Gerardo Rodriguez Tapia

Expediente 92/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
92/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Rodriguez Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. DESPACHO DILIGENCIADO. Glósese a los presentes autos el oficio 373 (y anexos) signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 74/2023, número de orden 104/2023, de este juzgado de Distrito, del que se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se notificó a los aquí quejosos *** y ***, el auto de veintiuno de febrero del año en curso, dictado en el presente sumario constitucional. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. DESPACHO DILIGENCIADO. Glósese a los presentes autos el oficio 300 (y anexos) signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 36/2023, número de orden 49/2023, de este juzgado de Distrito, del que se advierte que el uno de febrero de dos mil veintitrés, se notificó a los aquí quejosos ********************, el auto de treinta de enero del año en curso, dictado en el presente sumario constitucional. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRME DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos ********************, y se cerciore de sus identidades. c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 92/2023. d) Notifique a los quejosos el presente proveído; e) Les corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si los quejosos quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo y ordena el archivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA (VÍA DESPACHO); Y, POR LISTA A SUS AUTORIZADOS PROCESALES.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Oomr. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].DESPACHO DILIGENCIADO. Glósese a los presentes autos el oficio 300 (y anexos) signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 36/2023, número de orden 49/2023, de este juzgado de Distrito, del que se advierte que el uno de febrero de dos mil veintitrés, se notificó a los aquí quejosos ********************, el auto de treinta de enero del año en curso, dictado en el presente sumario constitucional. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRME DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos ********************, y se cerciore de sus identidades. c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 92/2023. d) Notifique a los quejosos el presente proveído; e) Les corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si los quejosos quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA (VÍA DESPACHO); Y, POR LISTA A SUS AUTORIZADOS PROCESALES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Que la demanda, con la que se dará cuenta, fue presentada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 92/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de veintidós, no así en el expediente impreso. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, debe precisarse que del contexto integral de la demanda de amparo la parte quejosa, acude a esta contienda constitucional dentro del proceso penal 236/212 y, reclama del: 1. Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla: "(.) la negativa a dar contestación mediante acuerdo o resolución a mi escrito de queja interpuesta de fecha 13 de enero del 2023, para efectos de que ordenara a la C. Jueza Penal de Distrito, de Atlixco, Puebla, nos expidiera copias certificadas a la brevedad posible y sin obstáculo alguno, de todo lo actuado y hasta el último acuerdo que recayera nuestro escrito de petición de fecha 10 de enero del 2023, dentro de autos de la causa penal número 236/2012." 2. Jueza de lo Penal de Atlixco Puebla: "(.) la negativa a dar contestación mediante acuerdo a nuestro escrito de petición de derecho de fecha 10 de enero del 2023, en donde les solicitamos que se nos expidiera copias certificadas sin obstáculo alguno de todo lo actuado y hasta el último acuerdo que recayera nuestro escrito de petición de la causa penal 236/2012, ya que días anteriores se nos había notificado por medio del C. Director encargado del Centro de Reinserción Social Para Adulto de Tepexi, de Rodríguez, Estado de Puebla, que teníamos 15 días, para efectos de interponer un recurso del que no se nos informó bien referente a una impugnación." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al suscrito Secretario encargado del despacho de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando lo reclamado no sea de los actos considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. Respecto al tema de que se trata, debe indicarse que, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalecía la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no definía el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 del Pacto Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo cual implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues, a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En síntesis, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esa afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esa línea de argumentación, cabe precisar que, como actos en juicio de imposible reparación, se consideran a aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales de la parte quejosa, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, criterios que deben aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados, que a la letra establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Bajo ese contexto, y como se precisó anteriormente, la parte quejosa en su demanda de amparo señala como autoridades responsables al: 1. Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla; y, 2. Jueza de lo Penal de Atlixco Puebla, y reclama-la negativa por parte de dichas autoridades de expedirle copia certificada de todo lo actuado en el proceso penal de origen, mismas que fueron solicitadas mediante escritos de diez y trece de enero de dos mil veintitrés. En ese sentido, debe precisarse que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, de manera general, el deber de todo funcionario y empleado público de contestar las peticiones de los gobernados. Conforme a dicho precepto, se establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que, a toda petición formulada en esos términos, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis, ha establecido que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, que el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que excluye su operatividad en las relaciones de coordinación, reguladas por el derecho privado, en donde el ente público actúa como particular. Ahora, dentro de dicha relación destacan los preceptos constitucionales 14 y 16; el primero, por cuanto dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además de que consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal (garantía de debido proceso); y, el segundo, que consagra la garantía de legalidad. En relación con la garantía de debido proceso, debe señalarse que la misma resulta aplicable a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, ya sea formal o material, y permite que los gobernados desplieguen su derecho de defensa antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica. Bajo ese panorama argumentativo, también debe traerse a colación lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto transgredido un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta; es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción (especie del derecho de petición), conforme al cual el gobernado tiene el derecho y el gobernante la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Así, con base en lo antes expuesto, se concluye que cada derecho invocado está establecido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo, lo cierto es que, los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Bajo ese esquema, es válido concluir que es improcedente reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento jurisdiccional, como lo pretende el quejoso, toda vez que, atento a lo expuesto, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta. Sin embargo, de forma específica, los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, tratándose de procedimientos jurisdiccionales (juicios), regulan el actuar de la autoridad ante las peticiones de los particulares, por lo que éstos preceptos son los aplicables para dar respuesta a tales solicitudes, precisamente debido a que el particular se sometió a su jurisdicción, en ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la justicia. En efecto, mientras el derecho previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal pretende que a toda petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término (género), los diversos preceptos 14 y 17 de la Constitución Federal, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. De ahí que, si el trámite del proceso penal 236/2012, radicado en el 2. Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla, se rige bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es palmario que el quejoso tiene a su alcance el derecho de acción a fin de solicitar al juzgador del conocimiento provea lo conducente y, en su caso, constriña a las autoridades que corresponda dar cumplimiento a sus determinaciones. Lo cual se robustece, tomando en cuenta que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenga aplicación tratándose de una solicitud formulada por el particular a una autoridad, ya que dicho precepto sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales. Al caso se invoca, por las razones que informa, la jurisprudencia número 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, , del tenor siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En esas condiciones, toda vez que el derecho consagrado en el artículo 8° constitucional regula cuestiones distintas (derecho de petición), en la especie el acto negativo que reclama la parte quejosa no es procedente impugnarlo en vía de amparo indirecto, toda vez que sus efectos son de índole procesal o adjetiva, y no se advierte una paralización total o abierta del proceso penal de origen como aducen los amparista. De ahí que, el acto reclamado por la parte quejosa no puede ser calificado como irreparable, en la medida que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino que sólo produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, máxime que le fue reconocido en juicio el carácter de procesado, sin que este juzgador advierta del contenido de la propia demanda de amparo, que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Razón por la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, éste último interpretado en contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desechar por notoriamente improcedente el presente juicio de amparo. Sustenta lo aquí determinado jurisprudencia número 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada". De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Desechamiento que se hace extensivo, al acto reclamado al 1. Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, consistente en: "(.) la negativa a dar contestación mediante acuerdo o resolución a mi escrito de queja interpuesta de fecha 13 de enero del 2023, para efectos de que ordenara a la C. Jueza Penal de Distrito, de Atlixco, Puebla, nos expidiera copias certificadas a la brevedad posible y sin obstáculo alguno, de todo lo actuado y hasta el último acuerdo que recayera nuestro escrito de petición de fecha 10 de enero del 2023, dentro de autos de la causa penal número 236/2012." Lo anterior es así, pues el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, en virtud que el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, como en el caso concreto ocurre, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo, tal negativa. Sustenta lo aquí determinado el siguiente criterio de rubro y texto siguiente: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." AUTORIZADO. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Ignacio Abundio Hernández Esquivel, designado(s), atento a que del dato proporcionado acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado(s). Y, se tiene por autorizado con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la última persona que refiere en su libelo de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, en el Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos *** y ***, y se cerciore de sus identidades. c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 92/2023. d) Notifique a los quejosos el presente proveído; e) Les corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si los quejosos quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Además, téngase el número telefónico proporcionado, únicamente como medio para establecer contacto, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por ese medio y sólo en casos excepcionales. REPRESENTANTE COMÚN. Téngase como representante común de los quejosos a ***, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA (VÍA DESPACHO); Y, POR LISTA A SUS AUTORIZADOS PROCESALES.

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