Gerardo Rico Pozos

Expediente 159/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
159/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Rico Pozos
  • José Francisco Alfonso Fernández García de Alba

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *, *, *, *, *, * y *; en contra de actos del Ayuntamiento del Municipio de Acámbaro, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 159/2021- 6. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. I. De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, consiste en lo siguiente1: [.] "El cierre de vialidades discriminando la libertad de ambulatoria a conductores de vehículos motores y mecánicos por fines sanitarios. La celebración, creación y aplicación del acuerdo verbal con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato para efecto del cierre de vialidades discriminando la libertad de ambulatoria a conductores de vehículos motores y mecánicos por fines sanitarios. Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, a quien le reclamamos los siguientes actos: A. La celebración y creación del acuerdo verbal con el Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato mediante el cual acordaron que se ejecutaría el cierre de vialidades discriminando la libertad de ambulatoria a conductores de vehículos motores y mecánicos por fines sanitarios. Secretaria de Salud de la Federación, a quien reclamo los siguientes actos: A. La celebración y creación del acuerdo Verbal con el Ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato mediante el cual acordaron que se ejecutaría el cierre de vialidades discriminando la libertad de ambulatoria a conductores de vehículos motores y Mecánicos por fines sanitarios". Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia a que 1 No pasa inadvertido, que la parte quejosa en el capítulo respectivo reclama "la aplicación del artículo 73 fracción XVI bases 2 y 3 de la Constitución Política Federal". Sin embargo, a juicio del suscrito lo anterior no puede tenerse como acto reclamado, pues la quejosa no señala a las autoridades a quien la ley les encarga su promulgación, ni expresó conceptos de violación en contra de las citadas normas. De ahí que únicamente se tengan como actos reclamados los precisados. se refiere el artículo 61, fracción XVI, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), aplicada contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]". En este contexto, es de señalarse que el precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo cuando se hubieren consumado los actos reclamados de manera que su reparación se torne imposible, pues es indudable que la finalidad de todo gobernado, al instar este medio de protección constitucional tiene como objeto primordial destruir los actos que estiman violan derechos fundamentales, a efecto de que se restablezcan o retrotraigan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, por actos consumados de un modo irreparable debe entenderse aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Dicho en otras palabras, los quejosos al promover el juicio de amparo, siempre tratarán de alcanzar la invalidez de los actos que estime lesionan sus derechos fundamentales, fin que persigue el numeral 77 de la Ley de Amparo, lo que precisamente, se lograría, en su caso, al obtener un fallo protector cuando el acto sea de carácter positivo, y así lograr restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación y, contrariamente ocurre cuando el acto es de carácter negativo, pues el efecto del amparo será obligar a la autoridad a respetar el derecho fundamental violado, en los términos establecidos en la carta magna. Sin embargo, tal pretensión del gobernado para destruir la violación cometida al promover el juicio constitucional, no es total, ya que si el acto que se reclama es ejecutado y materialmente resulta irreparable, de manera que sea imposible volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la realización de dicho acto, el juicio de amparo carece de objeto y no tendría razón de ser. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la informan, la tesis I. 3o. A. 150 K2, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del contenido literal siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo 2 Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Diciembre de 1994, materia común, página 325. irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)". En resumen, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos; es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por lo que para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio amparo, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí que, proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los segundos son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI, del numeral 61, de la ley de la materia. En ese orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado, ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse este, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los mismos. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Entendiéndose así por actos consumados de modo irreparable, aquellos que habiéndose ejecutado, sea materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, los quejosos reclaman en esencia y medularmente el cierre de vialidades en la zona centro del Municipio de Acámbaro, Guanajuato, con motivo de la contingencia sanitaria SARS CoV2; asimismo manifestaron que dicho cierre fue en el mes de julio de dos mil veinte. De igual modo, los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que ya existe libre tránsito en las vialidades del centro de Acámbaro, Guanajuato. Por tanto, ésta última circunstancia actualiza la invocada causa de improcedencia; toda vez que, el acto reclamado se consumó en todos sus efectos y ese resultado no puede ser retrotraído al momento en que se generó, lo cual conlleva la imposibilidad física de volver las cosas al estado que tenían antes de la violación. Dicho en otras palabras, debido a la naturaleza del acto reclamado, es decir, que el cierre de las calle de la zona centro del municipio de Acámbaro, Guanajuato, ya no se encuentra vigente, se considera que es físicamente imposible, retrotraer en el tiempo, para que los quejosos transiten libremente por las vialidades que en su momento fueron cerradas al tránsito vehicular, que es de lo que se duele en el presente amparo. En esa tesitura, es evidente que el acto impugnado por los quejosos es de los considerados como consumados de modo irreparable, en razón de que el objeto del mismo ya se verificó y, por ende, no puede repararse por medio de este juicio constitucional a los peticionarios del amparo en el goce de los derechos fundamentales que, en su caso, pudiesen resultar vulnerados y volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, por lo que no pueden ser materia de análisis en este asunto los planteamientos de la parte quejosa, dado que la determinación de cierre de vialidades, ya no se encuentra vigente según el dicho de los propios impetrantes, por lo que, es inconcuso, que lo aquí reclamado quedó irreparablemente consumado; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Entonces, es factible concluir que el acto reclamado en cita está comprendido en el supuesto que prevé la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo (consumado de modo irreparable), en virtud de que ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución del mismo, ya que no podría ordenarse a la autoridad responsable dejar sin efectos la determinación del cierre de vialidades, si finalmente, el lapso de tiempo por el que se contempló ya transcurrió, aunado a que los propios quejosos refieren que ya no se encuentra vigente la determinación de cierre de vialidades; por ende, sería materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental reclamado al otorgarse una futura protección constitucional, al estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la posible violación por haber fenecido ese lapso de tiempo. Apoya las anteriores consideraciones, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 171/20073, de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, que establece: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin 3 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, materia administrativa, página 423. que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". Al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se analizó, lo que procede, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, es desechar de plano la demanda. ? Domicilio. Se les autoriza a los quejosos para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario *** Asimismo, se tiene a dicho usuario como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia. En el entendido de que la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Finalmente, no ha lugar a notificar las determinaciones que se dicten en el presente a través del correo electrónico que refieren, ya que tal medio no está contemplado en la Ley de Amparo como forma de notificación y tampoco es la forma autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto; además, se insiste, las notificaciones se harán a la parte quejosa en el usuario electrónico citado en párrafos precedentes. No obstante lo anterior, se toma nota del correo proporcionado por si es necesario para ser utilizado como canal de comunicación. ? Representante común. Se tiene como representante común de los quejosos a ** en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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