Gertrudis Agustina Cáceres Beltrán
Expediente 1332/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1332/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gertrudis Agustina Cáceres Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo negado, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 1332-2020-II-A, promovido por + + + +, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a + + + , en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1332/2020-II-A, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo la referida quejosa solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Por acuerdo dictado el seis de enero de dos mil veintiuno, se ordenó regularizar el presente asunto y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que es el siguiente: La resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, pronunciada en la causa penal ********************, en la que la responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra de la amparista, por el delito de fraude. SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en el presente asunto, pues así lo manifestó al rendir su informe previo. TERCERO. Ahora bien, en cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, el cual en la especie se trata de un acto consumado con efectos positivos, por lo que sólo respecto a sus efectos y consecuencias es factible hacer pronunciamiento sobre la procedencia de la suspensión; por lo que atento a ello, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Requisitos que se cumplen en el particular, toda vez que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y de concederse la suspensión no se contravendrían disposiciones de orden público e interés social, al incidir únicamente sobre derechos del propio quejoso. Por tanto, en relación a los efectos y consecuencias del acto reclamado, con apoyo en los artículos 163 y 166 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarla, para la continuación del procedimiento, hasta que se notifique a la autoridad responsable que ha quedado firme la resolución que ponga fin al juicio principal del que deriva este incidente. Sin que obste a ello, que la autoridad responsable pueda decretar alguna medida cautelar que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para la hoy quejosa. En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte". Por lo expuesto y considerado, con apoyo en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se concede a ********************, la suspensión definitiva solicitada respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, en los términos y condiciones expuestos en el considerado tercero de esta interlocutoria. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, a dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio TTSEM/MP/SRÍA.- 38/2021, signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite las constancias relativas al requerimiento efectuado en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, comunicando lo que proveyó respecto al incumplimiento del Cabildo del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, a su requerimiento de diecinueve de noviembre del referido año. De la misiva de mérito, se advierte que el Tribunal responsable, por acuerdo de once de enero actual dictado en autos del expediente laboral 307/2010 y acumulados, hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído de diecinueve de noviembre, por lo que dio vista a la Fiscalía General del Estado para que de ser procedente, inicie la carpeta de investigación correspondiente por la posible comisión del delito de desacato a los mandatos de una autoridad. Asimismo, requirió a los integrantes del Cabildo de la referida municipalidad, para que, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día doce de enero en curso, fecha en que fue notificado, presenten copia certificada del acta de su sesión extraordinaria, así como la solicitud ante el Congreso del Estado de una partida extraordinaria en su Presupuesto de Egresos, para el pago del laudo y el programa de cumplimiento respectivo; bajo el apercibimiento que ahí se detalla, ante su actitud rebelde y evasiva con los mandatos del aludido Tribunal. En relación con lo anterior, requiérase al Magistrado responsable, para que una vez transcurrido el plazo otorgado al Cabildo de Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, para atender a lo anterior, comunique a este Juzgado Federal el cumplimiento dado a dicho requerimiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda; debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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