Gerardo Oswaldo Montes Cárdenas
Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gerardo Oswaldo Montes Cárdenas
Actuaciones
- Principal
Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintinueve de marzo del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ******, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido tanto a la parte quejosa como a la tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, haciendo uso de tal derecho el tercero interesado ******. Por tanto, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, de oficio procede a determinar si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida en sus términos. Mediante sentencia de veintiséis de octubre pasado, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, para el efecto de que la autoridad responsable juez Primero Civil de Partido con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada de uno de julio de dos mil veinte, dictada en el subyacente procedimiento de medidas precautorias C-**; b) En su lugar dicte otra; empero, prescinda del argumento consistente en que el auto que impone la multa deriva del mandato -consentido por falta de impugnación- que apercibió con imponer dicha sanción; y que los agravios relacionados con la imposibilidad para exhibir la documental requerida debió expresarlos en contra del acuerdo que le previno para exhibir tal probanza, con apercibimiento de multa; y con libertad de jurisdicción resuelva sobre los agravios propuestos en el recurso de revocación sometido a su potestad." Posteriormente el dieciocho de noviembre pasado, causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio registrado con el número 7411 el juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo anexó copia certificada del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, así como de la resolución de veintitrés de noviembre de esa anualidad, emitidos dentro del procedimiento de medidas precautorias ** de su estadística, mediante los cuales, por su orden, dejó insubsistente la determinación reclamada de uno de julio de dos mil veinte; además, dictó nueva resolución que dirimió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil veinte, en tal procedimiento, en el sentido de revocar el auto recurrido -diecisiete de junio de dos mil veinte-, pues al efecto consideró: ". Sin embargo, es preciso aclarar que si bien, en el desahogo de la confesional, de fecha dieciocho de febrero del dos mil veinte, se le afirmó a la absolvente haber celebrado una segunda venta con la empresa del señor ** respecto del terreno ubicado en ** de esta ciudad, respondiendo la absolvente sí, pero lo hice por propia cuenta. Del desahogo de la confesional de mérito si bien, existe confesión respecto a la segunda venta a que hace referencia la parte actora, no existe manifestación alguna de haber celebrado algún contrato concertado por escrito o de que se encuentre en trámite la escrituración correspondiente que amerite su presentación por escrito, pues no debemos pasar por alto que los contratos de compraventa son consensuales en oposición a formales, por lo que basta que las partes se pongan de acuerdo en precio y cosa sin que sea necesaria su formalización por escrito, sin que lo anterior prejuzgue sobre la existencia o no de la documental correspondiente. En virtud de lo anterior, se estima que la ciudadana ** sí dio cumplimiento al requerimiento que le fuera efectuado toda vez que manifestó en diversas ocasiones e incluso bajo protesta de decir verdad que no tenía en su poder el documento a que hace referencia el actor y toda vez que nadie está obligado a lo imposible, de ahí que no es dable la imposición de la multa con la que fue apercibida, pues incluso no es posible requerirle que acredite sus aseveraciones porque sería como obligarla a probar un hecho negativo, lo cual es jurídicamente incorrecto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. [.] No obstante lo anterior, al haber sido fundados los agravios primero, segundo y quinto, lo procedente es revocar el auto combatido para quedar en los siguientes términos: [.] ""Por recibido el escrito en este Juzgado a las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día 16 dieciséis de junio del 2020 dos mil veinte, suscrito por el licenciado **, el cual se agrega a los autos para que obre como corresponda. Dígase al ocursante que no ha lugar a lo solicitado, toda vez que de las actuaciones de que se compone el presente sumario se desprende que la ciudadana ** sí dio cumplimiento a los diversos requerimientos que se le han efectuado, toda vez que ha manifestó la imposibilidad que tiene para exhibir la documental que se le requiere (.)"". Documentales que merecen eficacia probatoria plena, acorde a lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. Ahora, del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio, se desprende que el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que el juez responsable dejara insubsistente su resolución de uno de julio de dos mil veinte -constitutiva del acto reclamado- y con libertad de jurisdicción dictara otra, siguiendo los lineamientos del fallo protector, a saber, prescindir del argumento consistente en que el apercibimiento de multa derivaba de un acto consentido por falta de impugnación; y que los agravios relacionados con la imposibilidad para exhibir la documental requerida debió expresarlos en contra del acuerdo que le previno para exhibir tal probanza, con apercibimiento de multa; lo que a consideración de esta potestad federal aconteció como se advierte de las resoluciones de diecinueve y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitidas dentro del subyacente procedimiento de medidas precautorias C-**. Es así, pues la responsable dejó insubsistente la resolución reclamada -de uno de julio de dos mil veinte-, y con libertad de jurisdicción emitió una nueva en la que resolvió revocar el auto recurrido -de fecha diecisiete de junio de dos mil veinte-, prescindiendo del argumento de que el apercibimiento de multa derivaba de un acto consentido por falta de impugnación y que los agravios relacionados con la imposibilidad para exhibir la documental requerida devienen inoperantes por ser inoportunos. En tal razón, si la protección constitucional si concedió para tales efectos, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Sin que obste a lo anterior, las diversas manifestaciones realizadas por el tercero interesado en su ocurso registrado con el número 8078, en el que señala que la responsable excede los alcances de la ejecutoria de amparo, al tener a la aquí quejosa cumpliendo los diversos requerimientos que se le habían formulado en el procedimiento natural en datas veinticinco de febrero, once de marzo y diecisiete de junio de dos mil veinte, cuando, aduce el tercero interesado, ello no fue objeto del fallo protector. Es así porque, como se precisó, el juez natural sí cumplió con la ejecutoria de amparo habida cuenta que dejó insubsistente la resolución reclamada y con libertad de jurisdicción emitió una nueva en la que dirimió el recurso de revocación interpuesto por la aquí agraviada en contra del proveído de diecisiete de junio de dos mil veinte purgando los vicios de inconstitucionalidad advertidos en el fallo ejecutorio -prescindir del argumento relativo a que la multa impuesta derivaba de un acto consentido y que los agravios relacionados con la imposibilidad para exhibir la documental requerida resultaban inoperantes por inoportunos-. Argumentos invocados por la responsable en la nueva resolución que no son incongruentes con la ejecutoria de amparo que se emitió porque se insiste, actuó con libertad de jurisdicción luego de solventar los vicios de legalidad destacados en la sentencia ejecutoria; de ahí que se tenga por cumplida sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese contexto, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, mientras que en el incidente de suspensión se otorgaron las medidas cautelares provisional y definitiva, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión (provisional y definitiva) y, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.
- Principal
Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo formulada por **, en contra de actos del titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 121/2021-7. Prevención de demanda. La parte quejosa acude a esta instancia constitucional para reclamar "[.] la omisión de citar o conducir al suscrito quejoso -en mi carácter de imputado- para que comparezca dentro de la o de las carpetas de investigación que se integran en mi contra [.] el acto que reclamo a la autoridad responsable ejecutora es la omisión de presentarme formalmente ante la autoridad investigadora respectiva para que, en su caso, sea entrevistado en la carpeta de investigación que se integra en mi contra [.]". Sobre ese tenor, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones II, IV y V, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: 1. Señale el nombre y domicilio de los terceros interesados; o bien, bajo protesta de decir verdad, indique desconocerlos. Esto, en virtud de que en el escrito de demanda, se limita a señalar que considera que no existen ante la naturaleza del acto reclamado; empero, atribuye actos como imputado en etapa de investigación a autoridades relacionadas con hechos señalados por la ley como delitos patrimoniales, por lo que, en todo caso, se vislumbra la posible existencia de una parte ofendida, que en este asunto podría tener la calidad de tercera interesada. 2. Precise con exactitud la fecha y modo en que fue enterado de la existencia de las carpetas de investigación que señala le son integradas; asimismo, deberá indicar con toda precisión la persona y cargo que le proporcionó esa información. 3. Manifieste el número o números de las carpetas de investigación, así como la Fiscalía ante la cual se integra cada una de ellas, respecto de las cuales reclama las omisiones en apersonarlo. Datos que resultan necesarios para analizar la procedencia de su ocurso constitucional y es omiso en manifestarlo en su capítulo de antecedentes de los actos reclamados. 4. Aclare qué acto le reclama al jefe de Célula Especializada en la Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, de la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General del estado de Guanajuato. Ello, en virtud de que señala reclamarle la omisión de presentarlo formalmente ante la autoridad investigadora para ser entrevistado en las carpetas de investigación relativas; empero, también se duele de que los órganos técnicos investigadores han sido omisos en conducirlo a dichas investigaciones. Lo anterior genera incertidumbre en cuanto a qué acto en específico le atribuye a la autoridad ejecutora, pues si está no tiene mandato expreso de la ordenadora (ante su actitud omisiva reclamada), no existiría ninguna omisión de su parte (dado que sus funciones, entre otras, son la de dar cumplimiento a las órdenes de la autoridad persecutora de delitos). En el entendido de que la prevención deberá ser desahogada por la parte promovente del amparo, toda vez que los hechos relacionados forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Máxime que de tenerse conocimiento de actos realizados en la tramitación del presente juicio constitucional que puedan resultar constitutivos de alguno de los delitos previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la invocada ley, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal, a fin de que los investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de dos mil diecisiete, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRÁMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGÚN DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA" Además, de ser posible, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para traslado a las partes en la proporción a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo1. 1 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, novena época, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su demanda de amparo, a saber, el lugar de su reclusión (Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad). Se instruye a los actuarios de la adscripción, para que tengan comunicación con el personal del centro de reclusión de esta ciudad, con la finalidad de que, de ser posible, realicen la notificación del presente proveído por medio de videoconferencia, ello para evitar posibles contagios del virus COVID-19; en caso de no ser posible llevar a cabo la notificación en esos términos, el actuario que corresponda deberá realizar la diligencia en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a * y *, en razón de que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se toma nota de los medios de contactos electrónicos y telefónicos que el quejoso proporciona como de sus autorizados, los cuales podrán ser utilizados como medios alternos en caso de considerarse necesario. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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