Gerardo Moreno Coronel
Expediente 1399/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1399/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Moreno Coronel
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. 1. Recepción de ejecutoria. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la queja civil 9/2023, a través de la cual se declaró infundado dicho medio de impugnación, interpuesto en contra del auto que desechó la demanda promovida por Gerardo Moreno Coronel; háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de cuenta y acúsese el recibo correspondiente. Agréguense únicamente los originales que obraren dentro de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, en virtud de que no resulta necesario glosar la totalidad de las constancias, dado que son copias integras del expediente original. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN1. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 2.4. Devolución documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. 1. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito suscrito por Rosa Morales Mendoza, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la parte quejosa y recurrente y una copia de éste para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando copias certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica promovida por Gerardo Moreno Coronel, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1399/2022. 1.2. Causa de improcedencia. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en el artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo carece de firma electrónica del quejoso. Previo a emitir el pronunciamiento respectivo, resulta necesario establecer que la Firma Electrónica, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En el caso, la demanda se presentó electrónicamente, por lo cual le es aplicable el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que en sus artículos 16 y 17 a la letra dicen: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii), crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal." Luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma (en este caso electrónica), equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten no afectan su interés jurídico. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los jueces constitucionales de examinar el escrito de demanda, por lo que de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que se estampó en la misma firma autógrafa a nombre del promovente, sin embargo, como ésta fue transmitida en línea, se firmó electrónicamente por Rosa Morales Mendoza; de lo que se tiene que dicha demanda no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL por el quejoso Gerardo Moreno Coronel; tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. En términos del artículo 221 de la Ley de Amparo, se invoca la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2021, sustentada entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 20/2021, y Séptimo en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver las quejas 55/2020 y 89/2020, documento divulgado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, con el número 230/2022, en la que determinó que, aun en el contexto de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (PJF) que carezca de la firma electrónica (FIREL) del promovente, criterio que dio lugar a la jurisprudencia: "LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE DESECHARSE ANTE LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Máxime, que en el presente asunto no se está en el supuesto de excepción que prevé el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de los actos prohibidos por los numerales 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte del escrito de demanda, el promovente señala como acto la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil I-342/2022, mediante el cual resuelve infundado el incidente de litisconsorcio pasivo necesario planteado dentro del juicio de origen 522/2022, ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en Maravatío, Michoacán; lo que hace evidente que no se trata un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. No resulta óbice a lo anterior, el hecho de que el escrito presentado en línea contenga impresa firma autógrafas y electrónica de su autorizada Rosa Morales Mendoza, pues ésta carece de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; máxime que el quejoso Gerardo Moreno Coronel promueve por propio derecho y no refiere imposibilidad para tal efecto, por tanto, al no contener su firma electrónica no se aprecia su voluntad, es decir, no hay instancia de parte. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia referida, por lo que, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Gerardo Moreno Coronel, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que nombra, en el entendido de que únicamente Rosa Morales Mendoza, gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Ángel Eduardo Macías Cabrera, quien solo podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos y recibir documentos; en tanto, respecto de la persona "María de los Ángeles", no fue posible constata tal circunstancia ya que no proporciona sus apellidos. 3. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a la parte quejosa, la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DICEISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica promovida por Gerardo Moreno Coronel, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1399/2022. 1.2. Causa de improcedencia. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en el artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo carece de firma electrónica del quejoso. Previo a emitir el pronunciamiento respectivo, resulta necesario establecer que la Firma Electrónica, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En el caso, la demanda se presentó electrónicamente, por lo cual le es aplicable el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que en sus artículos 16 y 17 a la letra dicen: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii), crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal." Luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma (en este caso electrónica), equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten no afectan su interés jurídico. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los jueces constitucionales de examinar el escrito de demanda, por lo que de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que se estampó en la misma firma autógrafa a nombre del promovente, sin embargo, como ésta fue transmitida en línea, se firmó electrónicamente por Rosa Morales Mendoza; de lo que se tiene que dicha demanda no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL por el quejoso Gerardo Moreno Coronel; tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. En términos del artículo 221 de la Ley de Amparo, se invoca la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2021, sustentada entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 20/2021, y Séptimo en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver las quejas 55/2020 y 89/2020, documento divulgado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, con el número 230/2022, en la que determinó que, aun en el contexto de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (PJF) que carezca de la firma electrónica (FIREL) del promovente, criterio que dio lugar a la jurisprudencia: "LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE DESECHARSE ANTE LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Máxime, que en el presente asunto no se está en el supuesto de excepción que prevé el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, tratándose de los actos prohibidos por los numerales 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte del escrito de demanda, el promovente señala como acto la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil I-342/2022, mediante el cual resuelve infundado el incidente de litisconsorcio pasivo necesario planteado dentro del juicio de origen 522/2022, ante el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia en Maravatío, Michoacán; lo que hace evidente que no se trata un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Pol... Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la persona que nombra, en el entendido de que únicamente Rosa Morales Mendoza, gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Ángel Eduardo Macías Cabrera, quien solo podrán recibir notificaciones e imponerse de los autos y recibir documentos; en tanto, respecto de la persona "María de los Ángeles", no fue posible constata tal circunstancia ya que no proporciona sus apellidos. 3. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a la parte quejosa, la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglament...
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