Gerardo Patricio Armas
Expediente 722/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gerardo Patricio Armas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio III-335/2020, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de queja 119/2020 de su índice, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; DEBIÉNDOSE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA LISTA A PUBLICAR, PARA QUE SE COLOQUE EN UN ESPACIO DE FÁCIL ACCESO PARA QUIEN ACUDA SIN CONTAR CON UNA CITA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 DEL ACUERDO GENERAL 21/2020; Y, MEDIANTE OFICIO A LA SUPERIORIDAD.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el tres de noviembre del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Gerardo Patricio Armas, en contra del auto dictado el dieciséis de octubre del año en curso, quedando registrado bajo el recurso de queja 119/2020, de lo que se toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO - DEBIÉNDOSE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA LISTA A PUBLICAR, PARA QUE SE COLOQUE EN UN ESPACIO DE FÁCIL ACCESO PARA QUIEN ACUDA SIN CONTAR CON UNA CITA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 DEL ACUERDO GENERAL 21/2020-
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en este juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito, a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la sustanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la ley de la materia, al no habérsele dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo ríndase el INFORME respectivo, manifestando que ES CIERTO que el dieciséis de octubre de dos mil veinte, se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente ********************, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente sumario constitucional, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio inicio al mismo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 y por oficio a la Superioridad.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A los autorizados procesales del PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 16 DE octubre DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Gerardo Patricio Armas, atento a su contenido, se acuerda: Téngase al quejoso presentando escrito aclaratorio, en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de seis de octubre de dos mil veinte; y, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el auto de formal prisión reclamado le fue notificado, tanto a él como a su defensor, el treinta de enero de dos mil veinte, por lo que al respecto se provee: DESECHAMIENTO. En la especie, este órgano de Control Constitucional advierte que respecto del citado acto reclamado al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en el auto de formal prisión dictado el treinta de enero de dos mil veinte, dictado en contra del aquí quejoso; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ahora bien, de la lectura integral del desahogo de prevención, se advierte que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que el treinta de enero de dos mil veinte le fue notificado tanto a él como a su defensor, el auto de formal prisión; además, el artículo 44 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establece que "las notificaciones y citaciones se harán, cuando más tarde, el día inmediato siguiente a aquél en que se dicten las providencias respectivas". Entonces, si el quejoso tuvo conocimiento del auto de formal prisión, el treinta de enero de mil veinte; el plazo de quince días para promover amparo trascurrió de la siguiente manera: Toda vez que el acto reclamado -auto de formal prisión-, fue notificado al quejoso el treinta de enero de mil veinte, surtiendo efectos el mismo día, -según lo dispuesto por el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla-, y el plazo para interponer su demanda de amparo transcurrió del tres al veintiuno de febrero de dos mil veinte, descontando los sábados y domingos, por ser inhábiles conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, el criterio expuesto, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA". Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y se turnó, por razón de incompetencia a este órgano de Control Constitucional el cinco de octubre de dos mil veinte, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, y su ejecución, sean considerados consentidos tácitamente. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando la peticionaria de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no la exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso, por conducto de su defensor particular o por cualquiera de sus autorizados, el presente auto en el domicilio designado para tal efecto, para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del Acuerdo General 21/2020. No ha lugar a ordenar la diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, pues si bien en el proemio de la demanda de amparo no se solicitó expresamente que las notificaciones se realicen en su centro de reclusión, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados, en su domicilio convencional..."
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