que obra en la misma. Por lo que al haber ejercido su derecho de petición en la forma que prevé la constitución, la autoridad responsable estaban obligada a actuar en consecuencia, es decir, a dicha solicitud debió recaerle una contestación por escrito y hacerla de su conocimiento en breve término a la quejosa, lo que no aconteció en la especie. Asimismo, de las constancias que obran en autos no se advierte que al momento de presentarse la demanda de amparo e incluso a la fecha en la que se dicta la presente resolución, se le hubiere dado contestación a la misma, es decir, a más de once meses después de efectuada la solicitud la autoridad responsable no ha dado respuesta a la misma, siendo que la Constitución General en su artículo 8° señala expresa y claramente que a toda petición deberá recaer una contestación por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En la inteligencia de que la expresión "breve término", debe entenderse como aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, por lo que resulta inconcuso que el término transcurrido desde que se le formuló la petición hasta el momento de resolver el presente asunto, excede con mucho el término en que racionalmente puede estudiarse y acordarse la petición del promovente, pues la misma consiste en la solicitud de un vehículo propiedad del solicitante; por ende, transgrede en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En este orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable en un término no mayor a tres días, emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, y de inmediato lo haga del conocimiento a la quejosa. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número 130, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 89 del tomo III, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con registro 391020, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la diversa jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis XXI.1o.P.A. J/27, en la página 2167, con número de registro 162603, que señala lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, contra el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto: agréguense a este expediente el oficio 35101/2019, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 34881/2019, por el que se remitió a éste propio órgano jurisdiccional, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el escrito de ampliación de demanda de amparo promovida por la quejosa *******, así como un legajo de copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la separación de juicios decretada en estos autos, por acuerdo de catorce del actual mes; y del que se observa que se avocó al conocimiento de la misma, la que quedó registrada con el número de expediente 1596/2019-IV-B. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por Geudi Natividad Rivas Carrión, por medio del cual, con relación a la prevención que se le formuló por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, vía ampliación de su demanda, señala como nuevo acto reclamado de la Directora de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad (denominada inicialmente por la quejosa como Dirección de Transporte del Estado de Yucatán): "La indebida y arbitraria emisión de la boleta de infracción 23553." Ahora bien, sentado lo anterior, tenemos que la quejosa señaló en como actos reclamados en su escrito de demanda, del Secretario de Seguridad Pública del Estado y de la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, del Gobierno del Estado (denominado por la quejosa como Dirección del Transporte de Yucatán, con sede en esta ciudad): "La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, así como la detención y retención del automotor de la marca Ford, tipo Figo, modelo 2017, color blanco oxford, con número de serie MAJFP1MD1HA131572 y placas de circulación YWF-610-A, del Estado de Yucatán, que dice es de su propiedad". Adicionalmente, señala como nuevo acto reclamado: "La indebida y arbitraria emisión de la boleta de infracción 23553". En atención a lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, el suscrito de oficio inicia el trámite de SEPARACIÓN DE JUICIOS, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa son autónomos, por lo que deben substanciarse por separado. En consecuencia remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo y de las constancias que integran este juicio, así como el escrito original de la ampliación de demanda de la quejosa y sus anexos, previa copia certificada que de estos últimos se dejen en estos autos, a fin de que dicha Oficina, proceda a su registro, y se sirva turnar dicha documentación al Juzgado de Distrito que corresponda, por lo que se refiere al acto reclamado por la peticionaria del amparo, consistente en: "la indebida retención del vehículo de la marca Ford, tipo Figo, modelo 2017, color blanco oxford, con número de serie MAJFP1MD1HA131572 y placas de circulación YWF-610-A, del Estado de Yucatán y la emisión de la boleta de infracción 23553, que reclama del Secretario de Seguridad Publica del Estado y de la Directora de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, del Gobierno del Estado, ambos con sede en esta ciudad. En el entendido que este Juzgado Federal determinó conocer únicamente del acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en: La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, que presentó la quejosa ante él, en la propia fecha, por ser el acto por el que inicialmente se admitió a trámite la demanda en proveído de cuatro de enero del año en curso. Finalmente, se tiene por designado como autorizado de la quejosa a Luis Miguel Rivero Díaz, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.... Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente el escrito signado por Geudi Natividad Rivas Carrión, por medio del cual, con relación a la prevención que se le formuló por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, vía ampliación de su demanda, señala como nuevo acto reclamado de la Directora de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad (denominada inicialmente por la quejosa como Dirección de Transporte del Estado de Yucatán): "La indebida y arbitraria emisión de la boleta de infracción 23553." Ahora bien, sentado lo anterior, tenemos que la quejosa señaló en como actos reclamados en su escrito de demanda, del Secretario de Seguridad Pública del Estado y de la Dirección de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, del Gobierno del Estado (denominado por la quejosa como Dirección del Transporte de Yucatán, con sede en esta ciudad): "La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, así como la detención y retención del automotor de la marca Ford, tipo Figo, modelo 2017, color blanco oxford, con número de serie MAJFP1MD1HA131572 y placas de circulación YWF-610-A, del Estado de Yucatán, que dice es de su propiedad". Adicionalmente, señala como nuevo acto reclamado: "La indebida y arbitraria emisión de la boleta de infracción 23553". En atención a lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, el suscrito de oficio inicia el trámite de SEPARACIÓN DE JUICIOS, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa son autónomos, por lo que deben substanciarse por separado. En consecuencia remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo y de las constancias que integran este juicio, así como el escrito original de la ampliación de demanda de la quejosa y sus anexos, previa copia certificada que de estos últimos se dejen en estos autos, a fin de que dicha Oficina, proceda a su registro, y se sirva turnar dicha documentación al Juzgado de Distrito que corresponda, por lo que se refiere al acto reclamado por la peticionaria del amparo, consistente en: "la indebida retención del vehículo de la marca Ford, tipo Figo, modelo 2017, color blanco oxford, con número de serie MAJFP1MD1HA131572 y placas de circulación YWF-610-A, del Estado de Yucatán y la emisión de la boleta de infracción 23553, que reclama del Secretario de Seguridad Publica del Estado y de la Directora de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, del Gobierno del Estado, ambos con sede en esta ciudad. En el entendido que este Juzgado Federal determinó conocer únicamente del acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en: La omisión de dar contestación al escrito de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, que presentó la quejosa ante él, en la propia fecha, por ser el acto por el que inicialmente se admitió a trámite la demanda en proveído de cuatro de enero del año en curso. Finalmente, se tiene por designado como autorizado de la quejosa a Luis Miguel Rivero Díaz, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente y cúmplase.
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