Gerardo López Coria

Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
345/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Gerardo López Coria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. 1. Acumulación. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 343/2023, promovido por Oscar Iván López Coria, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión en la causa penal 355/2018. Por tanto, atendiendo a la estrecha vinculación que existe entre aquel asunto y éste, resulta conveniente decretar la acumulación de juicios, en atención a las siguientes consideraciones: En principio, resulta pertinente precisar que la Ley de Amparo no prevé expresamente la institución de la acumulación de los juicios de amparo; sin embargo, dicha figura subsiste, pues, por un lado, de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió a la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica, y en éste se regula favorablemente dicha figura. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia P. /J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." En ese sentido, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo, establece: "Articulo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero". El precepto transcrito establece que podrá decretarse la acumulación cuando se trate de acciones jurídicas conexas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, o cuando tengan el mismo efecto, o cuando dos juicios deban resolverse en la misma controversia, siempre y cuando los juicios no se encuentren en la fase final de la primera instancia. Además, la acumulación de autos tiene su razón de ser en el principio de expeditez en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su objetivo primordial es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo en donde se reclamen actos conexos a idénticas autoridades responsables y evitar sentencias contradictorias. En ese contexto, de los juicios 343/2023 y 345/2023 de la estadística de este órgano jurisdiccional, se advierten los siguientes antecedentes: JUICIO DE AMPARO 343/2023 JUICIO DE AMPARO 345/2023 PARTE QUEJOSA: Oscar Iván López Coria. PARTE QUEJOSA: Gerardo López Coria. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia y otras autoridades. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia y otras autoridades. ACTO RECLAMADO: orden de aprehensión en la causa penal 355/2018 ACTO RECLAMADO: orden de aprehensión en la causa penal 355/2018 Como se ve de los antecedentes narrados, se encuentran acreditados los requisitos necesarios para decretar la acumulación de los citados juicios, pues existe conexidad entre éstos, ya que en el juicio de amparo 343/2023-al igual que en el 345/2023- se reclaman actos que derivan de la misma causa penal de donde emana el acto reclamado, instaurado por las mismas autoridades responsables, de ahí tengan conexidad entre los referidos juicios, dado que la determinación adoptada en uno de ellos incidirá invariablemente en el otro. Asimismo, en los citados juicios de amparo no se ha celebrado la audiencia constitucional. Bajo ese contexto y de conformidad con el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo 345/2023 deberá acumularse al 343/2022 por ser éste el más antiguo, tomando como punto de partida la fecha de recepción de las demandas de amparo ante este juzgado. 7. Audiencia constitucional. En el entendido que dentro del juicio de amparo 343/2023, al cual se acumula el presente juicio de amparo, se fijaron las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por tanto se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio, fijadas para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, atendiendo a que el presente se celebrara en la audiencia citada en el juicio de amparo 343/2023. Lo anterior, hágase del conocimiento a todas las partes, para los efectos legales correspondientes. 2. Se reserva ampliación. Finalmente, agréguese a los autos el escrito que suscribe el quejoso Gerardo López Coria, por medio del cual pretende ampliar el escrito de demanda en relación a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Carpeta de Investigación número único de caso 1003 2018 19683, MOR/053/28510/2018, adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Sin embargo, resérvese proveer de conformidad hasta en tanto la responsable ordenadora Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, rinda su respectivo informe justificado. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintitrés. No ha lugar ampliación demanda. Agréguese a los autos el escrito que suscribe Juan Carlos Corral Lemus, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a tenerlo ampliando demanda respecto a la autoridad responsable que refiere, en razón de que es un acto personalísimo que corresponde en forma directa al quejoso o en su caso por su representante legal, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Ello es así, si se toma en cuenta que el artículo 12 de la Ley de Amparo, determina que la parte quejosa o el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de amparo, máxime que en el caso se trata del señalamiento de nueva autoridad responsable, pues efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa de la quejosa o del tercero interesado, pero una vez que la demanda de garantías se haya promovido. Esto es, el autorizado no puede realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación debe ser congruente con las reglas que rigen el juicio de garantías, en especial, con el principio de instancia de parte agraviada. Ello es así, pues previamente a la realización de actos por parte del autorizado, debe concurrir la exigencia que establecen los artículos 107 de la Constitución General de la República y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que haya habido instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, la ampliación de demanda debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de constitucional, ya que la ampliación constituye el ejercicio de una acción que tiene por objetivo el señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación diferentes a aquellos expresados cuando fue ejercida inicialmente; lo cual a su vez origina la obligación de rendir informes justificados. En consecuencia, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consiguientemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda. De ahí que el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda de garantías, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Lo anterior conduce a concluir que tratándose del juicio de garantías, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta de la parte quejosa o de su representante legal, pues lo contrario equivaldría a que el autorizado en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, promoviera nuevos juicios adoptando el papel de agraviado. Además, la figura jurídica de la ampliación de demanda tiene su origen en el principio de economía procesal, cuyo propósito es evitar la promoción indiscriminada de juicios de amparo que a pesar de su conexidad se tramiten por cuerda separada, con el riesgo de que los distintos órganos jurisdiccionales que conozcan de ellos dicten sentencias contradictorias. Por tanto, si la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una nueva acción, la misma debe respetar los principios y formalidades que rigen la promoción de la demanda principal, por su integración e influencia en la litis constitucional. Tiene sustento la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, del Tomo XXXIII, Junio de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161909, del rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. 1. Informes con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes con justificación que remite el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán y Coordinador General de la Policía de Investigación, ambas con sede en esta ciudad; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. 2. Delegados. Asimismo, téngase a las autoridades responsables designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que precisan. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  4. Incidental

    La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando, además, que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Asimismo, la secretaria certifica: Que en el correo institucional 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx se recibió un oficio procedente del correo jefecausa.nsp.r1@poderjudicialnuchoacan.gob.mx, correspondiente al Juez de Control Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia. Lo que se asienta para constancia y efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, la secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO INFORMES PREVIOS Se da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán, Coordinador General de la Policía de Investigación, con sede en esta ciudad y Juez de Control Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, registrados con los folios 4906, 4908, y 4899. 4896 Téngase a las autoridades responsables Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Titular de la Unidad Especializada al Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán, Coordinador General de la Policía de Investigación, con sede en esta ciudad y Juez de Control Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, rindiendo informe previo. PRUEBAS Se da cuenta que ninguna de las partes oferto pruebas. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS Se da con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio público adscrita a este Juzgado registrados con el folio 4896. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden. Asimismo, solicita se le expidan copias simples de la presente resolución; al respecto, dígasele que se le hará la entrega de las copias solicitadas. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el Juez procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS y RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Gerardo López Coria, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal; 49, en relación con el 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el siguiente: La orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 355/2018, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia. La autoridad responsable Titular de la Unidad Especializada al Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado. En esas condiciones, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó elemento de prueba alguno para desvirtuar dicha negativa, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada respecto a la aludida autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/19, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y textos siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. Norma, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Las autoridades responsables Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán, Coordinador General de la Policía de Investigación, con sede en esta ciudad y Juez de Control Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, al rendir sus informes previos aceptaron la existencia del acto reclamado. QUINTO. Procedencia de la suspensión provisional. Orden de aprehensión que se refiera a DELITO CALIFICADO COMO GRAVE que amerite prisión preventiva oficiosa. Virtud a que la orden de aprehensión que se reclama, deriva de delito calificado como grave que amerite prisión preventiva oficiosa, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el único efecto de que, una vez que sea aprehendido Gerardo López Coria, quede a disposición de este Tribunal Federal, en cuanto a su libertad personal en el lugar en que quede recluido y a disposición del juez natural para que continúe con el procedimiento penal respectivo. Lo anterior, toda vez que el delito imputado al quejoso de conformidad con el artículo 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, merece prisión preventiva oficiosa, pues se le emitió orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de secuestro en agravio de O.J.M. Requisitos de efectividad de la medida cautelar. La suspensión que se otorga surte sus efectos desde luego, sin que sea necesario el otorgamiento de garantía, ya que no resulta necesaria conforme al artículo 168 último párrafo de la Ley de Amparo. Finalmente, con relación al pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el mismo se encuentra debidamente atendido con lo plasmado en esta resolución; ello, desde luego, con entera independencia de que resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente resolución incidental. Por tanto, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Gerardo López Coria, en términos del considerando TERCERO. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a Gerardo López Coria, en términos del considerando QUINTO. Notifíquese y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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