Gerardo Niño Lozano
Expediente 104/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gerardo Niño Lozano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO Agréguese a los autos el oficio del Director de Garantías de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Garantías Subdirección de Garantías "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual acusa recibo del oficio 253/2023, por el que se le remitió el billete de depósito ********************, expedido por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue presentada físicamente. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 1. Firme cumplimiento y archivo. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que las últimas notificaciones se efectuaron el quince de diciembre de dos mil veinte, las cuales surtieron efectos el dieciséis siguiente y el aludido plazo transcurrió del diecisiete de diciembre de dos mil veinte al veintisiete de enero de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) diecinueve y veinte de diciembre de dos mil veinte, así como dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero del actual por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) los días comprendidos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los que se declaró la suspensión de labores por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, comunicada mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; asimismo, insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. 2. Calificación de expedientes para archivo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. 3. Devolución de constancias y garantías. En atención a que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe justificado, se ordena devolverle lo siguiente: ( La copia certificada de la causa penal 30/2019 de su índice, con la cual se formaron los anexos I y II del presente juicio. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. En diverso sentido, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición del quejoso en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N-855067 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI) por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido que para la devolución de la garantía exhibida, el aludido quejoso deberá comparecer personalmente. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, con fundamento en el artículo 6, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento del peticionario de amparo, que para la devolución del billete deberá agendar la cita correspondiente, la cual, por razones de seguridad y control de este órgano jurisdiccional, únicamente se podrá realizar los días martes y jueves en un horario de 12 pm a 12:30 pm. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso; por lista al tercero interesado Martín Benavides Benavides -parte ofendida de origen-; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que le corresponda notificar al juez responsable el presente acuerdo.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 29 DE ENERO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 1. Firme cumplimiento y archivo. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que las últimas notificaciones se efectuaron el quince de diciembre de dos mil veinte, las cuales surtieron efectos el dieciséis siguiente y el aludido plazo transcurrió del diecisiete de diciembre de dos mil veinte al veintisiete de enero de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) diecinueve y veinte de diciembre de dos mil veinte, así como dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero del actual por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) los días comprendidos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los que se declaró la suspensión de labores por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, comunicada mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; asimismo, insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. 2. Calificación de expedientes para archivo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. 3. Devolución de constancias y garantías. En atención a que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe justificado, se ordena devolverle lo siguiente: ( La copia certificada de la causa penal 30/2019 de su índice, con la cual se formaron los anexos I y II del presente juicio. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. En diverso sentido, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición del quejoso en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N-855067 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI) por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido que para la devolución de la garantía exhibida, el aludido quejoso deberá comparecer personalmente. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, con fundamento en el artículo 6, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento del peticionario de amparo, que para la devolución del billete deberá agendar la cita correspondiente, la cual, por razones de seguridad y control de este órgano jurisdiccional, únicamente se podrá realizar los días martes y jueves en un horario de 12 pm a 12:30 pm. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso; por lista al tercero interesado Martín Benavides Benavides -parte ofendida de origen-; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que le corresponda notificar al juez responsable el presente acuerdo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso Gerardo Niño Lozano, respecto del auto de formal prisión de diez de enero de dos mil veinte, dictado en su contra dentro de la causa penal 30/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como por cuanto a su ejecución; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado Martín Benavides Benavides interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 92/2020, en donde mediante ejecutoria dictada el cinco de noviembre de dos mil veinte confirmó la sentencia sujeta a revisión. En ese tenor, por acuerdo emitido el veinticinco de noviembre del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con el contenido de los oficios con números de registro 4267, 4425 y 7251 y sus respectivos anexos -remitidos por el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla en cumplimiento inmediato a la sentencia-; se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintiocho de febrero de dos mil veinte -confirmada en sus términos por el Tribunal de Alzada-, se declaró inconstitucional: 1. El auto de formal prisión de diez de enero de dos mil veinte, dictado en su contra dentro de la causa penal 30/2019, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 1) falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 254, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; y, 2) uso de documento falso, previsto y sancionado por los artículos 252 y 253, fracción VI, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de la administración de justicia y de Martín Benavides Benavides -respectivamente-; y, 2. Su ejecución, traducida en su identificación administrativa efectuada en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla -como consecuencia del citado auto de término constitucional-. Para arribar a tal conclusión, en dicha sentencia se consideró que el uso de documento falso sólo existe cuando una persona sin calidad específica utilice un documento que sea falso y que ello lo haga a sabiendas de la calidad específica del documento y que el delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad se actualiza cuando un sujeto sin calidad específica realiza una declaración ante cualquier autoridad faltando a la verdad. Por lo que -se acotó- de no probarse -por lo menos indiciariamente para efectos del auto de término constitucional- que tal documento es falso por falsificación de sus firmas o por alteración de alguno de sus elementos y que la declaración no es verídica, no puede calificarse la acción del sujeto como delictiva. En ese contexto, en primer lugar se estimó que no se demostró el elemento del cuerpo del delito de uso de documento falso, consistente en la existencia de un documento con la calidad específica de que sea falso, por lo siguiente: a) Durante la investigación no se probó que el contrato de compra-venta tuviera esa calidad específica (falsedad), pues no era suficiente que una de las partes no reconociera la firma en que la se plasmó la voluntad para celebrar el acto jurídico. b) Que en el caso el ofendido tildó de falsa una de las firmas que obran en el contrato de compra-venta de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en concreto la de Bertha Guadalupe Reynoso Palomar, quien en ese acto se ostentó como propietaria y vendedora del bien inmueble identificado con la casa "número 11251 de la privada "B" de la calle 13 Norte del régimen de propiedad y condominio designado asignado como módulo 2, sección 1, del conjunto condominal Real de Guadalupe I y II de la ciudad de Puebla". c) Que con ese documento, el quejoso Gerardo Niño Lozano pretendió fundar la contestación a la demanda de reivindicación instaurada en su contra, así como su acción reconvencional de usucapión, ostentándose como propietario del citado bien en razón de que se lo había comprado a Bertha Guadalupe Reynoso Palomar, lo cual había quedado plasmado en el referido contrato de compra-venta. d) Sin embargo, el agente del ministerio público no probó que fuera falsa la firma atribuida a la vendedora Bertha Guadalupe Reynoso Palomar durante la integración de la averiguación previa de origen, tomando en cuenta que cuando existe impugnación de las firmas por la contraparte -por regla general- el medio idóneo para determinar su autenticidad lo es la pericial en materia caligráfica o grafoscópica. e) Que si en la indagatoria de origen únicamente obraba copia certificada del documento cuestionado (tan es así que en diversas ocasiones se requirió el original teniendo resultados infructuosos) y la declaración de una las personas que aparece había firmado tal documento y aquélla negó haberlo suscrito, se debió exhibir ante el ministerio público el documento original a efecto de que se hiciera una minuciosa descripción de él y después realizarse un examen pericial del instrumento de que se trata, pues no era suficiente la negativa de la citada persona. f) De modo que -se señaló- para acreditar que no corresponde al suscriptor la firma estampada en un documento, era indispensable que se dilucide mediante el uso de conocimientos técnicos si el signo o signos gráficos plasmados corresponden a la persona que niega la firma, aun cuando pudiera discrepar de diversos documentos indubitables, ya que el juez es un perito en derecho que no necesariamente cuenta con conocimientos sobre las cuestiones técnicas o prácticas aplicables para dilucidar tales aspectos, pues para tal fin se requiere la aplicación de estudios especializados inherentes a la prueba pericial. g) Entonces, se precisó que si tanto en la averiguación previa como en la copia certificada del juicio civil 231/2012 no obraba ni existía un dictamen pericial en grafoscopía emitido por una persona con conocimientos especiales en la materia, no se encontraba demostrado, bajo el estándar probatorio que se requiere para la emisión de un auto de formal prisión, que era falsa la firma que se atribuía a Bertha Guadalupe Reynoso Palomar dentro del contrato de compra-venta de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete; sin que fuera suficiente -se reiteró- que esta persona no reconociera dicha signatura ante el ministerio público. h) Por tanto, se concluyó que si bien el imputado utilizó un documento privado para oponer excepciones y demandar reconvencionalmente en un juicio civil, lo cierto es que no se demostró que ese documento fuera falso y, por ende, tampoco podía existir el elemento del cuerpo del delito consistente en que a sabiendas de esa calidad específica, el sujeto activo le hubiere dado un uso. Enseguida, se estimó actualizado un juicio de atipicidad respecto del delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, por lo siguiente: a) Que no se reunieron medios de prueba para comprobar los elementos del cuerpo del referido ilícito, pues con el caudal probatorio reunido no se podía llegar a la conclusión de que el imputado, al momento de contestar la demanda civil y demandar reconvencionalmente al actor principal, mintió a la autoridad al manifestar que él era el único propietario del bien inmueble materia del litigio y en que ese derecho de propiedad se le había trasladado a través del contrato de compra-venta de diecisiete de marzo de mi novecientos noventa y siete, celebrado con Bertha Guadalupe Reynoso Palomar. b) Que los hechos que las partes narraron en sus respectivos escritos de demanda y contestación en materia civil, únicamente constituían situaciones susceptibles de ser probadas o no dentro del juicio. c) En efecto, se razonó que las manifestaciones vertidas en una demanda civil de ninguna forma constituyen falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, sino que lo expuesto constituyen simples afirmaciones de una parte contendiente que son realizados en forma espontánea, con el ánimo de demostrar los extremos del ejercicio de una acción, circunstancias que no pueden ser constitutivas de delito, porque lo afirmado no se realiza en virtud de un interrogatorio ante una autoridad, sino en el ejercicio legítimo de una acción, lo que en su caso podría resultar falso y declararse improcedente esa acción fundada en tales hechos. d) Dicho en otras palabras, se puntualizó que se tratan de simples afirmaciones de hechos, sujetos a prueba dentro de la secuela procesal respectiva, y aceptar lo contrario implicaría lo propio en relación a lo aseverado en una contestación de demanda, con lo que se provocarían situaciones absurdas, tales como que si una de las partes no prueba lo afirmado, debido a la demostración de su contraria, se materializaría la figura delictiva de mérito, con la consiguiente responsabilidad penal de la parte respectiva, lo que evidentemente no fue la intención del legislador al crear el antisocial de referencia. e) Aunado a ello, se precisó que al no demostrarse la falsedad del contrato de compra-venta de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, con el que el quejoso (demandado principal y actor reconvencional en el controvertido civil) se ostentó propietario del bien inmueble materia del litigio, no podía decirse que aquél faltó a la verdad, puesto que a partir de ese acto jurídico tuvo la creencia personal de que en realidad tenía el derecho real de propiedad y, por ende, a su vez los derechos personales de formular excepciones en contra de la acción de reivindicación y demandar reconvencionalmente al actor principal a través de la acción de usucapión; ello, sin perjuicio de que al final no haya resultado vencedor en el juicio civil. f) Que si bien tanto la parte ofendida como el ministerio público pretendieron demostrar que no eran verídicas las declaraciones hechas por el quejoso en su contestación de demanda y en su reconvención, basándose principalmente en la supuesta falsedad del documento que presentó para apoyar su acción procesal; lo cierto era que si no se demostró la falsedad en el documento, tampoco podía existir falsedad en sus declaraciones. g) De ahí que se concluyó que no se encontraba acreditado el cuerpo del delito de falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, consistente en que el activo haya faltado a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de una autoridad. En ese tenor, derivado de los indicios obtenidos de las diversas pruebas aportadas por el agente del ministerio público, fue dable concluir en la actualización de un estado de insuficiencia de pruebas que pudieran acreditar el cuerpo de los delitos de uso de documento falso y falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, al no existir indicio suficiente de que 1) fuera falso el documento usado por el quejoso dentro de un juicio civil; y, 2) de que el quejoso hubiere faltado a la verdad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, se determinó que si no se acreditaron elementos del cuerpo de los aludidos delitos, resultaba evidente que el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso conculcó lo dispuesto por el artículo 19 Constitucional; por lo que para reparar esa violación, era de concederse el amparo y protección de la justicia Federal de forma lisa y llana, considerando innecesario el estudio de la probable responsabilidad, pues si no se integró el delito, no existe responsable. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el juez de origen: i) Dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado. ii) Con base en los anteriores razonamientos, tuviera por no demostrado el cuerpo de los delitos imputados y, por ende, tampoco la probable responsabilidad del quejoso y dictara auto de libertad con reservas de ley en su favor. iii) Ordenara al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla la cancelación de la ficha de identificación decretada en la resolución reclamada, al ser consecuencia de la misma. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: A. Mediante resolución dictada el cuatro de marzo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 30/2019, dejó sin efectos el auto de formal prisión combatido y, en su lugar, emitió en favor del quejoso Gerardo Niño Lozano auto de libertad con reservas de ley, al no acreditarse los elementos del cuerpo de los delitos de 1) falsedad en declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 254, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; y, 2) uso de documento falso, previsto y sancionado por los artículos 252 y 253, fracción VI, del Código Penal del Estado de Puebla. B. Giró los oficios correspondientes al Director del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al Director General de Centros de Reinserción Social en el Estado y al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, para que ordenaran a quien correspondiera la cancelación de la ficha de identificación administrativa (ficha signalética) y tira decadactilar del quejoso, relativa a la causa penal 30/2019 de su índice. C. Remitió diversas copias certificadas relativas a la causa penal de origen; de las cuales se advierte que se canceló la ficha de identificación administrativa (ficha signalética) y las tiras decadactilares del quejoso Gerardo Niño Lozano. 3. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el acto reclamado; ii) emitió en favor del quejoso auto de libertad con las reservas de ley al no acreditarse los elementos del cuerpo de los delitos imputados; y, iii) se canceló la ficha de identificación administrativa (ficha signalética) y las tiras decadactilares del quejoso Gerardo Niño Lozano, relativas a la causa penal de origen. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida.
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