Gerardo Esquivel Aburto

Expediente 1189/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1189/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Esquivel Aburto

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con la primera parte del referido artículo 20, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días siguientes. 3. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas formado con las constancias originales del toca de apelación ********************, así como los cinco discos versátiles digitales (DVD), que remitió el magistrado responsable como complemento de su informe justificado, se ordena su devolución; en el entendido de que servirá como acuse de los mismos, la constancia que al efecto genere este juzgado. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Devuelven despacho. Visto lo de cuenta, glósese a los autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Zamora, Michoacán; a través del cual, devuelve diligenciado el despacho 240/2023 (orden 479/2023), derivado del proveído de dieciocho de septiembre dos mil veintitrés, enviado para notificar dicho auto a los quejosos Jesús Esquivel Morales y Gerardo Esquivel Aburto, quienes se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social, ubicado en camino a Pochote sin número kilómetro 14.0, carretera Zamora- La Barca. Cabe resaltar que la notificación fue realizada con fecha diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para los efectos legales procedentes. Dese de baja la comunicación oficial, sin que haya lugar a acusar recibo dado que no fue solicitado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Razón actuarial. Vista la razón de cuenta, se aprecia la imposibilidad que tuvo la actuaria para notificar a la parte quejosa el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos. 1.1. Notificaciones por lista. Por tanto, al no existir en autos domicilio correcto y completo del autorizado de los quejosos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquesele la notificación del referido auto y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en este Juzgado de Distrito, hasta en tanto señale nuevo domicilio para esos efectos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    POR EST EMEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEDOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE. Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se reciben autos. Téngase por recibido el oficio suscrito por el actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo ********************, de su índice, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, ya que se impugna la resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada dentro del toca de apelación ********************, por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por la cual revocó la sentencia definitiva de siete de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, en la causa penal xxxxxxxxx, en la cual tuvo acreditado el delito de homicidio calificado en detrimento de ********************, así como la plena responsabilidad penal de los quejosos ******************** y ********************, en su comisión. Acúsese recibo. 1.1. Se recibe tomo de pruebas y disco versátil digital. Con las constancias que remitió el Tribunal Colegiado, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, consistentes en las constancias originales del toca de apelación ********************, identificándose como Tomo I. Asimismo, ténganse por recibidos cinco discos versátiles digitales (DVD), que contienen audio y video de las audiencias orales derivadas de la causa penal ********************. 1.2. Avocamiento. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ********************. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. A fin de precisar el acto reclamado por los quejosos en su demanda de amparo, es preciso destacar, que en la misma, éstos señalaron como autoridad responsable al Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de quien reclamaron: "La sentencia definitiva dictada por la autoridad responsable el día 07 siete de Febrero del año 2020 dos mil veinte, dentro de la Causa Penal número ********************, que formuló en nuestra contra el Ministerio Publico por la responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de ********************." (sic). El Magistrado responsable al rendir su informe justificado, refirió que dicho tribunal dictó sentencia dentro del toca penal ********************, y que dicha resolución no se emitió el siete de febrero de dos mil veinte, sino el veintiséis de junio de ese año. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al radicar la demanda, en proveído de once de julio del año en curso, reservó su admisión, para prevenir a los promoventes a fin de que precisaran con claridad el acto que reclaman de la autoridad que señalaron como responsable; dicho auto les fue notificado en el domicilio que señaló el autorizado de dichos quejosos. En diverso auto de tres de agosto pasado, al tener en consideración que los impetrantes guardan reclusión en el Centro de Reinserción Social de Zamora, Michoacán, giró despacho para efectos de su notificación personal; lo que también realizó en proveído de catorce de ese mes. En la constancia que levantó la notificadora del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, de veintiuno de agosto del año en curso, se advierte que al atender la prevención formulada el quejoso ******************** refirió: ".el Magistrado no revisó la sentencia que me dictó el primer Juez y no estoy de acuerdo con que la haya dejado en el mismo sentido pues yo quiero que sea revisada, ya que hay anomalías que me perjudican"; en tanto ********************, manifestó "yo quisiera que sea analizada la sentencia que me dictó el juez, porque al magistrado le pedimos que la revisara bien pero no lo hizo, porque no estamos de acuerdo ni conformes con que se nos haya condenado, por eso nos estamos amparando". Virtud de lo anterior, atento al contexto integral del escrito de demanda, y manifestaciones que formularon los quejosos al dar cumplimiento a la prevención formulada, para que precisaran con claridad el acto reclamado, se tiene que éste lo es: La resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada dentro del toca de apelación ********************, por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en que revocó la sentencia definitiva de siete de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, en la causa penal ********************, y ordenó reponer el procedimiento. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, en el caso, la demanda de amparo que se promovió contra la resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada dentro del toca de apelación ********************, por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el numeral 18 de la Ley de la materia dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo genérico al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contado de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rija; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción que la propia Ley de Amparo contempla en el referido artículo 17. En el particular, los quejosos reclaman la resolución de veintiséis de junio de dos mil veinte, dictada dentro del toca de apelación ********************, por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en que revocó la sentencia definitiva de siete de febrero de dos mil veinte, pronunciada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, en la causa penal ********************, y ordenó reponer el procedimiento; dicho acto no encuadra en el supuesto de excepción que establece la fracción II, del artículo 17 en mención, ya que no se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, sino la determinación de la sala que ordenó la reposición del procedimiento. El contenido de la determinación dictada en el referido toca penal, se evidencia de las manifestaciones que emitió la autoridad responsable, pues ante ésta se presentó la demanda de amparo, por lo que, la remitió al Tribunal Colegiado Penal de este Distrito Judicial, junto con su informe justificado. De ahí que, si la resolución reclamada no es de las que señala la fracción II, del numeral 17 de la Ley de Amparo, entonces el plazo para promover la demanda es de quince días. Además, de que no se actualiza ninguno de las diversas hipótesis de excepción que contempla dicho numeral, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; el acto reclamado no priva total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no es un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; ni la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Si bien, los quejosos guardan reclusión en el Centro Penitenciario de Zamora, Michoacán, empero, tal privación deriva del procedimiento penal que se les instruye, de ahí que no se trate de una privación de la libertad fuera de procedimiento, que constituye la salvedad que refiere aquél precepto legal, por el contrario, su emisión se originó dentro de un procedimiento penal previsto en la ley; de ahí que la presentación de la demanda de amparo debe sujetarse a la temporalidad genérica establecida en el mencionado normativo. Se invoca por analogía el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de voz y contenido siguientes: "SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE MODIFICA LA DE PRIMER GRADO EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y DEJA INTOCADAS LA ACREDITACIÓN DEL DELITO, LA PLENA RESPONSABILIDAD DEL SENTENCIADO Y LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. SI EL IMPUTADO Y SU DEFENSOR NO APELARON Y PROMUEVEN EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA SE RIGE POR LA REGLA GENERAL DE QUINCE DÍAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. De la interpretación sistemática de los artículos 406 a 409, 411, 416, 417 y 420 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (actualmente abrogado), en relación con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 92/2010 y 1a./J. 110/2010, se advierte que en los casos en que una sentencia condenatoria en un juicio penal sea impugnada únicamente por el Ministerio Público o el acusador privado (según corresponda), el ofendido, la víctima y/o su representante, pero no por el imputado ni su defensor, ello se traduce en que este último y su defensa consintieron en sus términos todos los argumentos de dicha sentencia. De manera que si con motivo del recurso de apelación interpuesto por alguna de las partes distintas del imputado y su defensor, el tribunal de alzada modifica la determinación de primer grado, en lo relativo a la reparación del daño y deja intocadas la acreditación del delito, la plena responsabilidad del acusado y la imposición de la pena de prisión; entonces, la litis constitucional del amparo que eventualmente promueva el acusado -que no apeló- se limita al estudio de los pronunciamientos materia de modificación de la segunda instancia que le perjudican y, por tanto, al quedar fuera de la materia de estudio constitucional lo concerniente a la imposición de la pena de prisión (aspecto consentido), el plazo para promover el juicio de amparo contra la sentencia del tribunal de alzada se rige por la regla general de quince días prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo; sin que se actualice la excepción establecida en la fracción II de dicho numeral, conforme a la cual, la demanda puede interponerse en un plazo de hasta ocho años, dado que esa hipótesis se actualiza únicamente cuando la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal impone una pena de prisión." Para efecto de computar el plazo de quince días se toma en consideración la certificación levantada por la secretaria de acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que sea adjuntó al informe justificado, en la que se hizo constar que los quejosos fueron notificados de la resolución reclamada el nueve de julio de dos mil veinte; y que la demanda de amparo se presentó el doce de junio de dos mil veintitrés. Por lo cual, se surte la primera hipótesis que contempla el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de quince días para la promoción del juicio, se contará desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Entonces, si la demanda de amparo se presentó ante la autoridad responsable el doce de junio de dos mil veintitrés, como se advierte del sello que contiene la misma, y si la notificación de la resolución reclamada se practicó el nueve de julio de dos mil veinte, es evidente que fue extemporánea su presentación, pues a esa data ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello hace evidente que su presentación resulta extemporánea. Cobra aplicación al caso en concreto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Sin que se soslaye que los quejosos en su demanda de amparo, señalaron bajo protesta de decir verdad, que tomaron conocimiento de la resolución reclamada el catorce de julio de dos mil veinte; no obstante aun cuando hubieran tenido conocimiento del acto reclamado en esa fecha y no en la que hizo constar la secretaria adscrita a la Sala responsable, a la data en que se presentó la demanda de amparo, ya había transcurrido en exceso el término que establece la ley de la materia para ello. Por los motivos expuestos, es de concluirse que los peticionarios del amparo consintieron tácitamente el acto reclamado, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; ante ello, con apoyo en el diverso precepto 113 de la misma, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se acuerda. 4. Notificación por despacho a los quejosos recluidos en Zamora, Michoacán. A fin de hacerles del conocimiento el presente proveído a los quejosos ******************** y ********************, quienes se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social, ubicado en camino a Pochote sin número kilómetro 14.0, carretera Zamora- La Barca, esto es, fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, gírese despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Zamora, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda les notifique el presente proveído. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al Juez auxiliar, para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles a efecto de que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada y en su caso reenvíe el despacho a autoridad competente; asimismo, se solicita de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional auxiliar, devuelva la comunicación a la brevedad, adjuntando las constancias que acrediten su diligenciación. 5. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa en su demanda y autorizando para tal efecto a ********************, quien gozará de las amplias facultades que otorga el numeral 12 de la Ley de Amparo, ya que cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales ********************, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Vale

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano