Germán Cruz Hernández

Expediente 488/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
488/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Germán Cruz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, mediante el cual informa que en auto de trece de julio del año en curso, hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y tuvo por desistidas a las partes de las pruebas pendientes por desahogar. Sin que haya lugar a realizar un pronunciamiento sobre el fondo de la promoción de cuenta, en virtud de que en auto de diecinueve de julio del año en curso, se declaró por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de seis de julio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que ésta realizara manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Mediante sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: " a) De conformidad con los artículos 880 al 884 de la Ley Federal del Trabajo, recabe la probanza requerida a la CANACO SERVYTUR en Zitácuaro, Michoacán, ya sea que entable comunicación directamente con dicha moral, mande oficios, comisione a un actuario de su adscripción para que entregue el oficio o bien, para agilizar y obtener la información requerida gire exhorto a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en Zitácuaro, Michoacán. b) En caso de no faltar ninguna etapa procesal y de acuerdo los artículos 880 al 884 de la Ley Federal del Trabajo, ordene de inmediato se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes, y en caso de no faltar diligencia alguna, orden cerrar la etapa de desahogo de pruebas y conceda a las partes el término para formulas alegatos, ajustándose a los plazos que establece la ley laboral" En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante oficio J-IV-2125/2022, presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, ante este Juzgado de Distrito, remitió copia de lo siguiente: Contestación dada por la Directora General de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Zitácuaro, Michoacán, en la cual manifestó que no encontró información relacionada a que Delfino Pérez Pérez, trabajara para ese organismo empresarial o que fuera socio. Auto dictado el veinticuatro de junio del año en curso, en el que certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y otorgó a las partes el plazo de tres días para que manifestarán si quedaba alguna probanza pendiente por desahogar; y, Las constancias de notificación a las partes, efectuadas el treinta de junio del año en curso. Por lo tanto, la autoridad responsable certificó que no quedó probanza alguna pendiente por desahogar y notificó a las partes dicha situación para que formularan su objeción, situación que de las constancias que remitió la responsable no aconteció. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite copia del auto de veinticuatro de junio del año en curso, así como diversas constancias. En tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 488/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con una promoción registrada con el número 9501 y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y relaciónese en la etapa correspondiente Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase al agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable. Al respecto, el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza referida. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que únicamente los formuló la fiscal adscrita. El juez provee: Se tiene a la fiscal por formulándolos y se declara precluido el derecho del resto de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez de Distrito para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y: R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de mayo del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, apoderada jurídica de Germán Cruz Hernández, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de cerrar instrucción y dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 4C-512/2019. Segundo. Trámite del juicio. Por acuerdo de diez de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y se fijó fecha para la audiencia constitucional. Asimismo, una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues se reclama un acto omisivo proveniente de una autoridad laboral con sede en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado, En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado debe tenerse como la dilación en cerrar la etapa de instrucción, es decir, de recabar los medios probatorios presentados por las partes dentro del juicio laboral 4C-512/2019. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir el informe que le fue requerido, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado en relación a la omisión de dictar el laudo y aceptó la actitud omisiva que se le atribuye respecto al desahogo de los medios de pruebas y cerrar la etapa de instrucción, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia conforme a lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del precepto 2º de ésta. Lo cual es suficiente para tener por ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Cuarto. Causas de improcedencia. Sin que se hayan hecho valer por las partes, ni este juzgador advierta de oficio alguna causa de improcedencia del juicio, se procede al análisis del concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, el cual consta en su escrito inicial de demanda, mismo que no se transcribe por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, ni por existir precepto legal alguno que establezca dicha obligación, además, de que con esa omisión, no se deja en estado de indefensión a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2010, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Quinto. Estudio de fondo. La parte peticionaria de amparo en el planteamiento formulado básicamente argumentó que la junta responsable vulnera el contenido de los artículos 14, 16, 17 y 123 Constitucionales, los cuales establecen, respectivamente que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho; asimismo, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es esencialmente fundado el concepto de violación. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ordenó enviar oficio a recordatorio a la CANACO SERVYTUR en Zitácuaro, Michoacán, a fin de que en el plazo de tres días, remita la constancias relativas solicitadas con anterioridad, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa. Lo anterior revela que, como lo sostiene la parte quejosa, la omisión de la junta responsable vulnera en su perjuicio el derecho contenido en el artículo 17 Constitucional, pues desde el veinticinco de marzo del año en curso, ordenó enviar el oficio recordatorio a la CANACO SERVYTUR en Zitácuaro, Michoacán, sin que hasta la fecha obre alguna otra actuación para recabar la información solicita u obre ésta. En efecto, el artículo 17 Constitucional consagra el derecho de seguridad jurídica, al disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Conforme a dicho precepto, las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia pronta, lo cual implica resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prontitud en la impartición de justicia comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva que dirima la controversia y que tales principios generales, aplicados a la materia laboral, se deben entender referidos al juicio laboral y al laudo. Asimismo, el máximo tribunal del país se ha pronunciado en el sentido de que en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces. En la especie, el acto reclamado deriva de un juicio laboral, por lo que a efecto de determinar si la omisión de la autoridad responsable origina un retardo o dilación en el procedimiento se debe analizar lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo respecto de los términos y plazos para que la junta realice determinados actos procesales. Al respecto, los artículos 880 al 884 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: " Artículo 880.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podr objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobr las pruebas que admita y las que deseche Artículo 881.- Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión d pruebas, solamente se admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas. Artículo 882.- Si las partes están conformes con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, al concluir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, se otorgará a las partes término para alegar y se dictará el laudo Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos." Asimismo es de conocimiento del suscrito que la responsable tiene excesivas cargas de trabajo, sin embargo, es su deber y obligación ajustarse a los plazos que establece tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación la tesis jurisprudencial IV.3o.T.J/57, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ubicada en la página 1283, Tomo XXII, de Septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, con número de registro 177266, que a la letra dice: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Es relevante la tesis 1.4o.A.5K, pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ubicada en el Libro XV, Tomo 2, página 1453, de Diciembre de 2012, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002351, de rubro y texto siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos". Sin que pase desapercibido, para este órgano jurisdiccional que la Ley Federal del Trabajo tuvo una reforma trascendental, la cual se publicó el uno de mayo de dos mil diecinueve; sin embargo, en términos del artículo 7° transitorio los procedimientos que a la fecha se encuentren en trámite ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán resueltos de conformidad a las disposiciones vigentes al momento de que iniciaron. En esas condiciones, resulta indudable que la autoridad responsable vulnera los derechos de la parte quejosa, dado que en su calidad de junta responsable de la administración de justicia en materia laboral, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo; pues si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en la solución de las controversias sometidas a su conocimiento; y de actualizarse dicho retardo, se configura la violación al derecho previsto en el citado precepto constitucional. Ello, aun cuando en el fondo del asunto llegare a emitirse laudo favorable a los intereses de la quejosa, pues aun así, no podrá remediarse la violación del derecho ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. En consecuencia, al estar demostrada la violación de garantías aducida, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sexto. Efectos de la concesión de amparo. En función de lo anterior, de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o ésta sea confirmada por un tribunal superior, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán, dé cumplimiento con lo siguiente: a) De conformidad con los artículos 880 al 884 de la Ley Federal del Trabajo, recabe la probanza requerida a la CANACO SERVYTUR en Zitácuaro, Michoacán, ya sea que entable comunicación directamente con dicha moral, mande oficios, comisione a un actuario de su adscripción para que entregue el oficio o bien, para agilizar y obtener la información requerida gire exhorto a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en Zitácuaro, Michoacán. b) En caso de no faltar ninguna etapa procesal y de acuerdo los artículos 880 al 884 de la Ley Federal del Trabajo, ordene de inmediato se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes, y en caso de no faltar diligencia alguna, orden cerrar la etapa de desahogo de pruebas y conceda a las partes el término para formulas alegatos, ajustándose a los plazos que establece la ley laboral. Lo anterior, tomando en cuenta que la concesión del amparo abarca únicamente la dilación del periodo probatorio a estudio en el presente juicio y no respecto de aquellas futuras o inciertas que lleguen a surgir en el procedimiento como lo es el dictado del laudo, toda vez que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, existe jurisprudencia obligatoria aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. Único. Por las razones expresadas en el considerando quinto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, apoderada jurídica de Germán Cruz Hernández, contra los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en la consideración sexta del presente fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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