Gerardo Magdalena y/o Magdaleno Guerrero

Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
767/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Magdalena y/o Magdaleno Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Devolución de despacho diligenciado. Por recibido el oficio cuenta y anexos, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, mediante el cual adjunta diligenciado el despacho 242/2022, número de orden 517/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a efecto de notificar al quejoso Gerardo Magdalena Guerrero y/o Gerardo Magdaleno Guerrero, el contenido íntegro del auto de veintidós de julio pasado. Dese de baja la comunicación diligenciada, en el libro de gobierno que corresponda. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veintidós de julio pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Deja de surtir efectos suspensión de plano. Tomando en consideración que se declaró firme el auto emitido el veintidós de julio de dos mil veintidós que desechó la demanda de amparo, se hace saber a las autoridades responsables que dejó de surtir efectos la medida cautelar decretada en diverso proveído de trece de julio pasado, respecto a la incomunicación de la que dijo ser objeto el quejoso. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Se hace saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. DEVOLUCIÓN DE DESPACHO DILIGENCIADO. Por recibido el oficio cuenta y anexos, signado por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, mediante el cual adjunta diligenciado el despacho 237/2022, número de orden 508/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a efecto de notificar al quejoso Gerardo Magdalena Guerrero y/o Gerardo Magdaleno Guerrero, el contenido íntegro del auto de trece de julio del año en curso, y requerirlo para que ratifique la demanda de amparo presentada a su favor, sin que haya lugar a mayor trámite, toda vez que se proveyó lo conducente en auto de veintidós de julio de dos mil veintidós. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. DEVOLUCIÓN DE DESPACHO DILIGENCIADO. Por recibido el oficio cuenta y anexos, signado por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, mediante el cual adjunta diligenciado el despacho 237/2022, número de orden 508/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, enviado a efecto de notificar al quejoso Gerardo Magdalena Guerrero y/o Gerardo Magdaleno Guerrero, el contenido íntegro del auto de trece de julio del año en curso, y requerirlo para que ratifique la demanda de amparo presentada a su favor. Dese de baja la comunicación diligenciada, en el libro de gobierno que corresponda. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad auxiliar, se advierte que el quejoso al ser notificado del auto de trece de julio del año en curso, manifestó: "Sí ratifico la presente demanda, mi estado físico está bien, tengo comunicación con mis familiares y abogado, dentro del plazo concedido para señalar domicilio me resguardo mi derecho." DESECHAMIENTO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Gerardo Magdalena Guerrero y/o Gerardo Magdaleno Guerrero, por propio derecho, se advierte que reclama: De las autoridades ordenadoras, Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y Director del Centro de Readaptación Social de la Piedad, Michoacán: El traslado inminente del quejoso que se encuentra internado en el Centro de Readaptación Social de la Piedad, Michoacán a otro CERESO diverso y su inminente ejecución por las autoridades señaladas como responsables en este juicio de garantías. De la autoridad ejecutora, Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo: La inminente ejecución del traslado del quejoso que se encuentra internado en el CERESO de La Piedad, Michoacán a otro CERESO diverso, en supuesto acatamiento a un mandamiento girado por el Juez Segundo de lo Penal con sede y ejercicio en la ciudad de Morelia, Michoacán. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso concreto, por lo que hace a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, esta Juzgadora Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El numeral referido prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Conforme a lo establecido por el citado numeral se aprecia que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el mismo debe ser agotado. Ahora bien, los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." De lo anterior se colige, entre otras cosas, que contra las determinaciones que se pronuncien sobre traslados (como en el caso), serán impugnadas a través del recurso de apelación, cuya finalidad es que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; de ahí válidamente se puede concluir que el quejoso está en aptitud de inconformarse en contra de ella mediante el recurso aludido. Recurso que constituye un medio de defensa legal previsto por la ley del acto reclamado, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, lo que implica que el mismo adolece de definitividad, presupuesto necesario para que proceda el juicio de amparo. En ese orden, debe decirse que, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Así las cosas, es dable señalar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, toda vez que el promovente acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra la orden de traslado del CERESO de La Piedad, Michoacán a otro CERESO diverso, la que atribuye a diversas autoridades administrativas y al Juez por el que se actualiza la causal invocada. No obstante, para el caso de que dicha orden haya sido emitida por el Juez señalado como responsable, contra ese auto procedería el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por lo que, es posible lograr la modificación, revocación o nulidad de la determinación judicial de que se duele en esta vía constitucional la parte quejosa, a través de ese medio de impugnación ordinario. A más, la circunstancia de que en la demanda de amparo, se exprese que existe una violación a los preceptos constitucionales, se estima que no lo releva de la obligación de tramitar, en los casos en que procedan, los recursos contemplados en la ley que rige el acto reclamado; pues de lo contrario, en cualquier circunstancia a criterio del impetrante de derechos, por el solo hecho de señalar que se violan preceptos Constitucionales en su perjuicio, podría acudir directamente al juicio de amparo, sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Orienta a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, es dable concluir que antes de acudir al juicio de amparo, debe agotar dicho mecanismo de control (medio de defensa), lo cual se encuentra en armonía con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, así como lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en su tesis 1a.LXXV/2011, del epígrafe: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", la cual establece en esencia que se debe tener presente que la entrada en vigencia de las normas procesales cabe señalar que son de aplicación inmediata a todas las contiendas que se inician o que están pendientes al tiempo en que entren en vigor. Pero esto no implica retroactividad, porque la aplicación de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad, esto es a la litis, no a un hecho pasado, cual es el negocio jurídico, y menos a la acción que se ejercita. De ahí que debe de aplicarse la norma procesal de manera inmediata; siendo dicho ordenamiento de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto de los internos en los centros de reclusión, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local. El criterio que antecede, tiene sustento en la tesis I.1o.P.77 P (10a.), de rubro y texto: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, SUS DISPOSICIONES SON APLICABLES PARA LOS PROCEDIMIENTOS O ACTOS PROCEDIMENTALES QUE SURJAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA CAUSA PENAL DEL SENTENCIADO HAYA CAUSADO ESTADO ANTES DEL INICIO DE ESA VIGENCIA (INTERPRETACIÓN DE SU ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO). El artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, establece que a partir de su vigencia quedarán abrogadas las legislaciones -federal y estatales- que regulan la ejecución de sanciones penales, pero acotó que dichas normas podrían tener un efecto ultractivo sobre procesos de ejecución que se estuviesen desarrollando, pues precisó que los procedimientos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarían con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de éstos, debiéndose aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en esa ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional. En ese tenor, cuando este precepto transitorio se refiere a "los procedimientos", alude a aquellos actos procedimentales que pueden acontecer dentro de toda la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley indicada no habían finalizado, mas no a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de su entrada en vigor y que, por ese motivo, tuviese que aplicárseles forzosamente una de las legislaciones abrogadas en toda la etapa de ejecución. Esto, se explica, porque en la etapa de ejecución de sanciones penales, existe una diversidad de procedimientos tendentes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que alcancen su pronta reinserción social, como por ejemplo, la solicitud de beneficios, la promoción de incidentes preliberacionales e, incluso, medidas que no tienen relación directa con la pena impuesta, pero que sí repercuten en la reinserción social de la persona, como son los traslados administrativos, ya sea dentro del mismo centro de reclusión donde se halla interno el sentenciado o a uno diverso. Esos procedimientos pueden surgir de manera accesoria o aleatoria o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual, no puede impedirse la aplicación de esa ley nacional a aquellos sentenciados cuya causa penal haya causado estado antes de su entrada en vigor. Lo anterior, porque de acuerdo con el desenvolvimiento cronológico que ha tenido la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, en la que se instauraron los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, se colige que la voluntad del Constituyente Permanente fue que esos postulados lograran su efectividad en la vida jurídica-social en la prontitud posible; tan es así, que desde esta enmienda -en su artículo quinto transitorio- se dieron plazos más reducidos (tres años o emisión de ley secundaria) para que los alcances jurídicos inmersos en los artículos 18 y 21 constitucionales fueran llevados a cabo. Posteriormente, el Poder Reformador de la Constitución, en la reforma de 8 de octubre de 2013 al artículo 73, fracción XXI, de la Ley Fundamental, depositó su confianza en la existencia de una legislación única en materia de ejecución de penas, con el propósito de que ésta fuera un mecanismo efectivo, eficaz y eficiente para lograr la materialización de los extremos en los que descansan los postulados citados, redujera la confrontación de criterios y se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento. Por ende, si la Ley Nacional de Ejecución Penal representa para la Constitución General de la República, el medio idóneo para instrumentalizar los alcances de la reforma de 18 de junio de 2008, se insiste, en lo relativo a los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas; entonces, sus disposiciones deben aplicarse a todo procedimiento que acontezca dentro de la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de su entrada en vigor no hubiesen comenzado, y no sólo a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria estando en vigor la referida ley especial. En otras palabras, la aplicación de esa ley nacional no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante la vigencia de ese ordenamiento, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor. De otra manera, se correría el riesgo de dejar en un plano de desigualdad ante la ley, a personas con condiciones jurídicas idénticas (sentenciados ejecutoriados), sólo por el hecho de que las causas penales que respectivamente se les instruyeron causaron estado en diferentes momentos en relación con la entrada en vigor de la ley nacional, lo cual sería jurídicamente incorrecto. Además no influye a lo anterior el sistema de justicia penal con base en el cual el justiciable haya sido sentenciado (sistema mixto o tradicional, o bien, acusatorio oral), pues ni en la Constitución ni en la ley, existe un impedimento o restricción para que quienes se les fijó su situación jurídica conforme al sistema mixto o tradicional, puedan aplicárseles las disposiciones contenidas en la ley nacional; más aún cuando muchas figuras jurídicas que se instituyen en dicha legislación, en la actualidad ya se encuentran operando respecto de asuntos resueltos y provenientes del referido sistema que se encuentra abolido." Aunado a lo anterior, cabe precisar que el acto reclamado que se estudia, no se trata de aquellos que afecten directamente la libertad personal o integridad física del quejoso de las excepciones a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ello pues el traslado reclamado modifica las condiciones de internamiento, por lo que afecta en forma indirecta la libertad personal, pero ese acto tiene lugar dentro de procedimiento y deriva de autoridad judicial. Tampoco, el acto que por esta vía se combate consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso (o auto de formal prisión), una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Menos aún que el quejoso sea persona extraña al procedimiento, del que deriva el acto impugnado. En consecuencia, por no haberse observado el principio de definitividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia antes mencionada. Por otra parte, respecto de las autoridades responsables Director del Centro de Readaptación Social de la Piedad, Michoacán y Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, esta Juzgadora Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El numeral referido prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [I.XIX] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Lo que enseguida se expondrá encuentra sustento en las consideraciones de la queja 46/2020 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno. Ahora bien, primeramente cabe decir que del contenido del precepto trascrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades diversas a los órganos jurisdiccionales, cuando en contra de esos actos exista algún recurso o medio de defensa ordinario en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; admitiendo sólo como excepción: 1. Que conforme a las leyes respectivas no se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso; 2. Que los alcances que contemple la ley de la materia no sean los mismos que los previstos en la Ley de Amparo; 3. Que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva; 4. Que en las leyes respectivas se contemple plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de si el acto en sí mismo es susceptible o no de ser suspendido conforme a la ley en mención; 5. Que el acto reclamado carezca de fundamentación; 6. Que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, 7. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el particular, el quejoso señaló como acto reclamado la orden de traslado del CERESO de La Piedad, Michoacán a otro CERESO diverso, y no obstante que señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, no manifestó haber agotado algún medio ordinario de defensa en contra del traslado aducido, sino que acudió directamente al juicio de amparo indirecto; de ahí que es factible afirmar que no agotó el principio de definitividad. Ahora bien a efecto de corroborar la actualización del motivo de improcedencia en estudio, es necesario verificar que no se actualice alguna de las destacadas excepciones al citado principio. De primer orden procede establecer, si en contra de una orden de traslado emitida por una autoridad administrativa penitenciaria, es procedente algún recurso o medio de defensa ordinario. Para tales efectos, es necesario señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en términos de su artículo 2°, tiene como ámbito de aplicación las personas que se encuentran privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios; esto es, por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local. Ahora bien, por prisión preventiva debe entenderse a la persona sujeta a un proceso penal; mientras que, en ejecución de penas, a la persona que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria. En ese tenor, cualquier persona que se encuentra recluida en un Centro Penitenciario, así como las autoridades que pertenecen a ese sistema, están sujetas a la aplicación de dicho ordenamiento. Ahora bien, de manera específica ese Ley contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Para evidenciar lo anterior, los artículos 49 a 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen: "Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." El artículo 50 de la referida legislación prevé los requisitos que deben satisfacerse para efectuar el traslado de una persona a otro centro penitenciario cuando ésta manifiesta su interés en hacerlo; en ese caso, el juez interviene recabando el consentimiento expreso del interesado, en presencia de su defensor. Por su parte, el artículo 51 establece lo relativo al traslado involuntario de personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas, la cual puede ser solicitada por la autoridad penitenciaria y, en el caso de personas sujetas a prisión preventiva, dicha solicitud puede ser realizada por el ministerio público; en cualquier caso, el traslado involuntario debe ser autorizado por el juez de control o de ejecución. El artículo 52 constituye un supuesto de excepción (traslado urgente) a lo dispuesto en los diversos numerales 50 y 51 citados, pues en este caso la ley faculta a la autoridad penitenciara para que, sin intervención previa del juez, emita resolución administrativa en la que ordene el traslado de una persona privada de la libertad a otro centro penitenciario, en cualquiera de los supuestos ahí precisados. No obstante, una vez que la autoridad administrativa determina el traslado con sustento en alguna de las causas enumeradas, debe notificar esa resolución al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes, para que éste califique su legalidad en el término de cuarenta y ocho horas. Así, se advierte que si bien el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal faculta a la autoridad administrativa para emitir la orden de traslado, también establece la intervención del juez como órgano terminal de revisión de dicha resolución, ya que dispone como requisito para su validez que éste debe calificar su legalidad. Asimismo, se observa que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. Así, cuando se presenten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado y no tenga conocimiento de que esta haya sido autorizada por autoridad competente, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Así, tomando en consideración que el quejoso señaló como acto reclamado la orden de traslado, acto que le reclama a una autoridad jurisdiccional y administrativas, y no precisa que haya accionado la controversia judicial contemplada en el artículo 52 transcrito, sino que acudió directamente al juicio de amparo indirecto; de ahí que es factible afirmar que no agotó el principio de definitividad. Enseguida, se debe corroborar, si a través del aludido medio de defensa, la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, puede acceder a la suspensión de la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa; sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX, del artículo 61 del ordenamiento legal de referencia. A efecto de demostrar lo anterior, se tiene que en el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Derivado de lo anterior, se concluye que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Solamente, resta por corroborar, que no se actualicen las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es decir, que la orden de traslado urgente o excepcional, no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Supuestos que no se configuran en el caso, porque las hipótesis para su procedencia, están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. A su vez, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las específicas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado "controversia judicial", a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad y por tanto, en el caso de los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. De tal manera, al ser evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Tienen aplicación las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA. Hechos: La autoridad administrativa de un centro penitenciario ordenó y ejecutó el traslado de una persona privada de su libertad a otro diverso, actuando conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Juez correspondiente calificó de legal dicha determinación. En su contra, la parte afectada promovió juicio de amparo indirecto alegando que dicho precepto normativo vulnera el derecho de audiencia, pues faculta a la autoridad penitenciaria, para que, con sólo una resolución administrativa, pueda ordenar y ejecutar el traslado de personas; el Juez de amparo estimó que la norma era constitucional. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al prever órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, no contraviene el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. Justificación: El artículo 52 mencionado establece una de las excepciones al traslado voluntario, en el cual no existe una autorización judicial previa para que las autoridades penitenciarias lo lleven a cabo. Lo anterior, obedece a la peculiaridad de los supuestos de urgencia en que procede -cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad, etcétera- ya que, tomando en cuenta que las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, están bajo el cuidado del Estado, se les debe proteger respecto de conductas o situaciones que las pongan en peligro. Lo que no significa que la autoridad judicial esté excluida de este procedimiento, ya que como se consagra en el mismo precepto, es esta autoridad la que debe determinar su legalidad, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo, esto es, examinando minuciosamente que el traslado atienda a las causas invocadas; y que con la medida se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas (control judicial ex post). En efecto, esta Primera Sala ya ha determinado que la norma impugnada entraña un procedimiento, que inicia con la determinación de traslado por parte de la autoridad penitenciaria, -primera fase administrativa- y culmina cuando el Juez se pronuncie sobre la legalidad de ésta -segunda fase judicial-; en ese sentido, el derecho de audiencia está garantizado, con independencia de que se pueda ejercer hasta la segunda etapa. Además, en la propia norma se prevén dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida la determinación de traslado, ya que una vez que se haga la calificación de legalidad y se notifique al afectado, éste tendrá la oportunidad de impugnarla mediante el recurso de apelación; y, en el caso de que no se hiciera la calificativa, se podrá interponer la controversia respectiva. En ese tenor, no es dable sostener que se viola el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional; porque éste tendrá efectos plenos al momento en que se convalide el traslado y, en su caso, se impugne en los términos señalados." "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." No pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la procedencia de la suspensión de plano cuando la orden de traslado se emite sin intervención de la autoridad judicial rectora; sin embargo, dicho criterio no hace procedente el amparo, toda vez que se emitió con anterioridad a la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual prevé un procedimiento especial a seguir para la emisión de la orden de traslado por autoridades administrativas penitenciarias, sin autorización judicial previa. Aunado a que en la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la queja 46/2020, determinó apartarse del criterio antes citado, ello en función de la regulación que actualmente establece la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a. /J. 83/2015 (10a.) Y 1a. /J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." SIGUE VIGENTE LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONCEDIDA. Se hace saber a las autoridades responsables que no obstante el desechamiento de la demanda de amparo, hasta en tanto se declare firme esta determinación, siguen vigentes los efectos de la medida cautelar decretada el trece de julio pasado, con respecto a la incomunicación de la que dijo ser objeto el quejoso. Tiene aplicación por ilustrativa la tesis de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE PLANO. SI EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE PROVEYÓ EN RELACIÓN CON ÉSTA Y POSTERIORMENTE SE DESECHA LA DEMANDA, EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RECAYÓ A DICHA MEDIDA CAUTELAR NO QUEDA SIN MATERIA, HASTA EN TANTO CAUSE ESTADO EL DESECHAMIENTO RESPECTIVO. Por regla general, la apertura del incidente de suspensión está condicionada a la admisión de la demanda, y la vigencia de esa medida está supeditada a la del juicio de amparo, lo cual tiene como excepción la suspensión de plano, porque de conformidad con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), si se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad y en ese mismo auto se provee sobre la citada medida cautelar, es claro que ésta ha nacido antes de que se decida respecto de la admisión de la demanda; por tanto, esa medida subsistirá mientras no se emita la decisión que ponga fin a dicho juicio. En tales circunstancias, si en un juicio de amparo indirecto se proveyó con relación a la suspensión de plano y posteriormente se desecha la demanda, el recurso de queja interpuesto contra la determinación que recayó a dicha medida cautelar no queda sin materia, hasta en tanto cause estado el desechamiento respectivo." DESPACHO PARA NOTIFICAR. Dado que actualmente el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán, esto es, fuera de la residencia de este juzgado; en consecuencia, con apoyo en los numerales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos, Civiles por disposición del precepto 2º de la Ley de la materia, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán a fin de que notifique personalmente al directo quejoso, el contenido íntegro del presente proveído. De conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se faculta al juez auxiliar, para que de ser necesario, habilite días y horas inhábiles para la debida diligenciación de la encomienda planteada; asimismo, para que en caso de que la presente comunicación se remita a un órgano diferente al que deba prestar auxilio, lo envíe directamente al que corresponda; una vez cumplida la encomienda planteada la devuelva con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de despacho. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Informes suspensión de plano. Ténganse por recibidos los comunicados de cuenta, mediante los cuales en atención al requerimiento formulado en proveído de trece de julio del año en curso, las autoridades responsables Director del Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán, Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, rinden informe relativo a la suspensión de plano. Al respecto, se tiene a la primera de las autoridades mencionadas remitiendo el memorándum número CSPEMO/CPLP/511/2022, dirigido al Jefe de Seguridad y Custodia del referido centro penitenciario, donde se le encomienda que instruya al personal a su cargo y a todas las compañías del área de seguridad y custodia para que cese cualquier acto de incomunicación respecto del quejoso Gerardo Magdalena Guerrero y/o Gerardo Magdaleno Guerrero. Asimismo, del informe rendido por la segunda de las autoridades señaladas, se advierte que ordenó girar los oficios correspondientes vía correo electrónico al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo y al Director del Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán, para informarles de la medida cautelar emitida por este juzgado Federal; lo que acredita con los acuses de recibo respectivos. Finalmente, la tercera de las autoridades responsables referidas, niega el acto reclamado, sin embargo, manifiesta que en vías de salvaguardar los derechos del quejoso y en concordancia con sus obligaciones, acata en sus términos la medida cautelar decretada por este órgano jurisdiccional, asimismo comunica que en cuanto superior jerárquico del Director del Centro de Readaptación Social de La Piedad, Michoacán, lo instruyó mediante oficio CSPEMO/DJ/2272/2022 de catorce de julio de dos mil veintidós, para el efecto de que acate la medida suspensional decretada a favor del citado quejoso; lo que acredita con la constancia de envío respectiva. Se toma conocimiento de todo lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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