Gerardo Olalde Aguilar

Expediente 806/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
806/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2017

Partes del expediente

  • Gerardo Olalde Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Magistrada Supernumeraria de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 15556/2017 del índice de este juzgado, en el que se le remitieron dos tomos de pruebas y un sobre con diversa documentación; asimismo, como lo solicita, remítasele copia certificada del auto de veintiuno de septiembre pasado.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, en razón de que el presente asunto ha sido concluido en forma definitiva, devuélvase a la sala responsable el sobre cerrado que contiene diversos documentos y los tomos de pruebas que adjuntó al oficio número 2905 de su índice.

  3. Principal

    Agréguese la comparecencia de ***********, por la cual ratifica la firma contenida en su escrito registrado con el número 10086; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento que se le formuló mediante acuerdo de ocho de los actuales. En atención a lo anterior, visto el escrito del citado promovente; se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada en proveído de quince del mes pasado. En razón de lo narrado, se provee: vista la demanda de amparo promovida por ***********; contra actos de la Magistrada Supernumeraria de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por considerarlo violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. De esta manera, una vez analizada íntegramente la demanda de amparo, así como las constancias que integran el juicio oral familiar *** del índice del Juzgado Único de Partido y Oralidad Familiar de Comonfort, Guanajuato y el toca *** de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, si el Juez de Distrito encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechará de plano la demanda, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a libelos constitucionales notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Luego, del análisis integral del escrito de cuenta, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, emerge que la parte impetrante reclama la resolución dictada por la sala responsable en el toca ***, que revocó la diversa de veintiocho de febrero del año en curso, emitida por el juez de Oralidad Familiar de Comonfort, Guanajuato, en el expediente ***, y en que ordenó reponer el procedimiento de primera instancia, a efecto de que se dilucidara de manera definitiva si ***********es o no interdicta, a fin de que sea representada por tutora definitiva o acuda por propio derecho. Ahora bien, de los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. En ese orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato. Ahora, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción V, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Registro 2006589; cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esa tesitura, la actuación reclamada no constituye acto que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, ni puede combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta. En primer término resulta necesario determinar qué son actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual Ley de Amparo. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procedía contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debía entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, cuyo rubro establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece reiteró que el amparo indirecto procede contra actos en juicio de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos así como los que podrían perturbar en forma predominante o superior derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos en juicio de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendiendo a la anterior ley de amparo (abrogada) había señalado que procedía el amparo indirecto contra violaciones adjetivas o procesales, como excepción a la regla general, porque afectaban al actor en grado predominante o superior. Sin embargo, ese criterio sustentado en la anterior Ley de Amparo ya no resulta aplicable para la procedencia del juicio de amparo indirecto puesto que la Ley de Amparo precisó de manera expresa que el juicio de amparo sólo procede contra actos en juicio, que violen materialmente derechos sustantivos. En este sentido, las violaciones de carácter procesal, aun las que se consideraban exorbitantes o superiores, ya no son materia del juicio de amparo indirecto, por disposición expresa de la nueva Ley de Amparo. Con dicha disposición, se advierte que se cumple con la administración de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues tal precepto legal busca que no se entorpezcan los procedimientos judiciales a través de técnicas dilatorias y además, el estudio sistemático de la nueva ley permite inferir que no se ha dejado a las partes en estado de indefensión para hacer valer las violaciones contra aquellos actos que, en su criterio, infrinjan sus derechos en el juicio, porque las violaciones procesales pueden terminar por carecer de relevancia si al dictarse la resolución en el juicio, se resolviera a favor del particular que se sintió agraviado en sus derechos procesales, ya que dicha afectación desaparecería. Y en caso contrario, de obtener resolución desfavorable, podrá impugnarla en el amparo directo correspondiente; de ahí que la nueva normativa equilibra los derechos humanos de las partes en las contiendas jurisdiccionales, con relación a la finalidad primordial que constitucionalmente se ha asignado a los juicios, que estriba en ser el medio procesal para que se diriman las controversias entre las personas, bajo la premisa de una administración de justicia pronta, completa e imparcial. Apoya la anterior determinación, la tesis (III Región) 5o.14 K (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Materia Constitucional de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESTRINGIR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, NO LO VULNERA.". Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados Parte deben evitar el uso indebido del juicio de amparo, pues dicha Corte supranacional indicó que el recurso de amparo en Guatemala y su uso indebido había impedido materializar su verdadera efectividad, al no haber permitido que produzca el resultado para el cual fue concebido. De acuerdo a lo expuesto la Corte Interamericana en el marco de la legislación en Guatemala, el recurso de amparo se había transformado en un medio para dilatar y entorpecer el proceso judicial y en un factor para la impunidad (Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211). Así, puesto que con la emisión de la sentencia de segunda instancia emitida en el toca 365/2017, por el que la Magistrada Supernumeraria de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, ordenó la reposición del procedimiento, a fin de que se determine de manera definitiva si *********** es o no interdicta y deba ser representada por tutora definitiva o acudir al juicio familiar por propio derecho, se considera que no tiene una ejecución de imposible reparación. Lo anterior se estima así, ya que esta Potestad Federal cuenta con las constancias que integran el juicio oral familiar *** y el toca ***, al haber sido remitidas por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien se declaró incompetente de plano y declinó competencia al Juzgado de Distrito en Turno con sede en esta Ciudad, de las que denota claramente que la reposición del procedimiento no incide en afectación de derecho sustantivo alguno en la esfera jurídica del quejoso ***********. Para ello, conviene narrar los antecedentes del acto reclamado: El veinte de octubre de dos mil dieciséis, *********** demandó de ***********, el divorcio necesario (f. 1 del juicio F188/2016). Una vez emplazada, la demandada reconvino de su contraparte, entre otras prestaciones, la pensión alimenticia provisional y definitiva en favor de su hija *********** (f. 16 ibídem). El veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, la Juez Familiar de Comonfort, Guanajuato, decretó una medida provisional de alimentos por el treinta por ciento del total de las percepciones del demandado (f. 34 ibídem). Seguida la secuela procesal, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se resolvió en definitiva el sumario, en el sentido de declarar disuelto el vínculo matrimonial y fijó el treinta por ciento del sueldo como pensión alimenticia definitiva, en favor de *********** (f. 201 ibídem). No conformes, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien el veintiuno de junio de esta anualidad, ordenó reponer el procedimiento, para dilucidar si ***********es o no sujeto de interdicción y para que en caso de que así fuera, actuar por conducto de tutora definitiva o por propio derecho, aunado a que dejó subsistente la medida de alimentos provisional (f. 26 del toca de apelación 365/2017). De lo narrado puede advertirse de manera fehaciente y clara que con la reposición del procedimiento no se afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, sino que sus efectos son de orden procesal, pues sus conceptos de violación los dirige a combatir únicamente cuestiones relativas al pago de la pensión hacia la presunta interdicta y no a diversa situación, y en ese sentido no obtuvo sentencia favorable, por lo que cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la sentencia definitiva que se dicte, siempre que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, o en caso contrario, previo el agotamiento de los recursos ordinarios que en su contra se prevean, por medio del juicio de amparo directo que en su contra se haga valer, en el que podrá alegar las violaciones cometidas durante el curso del procedimiento. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8o. C. 22C (10ª), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Así como la tesis jurisprudencial P./J. 1/2016 (10a.), con registro 2011428, en lo conducente, localizable en la página quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Materia Común, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Sin que pase inadvertido para este juzgador, la existencia de la jurisprudencia 2ª./J. 87/2016 (10ª), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", ya que en tal criterio, el Alto Tribunal sostuvo que para la procedencia de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado sea una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen sobre los efectos concretos que produce, tanto en las personas como en las cosas, sin que esto pueda efectuarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento no se cuenta con las constancias necesarias para poder llegar a tal determinación. Sin embargo, el suscrito estima que en el caso existe una excepción, pues se tienen a la vista las constancias que obran en el juicio generador del acto reclamado, de primera y segunda instancias, en virtud de que se presentó la demanda de amparo en la vía directa y ante la incompetencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, fueron remitidas a este Juzgado de Distrito, lo que trae como consecuencia que se pueda conocer que la resolución reclamada que ordena reponer el procedimiento, tiene efectos meramente procesales y, por ende, se determina su desechamiento. Apoya lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el viernes once de agosto de dos mil diecisiete, con registro 2014888, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A LA VISTA LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO GENERADOR DEL ACTO RECLAMADO, DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ACOMPAÑARON A SUS INFORMES JUSTIFICADOS, ESTÁ EN APTITUD DE DETERMINAR SU DESECHAMIENTO [EXCEPCIÓN A LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2016 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia citada, de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.", sostuvo que para la procedencia de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado sea una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen sobre los efectos concretos que produce, tanto en las personas como en las cosas, sin que esto pueda efectuarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento no se cuenta con las constancias necesarias para poder llegar a tal determinación. Sin embargo, existe un caso de excepción que se actualiza cuando el Juez de Distrito tiene a la vista las constancias que obran en el juicio generador del acto reclamado, de primera y segunda instancias que las autoridades responsables hubieran acompañado a sus informes justificados, en virtud de haberse presentado inicialmente la demanda de amparo en la vía directa y ante la incompetencia del Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitiera con sus anexos al Juzgado de Distrito en turno; lo que trae como consecuencia que dicho juzgador pueda conocer si la resolución reclamada que ordena reponer el procedimiento, tiene o no efectos meramente procesales que le permitan determinar su desechamiento. De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda. Ahora bien, ante la determinación decretada por este juzgador y en atención a que se asume plena jurisdicción en este sumario, se estima necesario dejar insubsistente la suspensión otorgada por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para cuyo efecto, se ordena remitir oficio con el contenido del presente proveído, para que a su vez lo informe al Juez Único Civil de Partido y Oralidad Familiar de Comonfort, Guanajuato.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de la Jueza de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en Comonfort, Guanajuato, por el cual remite las constancias de notificación hechas al quejoso, en cumplimiento a lo ordenado en auto de quince de agosto del año en curso, mediante despacho 247/2017 del índice de este juzgado; dese de baja en el libro correspondiente. Téngase por recibido el escrito presentado por el quejoso, G**********, y previo a proveer respecto a su contenido, tomando en consideración que la firma que lo calza, es distinta a la que obra en su escrito inicial de demanda. Requiérase al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado para que en audiencia pública y bajo protesta de decir verdad, previamente advertido que la falsedad en declaraciones judiciales es castigada por la ley, manifieste sí reconoce como suya la firma que calza dicho ocurso, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. En apoyo de la anterior determinación cabe citar la Jurisprudencia de la Tercera Sala de, número 258, Octava Época visible en la página 174 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, materia común, con número de registro 394214, del rubro siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Hágase la notificación respectiva en el domicilio que señalo el quejoso en el ocurso de cuenta, ubicado en la calle Ganso número 109, colonia Álamos, de esta ciudad.

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