Gertrudis Agustina Caceres Beltran

Expediente 810/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
810/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Gertrudis Agustina Caceres Beltran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; debiendo remitir al archivo de este juzgado por separado los cuadernos del incidente de suspensión respectivos, agregando a los mismos copia autorizada del presente auto. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo número 810/2021-IV-A, promovido por GERTRUDIS AGUSTINA CÁCERES BELTRÁN, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el doce siguiente, a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció GERTRUDIS AGUSTINA CÁCERES BELTRÁN, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."  a).- La negativa de sobreseer en la causa penal número 169/2020, que se sigue en contra de la quejosa por el delito de FRAUDE, emitida por el juez responsable en audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno; y,  b).- La resolución del recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución que negó decretar dicho sobreseimiento, dentro de la causa penal 169/2020, en audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo . Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814 , que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En relación con el acto identificado con el inciso a), consistente en la negativa de sobreseer en la causa penal número 169/2020, que se sigue en contra de la quejosa por el delito de FRAUDE, emitida por el juez responsable en audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno; se materializa la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es, la cesación de efectos. El precepto legal en comento es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora bien, la cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Entonces, será la nueva determinación, en todo caso, la que podrá ser materia del juicio constitucional. En el caso, se reclama la resolución que declaró la negativa de sobreseer en la causa penal 169/2020, instruida en contra de la quejosa por el delito de FRAUDE, fallo emitido por el juez responsable en audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias de autos, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en particular del disco compacto versátil (DVD) remitido como documenta por parte de la autoridad responsable, se advierte que en la audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno, la parte quejosa a través de su defensor interpuso recurso de revocación en contra de la resolución que negó decretar el sobreseimiento en la causa penal de origen. Cabe precisar que este medio de impugnación fue resuelto también en la propia audiencia oral de diez de mayo del año en curso, declarando el juez improcedente el recurso de revocación y confirmando la negativa de sobreseimiento solicitada. Lo anterior da noticia de la materialización del motivo de improcedencia en estudio, dado que las consecuencias jurídicas de la negativa de decretar el sobreseimiento en la causa penal 169/2020, instruida en contra de la quejosa por el delito de FRAUDE, fue sustituida procesalmente por la resolución recaída al recurso de revocación interpuesto por la defensa de la justiciable. De ahí que es esta última resolución la que rige la situación jurídica de la amparista, por lo que es esa nueva determinación, y no la identificada con el inciso a), la que realmente afecta su esfera jurídica. Lo cual conduce a advertir una cesación de efectos del acto reclamado señalado con el inciso a), por sustitución, que origina la declaratoria de sobreseimiento respecto del mismo. Sirve de apoyo por identidad de razones la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2013461 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: I.2o.P.4 K (10a.) Página: 2546 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Por tanto, se SOBRESEE en el presente juicio, respecto de la resolución que declaró la negativa de sobreseer en la causa penal 169/2020, instruida en contra de la quejosa por el delito de FRAUDE, emitida por el juez responsable en audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno, acto identificado en el presente estudio con el inciso a); lo anterior, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia de diversas causas de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna otra causal de improcedencia distinta a la analizada en el considerando que antecede, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe precepto alguno que obligue a ello, además de que no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Resolución de fondo del asunto. A continuación se procede al análisis de la litis constitucional en relación con el acto identificado con el inciso b), consistente en la resolución del recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución que negó decretar el sobreseimiento dentro de la carpeta administrativa 169/2020, en audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno. Al respecto, debe decirse que del análisis realizado a la demanda de amparo, no se advierte algún concepto de violación dirigido a combatir en forma concreta la resolución que resolvió el recurso de revocación, sino que los argumentos de la parte quejosa son tendentes a impugnar la negativa originaria del A quo de no acceder al sobreseimiento de la carpeta de investigación. Por tanto, este juzgado federal procede a aplicar en beneficio de la parte quejosa la suplencia de la queja deficiente, como lo permite el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tratarse de la parte imputada la que ocurre al presente juicio constitucional. Precisado lo anterior, se procede al análisis de las constancias que obran en la carpeta administrativa 169/2020, las cuales fueron remitidas por el juez responsable al rendir su informe justificado. A las cuales, se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de este último ordenamiento legal, así como por lo establecido en el artículo 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tratarse de actuaciones practicadas por autoridad en ejercicio de sus atribuciones. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tiene ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionario públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En efecto, de las constancias enviadas derivadas de la carpeta administrativa de referencia, cobra especial relevancia la audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno, concerniente a la etapa intermedia, en la cual, en lo que interesa: 1.- Al inicio de la audiencia, el juez preguntó a las partes si habían llegado a algún acuerdo, a lo que respondieron en forma negativa. 2.- Posteriormente, el resolutor cuestionó a las partes si existía alguna causa de terminación anticipada, a lo cual la defensa de la implicada solicitó el uso de la voz y planteó una causa de sobreseimiento de la carpeta de investigación; intervención a la cual la fiscalía ni la defensa hicieron manifestación alguna. 3.- Por lo que el defensor de la implicada, en uso nuevamente de la voz, procedió a plantear la causa de sobreseimiento aludida, señalando en lo sustancial, que no se actualiza en el caso el elemento del engaño, toda vez que la acusada era propietaria del vehículo al momento de que hizo la venta del mismo, pues existe la factura la cual presenta un endoso de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho realizado por Humberto Pastor Castillo, siendo que ello fue anterior a la venta del vehículo (ocho de septiembre de dos mil dieciocho). Refirió la defensa, que ante ello, no existe el engaño ni el dolo, pues siempre la acusada ha tenido la intención de cumplir con el contrato que celebró con la ahora querellante, y el automotor está a disposición de esta última, y que en el momento que haga el requerimiento se lo puede entregar, porque es de ella y la implicada no se niega a entregarlo, siendo la víctima quien se ha negado a recibirlo, por lo que se trata de una cuestión de carácter civil. 4.- A continuación, el fiscal se opuso a lo señalado por la defensa, pues adujo que en la carpeta existen datos que evidencian el engaño cometido por la implicada, pues al momento del hecho, la acusada no era la propietaria del vehículo, por lo que solicitó al juez no acceder al sobreseimiento peticionado. 5.- Después, el asesor jurídico señaló que no debía sobreseerse en el asunto, el defensor rebatió lo argumentado por el fiscal, quien en intervención posterior sostuvo su solicitud de negar el sobreseimiento solicitado por la defensa, a lo que el juez procedió a resolver. 6.- Así, el A quo cerró el debate y procedió a resolver en relación con la petición de sobreseimiento, la cual negó, sobre la base de que el documento de prueba a que hizo alusión la defensa y por el cual solicitó el sobreseimiento no permite tener por acreditada una causa de atipicidad del hecho, que conduzca por ende, a considerar que no se actualiza en el caso alguno de los elementos del delito, concretamente el engaño, ya que existen en la carpeta administrativa datos de prueba de los que se advierte que en la época de los hechos, la acusada no tenía la propiedad del vehículo, por lo que esa es una cuestión que puede ser dirimida en juicio oral, por lo que negó la solicitud de sobreseimiento. 7.- Ante ello, la defensa interpuso recurso de revocación en contra de la determinación anterior y expuso sus argumentos (1:37:10), señalando sustancialmente que la factura señala cuándo fue endosado el vehículo, por lo que señalar que el endoso probablemente fue puesto con posterioridad es poner en tela de juicio dicho documento, así como el dicho del testigo que se ofreció en relación con el endoso, pues la circunstancia de que en el reglamento de tránsito exista un término para hacer el cambio de propietario es independiente de lo asentado en el documento. 8.- Posteriormente, el juez procedió a resolver el recurso de revocación interpuesto por la defensa respecto a la negativa decretada en la propia audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno (1:14:05 del registro de audio y video). En principio declaró el recurso idóneo y viable, en términos del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que lo admitió a trámite. En relación con lo que es materia de dicho medio de impugnación, el resolutor de origen señaló que es infundado, por lo que declaró firme el auto que negó el sobreseimiento en la carpeta de la investigación que se sigue en contra de la quejosa por el delito de FRAUDE. En principio, refirió que la defensa arguyó que existe una factura, la cual aduce haber corrido traslado a la fiscalía con la misma, en la que se advierte que la imputada es la propietaria del vehículo, sin embargo dicho documento no fue presentado ante el Juez A quo, ni tampoco la representación social corroboró su existencia, ya que esta último indicó que sólo tenía una copia simple sin que les proporcionara el original para el cotejo correspondiente; asimismo, el juez indicó que en el desarrollo de la audiencia de ese día tampoco la defensa lo hizo valer, ya que sólo mencionó que existe el original, sin que lo exhibiera o proporcionara. Además, abundó el juzgador natural, que si bien es cierto que para emitir un sobreseimiento no se requiere desahogo de pruebas, al menos debe corroborarse el motivo de sobreseimiento, lo cual no aconteció en el caso. Asimismo, refirió que con independencia de que dicho documento exista, no se considera que la existencia de un endoso que actualmente se observa en la factura, no acredita que en la época de los hechos estuviera asentado, ya que no existe prueba alguna en ese sentido. Por lo que estimó que esa cuestión debía ser dirimida ante el tribunal de juicio oral, sin que esa circunstancia violara derecho alguno para la implicada, pues en ese momento tendrá la oportunidad de defensa y podrá argumentar lo que estime pertinente; pero en el momento de resolver el recurso de revocación, el A quo indicó que con dicho dato de prueba (factura) así como obra en autos es ineficaz para los fines pretendidos por la defensa de la imputada en el sentido de que opere el sobreseimiento de la carpeta de investigación, por lo que, indicó reiterar sus argumentos en torno a dicha determinación de negativa de otorgar el sobreseimiento solicitado, la cual quedó firme. Al respecto, como queda evidenciado la resolución que constituye el acto reclamado es objetivamente legal, por lo que los conceptos de violación de la parte quejosa, invocados en suplencia de la queja, son infundados. Ciertamente, al resolver el recurso de revocación, el juzgador de origen adecuadamente consideró confirmar su determinación de negar el sobreseimiento peticionado, para lo cual centró su línea argumentativa en el documento a que hizo alusión la defensa, pues el mismo es el punto toral invocado para solicitar el sobreseimiento. Por lo que, de inicio, el juez de origen estuvo en lo correcto al argumentar en torno a la factura aludida que, contrario a lo sostenido por el recurrente, sí existen elementos suficientes en autos para considerar que los elementos del delito están cubiertos, lo cual es correcto, pues en la carpeta administrativa ya se dictó un auto de vinculación en contra de la aquí quejosa, en el cual se analizaron los datos de prueba, concluyendo que probablemente sí existió un engaño por parte de la amparista. De ahí que, si la parte quejosa pretendía convencer al juez, mediante los argumentos del recurso de revocación, que no existe uno de los componentes típicos (engaño), ello debía quedar suficientemente acreditado en autos, y tal como lo señaló el A quo, con los datos de prueba a que hizo alusión el defensor de la implicada, sin que se lograra probar, por el momento, dicha circunstancia. En efecto, el dato de prueba consistente en la factura endosada a favor de la amparista en fecha anterior a la que se realizó la operación de compraventa, al no haberse incorporado a la carpeta de una manera que permitiera advertir sin lugar a duda que ese endoso fue realizado con antelación a los hechos, trajo como consecuencia lógica que el resolutor primario concluyera en la forma que lo hizo. A saber, se advierte que el juez de origen, adecuadamente señaló que la factura invocada por la defensa como una circunstancia que incide -a su criterio- en la inacreditación del elemento del engaño, como parte del delito de FRAUDE que se le imputa a la quejosa, no tenía el suficiente valor probatorio, resultando ineficaz, dado que: a) La defensa arguyó haber corrido traslado con la factura a la fiscalía, pero esta última precisó que sí se hizo ello pero con una copia simple del documento, pues nunca la parte implicada exhibió el original para realizar el cotejo de ley; b) Que la factura no fue presentada ante el juez a quo en original con antelación ni en la propia audiencia de diez de mayo de dos mil veintiuno, en la que determinó no acceder al sobreseimiento y que con posterioridad fue motivo del recurso de revocación, pues sólo la defensa manifestó que existe el original de dicho documento, pero no lo proporcionó ni lo integró a la carpeta administrativa en forma alguna. c) Por lo que, si bien es cierto, como lo dijo la defensa (e invocó un criterio al respecto) para dictar un sobreseimiento de la causa penal no se requiere atender a un desahogo de pruebas, lo importante es corroborar ese motivo de sobreseimiento, siendo que en la especie, la defensa de la implicada no acreditó fehacientemente la inexistencia del engaño con el dato de prueba con el que centró su petición; y, d) Por último, se observa que el a quo refirió que, incluso en el caso de que dicho documento existiese, el sólo hecho de tener el endoso en los términos que refiere la defensa, es decir, con una fecha anterior a la que se llevó a cabo la compraventa del vehículo, ello no acredita sin lugar a duda que ese endoso estuviese asentado en la época de los hechos. Como se observa, el A quo fue explícito en las razones por las cuales consideró confirmar la determinación sometida a revocación, las cuales son adecuadas en razón de lo que es materia de litis. Asimismo, también es legal lo indicado a mayor abundamiento por el a quo, en el sentido de que lo relativo a la documental considerada como dato de prueba, podrá ser materia de análisis ante el tribunal del juicio oral, donde podrá la imputada y su defensa poder retomar y exponer sus pretensiones al respecto, haciendo uso de derecho de defensa. Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, procede NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por GERTRUDIS AGUSTINA CÁCERES BELTRÁN, respecto del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, identificado con el inciso a), por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a GERTRUDIS AGUSTINA CÁCERES BELTRÁN, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, identificado con el inciso b), por los motivos señalados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a este incidente para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con el que solicita se fije fecha y hora para que comparezca a este órgano jurisdiccional y se le haga la devolución del billete de depósito N ***y expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $*** (***, 00/100, moneda nacional), que exhibió a fin de que continuara surtiendo efectos la suspensión concedida a la parte quejosa. Al efecto, en atención a lo que solicita el promovente, dígasele que en proveído de once de agosto del presente año, se ordenó la devolución de dicho billete de depósito y se le informó que solicitara una cita para acudir al órgano jurisdiccional mediante la obtención del código "QR", el cual puede tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, tal como lo señala el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del propio Consejo; por lo tanto, deberá estarse a lo ahí acordado. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta y lo informado por el Secretario, se acuerda: toda vez que el quince de julio del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el cuaderno principal; agréguese a este expedientillo para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza Presidenta del Tribunal Segundo de Juicio Oral en el Estado, en el que informa que la celebración de la audiencia de juicio oral relativa a la causa penal ********************, seguida en contra de la aquí quejosa, se iniciará el dieciséis agosto del presente año a las diez horas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, por lo que solicita se informe si lo resuelto en este juicio puede incidir o no en la celebración de la tercera etapa del procedimiento penal. En atención a su contenido, se le informa que hasta la presente fecha no se ha dictado la sentencia correspondiente en el presente juicio constitucional dado que aún se encuentra en estudio. Luego, en relación con el segundo planteamiento, indíquese a la autoridad responsable que no existe impedimento alguno para que pueda continuar con el procedimiento y llevar a cabo la audiencia de juicio. Con la precisión de que en el presente asunto, atendiendo al acto reclamado, no se está en el supuesto que prevé el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no implica violación a los artículos 19 o 20 de la Carta Magna, ya que se trata de la resolución del recurso de revocación que confirma la negativa de decretar el sobreseimiento en la causa penal ********************, dentro del incidente planteado para tal efecto. Para mayor ilustración se transcribe el numeral antes invocado. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Lo que se le comunica para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

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