Gerardo Vazquez Segura
Expediente 606/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 54 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gerardo Vazquez Segura
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscirta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 606/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este Juzgado, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez Trigésimo Segundo de lo Civil con residencia en la Ciudad de México, así como del juez Tercero Civil de Partido y de la directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, ambos con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, que hizo consistir en: "V.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De esta autoridad C JUEZ ENCARGADO DEL JUZGADO NÚMERO 32 CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le reclamo, La Falta de notificación y emplazamiento al juicio de origen, al suscrito, así mismo se reclaman todas y cada una de las actuaciones que obran en el Juicio Principal, promovido por CSCK 12 MÉXICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de ABELARDO RODRÍGUEZ GARCÍA, bajo el expediente número 1122/2017 [.] 2.- Del C. JUEZ TERCERO CIVIL DE PARTIDO DEL PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GUANAJUATO; La Orden de Entrega y Desocupación del Inmueble ubicado en calle Privada Felipe Berriozábal número 122 de la Colonia Barrio de Santo Cristo de la Zona Centro de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato, bajo el número de exhorto 94/2021 [.] 3.- De La C. ACTUARIA ADSCRITA A LA OFICINA CENTRAL DE ACTUARIOS POR CONDUCTO DEL JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE ACTUARIOS DE CELAYA, GUANAJUATO, mediante la cumplimentación del Exhorto 94/2021." Foja 4 del cuaderno de amparo. En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 606/2021; además, admitió la demanda, solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Asimismo, tuvo como tercero interesado a CSCK12 México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, quien se apersonó al presente juicio por conducto de su apoderado legal José Antonio Reyes Castañeda (fojas 97 a 102). TERCERO. Previa investigación del domicilio correspondiente, mediante proveído de diecinueve de agosto de la presente anualidad, se ordenó el emplazamiento por edictos del diverso tercero interesado Abelardo Rodríguez García (fojas 295 y 296). Determinación que fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de agosto del año en curso (fojas 257 y 258). Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. La competencia territorial se surte, pues las consecuencias de lo reclamado se ejecutarán en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio P. VI/2004, con número de registro digital 181810 visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: 1. La falta de emplazamiento, 2. La orden de entrega y desocupación del inmueble ubicado en calle privada Felipe Berriozábal número 122, colonia Barrio de Santo Cristo, zona centro, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. 3. Así como la ejecución de lo anterior. Actuaciones emitidas dentro del juicio especial hipotecario número 1122/2017 del índice del Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil con sede en la Ciudad de México y en el exhorto número E94/2021 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al juez Trigésimo Segundo de lo Civil con residencia en la Ciudad de México (fojas 77 y 78) y al juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad de Celaya, Guanajuato (foja 30), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe con justificación. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, con número de registro digital 1002815, visible en la página 830 del Apéndice de 2011, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN Sexta Sección, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la directora de la Oficialía Común de Partes y de de la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad (foja 27), negó el acto reclamado; sin embargo, su negativa se desvirtúa, dado que fue señalada como ejecutora de un acto que ha reconocido la ordenadora; por tanto, es de inminente ejecución el acto que se le atribuye. Ilustra lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 232729, de la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 97-102, primera parte, página 11, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías." Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron las responsables, consistentes en los expedientes números 1122/2017 y E94/2021. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia con número de registro 279970, visible en la página 201 del tomo XXII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." En el caso, quien resuelve estima actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa omitió recoger y publicar los edictos respectivos para emplazar al tercero interesado Abelardo Rodríguez García. En efecto, uno de estos motivos de sobreseimiento se encuentra en el referido ordinal 63, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual debe ser interpretado en conjunto con el diverso numeral 27, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal. De la interpretación sistemática de ambos preceptos se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando la parte quejosa no acredite, sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Lo anterior tiene un fin legítimo, ya que es necesario que se constituya una verdadera relación jurídica procesal y permitir a los terceros interesados comparecer a defender, en su caso, la constitucionalidad del acto reclamado. De ahí que sea necesario su emplazamiento en todo momento; sin embargo, cuando no es viable su llamamiento a juicio, una vez que se agotaron todos los medios posibles, es necesario que se le cite vía edictos. Habida cuenta que esta publicación debe hacerse dentro de un plazo prudente, puesto que, de lo contrario traería como consecuencia que el procedimiento de amparo se paralizaría al arbitrio del quejoso; lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto. Situación que no es atribuible a ya a los órganos de amparo, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, como establece el citado criterio de jurisprudencia. En el caso, por auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Abelardo Rodríguez García; sin que se haya logrado tal circunstancia. Por lo que, una vez agotados todos los medios investigación que se estimaron pertinentes para conocer el domicilio cierto y actual en el que pudiera llevarse a cabo tal diligencia, conforme el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos. En el proveído citado, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de veinte días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, acreditara ante este órgano de control constitucional que tramitó la publicación de los edictos respectivos. Cuestión que le fue notificada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós; así que, una vez que surtió efectos la notificación, dicho plazo comenzó a contar el veintinueve de agosto de dos mil veintidós y feneció el veintiocho de septiembre del mismo año, sin que lo haya hecho. Plazo al que se le descontaron los días inhábiles estipulados en el numeral 19 de la Ley de Amparo, por ser sábados y domingos; sin que de autos conste que haya presentado promoción al respecto. Aunado a que ni la parte quejosa o sus autorizados comparecieron a manifestar la imposibilidad para realizar la publicación respectiva. Por ello, se actualiza la causal de sobreseimiento en estudio, toda vez que la parte quejosa, no compareció a recoger los edictos ordenados, ni acreditó haber gestionado la publicación de los mismos, menos acreditó su incapacidad económica para realizar la publicación respectiva. Lo que demuestra su falta de interés en la tramitación del presente juicio y que, como consecuencia de su omisión, implica que el procedimiento de amparo se paralice; lo que trastoca lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que sea óbice de lo anterior, el hecho de que no acatar el requerimiento de recoger y publicar los edictos, no conduce necesariamente al sobreseimiento, pues, en términos del referido artículo 17 constitucional, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial. Caso en el cual, se ponderará si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto que implica la publicación de los edictos de mérito; tanto su afirmación, como los elementos que consten en autos. Lo que debe ser valorado para determinar si el Consejo de la Judicatura Federal a su costa deba realizar la publicación de que se trata. Lo que en especie no acontece, pues de autos se advierte que la parte promovente fue omisa en hacer alguna manifestación en ese sentido -insolvencia económica-. Menos aún, inexisten datos objetivos que permitan establecer que pertenece a un grupo considerado como vulnerable, como podría ser la pertenencia a un grupo indígena, tratarse de un menor de edad o una diversa circunstancia. Bajo ese panorama, se estima actualizada la causa de sobreseimiento en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. De este modo, al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, esta juzgadora se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de diecinueve de agosto del año en curso, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado ****************, por medio de edictos y, en consecuencia, se otorgó a la parte quejosa un plazo de veinte días para que comparezca a este juzgado a recoger dicho edicto, presentarlo para su publicación y demostrar que se cubrió el costo de su publicación en los términos indicados; asimismo, que no obra constancias de que dicha parte cumplió con lo indicado, ni tampoco que haya trascurrido el plazo mencionado. Por tanto, para dar margen a que la citada parte acuda por el edicto de que se trata y acredite su publicación en los términos indicados en el citado proveído, o bien, que transcurra el plazo otorgado para tal efecto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil veintidós.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la secretaria conciliadora del Jugado Trigésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México; atento a su solicitud, hágase de su conocimiento que no se ha dictado sentencia en el presente juicio de amparo, además: En proveídos de veinticinco de febrero y diez de marzo, ambos de dos mil veintidós, se ordenó la búsqueda oficiosa de algún domicilio donde pudiera ser emplazado el tercero interesado Abelardo Rodríguez García, sin que hubiese logrado obtener algún dato o indicio donde pudiera ser localizado el nombrado, no obstante los acuerdos, investigación y requerimientos realizados para ello. En auto de diecinueve de agosto del año en curso, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado de referencia, por medio de edictos, los que deberán publicarse a costa de la parte quejosa en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario de Mayor Circulación de la República Mexicana, y en la entidad federativa de su último domicilio conocido, por tres veces consecutivas de siete en siete días. Asimismo, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de veinte días contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos su legal notificación, compareciera debidamente identificado con documento idóneo, ante el personal de este órgano jurisdiccional a recoger el edicto que quedó a su disposición en este juzgado federal, presentarlo para su publicación y demostrar que se cubrió el costo de su publicación en los términos indicados, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la porción normativa que se menciona. Finalmente, que se encuentra transcurriendo dicho plazo a fin de lograr el llamamiento del nombrado tercero interesado. Por tanto, el presente juicio se encuentra en tramite
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Comisión Federal de Electricidad de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por el cual pretende cumplir con lo requerido en autos; toda vez que mediante proveído de diecinueve de agosto de los actuales, se ordenó el emplazamiento del tercer interesado por medio de edictos. Finalmente, se destaca que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL."
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