Gervin Paulino Moo Pacheco
Expediente 602/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gervin Paulino Moo Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe en turno Titular de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Umán, Yucatán, con residencia en esta ciudad. Lo anterior sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante acuerdo de cuatro de marzo del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio, fuera de audiencia, sin que lo informado por la autoridad oficiante varíe lo ya decidido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que las autoridades responsables foráneas Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, todos con sede en la Ciudad de México; así como el Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de vacunación contra COVID-19 "Operativo Correcaminos", con sede en Yucalpetén, Yucatán, no han rendido sus correspondientes informes previos en el presente asunto, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio número 7654/2022-V-A (por medio del cual se reexpidió el diverso oficio 34864/2021/V-A) dirigido al Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, por medio del cual se le requirió dicho informe previo. Por tanto, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad responsable foránea se ubican fuera de la residencia de este Juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por otra parte, agréguese a este incidente el sobre que contiene el oficio 36449/2021-V-A, de data siete de diciembre de dos mil veintiuno, dirigido a la autoridad responsable Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, que devuelve el Servicio Postal Mexicano, por "cambio de domicilio". Por tanto, se ordena a la Oficialía de Partes de este Juzgado reenviar el aludido oficio y su anexo, al domicilio actual de la mencionada responsable, para los efectos legales precisados en el mismo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL, signado por ******************** autorizada en términos amplios del quejoso ********************. En atención a su contenido, se tienen por rendidos los alegatos de referencia por parte de la promovente, por tanto, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
ELET El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, e informa que hasta el día de hoy que se está celebrando la presente audiencia incidental, no se tiene conocimiento de que la autoridad responsable Coordinador Estatal Correcaminos en Yucatán, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, haya rendido su informe previo a pesar de estar legalmente notificado, según se advierte de la boleta correspondiente al oficio con el que se le solicitó su informe previo. Por otra parte, se advierte que no obra agregado en este cuaderno el informe previo de las autoridades PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y SECRETARIO DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con sede en la Ciudad de México; ni tampoco obra constancia de que hubiesen recibido el correspondiente oficio con el que se les solicitó dicho informe a las autoridades citadas. En consecuencia, el Juez federal acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede. Por otra parte, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas hora y fecha, para el desahogo de la audiencia incidental por lo que se refiere a las dos autoridades foráneas citadas. Ello, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera del lugar de residencia de este juzgado y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. Asimismo, téngase por hecha la relación secretarial que antecede y celébrese la audiencia incidental en el presente asunto. Seguidamente, abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó al escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda, con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas dichas probanzas, en virtud de su propia naturaleza. Con ello, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna. A continuación, no habiendo diligencias por desahogar ni pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el incidente y procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 69/2022-IV-A, promovido por IMELDA AURORA CHUC LEÓN, representante de su hija menor de edad quejosa KARLA REGINA DZIB CHUC, y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, IMELDA AURORA CHUC LEÓN, representante de su hija menor de edad quejosa KARLA REGINA DZIB CHUC solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARIO DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; y, COORDINADOR ESTATAL DE ESTRATEGIA OPERATIVA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID -19 "OPERATIVO CORRECAMINOS", con sede en Yucalpetén, Yucatán, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca (DENOMINACION CORRECTA). SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede únicamente por la autoridad COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: ACTO RECLAMADO. La omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad que representa, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 17 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de dos mil veintiuno, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo la salud del menor. SEGUNDA. Certeza de actos. Respecto a la autoridad señalada como responsable COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, al momento de resolver el presente incidente, no se tiene conocimiento de que hubiese rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, de conformidad con la constancia respectiva, relativa a la entrega del oficio correspondiente; misma que obra en autos. Por ello, debe tenerse como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados por la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisiva con efectos positivos; respecto de los cuales, es procedente CONCEDER la medida cautelar provisional instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado estima que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Por ende, en términos de lo previsto en el numeral 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el numeral 4° cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que la responsable realice a la brevedad la aplicación de la vacuna a la menor quejosa, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda. Considerando que en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece; "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En la inteligencia de que la autoridad responsable señalada debe acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se señalan. CUARTO. Diferimiento de la audiencia por lo que se refiere a las autoridades restantes. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, procede DIFERIR la audiencia incidental respecto de las autoridades PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y SECRETARIO DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con sede en la Ciudad de México. Fijándose para tal efecto, las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a la menor KARLA REGINA DZIB CHUC, solicitada por conducto de su representante IMELDA AURORA CHUC LEÓN, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Coordinador Estatal Correcaminos en Yucatán, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, por los motivos expuestos en la consideración tercera de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se DIFIERE la celebración de la audiencia incidental respecto de las autoridades responsables señaladas en el considerando cuarto de esta interlocutoria, fijándose para tal efecto, las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y regístrese.
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